Sentencia nº 1 de Suprema Corte de Justicia, del 2 de Junio de 1998.

Fecha de Resolución: 2 de Junio de 1998
Emisor:Segunda Sala

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.A.V., V.J.C.E., J.I.R., E.H.M. y Dulce M.R. de G., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 2 de junio de 1998, años 155º de la Independencia y 135º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Con motivo del recurso de casación interpuesto por el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís contra sentencia de la Corte de Apelación de ese departamento judicial de fecha 8 de noviembre de 1994, cuyo dispositivo se copia en otra parte de este fallo, más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Oído a los Dres. R. de J.B.G. y M.V., actuando a nombre y representación del acusado F.V.S. (a) J.A., en la lectura de sus conclusiones;

Vista el acta del recurso de casación redactada, el 8 de noviembre de 1994, por A.G.O.H., secretario de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y suscrito por el Dr. E.P.T. en su calidad de Procurador General de la referida Corte, en el cual no se indica ningún medio de casación contra la sentencia;

Visto el memorial de casación del 17 de noviembre de 1994 del Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en el cual se invocan los medios de casación que más adelante se expresan;

Visto el memorial de defensa del acusado F.V.S. (a) J.A., suscrito por su abogado L.. R. de J.B.G., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identificación personal No. 54540, serie 56, depositado en la Suprema Corte de Justicia el 1ro. de marzo de 1996;

Visto el auto dictado el 25 de mayo de 1998, por el Magistrado H.A.V., Presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, juntamente con los Magistrados V.J.C.E., J.I.R., E.H.M. y Dulce M.R. de Goris, Jueces de este Tribunal, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los artículos 5, letra a, 58, 60, 71, 75 párrafos I y II y 85 literales h, e, de la Ley 50-88 y 1, 34 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia recurrida en los documentos que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: a) que el 5 de diciembre de 1993 el inspector regional Zona Norte de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con asiento en San Francisco de Macorís sometió a la acción de la justicia a los nombrados F.V.S. (a) J.A., dominicano, mayor de edad, soltero, albañil, domiciliado y residente en la calle S.N. 6 del sector Pisa Costura, P.P.R. (a) Kao y J.D.C.R., dominicano, mayor de edad, soltero, mensajero, cédula personal de identidad No. 62307, serie 56, domiciliado y residente en la calle L.N. 18 de esta ciudad y a unos tales A. y J. (prófugos) por asociación de malhechores y violación de los artículos 4 y 5, letra a), 8 categoría I, acápite III, código 7360 y categoría II, código 9041, 58, letra a), 60, 71, 72, 73, 75 párrafo I, II y 85 letras a, h, c) y j de la Ley 50-88, artículos 265 y 267 del Código Penal Dominicano; b) que el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte apoderó al Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Duarte para que instruyera la sumaria correspondiente; c) que dicho magistrado produjo una providencia calificativa el 7 de febrero de 1994 enviando a todos los acusados al tribunal criminal para que fueran juzgados por las violaciones contenidas en el acta de sometimiento; d) que para conocer del fondo del expediente fue apoderado el Juez de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, quien pronunció su sentencia el 15 de junio de 1994, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la sentencia recurrida; e) que la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, apoderada en virtud del recurso de apelación incoado por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Duarte el 17 de junio de 1994, dictó una sentencia el 8 de noviembre de 1994, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por el Magistrado Procurador Fiscal de Duarte, contra la sentencia No. 115 de fecha 15 de junio de 1994, dictada por la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte, cuya parte dispositiva dice así: 'Primero: Que debe declarar y en efecto declara a los coacusados F.V.S. (a) J.A., P.P.R. (a) Kao y J.D.C.R., no culpables de violar la Ley 50-88, en ninguno de los textos de ley cuya violación se le imputa por haber sido juzgado luego de haber ponderado los hechos de la causa; y oído a los testigos e informantes, el examen del lugar durante el descenso del tribunal en audiencia pública, el informe del ministerio público y examen de las piezas; justo a la audición de los co-procesados en sus medios técnicos y materiales de defensa, entre otros y circunstancias de la causa; a) que no fue presentado el cuerpo del delito, a pesar de haber sido requerido por el ministerio público por sentencia del juez y aquel a su vez a la DNCD, según sendos telegramas insertos en el expediente; b) que así lo han invocado a favor de su derecho de defensa los coacusados, basándose en las disposiciones del Art. 261 del Código de Procedimiento Criminal; c) que la prueba material de ese y todos los hechos incriminados por esta ley es la sustancia misma, para determinar su cantidad, su calidad y naturaleza, por lo mismo que la naturaleza y gravedad de la infracción; d) que nadie debe ser condenado en función de piezas, objetos o documentos respecto de los cuales no se le ha permitido defenderse; por lo cual siendo que ésta, no ha sido presentada ni ningún otro elemento capaz de sustituirla de manera fehaciente e inequívoca; más allá de toda duda razonable debe el J. en consecuencia, descargar y descarga a los coacusados antes dichos por insuficiencia de pruebas; Segundo: Que debe declarar y declara de oficio las costas del procedimiento; Tercero: Que debe ordenar y ordena que una copia íntegra de esta sentencia una vez motivada sea remitida por la Secretaría de esta Segunda Cámara Penal a la DNCD, para dar satisfacción al contenido del Art. 89 de la Ley 50-88, sobre la materia y sin perjuicio de los efectos legales de la misma'; SEGUNDO: La Corte, actuando por autoridad propia, confirma en todos sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Se declaran las costas de oficio.

Considerando, que el procurador general recurrente alega en su memorial de agravios contra la sentencia lo siguiente: que la Corte de Apelación al confirmar la sentencia de primer grado desconoció el valor probatorio de la declaración del segundo teniente J.A.A., del Departamento de Drogas, quien expresó en audiencia que a F.V.S. le fueron encontradas dos porciones de droga, que de haber ponderado esa declaración, otro hubiera sido el resultado del caso, por lo que dejó sin base legal ese aspecto importante de la sentencia;

Considerando, que la parte interviniente a su vez solicitó la nulidad del recurso, por incumplimiento de las disposiciones del artículo 34 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que el artículo 34 mencionado, impone al ministerio público y a la parte civil cuando ejerzan el recurso de casación, la obligación de notificarlo a la parte contra quien se dirige dicho recurso, en el término de tres días; y si ésta se halla detenida, el acta del recurso le será leída por el secretario, debiendo firmarla el interesado, si sabe hacerlo; y en caso contrario, deberá hacerse constar su negativa o su imposibilidad de hacerlo;

Considerando, que en el expediente no hay constancia del cumplimiento de esas formalidades, ni por parte del ministerio público recurrente, ni por parte del secretario del tribunal que levantó el acta del recurso de casación, formalidades ambas que tienden a preservar el derecho de defensa, por lo que el recurso de marras está viciado, como lo alega la parte interviniente. Por esos motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación incoado por el Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, contra la sentencia de esa misma Corte de Apelación de fecha 8 de noviembre de 1994 dictada en atribuciones criminales, cuyo dispositivo se ha copiado en otra parte de este fallo; Segundo: Declara las costas de oficio.

Firmado: H.A.V., V.J.C.E., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G.. G.A., Secretaria.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico