La promocion de la competencia en economias pequenas lecciones para la Republica Dominicana

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La promoción de la competencia en economías pequeñas: lecciones para la República Dominicana

Ignacio Leon

Hace ya cerca de diez años que la República Dominicana inició un proceso de reformas legales tendientes a regular el mercado, con la propuesta de Código de Ordenamiento de Mercado, posteriormente desmembrado en leyes independientes administradas por comisiones o direcciones descentralizadas. Aparte de las leyes que regulan la propiedad intelectual, en nuestro caso con la distinción entre derecho de autor y propiedad industrial administradas por ONDA y ONAPI respectivamente, el resto de las disposiciones ha tenido una historia accidentada y poco feliz.

Desde una ley natimuerta sobre practicas desleales de comercio exterior, a un débil organismo de proteccion al consumidor, a la ausencia inexplicable de la piedra angular de la regulación de los mercados: la ley general de competencia.

Lo positivo de llegar siempre tarde es que podemos aprender de la experiencia de otros y acelerar la curva de aprendizaje.

Por esta razon, recogemos el siguiente artículo de Ignacio de León, ya que el mismo aborda las experiencias de las economías pequeñas y los retos que presenta la implementación de políticas adecuadas de competencia en entornos institucionales débiles y escenarios de apertura comercial.

LAS INSTITUCIONES COMO PUNTO DE PARTIDA:

La comprensión del alcance y las posibilidades de ejecución de cualquier política gubernamental de intervención en la economía debe considerar el contexto institucional en el que se inserta. La legislación positiva que la consagra apenas constituye un dato aislado que no permite calibrar el probable alcance de la aplicación práctica de la política.

El contexto institucional de los países industrializados suele estar mucho más claramente demarcado por reglas estables y predecibles, que son aplicadas por organismos con competencias legales delimitadas.

Así, el costo transaccional de búsqueda de información se minimiza y se facilita para el empresario.

En los países en desarrollo la situación se diferencia bastante. En éstos las reglas de juego no están codificadas en la legislación sino que rigen de una manera menos precisa en las costumbres, prácticas y convenciones sociales. Esto obliga a incorporar dichas reglas dentro de un esquema de análisis que permita examinarlas de modo sistemático, en especial por su importancia en la creación de percepciones y expectativas estables en los agentes económicos.

Sobre la aplicación de las políticas públicas de competencia incide, en primer lugar, la visión del regulador con respecto al fenómeno de la competencia económica.

En segundo lugar, el ámbito de las relaciones de economía política que el regulador debe enfrentar a fin de tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, el tercer nivel está integrado por las reglas “culturales” o “informales” que nutren de contenido efectivo el alcance de las reglas formales, llenando sus vacíos y lagunas. Estas reglas constituyen el reservorio de tradiciones culturales de la sociedad donde se aplica una política de competencia.

Los tres problemas centrales para la implementación exitosa de una política de competencia para los países de Centroamérica son, a saber, la definición de la agenda de política, la estructura institucional que servirá de base para implementarla, y la resistencia cultural que generará su puesta en marcha.

El enfoque tradicional de las políticas de competencia Hasta la década de 1980, la agenda tradicional de las políticas de competencia había estado orientada a la búsqueda del bienestar del consumidor, procurando la asignación óptima y eficiente de los recursos sociales escasos. Este enfoque asociado con la Escuela de Chicago (Bork, 1978), se fue elaborando en el curso de un proceso iniciado con la evolución jurisprudencial en aplicación de la Ley Sherman (1890) en los Estados Unidos y otras leyes pertenecientes al régimen antitrust. Esta actividad de los tribunales se completó con los avances en la teoría económica de los mercados, principalmente por los trabajos de Edward Chamberlin y Joan Robinson hacia la década de 1930 sobre la competencia monopolista. Estos planteamientos teóricos derivaron hacia evaluaciones empíricas sobre las condiciones “imperfectas” de los mercados, y la importancia de las barreras de entrada en la determinación de condiciones de competencia (Bain, 1956).

A partir de estas ideas se ha ido consolidando un consenso en la aplicación de las políticas de competencia en el plano internacional.

Según este criterio, una política de competencia debe procurar esencialmente disciplinar las empresas participantes en el mercado, a fin de corregir “fallas de mercado” cuya aparición haría caer los mercados en equilibrios subóptimos, y por tanto, normativamente indeseables.

Así, al apreciar los desarrollos jurisprudenciales en 10 años de aplicación de políticas de competencia, se observa que el desarrollo de la regulación antimonopolios en América Latina ha estado tradicionalmente vinculado con una visión estructural y estática de los mercados, tendiente a promover la intervención estatal para modular los efectos “negativos” de los arreglos corporativos empresariales, que son percibidos como expresiones de comportamiento

monopolista, necesitado de control estatal.

El nuevo enfoque de los mercados y la competencia El nuevo enfoque se funda en la idea de que la competencia surge de un proceso de “creación destructiva” (Schumpeter, 1942), en el que el grado de participación en el mercado depende de la creatividad, la innovación y el posicionamiento estratégico de las capacidades empresariales para procesar información de los consumidores y productores que debe ser correctamente interpretada en el momento de tomar sus decisiones.

Según el nuevo enfoque, no todas las estrategias de las firmas tienen como objetivo poner en desventaja a sus competidores; por el contrario, en muchas ocasiones dicha situación es el resultado inevitable de las acciones llevadas a cabo por una empresa para disminuir sus costos de producción y distribución, mejorar la calidad de sus productos u otros fines que se encuentran dentro de la dinámica del proceso competitivo. A veces la tarea más difícil a la que se enfrentan las agencias de competencia es fijar el límite entre aquello que va en pro de la eficiencia en el mercado, y las situaciones en las que el objetivo es dañar al competidor.

Quizá el factor que dificulta en mayor grado tal proceso radica en el hecho de que las consecuencias de una determinada estrategia sólo son notorias en el largo plazo, razón por la cual las agencias de competencia en ocasiones deben prever lo que puede ocurrir en el futuro a partir del flujo de información que manejen en el presente.

De acuerdo con esta perspectiva, la permanencia de cárteles o la consolidación de posiciones dominantes en el mercado son fenómenos transitorios, que se desmon tan gracias a la innovación que se produce en el mercado. Por consiguiente, no interesa tanto reprimir posiciones dominantes, sino permitir que se produzca la innovación.

En este enfoque moderno, la política de competencia se visualiza esencialmente como un catalizador de las capacidades empresariales dirigidas a complementar y promover la competitividad internacional de las empresas, antes que como un instrumento para asignar los recursos económicos entre los distintos actores económicos, conforme a una fórmula de eficiencia social “óptima”.

ATACAR LAS BARRERAS AL INGRESO, NO LA CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS:

Visto el moderno enfoque...