Sentencia nº 007-2013 de Tribunal Superior Administrativo de 28 de Febrero de 2013

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2013
Emisor:Tribunal Superior Administrativo
 
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la República Dominicana, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO del año DOS MIL TRECE (2013), año 170' de la Independencia y 150' de la Restauración.

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, ubicada en la calle J.S.R., No. 1-A, esquina S.S., Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces: D.A.D.L.S., J.P.; M.I.H.G., J.; S.A.O., J.; asistidos de la infrascrita Secretaria, ha dictado en sus atribuciones de Jueces de A. y en audiencia pública la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el señor O.R.C.R., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1474253-9, domiciliado y residente en el Distrito Nacional, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al DR. J.E.S. M. y a la LICDA. M.M.B.O., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 001-1217812-4 y 223-0029236-8, respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle C.N.P., No. 38, C.I., suite 2-A, del primer piso del sector de Gazcue, Distrito Nacional; CONTRA el MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA.

ANTECEDENTES
  1. - Descripción

    El señor J.A.B.G., pretende mediante su solicitud, que el tribunal le ordene al MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA a que emita o autorice la debida renovación del permiso para el porte y tenencia de arma de fuego en su favor, por no haber fundamentos para la negación de la misma;

  2. - Presentación del Recurso

    En fecha doce (12) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), fue interpuesta la Acción de Amparo que nos ocupa, instrumentada por el señor O.R.C.R., contra el MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA;

