El Estado regulador en la constitución dominicana

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El Estado regulador en la constitución dominicana

Daniel Nuñez Bautista

El autor se refiere al surgimiento de un nuevo rol del Estado, concebido como un Estado Regulador; expone un análisis de la Constitución dominicana, en busca de la compatibilidad de dicho rol con los principios que proclama la Carta Magna.

Uno de los temas principales de la agenda política y económica moderna gira alrededor de la incapacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas. Este hecho, es expresado por el autor Araya Moreno1,quien –citando a J. F. Revel– dice: “El Estado lo invade todo y cada vez nos resulta más caro; quiere hacerlo todo y al propio tiempo cada vez hace peor todo lo que hace”.

En la República Dominicana, el Estado interventor asumió la tarea de industrializar el país, construir la infraestructura, educar a la población, crear empleos, democratizar la tierra, combatir la pobreza, y erradicar

las enfermedades, todo por medio del gasto público. La quiebra de dicho modelo resultó en secuelas de pobreza creciente, ruina institucional y la crisis de la deuda.

Así, paulatinamente, se ha ido abandonando la visión interventora de los servicios públicos como resultado de la mencionada crisis institucional y financiera, así como por los enormes cambios tecnológicos y regulatorios. La realidad muestra claramente que, en una economía de mercado, la intervención del Estado es indispensable, pero también que éste debe asumir un nuevo papel en las sociedades globalizadas de la actualidad. Los avances tecnológicos y los exitosos experimentos desreguladores en muchos países acabaron con la noción de monopolio natural que legitimaba el excesivo intervencionismo estatal, y dejaron muy atrás los esquemas regulatorios rígidos.

Desde entonces, el Estado Dominicano ha hecho un esfuerzo para mejorar sus capacidades reguladoras con la creación o fortalecimiento de una serie de agencias, más o menos independientes, que por delegación del Estado regulan, fiscalizan y supervisan distintos sectores de la economía, entre las cuales se encuentran: 1) la Superintendencia de Valores; 2) la Superintendencia de Electricidad; 3) la Superintendencia de Bancos; 4) la Superintendencia de Seguros; y 5) el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), entre otras.

La capacidad coercitiva del ente regulador (el monopolio legítimo de la fuerza del Estado), es la garantía última de que las regulaciones serán cumplidas por los entes regulados. El reto, entonces, consiste en superar al Estado interventor y consolidar al Estado regulador. La transición de uno a otro requerirá de mucho talento gerencial y voluntad política, en el marco de una administración pública totalmente renovada.

Pocas veces se resalta el daño causado por el espíritu paternalista y de excesiva asistencia estatal, que fue protagonizado en nuestro país por “las funditas”. Este fenómeno implica, en muchos casos, que los individuos tengan una compresión distorsionada de sí mismos, al asumir que son seres pasivos y necesitados de auxilio, como una especie de “minusválidos sociales”, que exclusivamente exigen recibir, sin dar ninguna contraprestación a cambio. No olvidemos que la riqueza de un país tiene mucho que ver con su capacidad de trabajo.

Es preciso seguir dando pasos para que el Estado tenga una mayor eficiencia en la forma como otorga los incentivos, fija los lineamientos, establece metas, o simplemente en la forma como da órdenes a los distintos actores socioeconómicos. Es decir, más allá de una capacidad financiera del Estado, se necesita una claridad de objetivos, eficiencia administrativa y voluntad política.

LAS FUNCIONES DEL ESTADO REGULADOR

La regulación es un proceso de restricción intencional de la elección de actividades de un sujeto, proveniente de una entidad que no es parte directa ni está involucrada en dicha actividad. La regulación estatal se materializa en un amplio conjunto de medidas específicas destinadas, ya sea a intervenir en las acciones de mercado, o a alterar...

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