Sentencia nº 10 de Suprema Corte de Justicia, del 10 de Agosto de 2011.

Fecha de Resolución:10 de Agosto de 2011
Emisor:Segunda Sala
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Fecha: 10/08/2011

Materia: Correccional

Recurrente(s): N.G.P., La Internacional de Seguros, S. A.

Abogado(s): L.. M.R.V.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por N.G.P., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 033-0022377-7, domiciliado y residente en la calle Libertad núm. 12, G.H.E., y la compañía La Internacional de Seguros, S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 4 de mayo de 2010, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito mediante el cual los recurrentes, N.G.P. y Seguros La Internacional, S.A., interponen su recurso de casación, por intermedio de su abogada, L.. M.R.V., depositado el 19 de enero de 2011, en la secretaría de la corte a-qua;

Visto la Resolución núm. 1059-2011 de la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 26 de mayo de 2011, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por N.G.P. y Seguros La Internacional, S.A. y fijó audiencia para el día 22 de junio de 2011;

Visto la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

Visto el auto dictado 4 de agosto de 2011, por el J.J.A.S.I., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo, al magistrado J.E.H.M., y a los magistrados I.C.H., J.C.C.A., R.H.G. y M.G.B., jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para integrar la Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

La Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, en audiencia pública del 22 de junio de 2011, estando presentes los Jueces: R.L.P., en funciones de P.; E.M.E., H.Á.V., J.L.V., E.R.P., J.A.S., V.J.C., A.R.B.D., E.H.M., D.O.F.E., P.R.C., y los magistrados R.H.G.P., juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y vistos los artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, después de haber deliberado, los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de un accidente de tránsito ocurrido el 28 de febrero de 2004 en el tramo carretero G.H.-Sabaneta de Yásica, entre el vehículo marca Toyota Corolla, propiedad de E. delC.I., y conducido por N.G.P.M., y la motocicleta marca Yamaha, propiedad de F.J.S., cuando era conducida por J.L.S.H., quien resultó con lesiones, mientras que su acompañante perdió la vida a consecuencia de los golpes recibidos, y los vehículos envueltos resultaron con desperfectos, resultó apoderado el Juzgado de Paz del municipio de G.H., dictó sentencia sobre fondo el 26 de octubre de 2006, cuyo dispositivo figura transcrito; b) que con motivo del recurso de apelación incoado contra esa decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega pronunció una sentencia el 16 de abril de 2007 y en su dispositivo estableció: "PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto mediante escrito motivado depositado en la secretaría del Juzgado de Paz de G.H., suscrito por el Lic. J.J.L., quien actúa en nombre y representación de N.G.P.M., en contra de la sentencia núm. 153, de fecha 26 de octubre de 2006, dictada por el precitado Juzgado, cuyo dispositivo dice así: ‘Primero: Se declara al nombrado N.G.P.M., culpable de violar los artículos 49, 61, 65 de la Ley 241, modificada por la Ley 114-99, por los hechos de conducir su automóvil de forma descuidada, con torpeza, negligencia, inobservancia e inadvertencia de las leyes y reglamentos, a mayor velocidad que la que le permitía el maniobre seguro de su vehículo, sin observar el ancho, uso, tránsito y condiciones de la vía pública, menospreciando considerablemente vidas y propiedades ajenas, momentos en que impactó por detrás la motocicleta que conducía el co-prevenido J.L.S.H., y del cual el conductor resultó con lesiones de pronóstico reservado, y además resultó muerto el nombrado D.S.C., quien viajaba en la parte trasera de la motocicleta, en consecuencia, se condena al nombrado N.G.P.M. a cumplir dos (2) años de prisión correccional, y al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), además ordena la suspensión de la licencia de conducir por un período de dos (2) años; Segundo: Declara al nombrado J.L.S.H., culpable de violar el artículo 47-1 Ley 241, por los hechos de conducir su motocicleta sin licencia, en consecuencia, se le condena al pago de una multa de Cincuenta Pesos (RD$50.00); Tercero: En cuanto a lo civil, se acoge como buena y válida la constitución en parte civil hecha por los señores J.L.S.H., S.S.C. y P.S., por ser hecha de acuerdo a las normas legales establecidas, el primero como conductor agraviado, la segunda como hermana del fallecido y el tercero como padre del fallecido; en consecuencia, se condena al nombrado N.G.P.M., a un indemnización civil de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor de los señores P.S. y S.S., por los daños morales y materiales recibidos a causa de la muerte y las lesiones recibidas, los cuales soportara de forma solidaria con la compañía de seguros La Internacional de Seguros, S.A., como compañía aseguradora de los riesgos del vehículo causante del accidente; Cuarto: Se condena al nombrado N.G.P.M., al pago de las costas penales del proceso, y al pago de las civiles, las cuales soportará solidariamente la compañía de seguros La Internacional de Seguros, S.A., a favor del abogado que afirma haberlas avanzado en totalidad’; SEGUNDO: Declara la nulidad de la sentencia recurrida y ordena la celebración total de un nuevo