Sentencia nº 25 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Abril de 2012.

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2012
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 27/04/2012

Materia: Tierras

Recurrente(s): F.U.V.. U., compartes

Abogado(s): D.. A.R.C., N. de J.G.D., L.. P.P.J., L.. A.C.

Recurrido(s): J.M.A., S., compartes

Abogado(s): L.. R.G.G., J.L.D.S., Rafael Terrero Martínez

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por F.U.V.. U., M.M.U., M.U.U., J.U.U. y compartes, dominicanos, mayores de edad, con Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0871283-2, 001-0879232-2, 001-0873982-2 y 001-0879923-2, domiciliados y residentes en el municipio de Villa Rivas, provincia D., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 25 de octubre de 2005, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licda. A.C., por sí y por el Dr. A.R.C., abogados de los recurrentes F.U.V.. U., M.M.U., M.U.U., J.U.U. y compartes;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 6 de enero de 2006, suscrito por los Dres. A.R.C., N. de J.G.D. y el Lic. P.A.P.J., con Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0368406-4, 001-1165376-2 y 001-0129454-4, respectivamente, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 7 de febrero de 2006, suscrito por los Licdos. R.G.G., J.L.D.S. y R.T.M., con Cédulas de Identidad y Electoral núms. 054-0060830-2, 001-0455576-8 y 056-005888-2, respectivamente, abogados de los recurridos J.M.A. (a) S., D.M.S.T. y F.T.V.. S.;

Visto la Resolución núm. 3713-2009, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 13 de noviembre de 2009, mediante la cual declara el defecto de los co-recurridos C.R.R.D. e Instituto Agrario Dominicano (IAD);

Que en fecha 8 de septiembre de 2010, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: P.R.C., en funciones de Presidente; J.A.S., E.R.P. y D.O.F.E., procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 27 de abril de 2012, por el magistrado M.R.H.C., Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, conjuntamente con los magistrados S.I.H.M., R.C.P.A. y E.H.M., Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de una litis sobre Terreno Registrado dentro de las Parcelas núms. 140-A y 140-B y 140-C, del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de Villa Riva, provincia D., dictó su Decisión núm. 1, dictada en fecha 15 de enero de 2003, cuyo dispositivo se encuentra copiado en el de la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal de Tierras del Departamento Norte, dictó el 25 de octubre de 2005, cuyo dispositivo dice así: “1ro.: Acoge en la forma el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de enero de 2003, por el Dr. A.R.C., por sí y por los Dres. J.A.S.P., N. de J.G.D. y Lic. P.A.P., actuando a nombre y representación de los sucesores del Sr. R.M.U., por haberse hecho en tiempo hábil y en cuanto al fondo lo rechaza por improcedente, mal fundado y carente de base legal; 2do.: Acoge las conclusiones formuladas por el Lic. R.T.M., en representación de la Sra. F.T.V.. S. parte recurrida, por procedentes y bien fundadas en derecho; 3ro.: Confirma con modificaciones resultantes de los motivos de esta sentencia, la Decisión núm. 1, dictada en fecha 15 de enero de 2003, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación con las Parcelas núms. 140-A, 140-B y 140-C del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de Villa Riva, provincia D., cuyo dispositivo regirá como se indica a continuación: Parcelas núms. 140-A, 140-B y 140-C, del Distrito Catastral núm. 3, del municipio de Villa Riva; Primero: Ratificar como al efecto debe ratificarse en todas sus partes la Decisión núm. 1 de fecha 21 del mes de diciembre del año 1989, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís, confirmada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 3 de mayo del año 1990, a través de la cual se estableció que el Canal Pontón fue construido por particulares y en consecuencia se declaran nulas y sin efecto jurídico las acta de cesión de derecho y traspaso convencional levantadas por ante el Juzgado de Paz de V.R. en fecha 6 del mes de agosto del año 1997, que afecta a todas las partes que se irrigan con las aguas del Canal “Ponton", por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Segundo: Acoge como al efecto deben acogerse en cuanto a la forma y se rechazan en cuanto al fondo las conclusiones presentadas por los Dres. A.R.C. y J.A.S.P., en representación de los Sucs. de R.M.U., por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Tercero: Acoger como al efecto deben acogerse en cuanto a la forma y parcialmente en cuanto al fondo las conclusiones presentadas por el Lic. R.T.M., en representación de la Sra. F.T.V.. S.; Cuarto: Acoger como al efecto deben acogerse en cuanto a la forma y parcialmente en cuanto al fondo las conclusiones presentadas por los Licdos. R.G.G. y J.L.D.S., en representación de los Sres. J.M.A. y Dulce M.S.; Quinto: Ordenar como al efecto debe ordenarse a la Registradora de Títulos del Departamento de San Francisco de Macorís, lo siguiente: a) Mantener como al efecto debe mantenerse con toda su fuerza y vigor el Certificado de Título núm. 58-24, sobre el área de 3 Has., 89 As., y 89.5 Cas., que ampara la Parcela núm. 140-A del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de Villa Riva, a favor de su titular Sra. F.T.V.. S., y 27 Has., 36 As., 04.50 Cas., a favor del Sr. C.R.R.D.; b) Mantener como al efecto debe mantenerse con toda su fuerza y vigor el Certificado de Título núm. 59-32 sobre el área de 31 Has., 94 As., 97 Cas., que ampara la Parcela núm. 140-A del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de Villa Riva, a favor de su titular Sra. Dulce M.S.T., y 86 tareas a favor del Sr. C.R.R.D.; c) Mantener con toda su fuerza y vigor el Certificado de Título núm. 58-23 que ampara la Parcela núm. 140-B del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de V.R., con área de 08 Has., 58 As., 35 Cas., a favor del Sr. C.R.R.D.; d) Mantener como al efecto debe mantener el registro de derecho de propiedad de las parcelas afectadas por las actas de cesión levantadas por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) por ante el Juez de Paz de Villa Riva en fecha 3 del mes de mayo del año 1990, a nombre de sus legítimos propietarios; e) Ordenar, como al efecto debe ordenarse, el levantamiento de cualquier oposición gravámenes o impedimentos que se hayan inscrito sobre las referidas parcelas en contra de sus titulares, con motivo de la presente litis; Sexto: Ordenar como al efecto debe ordenarse el desalojo inmediato de cualquier persona que se encuentre ocupando de manera ilegal los predios que por esta decisión se falla";

