Sentencia nº 293 de Suprema Corte de Justicia, del 3 de Julio de 2013.
| Número de sentencia | 293 |
| Fecha | 03 Julio 2013 |
| Número de resolución | 293 |
| Emisor | Primera Sala Suprema Corte de Justicia |
Fecha: 03/07/2013
Materia: Civil
Recurrente(s): H.M., S. A.
Abogado(s): L.. Julio V., A.L., J.C.M., A.C.D.
Recurrido(s): Taveras & Collado, S. A.
Abogado(s): L.. Ricardo Sánchez Guerrero
Intrviniente(s):
Abogado(s):
Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:
Sobre el recurso de casación interpuesto por H.M., S.A., entidad de comercio debidamente constituida y organizada de conformidad con las leyes dominicanas, registro nacional del contribuyentes (RNC) núm. 1-01-00679-1, con su domicilio social establecido en la prolongación de la avenida R.B., esquina calle D, Zona Industrial de H., del municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, debidamente representada por su presidente, Ing. D.A. de M.C., dominicano, mayor de edad, ingeniero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0202927-9, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 375, del 10 de noviembre de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Julio V., actuando por sí y por el Licdo. A.A.L.A., abogados de la parte recurrente, H.M., S.A.;
Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: "Único: Que procede declarar inadmisible, el recurso de casación interpuesto por H.M., S.A., contra la Sentencia No. 375 del diez (10) de noviembre del dos mil once (2011) dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, por los motivos precedentemente expuestos". (sic);
Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de diciembre de 2011, suscrito por los Licdos. A.A.L.A., J.C.M.E. y A.C.D., abogados de la parte recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;
Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de enero de 2012, suscrito por el Licdo. R.S.G., abogado de la parte recurrida, Taveras & Collado, S.A.;
Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;
La CORTE, en audiencia pública del 21 de junio de 2013, estando presentes los jueces V.J.C.E., en funciones de Presidente; J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del Secretario;
Visto el auto dictado el 1ro. de julio de 2013, por el magistrado J.C.C.G., P. de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a la magistrada M.O.G.S., jueza de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el Art. 2 de la Ley núm. 294 de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de esta fallo;
Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) que con motivo de una demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo, incoada por Taveras & Collado, S.A., en contra de H.M., S.A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, dictó, el 24 de febrero del 2011, la sentencia núm. 00160-2011, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "Primero: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la presente Demanda en Cobro de Pesos y Validez de Embargo Retentivo, interpuesta por TAVERAS & COLLADO, S.A., contra HORMIGONES MOYA, S.A., y en cuanto al fondo la ACOGE parcialmente y en consecuencia: a) Condena a HORMIGONES MOYA, S.A., al pago de la suma de Trescientos Veintinueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos Dominicanos Con 98/100 (RD$329,784.98), por los motivos precedentemente expuestos. b) ORDENA a los terceros embargados BANCO POPULAR DOMINICANO, BANCO MÚLTIPLE LEÓN, S.A.; BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA; BANCO BHD, S.A., ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS, BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A, THE BANK OF NOVA SCOTIA N. A. (SCOTIABANK), CEMEX CONCRETO Y/O CEMEX DOMINICANA, S.A., LA SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA, a entregar a TAVERAS & COLLADO, S.A., las sumas de las que se reconozcan deudores o depositarios de HORMIGONES MOYA, S.A., hasta la concurrencia y extensión total del crédito precedentemente descrito. c) Condena a HORMIGONES MOYA, S.A., al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del LIC. R.S.G., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad, por haber sucumbido en su demanda."(sic); b) que, no conforme con dicha decisión, H.M., S.A., interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 279-2011, de fecha 15 de abril de 2011, instrumentado por el ministerial E.L.V., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, contra la referida sentencia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó, el 10 de noviembre de 2011, la sentencia civil núm. 375, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: "PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la entidad comercial HORMIGONES MOYA, S.A., contra la sentencia civil No. 0160-2011 de fecha 24 del mes de febrero del año 2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad a los preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo dicho recuso de (sic) improcedente, mal fundado y carente de base prueba y base legal, y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia recurrida, por haber sido dictada conforme al derecho, los motivos út supra enunciados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, HORMIGONES MOYA, S.A., al pago de las costas del procedimiento, con distracción y provecho en favor del abogado de la parte recurrida, L.. R.A.S.G., quien afirma haberla avanzado en su totalidad. (sic)";
Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: "Primer Medio: Violación de la ley y desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Omisión de estatuir. Admisibilidad del recurso de casación. Presentación de formal incidente de inconstitucionalidad en contra del literal c, del artículo 5 de la Ley No. 3726 del 1953, modificado por la Ley No. 491-08, del 19 de diciembre de 2008.";
Considerando, que por su carácter eminentemente perentorio procede examinar el pedimento de la recurrente, H.M., S.A., relativo a la pretendida inconstitucionalidad del Art. 5, P.I., literal c) de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, en razón de que todo tribunal ante el cual se alegue la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, como medio de defensa, tiene competencia y está en el deber de examinar dicha excepción como cuestión previa al resto del caso, ello es así porque la controversia sobre la constitucionalidad de una ley es una cuestión incidental a ser juzgada con anterioridad a su aplicación al caso concreto de que se trate, lo que implica la consagración del sistema de control difuso, que ha regido en nuestro sistema jurídico desde la inauguración de la República en 1844, lo cual significa, que cualquier tribunal del orden judicial tiene competencia para juzgar la cuestión de la constitucionalidad que le sea sometida como impugnación o defensa en el curso de un proceso, cuyo sistema difuso sobrevivió a la reforma de mayor calado que ha sufrido nuestro Pacto Fundamental, al consagrarse en el artículo 188 de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 que: "Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento". Más aún, el pedimento de la recurrente debe ser ponderado antes del fondo del asunto, pues de lo que se trata es de mantener incólume el principio de la supremacía de la Constitución, el cual implica que la norma primera y la superior a todas es la Constitución; por consiguiente, cualquier norma de legalidad ordinaria que la contravenga deviene nula, por aplicación del artículo 6 de la Constitución, que se expresa en el siguiente tenor: "Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución". Dicho esto, podemos pasar entonces a examinar los alegatos de la recurrente, en los que sustenta la excepción de inconstitucionalidad;
Considerando, que en efecto, la entidad H.M., S.A., alega en sustento de la excepción de inconstitucionalidad planteada, en síntesis, lo siguiente: "que el literal c, del Artículo 5 de la Ley No. 3726 del 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley No. 491-08, del 19 de diciembre del 2008, viola el principio de igualdad, previsto en el Artículo 39 de nuestra Constitución, dado que crea una desigualdad y discriminación sobre la base de la condición socio-económica del recurrente. Bajo el entendido que solamente el portentoso y hacendado dominicano que genera riquezas y, por ende, es o puede ser parte activa o pasiva de conflictos que sobrepasen la infundada cuantía económica prevista en el literal c, del Artículo 5, será el único (o la única clase social) que podrá obtener los benéficos de que nuestro máximo tribunal y velador, guardián y protector de la ley, la verdad y la justicia, conozca de su caso; mientras que, por otro lado, el dominicano pobre no podrá acudir a los jueces de mayor criterio y peso jurídico simplemente porque su caso no es de importancia económica. Esto conlleva que el ciudadano pobre podría ser objeto de abusos y malas interpretaciones de las leyes por los tribunales ordinarios sin que dichos atropellos puedan ser corregidos por la sabia prudencia de nuestros Jueces Superiores; dicha disposición viola el principio de Libre Acceso a la Justicia, regulado por el Artículo 69 de nuestra Constitución, debido a que hace del acceso a la Suprema Corte de Justicia un asunto de economía de las partes, lo que de forma expresa transgrede el numeral 1 del Artículo 69, el cual prevé la gratuidad de justicia. No es posible en un Estado de Derecho que el acceso a la justicia tenga como limitante la condición económica de la parte o el caso, y que podríamos vernos seccionados a la población."(sic);
Considerando, que se impone seguidamente pasar por el tamiz de la Constitución el texto del Art. 5, P.I., literal c) de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, argüido de inconstitucional para verificar si el mismo se incardina o no dentro de los estándares que le permitan ser conforme y congruente con nuestro Pacto Fundamental. En esa línea discursiva, es menester destacar que la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010, recogió en el artículo 69 toda una atalaya garantista como manifestación de lo que se ha venido en llamar debido proceso y tutela judicial efectiva, cuyo texto, en su numeral 9 y para lo que aquí importa, reconoce como un derecho fundamental, el derecho de que toda sentencia pueda ser recurrida de conformidad con la ley. El contenido del artículo precitado no puede ser interpretado de manera aislada, sino en concordancia práctica con el Párrafo III del artículo 149 de la Carta Sustantiva, el cual dispone lo siguiente: "Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes". La exégesis del texto en comento no deja lugar a dudas sobre que los Asambleístas quisieron elevar a rango constitucional el derecho al recurso, derecho este que al estar establecido ya en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, formaba parte del bloque de constitucionalidad, y por consiguiente, tenía y tiene jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 74.3 de la actual Constitución, pero dichos A. revisores de la Constitución, delegaron en el legislador ordinario la posibilidad de limitar o suprimir el "derecho a algunos recursos", o establecer excepciones para su ejercicio, cuya reserva de ley que se destila del indicado Párrafo III del artículo 149 estaría permitida solamente si el legislador ordinario respeta el contenido esencial del derecho a recurrir, es decir el núcleo duro de dicho derecho fundamental, el cual sería indisponible para el legislador, ese núcleo duro sería entonces el "derecho de recurrir el fallo ante un tribunal superior", que no puede ser totalmente cerrado por el legislador, pues en ese caso deformaría el núcleo sustancial exceptuado a la actuación del legislador ordinario; ahora bien, los derechos fundamentales también tienen una parte periférica que puede ser afectable por la actuación del legislativo, como sería el caso de cerrar ciertos recursos por motivo de razonabilidad y permitir el ejercicio de otros, es decir, que el legislador debe siempre garantizar una vía impugnativa al condenado para respetar el núcleo mínimo del derecho que es objeto de examen, reconocido por el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y por nuestra Constitución, para que la ley sea conforme con la Carta Sustantiva de la nación y con los artículos 8.2 h del Pacto de San José, y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No hay dudas entonces, en los términos de la redacción del artículo 149 Párrafo III de la Constitución, que el recurso de casación es de configuración legal; por consiguiente, la fijación por parte del legislador ordinario de una determinada suma mínima como cuantía requerida para la admisión del recurso de carácter restrictivo para acceder al mismo no contraviene el contenido esencial del derecho al recurso, ni tampoco vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el debido proceso, en tanto que, el legislador no está obligado a garantizar la existencia de un grado casacional, pues el recurso de casación civil opera generalmente después de haber recaído dos sentencias, en primera y en segunda instancia, que es donde efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza el derecho al recurso; importa destacar, que en materia civil, en nuestro sistema recursivo, en principio se ha establecido la doble instancia, que permite que un tribunal distinto a aquél que decidió el asunto en un primer momento, revise tanto los hechos dados por ciertos, como el derecho aplicado por este último, dicho en otros términos, dos oportunidades para hacer un juicio; dos veces se dice cuáles son los hechos probados y en dos oportunidades se dice cuál es la consecuencia jurídica que se desprende de ellos, ese sistema, como se observa, protege intensamente la garantía del debido proceso y ofrece más certeza que el sistema de pura revisión del derecho. En esa línea de pensamiento, y como hemos dicho en otras sentencias, el constituyente delegó en el legislador ordinario la posibilidad de modular, limitar y matizar el ejercicio de dicho recurso, esto es, regular su procedimiento y el de suprimirlo cuantas veces lo entienda compatible con la naturaleza del asunto; todavía más, y, en uso de esa delegación otorgada por la Constitución del Estado, puede establecer o no dicho recurso contra determinadas resoluciones judiciales, así como, configurada su existencia, definir y reglamentar su régimen jurídico; ello revela que el legislador al modular y establecer el recurso de casación civil puede válidamente determinar las sentencias recurribles por esa vía impugnatoria y además, como lo hizo con la ley hoy atacada de inconstitucionalidad, disponer un monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada como requisito para aperturar su ejercicio, sin que con ello incurra, como lo alega la recurrente, en las violaciones constitucionales por él denunciadas, pues dicha limitación para el ejercicio de dicho recurso no vacía de contenido el mandato que le atribuye el constituyente al legislador ordinario en el sentido de que si bien "toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior", dicho recurso debe estar "sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes", de manera pues, que la restricción que se deriva del Art. 5, P.I., literal c) de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, encuentra hospedaje y techo jurídico en el reiteradamente citado Art. 149 Párrafo III de la Constitución;