juicio, designando para ello el Tribunal Especial de Tránsito Grupo núm. II, de la ciudad de Moca, Distrito Judicial de E., y el envío a esa jurisdicción del expediente contentivo del proceso seguido a cargo de los nombrados N.G.P.M. y J.L.S.H., a los fines de que se realice una nueva valoración de las pruebas, en virtud de todas las razones expuestas precedentemente; TERCERO: Ordena a la secretaria de esta Corte remitir el expediente correspondiente por ante la secretaría del Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. II, del Distrito Judicial de E., a los fines correspondientes"; c) que apoderado para la celebración de un nuevo juicio, el Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. II del municipio de Moca, provincia E. dictó sentencia el 3 de julio de 2008, cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Declara al encartado N.G.P.M., de generales anotadas, no culpable de violar los artículos 49-1, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99, en consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal por no habérsele comprobado la comisión de una falta penal; SEGUNDO: Declara las costas penales de oficio a su favor; TERCERO: Declara buena y válida la constitución en actor civil incoada por los señores J.L.S.H., en su persona y el señor P.S., en su condición de padre del occiso D.S.C., a través de su abogado constituido y apoderado especial L.. T.M.G.V., en contra del imputado N.G.P.M., por haberla hecho en tiempo hábil, conforme a la ley y al derecho, en cuanto a la forma; CUARTO: R. una falta civil al imputado N.G.P.M., y en consecuencia, le condena al pago de una indemnización ascendente a la suma de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00), a favor del señor J.L.S.H., por las lesiones recibidas a causa del accidente, a favor del señor P.S., como padre del occiso D.S.C., la suma de Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos (RD$450,000.00), como justa reparación por los daños morales recibidos a causa de la muerte de su hijo; QUINTO: Condena al imputado N.G.P.M., al pago de las costas procesales civiles a favor y provecho del T.M.G.V., quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; SEXTO: Declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable hasta el monto de la póliza a la compañía La Internacional de Seguros, en su calidad de aseguradora del vehículo envuelto en el accidente objeto del presente proceso; SÉTIMO: En cuanto a la constitución en actor civil presentada por S.S., la rechaza por la misma no tener calidad, ni haber probado, el vínculo de dependencia económica con el occiso D.S.C."; d) que a raíz del recurso de apelación interpuesto contra ésta última sentencia, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega dictó la decisión ahora impugnada, el 27 de octubre de 2008, y su dispositivo reza así: "PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores J.L.S.H. y P.S., por intermedio de su abogado el Lic. T.G.V., en contra de la sentencia núm. 00012/2008, de fecha 3 de julio de 2008, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo núm. II, del municipio de Moca, Distrito Judicial de E., en consecuencia, revoca los ordinales primero y segundo de la sentencia impugnada y en base a las comprobaciones de hecho ya fijadas en el cuerpo de la referida sentencia, declara culpable al encartado N.G.P.M., de violar los artículos 49-1, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de J.L.S.H. y del occiso D.S.C., en tal virtud y acogiendo circunstancia atenuantes a su favor, se condena a una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00); SEGUNDO: Rechaza el recurso de apelación incoado por el imputado N.G.P., por intermedio de su abogado el Lic. J.R.C.G., en contra de la sentencia núm. 00012/2008, de fecha 3 de julio de 2008, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo núm. II, del municipio de Moca, Distrito Judicial de E., en consecuencia, confirma los ordinales tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la referida sentencia; TERCERO: Condena al imputado N.G.P.M., al pago de las costas civiles y penales del proceso y ordena la distracción de estas últimas en provecho del L.. T.G.V., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes"; e) que esta sentencia fue recurrida en casación, pronunciando la Cámara Penal (hoy Segunda Sala) de la Suprema Corte de Justicia sentencia el 21 de octubre de 2009, casando la sentencia impugnada, y envió el asunto ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; f) que apoderada la corte a-qua, actuando como tribunal de envío, pronunció la decisión, ahora impugnada, el 4 de mayo de 2010, con el dispositivo siguiente: "PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 del mes de julio de 2008, por el Lic. J.R.C.G., a favor del imputado N.G.P.M., contra la sentencia núm. 00012/2008, de fecha 03 del mes de julio del 2008, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo II, de Moca, Provincia Espaillat; SEGUNDO: La presente decisión vale notificación para las partes presentes y manda que el secretario de esta Corte, entregue copia a todas las partes"; g) que recurrida en casación la referida sentencia por N.G.P. y la compañía La Internacional de Seguros, S.A., la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió en fecha 26 de mayo de 2011 la Resolución núm. 1059-2011, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso, fijándole la audiencia para el 22 de junio de 2011 y conocida ese mismo día;