Considerando, que en su memorial de casación los recurrentes invocan los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación al artículo 189 de la Ley núm. 1542 sobre Registro de Tierras. Falta de ponderación de documentos; Segundo Medio: Violación al artículo 1108 del Código Civil;

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos los que se reúnen para su examen por su estrecha relación, los recurrentes alegan en síntesis lo que sigue:“que la sentencia impugnada ha violado el artículo 189 de la Ley de Tierras, por cuanto según afirman los recurrentes los actos de ventas de terrenos registrados tienen que cumplir con determinadas formalidades consagradas por dicho texto, las que no se cumplen en el presente caso; que en la especie, el acto suscrito por el finado señor R.U., fue un préstamo hipotecario y no una venta, lo que fue reconocido por el propio acreedor, señor C.R.R.D., pero el Tribunal a-quo no ponderó ni tomó en cuenta ciertos documentos esenciales como la comunicación remitida por el señor C.R.R.D. de fecha 2 de noviembre de 1982, la que no constituye contrato de venta alguno y más aun que en la fecha de haberse realizado ya había desaparecido el señor R.U., persona que supuestamente le vendió a dicho señor las referidas parcelas, mediante acto de fecha 2 de noviembre de 1982, según consta en el historial de propiedad de fecha 24 de julio del año 2002, expedido por la Registradora de Títulos del Departamento de San Francisco de Macorís, que obra en el expediente, lo que resulta materialmente imposible, pero aunque enarbolaron esta falsedad, esto tampoco fue ponderado por el tribunal de alzada, que también violo el artículo 1108 del Código Civil, al no observar que dicho acto de venta estaba afectado por el vicio de consentimiento, ya que el documento de fecha 2 de noviembre de 1982 donde supuestamente el finado R.U. vende a favor del señor C.R.R.D. la totalidad de la Parcela 140-B y que fue el que ejecutó el Registro de Titulo, lo que constituye es una carta, suscrita solamente por dicho señor y dirigida a los sucesores de dicho finado, sin que de modo alguno constituya un contrato de venta, ya que tratándose de terrenos registrados no se cumplió con lo establecido por el citado artículo 189, pero esto no fue ponderado por dicho tribunal por lo que procede la casación de la decisión impugnada";