  3. - Hechos y Argumentos del Accionante

    El accionante manifiesta en su instancia introductiva: a) que en fecha CINCO (5) de mayo del año 1998, fundó el Centro Jurídico Internacional C. y C.S.R.L. convirtiéndose en una de las firmas más importantes de abogados de la República Dominicana; b) que el Centro Jurídico Internacional C. y C.S.R.L. está compuesta por más de veinte (20) abogados asociados sin contar las secretarias, paralegales y asistentes que componen su personal, contribuyendo de esta manera a crear fuente de trabajo en la República Dominicana, siendo una de las firmas que más ha contribuido con el fisco de la República Dominicana, pues solo en el año fiscal 2005 pagó un total ascendente a la suma de trece (13) millones de pesos correspondiente al pago del impuesto sobre la renta; c) que el accionante por su posición socio-económica, el tipo de trabajo que realiza y la inseguridad que actualmente se vive en nuestro país tuvo que comprar un arma de fuego para su protección, haciendo todo el proceso ante las autoridades competentes y obtuvo su permiso para porte y tenencia de arma de fuego, renovando en varias oportunidades su licencia sin contratiempo alguno; d) que en fecha 5 de junio del 2012, el accionante procedió a realizar el pago de la renovación de su carnet de porte y tenencia de armas, realizando el pago en el Banco de Reservas, mediante los volantes de pago No. 69882337 y 69882338; e) que transcurrido el plazo de espera y ver que sus carnets nunca fueron remitido a la sucursal correspondiente del Banco de Reservas se apersonó ante el Ministerio de Interior y Policía para que le informaran la situación de la emisión de su permiso; f) que en el Ministerio de Interior y Policía le informaron al accionante de forma oral que su carnet no podía ser emitido debido a que el mismo tenía una ficha de deportación; g) que en fecha veintitrés (23) del mes de Junio del año Dos Mil Nueve (2009), el accionante interpuso un recurso de amparo por ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, para el retiro de cualquier record o ficha que pudiere afectar su imagen como profesional; h) que mediante la sentencia No. 128-2009, de fecha veintidós (22) de julio del año Dos Mil Nueve (2009), dictada por dicho tribunal se ordenó al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA retirar la ficha que pesa en contra del accionante, del acceso público del Sistema de Investigación Criminal (SIC), conversando exclusivamente los datos de dicho señor como registro para uso interno; i) que el Juez de la Segunda Sala Penal mediante sentencia ordenó al Procurador de la República el retiro de ficha del Sistema de Investigación Criminal (SIC) al accionante, sin embargo ese ministerio desacató la orden, dictaminando mediante orden, memorándum u oficio mantener activa cualquier tipo de ficha que ha sido ordenado su retiro definitivo por sentencia; k) que si bien es cierto que el accionante vino voluntariamente de los Estados Unidos de América, no es menos cierto que no fue procesado ante los tribunales dominicanos, por lo que entendemos que el registro o nota que dieron origen a la negación de la renovación de su licencia para el porte y tenencia de arma de fuego, por parte del Ministerio de Interior y Policía, no debe permanecer ya indefinidamente ya que es contrario a los derechos fundamentales de la persona humana consagrado en nuestra Constitución y en los distintos Tratados Internacionales que versan sobre los Derechos Humanos; l) que es evidente, conforme a las actuaciones que pudieron ser constatadas que en el caso que nos ocupa no ha existido una respuesta por parte de las autoridades con calidad para ello, y por vía de consecuencia, ha habido lo que se conoce como silencio administrativo; m) que el principio central que debe orientar la gestión pública es el servicio al ciudadano. Esto significa entender la actuación de la función pública como el medio a través del cual el Estado garantiza la satisfacción de los derechos de la persona y de la comunidad. No obstante dicho principio, la gestión pública se convierte con mucha frecuencia, en una barrera para el ciudadano que acude a la Administración Estatal para hacer un trámite, solicitar una licencia o exigir una prestación determinada en el ejercicio legítimo de sus derechos; n) que precisamente, para combatir la inercia administrativa surge la institución del silencio administrativo, de origen francés, como una ficción legal que otorga consecuencias jurídicas con la finalidad de dar solución de desprotección o indefensión en que puede hallarse un administrado cuando el órgano administrativo no resuelve expresamente la petición o pretensión por él deducida dentro del término establecido; razones por las que nos solicitan: "PRIMERO: DECLARAR como bueno y válido tanto en la forma como en el fondo el presente RECURSO DE AMAPRO, interpuesto por el DR. O.R.C.R., en contra de Ministerio de Interior y Policía, debidamente representado por el señor J.R.F., amparado en sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos, por el mismo haber sido interpuesto en tiempo hábil y con observancia a las disposiciones de la Ley 437-06, que establece el Recursos de A. en la República Dominicana. SEGUNDO: DECLARAR con fundamento en lo considerando y leyes citadas, y resolver conforme al derecho, otorgando AMPARO, al ciudadano al Ministro de Interior y Policía, debidamente representado por el DR. J.R.F., a que emita o autorice la debida renovación del permiso para el porte y tenencia de arma de fuego a través del DR. O.R.C.R., por no haber fundamentos para la negación de la misma. TERCERO: FIJAR un astreinte de veinte Mil Pesos (RD$20,000.00), por cada día de retraso en la ejecución de la presente sentencia. CUARTO: ORDENAR la ejecución provisional de la sentencia a intervenir no obstante cualquier recurso, en cumplimiento de lo establecido en la ley 437/06 de amparo. QUINTO: DECLARAR el proceso libre costas, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 437-06, sobre Recurso de A.".

  4. - Pruebas documentales depositadas por las partes

  5. Copia de la sentencia No. 128-2009, de fecha 22 de julio del 2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

  6. Copia de la Certificación de No Apelación por parte del Procurador General de la República de la Sentencia No. 128-2009, antes indicada.

  7. Copia de la Certificación emitida por la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 10 de septiembre del 2012.

  8. Copia de la Certificación emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha 10 de septiembre del 2012.

  9. Copia de la Certificación emitida por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en fecha 6 de septiembre del 2012.

  10. Copia de la Certificación emitida por la Procuraduría General de la República, en fecha 3 de septiembre del 2012.

  11. Copia del Recibo No. 69882338, expedido por B., a nombre del señor O.R.C.R., en fecha 5 de junio del 2012.

  12. Copia del Recibo No. 69882337, expedido por B., a nombre del señor O.R.C.R., en fecha 5 de junio del 2012.

  13. Copia de a Licencia de Arma de Fuego correspondiente al señor O.R.C.R..

  14. Copia de la cédula de identidad personal No. 001-1474253-9, correspondiente al...

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