Considerando, que los recurrentes, N.G.P. y Seguros La Internacional, S.A., alegan en su escrito de casación, depositado por ante la secretaria de la corte a-qua, el medio siguiente: "Único Medio: Falta, contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia"; alegando en síntesis que, la falta de motivos en una sentencia es causa de casación, en el sentido de que en la sentencia ahora impugnada se hacen unas declaraciones e interpretaciones contrarias a lo que dispone el mismo artículo 1382, toda vez que dicha indemnización debe ser colocada en el sentido del daño causado por el imputado, no así por el vehículo que el conducía; ya que no se pudo obtener la falta del mismo para ser condenado al pago de una indemnización. Por otra lado, y en ese mismo orden, la Ley núm. 146-02, dispone que la sentencia será oponible a la entidad aseguradora, siempre que su asegurado sea encontrado culpable, en el presente caso el asegurado, N.G.P. fue descargado de toda responsabilidad penal, por lo que la sentencia no le puede ser oponible a la compañía aseguradora, ahora recurrente;

Considerando, que la corte a-qua fue apoderada por el envío que le hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia del 21 de octubre de 2009, tras el recurso de casación incoado por la compañía La Internacional de Seguros, S.A., ante la violación a su derecho de defensa por no habérsele notificado la decisión entonces recurrida;

Considerando, que la corte a-qua para fallar como lo hizo estableció de manera motivada lo siguiente: "a) que de igual manera la Corte observa que la juzgadora en la correcta fundamentación de la condena civil impuesta contra el imputado por los daños ocasionados con el manejo de un vehículo de motor, establece el vínculo de causalidad entre la falta cometida por éste y el daño ocasionado y en ese sentido declara la sentencia oponible a la compañía La Internacional de Seguros, S.A., en su calidad de aseguradora de los riesgos del vehículo envuelto en el accidente, de ahí que a juicio de esta Corte la juzgadora a dejado claramente establecido en su decisión que aun cuando se produce el descargo penalmente del imputado, el tribunal ha juzgado retener una falta civil en contra de éste por los daños ocasionados a las personas que resultaron lesionadas, producto de la inobservancia de los reglamentos por parte del imputado, con el manejo del vehículo de motor envuelto en el accidente; b) en el mismo sentido, se ha juzgado que la sentencia impugnada contiene una correcta ponderación del artículo 1384 numeral 1 del Código Civil, en cuanto establece: "que para reconocer la responsabilidad de las personas que tienen la vigilancia, el control y el cuidado sobre las cosas que por su naturaleza deben ser guiados por una voluntad humana", este artículo presenta pautas que crean una presunción de culpa, a cargo de aquel que tiene bajo su guarda una cosa, que por su naturaleza puede ser peligrosa; de esta manera se advierte que con relación a los términos del referido artículo del Código Civil, la condena establecida contra el imputado, está bien fundamentada, toda vez que la responsabilidad civil no es consecuencia del hecho punible, sino más bien del daño atribuido con base a un criterio que puede ser sólo la actuación culposa en la ocurrencia del daño, sino también la responsabilidad objetiva, en la que por definición no es necesario demostrar la existencia de culpa, de todo lo cual se reafirma que la condena civil contra el imputado, establecida en el presente caso, está bien ponderada y justificada, de ahí que no se admiten los medios esgrimidos por el recurrente";

Considerando, que la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, en el sentido de que la Corte puede dictar directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, aplicable por analogía, en virtud de lo establecido de manera expresa por el artículo 427 del indicado Código, procede a la evaluación del recurso y decide el caso directamente;

Considerando, que de conformidad con lo que dispone el artículo 50 del Código Procesal Penal, la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable;

Considerando, que esa disposición legal establece en su segunda parte, en favor de quien directamente haya sufrido el daño, sus herederos y sus legatarios una opción que les permite ejercer la acción civil nacida del hecho punible conjuntamente con la acción penal;