Considerando, que no obstante lo alegado por los recurrentes en los medios que se examinan, al analizar los motivos de la decisión impugnada se puede establecer que el Tribunal Superior de Tierras señala en dicha decisión, que en el expediente solo existe fotocopia del poder para hipotecar de fecha 14 de febrero de 1981, otorgado por los señores R.M.U., R.H.U.V., R.R. y R.U.V., a favor de F.U.V., sobre la Parcela núm. 140-C del Distrito Catastral núm. 3 de V.R., así como el contrato de hipoteca de fecha 18 de febrero de 1981; que al establecerlo así, permite a esta Tercera Sala advertir que ante la Corte a-qua se demostró que el mandato de fecha 14 de febrero de 1981 fue consumado;

Considerando, que en cuanto a lo que alegan los recurrentes de que el Tribunal a-quo emitió su decisión sin ponderar ciertos documentos tales como el acto de venta de fecha 2 de noviembre de 1982, que según lo alegado por ellos se demuestra la falsedad de dicha venta; pero al analizar la sentencia impugnada se evidencia que dicho tribunal resalta que en la especie “no se había depositado el acto de venta de fecha 2 de noviembre de 1982, mediante el cual el señor C.R.R.D., le compra los derechos del señor R.U. en las Parcelas núm. 140-A, 140-B y 140-C, que le permita al tribunal comprobar la nulidad invocada por dichos recurrentes";

Considerando, que en materia de litis de derechos registrados, el juez no tiene el papel activo que tiene en los procesos de saneamiento; por lo que el principio dispositivo que se aplica en litis sobre derechos registrados es que el juez debe decidir conforme a las pruebas que se le aportan, ya que estas atan al juez, por lo que a las partes que alegan o invocan un determinado hecho, es que les corresponde aportar las pruebas de lo alegado; por cuanto el juez en caso de litis sobre derechos registrados instruirá conforme a los pedimentos y medios que aporten las partes involucradas en la litis;

Considerando, que según se advierte en las consideraciones del fallo objeto del presente recurso, los recurrentes no aportaron al plenario los medios probatorios que le permitieran a dichos jueces examinar el alcance del acuerdo de fecha 2 de noviembre de 1982, que conforme el historial de la parcela en cuestión se registró como una venta en beneficio del señor C.R.R.D.; prueba que bien pudieron los hoy recurrentes haber obtenido para hacer valer sus pretensiones sobre la alegada nulidad por ellos invocada, ya que solo les bastaba con requerir a los jueces apoderados del recurso de apelación, que solicitaran la remisión de dichas pruebas por parte del Registro de Títulos correspondiente, a fin de que los jueces apoderados pudieran examinar el alcance y formalidades de dicho acto, lo que les hubiera permitido hacer derecho sobre las pretensiones formuladas por los recurrentes; sin embargo, dichos jueces se vieron impedidos de hacer este examen debido a la ausencia probatoria por parte de los recurrentes, prueba que recaía sobre ellos aportarla debido al principio que rige en esta materia; por consiguiente, la Corte a-qua estaba imposibilitada de dar respuesta a las pretensiones de los recurrentes Sucesores de R.M.U. acerca de la alegada falsedad de dicho acto; que en consecuencia y visto las consideraciones anteriores, la falta de ponderación de documentos atribuida por los recurrentes a los jueces del Tribunal a-quo, carece de fundamento y debe ser desestimada, así como se rechaza el recurso de casación de que se trata por improcedente y mal fundado.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por F.U.V.. U., M.M.U., M.U.U., J.U.U. y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 25 de octubre de 2005, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los abogados de los co-recurridos F.T.V.. S., J.M.A. y Dulce M.S.T., L.. R.G.G., J.D.S. y R.T.M., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 27 de abril de 2012, años 169° de la Independencia y 149° de la Restauración.

Firmado: M.R.H.C., S.H.M., R.P.Á., E.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.