Considerando, que luego de analizar el Art. 5, P.I., literal c) de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, bajo el prisma del bloque de constitucionalidad, el cual no sería ocioso repetir que establece que: "No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (...)."; concluimos que el mismo es conforme y congruente con el Párrafo III del artículo 149 de la Constitución de la República, con el artículo 8.2 h de la Convención Americana de Derecho Humanos, llamada también Pacto de San José y el 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; por consiguiente, procede rechazar la excepción de inconstitucionalidad formulada por la recurrente, por las razones precedentemente aludidas;
Considerando, que luego de dejar resuelta la cuestión de constitucionalidad formulada por la recurrente, se impone, con antelación al análisis de los otros medios de casación propuestos, examinar el medio de inadmisión formulado por la recurrida, quien concluye en su memorial de defensa, que se declare inadmisible el presente recurso de casación, toda vez que las condenaciones de la sentencia impugnada no ascienden a la suma de 200 salarios mínimos y por lo tanto y por aplicación de la misma ley de casación, está afectado en su admisibilidad;
Considerando, que evidentemente, es preciso determinar por ser una cuestión prioritaria, si la sentencia impugnada reúne los presupuestos necesarios para ser impugnada mediante el recurso extraordinario de casación, en ese sentido hemos podido verificar que el presente recurso se interpuso el 23 de diciembre de 2011, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), P.I. del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, lo siguiente:
"No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (...).";
Considerando, que el referido mandato legal nos exige determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado imperante al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios mínimos excede de la condenación establecida en la sentencia impugnada;
Considerando, que esta Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$9,905.00, pesos mensuales, conforme se desprende de la Resolución núm. 5/2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 18 de mayo de 2011, resultando que la suma del valor de doscientos (200) salarios mínimos asciende a un millón novecientos ochenta y un mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,981,000.00), por consiguiente, para que la sentencia dictada por la corte a-qua sea susceptible del presente recurso extraordinario de casación es imprescindible que la condenación por ella establecida supere esta cantidad;
Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación resultó que la corte a-qua confirmó la sentencia del tribunal apoderado en primer grado, que condenó a H.M., S.A., al pago de la suma de trescientos veintinueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos con 98/100 (RD$329,784.98), a favor de Taveras & Collado, S.A., comprobándose de todo lo expuesto, de manera ostensible, que dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley núm. 491-2008, ya referida;
Considerando, que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que deben alcanzar las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, declare la inadmisibilidad del presente recurso, haciendo innecesario examinar los medios de casación propuestos por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta S..
Por tales motivos, Primero: Rechaza la excepción de inconstitucionalidad formulada por la parte recurrente, H.M., S.A., por las razones precedentemente aludidas, en consecuencia declara que el literal c), P.I. del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, es conforme y congruente con la Constitución; Segundo: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la entidad H.M., S.A., contra la sentencia civil núm. 375, de fecha 10 de noviembre de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Tercero: Condena a la parte recurrente, H.M., S.A., al pago de las costas procesales, con distracción en provecho del L.. R.S.G., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.
Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 3 de julio de 2013, años 170º de la Independencia y 150º de la Restauración.
Firmado: J.C.C.G., V.J.C.E., M.O.G.S., F.A.J.M., G.A., Secretaria General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.
