JUSTICIA

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JUSTICIA

Servio Tulio Castaños

En las elecciones del 16 de mayo del 2008 el pueblo volvió a ejercer su derecho a elegir libremente al Presidente de la República.

Este hecho expresa la vitalidad de la voluntad popular y la reafirmación del compromiso del pueblo dominicano con un sistema político que le garantiza libertad en un marco de democracia, desarrollo, seguridad y paz.

Durante años, sin embargo, los dominicanos vivimos en un ambiente cargado de incertidumbre, miedo y dolor. Los

regímenes autoritarios y despóticos se sucedieron casi desde el mismo inicio de la República y la democracia brilló como una luz pasajera en la noche oscura de la intolerancia. Al final la democracia se impuso y hoy nos afanamos por consolidarla y adecuarla a nuestras características e idiosincrasia.

Por ello, la elección del Presidente de la República concita el interés de la ciudadanía y de paso brinda la oportunidad de señalar algunos de los retos más significativos en áreas específicas para el fortalecimiento

de la democracia que tendrá que afrontar el nuevo gobierno.

Dentro de ellos se destacan los referentes al sistema de justicia y la institucionalidad democrática, íntimamente vinculados entre sí, y a su vez implicados en todos los procesos sociales, económicos y políticos de la nación.

La administración de Justicia constituye un “sistema” en el que intervienen instituciones heterogéneas con funciones diversas e interconexiones que van desde la colaboración hasta la confrontación.

En ninguna otra parte, como en dicho sistema, se manifiesta más nítidamente el principio republicano de división

de funciones, en su dimensión de pesos y contrapesos (checks and balances).

A pesar de ello, suele hablarse del Poder Judicial como estamento aislado, obviando que éste apenas conforma uno de los órganos que integran el sistema de administración de Justicia.

Asumiendo la idea de sistema de Justicia como realidad integradora en que convergen los poderes del Estado, se

comprende, entonces, la trascendencia de la Independencia del Poder Judicial (o, más correctamente de la Judicatura) como mecanismo de seguridad de la democracia. Pero, precisamente por ello, surge también la necesidad de crear los mecanismos que garanticen la idoneidad y la efectividad institucional de todos los órganos que intervienen decisivamente en la administración de Justicia, incluyendo al Ministerio Público, la Policía

Nacional, la Defensa Pública y el Sistema Penitenciario.

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), desde sus orígenes, la institucionalización de la administración de Justicia ha sido una primera línea de acción. La última década ha sido fructífera, con la transformación más importante del Poder Judicial que hemos tenido en toda la historia republicana. Justo es reconocer, sin embargo, que el camino por recorrer aún es largo, y empiezan a darse signos de cansancio que amenazan con una involución del camino ganado.

Ello sin mencionar que en otros órganos del sistema de Justicia el proceso de institucionalización es más reciente y está plagado de un sinnúmero de inconsistencias que, de no ser corregidas a tiempo, dejan toda iniciativa en una especie de limbo.

Ello nos obliga a seguir proponiendo ideas acción para mejorar constantemente lo que tenemos, concientes de que las transformaciones institucionales deben concebirse como componentes de un proceso, con dinamismo propio.

Se trata de una lucha sin tregua en la que el mínimo descuido puede significar un retroceso que nos pondría en peores condiciones que la situación original que el país decidió cambiar hace 14 años. Con base en lo anterior, es que proponemos unas líneas programáticas sobre acciones e iniciativas que, a juicio de FINJUS, se deben desarrollar en la administración de justicia para el próximo cuatrienio gubernamental.

En primer lugar, el próximo gobierno debería comprometerse a respetar y fortalecer la independencia del Poder

Judicial, propiciando desde su esfera las reformas constitucionales que ahonden la fortaleza institucional de dicho Poder y reconozca su función de ser control de la constitucionalidad en nuestra democracia.

A partir de la reforma constitucional de 1994 y la designación de la actual Suprema Corte de Justicia, hemos asistido al progreso más trascendental que ha conocido el país en materia de institucionalidad judicial, pero falta mucho por avanzar. Hacen falta cambios neurálgicos a lo interno de la administración de Justicia, porque todavía hay grandes escollos.

Se ha planteado reiteradamente que sectores externos al Poder Judicial aún contemplan la posibilidad de llevarse de golpe y porrazo la inamovilidad y carrera judicial. A lo interno de dicho poder necesitamos fortalecer la independen cia interna y la horizontalización de las relaciones institucionales, como forma de asegurar la efectividad en la dedicación de sus funciones jurisdiccionales y el sometimiento a la ley de todos los jueces.

Actualmente la Suprema Corte de Justicia ostenta la mayor concentración de funciones que tribunal superior alguno

haya tenido a través de la historia y, aunque esas atribuciones jugaron una importancia vital para asegurar la identidad propia y voluntad autónoma del Poder Judicial en laAdministración de la...

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