Considerando, que el ejercicio de la acción civil accesoriamente a la acción penal previsto por el artículo 50 del Código Procesal Penal se refiere a la acción que tiene su origen en un hecho de naturaleza penal que al mismo tiempo constituya un delito civil a los términos de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, pero no cuando la acción civil tiene su fundamento en causas extrañas a la prevención;

Considerando, que la responsabilidad civil que se deriva de un accidente causado por la conducción o manejo de un vehículo de motor tiene su origen en la falta penal prevista por la ley de tránsito, cometida por quien lo conduce, y que al mismo tiempo constituya un delito o cuasidelito civil en el sentido de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil; de donde se infiere que en estos casos, si no existe falta penal no puede retenerse una falta civil, pues la inexistencia de la primera conlleva la inexistencia de la segunda;

Considerando, que por lo demás, si bien es cierto que la responsabilidad civil derivada del hecho del otro y la del hecho de las cosas inanimadas no difieren esencialmente en sus respectivos elementos de individualización, ya que ambas tienen su fundamento en el mismo concepto racional, que es del de poder de dirección y vigilancia que se ejerce sobre determinadas personas o sobre determinadas cosas, no es menos cierto que esta paridad o similitud no se extiende a la naturaleza del hecho generador de la responsabilidad, que puede ser una infracción penal en el caso del hecho de otro y no puede serlo en el caso del hecho de una cosa inanimada; que de de esta distinción impuesta por el carácter necesariamente personal de las infracciones, resulta que la acción en responsabilidad derivada del hecho de las cosas inanimadas, que tiene invariablemente su fuente en el artículo 1384, párrafo 1ro. del Código Civil, no puede ser ejercida accesoriamente a la acción penal en la forma prevista en el artículo 50 del Código Procesal Penal;

Considerando, que de conformidad con una tradicional jurisprudencia dominicana sobre la materia, lo cual ratifica esta S.R., la acción civil derivada del hecho de las cosas inanimadas no puede ser llevada accesoriamente a la acción penal, porque se basa en circunstancias extrañas a la prevención;

Considerando que la sentencia impugnada recoge en su página siete (7) que: "8.- En el mismo sentido, se ha juzgado que la sentencia impugnada contiene una correcta ponderación del artículo 1384 numeral 1, del Código Civil, en cuanto establece que: "para reconocer la responsabilidad de las personas que tienen la vigilancia, el control y el cuidado sobre las cosas que por su naturaleza deben ser guidados por una voluntad humana", este artículo presenta pautas que crean una presunción de culpa, a cargo de aquel que tiene bajo su guarda una cosa, que por su naturaleza puede ser peligrosa; de esta manera se advierte que con relación a los términos del referido artículo del Código Civil, la condena establecida contra el imputado, está bien fundamentada, toda vez que la responsabilidad civil no es consecuencia del hecho punible, sino más bien del daño atribuido con base a un criterio que puede ser sólo la actuación culposa en la ocurrencia del daño, sino también la responsabilidad objetiva, en la que por definición no es necesario demostrar la existencia de culpa, de todo lo cual se reafirma que la condena civil contra el imputado, establecida en el presente caso, está bien ponderada y justificada, de ahí que no se admiten los medios esgrimidos por el recurrente";

Considerando, que habiendo la sentencia impugnada declarado no culpable al imputado N.G.P.M. de violar la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, no podía, como sí lo hizo, retenerle una falta civil y condenarlo al pago de una indemnización, como guardián de la cosa inanimada, en virtud del artículo 1383, párrafo 1ro. del Código Civil;

Considerando, que habiendo adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada el aspecto penal, con el descargo del imputado N.G.P.M., y no habiendo más nada que juzgar, procede casar la sentencia impugnada por vía de supresión y sin envío en su aspecto civil;

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia ha examinado y ponderado todos los documentos que obran en el expediente;

Considerando, que cuando una sentencia es casada por violaciones a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas;

Por tales motivos,

Falla:

Primero

Declara con lugar el recurso de casación incoado por N.G.P. y Seguros La Internacional, S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 4 de mayo de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Casa por vía de supresión y sin envío la sentencia recurrida, por no quedar nada por juzgar, por los motivos anteriormente expuestos; Tercero: Compensa las costas.

Así ha sido hecho y juzgado por la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en su audiencia del diez (10) de agosto de 2011, años 168º de la Independencia y 149º de la Restauración.

Firmado: J.S.I., R.L.P., J.L.V., J.A.S., V.J.C.E., E.H.M., D.F.E., J.H.M., I.C.H., J.C.C.A., R.H.G., M.G.B., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.