Sentencia nº 42 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Mayo de 2010.

Fecha de Resolución:26 de Mayo de 2010
Emisor:Primera Sala

Fecha: 26/05/2010

Materia: Civil

Recurrente(s): J.T.

Abogado(s): D.. J.T., R.J.P.

Recurrido(s): L.T.V.D.

Abogado(s): D.. Bienvenido M. de Los Santos, Diógenes Rafael Castillo

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.A.T., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0985265-7, domiciliado en la calle J.S. núm. 227, barrio Mejoramiento Social, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) el 29 de octubre de 1996, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. D.R.C., abogado del recurrido, L.T.V.D.;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina de la manera siguiente: “Dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 6 de diciembre de 1996, suscrito por los Dres. J.A.T. y R.J.P., abogados del recurrente, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 20 de diciembre de 1996, suscrito por los Dres. Bienvenido M. de Los Santos y D.R.C., abogados del recurrido, L.T.V.D.;

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Visto el auto dictado el 4 de mayo de 2010, por el magistrado R.L.P., Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados A.R.B.D., M.T. y J.E.H.M., jueces de esta sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La CORTE, en audiencia pública del 28 de julio de 1999 estando presente los jueces R.L.P., E.M.E. y J.G.C.P., asistidos de la Secretaria de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de una demanda en resiliación de contrato y desalojo, incoada por L.T.V.D. contra J.A.T., la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 2 de octubre de 1995, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza las conclusiones de la parte demandada, J.T., por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Segundo: Se libra acta de que se rechazó la solicitud de reapertura de los debates formulada por la parte demandada, J.T., por los motivos expuestos; Tercero: Acoge las conclusiones de la parte demandante, L.T.V.D., por ser justas y reposar en prueba legal y, en consecuencia, rescinde el contrato de inquilinato intervenido entre las partes, respecto a la casa núm. 227 (bajos) de la calle J.S. del barrio Mejoramiento Social, de esta ciudad, y en consecuencia, ordena el desalojo del señor J.A.V. y/o cualquier persona que estuviera ocupando el inmueble al momento de la notificación de la presente sentencia; Cuarto: Ordena la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma; Quinto: Condena al señor J.T., parte demandada, al pago de las costas del procedimiento en distracción en provecho del Dr. D.C., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válido, en la forma, el recurso de apelación interpuesto por J.A.T. contra la sentencia dictada el 2 de octubre de 1995 por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de L.T.V.D.; Segundo: En cuanto al fondo, confirma en todas sus partes la sentencia impugnada por los motivos y razones antes dadas; Tercero: Condena al señor J.A.T. al pago de las costas del procedimiento, en distracción y provecho del Dr. D.R.C., abogado, quien afirmó haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación de los artículos 1 y 8 de la Ley 17/88 del 5 de febrero del año 1988; Segundo Medio: Violación de los artículos 8 y 12 de la Ley 18/88”;

Considerando, que en los medios de casación propuestos, los cuales se examinan reunidos por convenir a la solución del caso, el recurrente alega que, según el avalúo realizado por la Dirección General de Catastro Nacional en fecha 16 de mayo de 1995, el inmueble objeto de la demanda en desalojo tiene un valor de RD$ 528,082,070 adquiriendo, por tanto, la categoría de vivienda suntuaria; que, sustentado en dicho documento, alegó ante la Corte a-qua que el hoy recurrido estaba obligado, previo a iniciar su demanda en desalojo, a cumplir con el pago del impuesto que exige el artículo 8 de la Ley núm. 18/88, no obstante la Corte a-qua hizo caso omiso a sus argumentos y, a fin de confirmar la sentencia dictada por la jurisdicción de primer grado, admitió la declaración catastral realizada el 29 de septiembre de 1993 por el propietario de dicha vivienda, en la que se hizo constar que la misma estaba exenta del pago del referido impuesto por tener un valor de RD$400,000.00; que, continua alegando el recurrente, tampoco dio cumplimiento el hoy recurrido, previo a incoar la demanda, con las disposiciones previstas por el artículo 1 de la Ley núm. 17/88, puesto que no obstante recibir por concepto de depósito de alquiler la suma de RD$ 5,550.00, según quedó demostrado mediante el depósito ante la Corte a-qua del contrato de alquiler por ellos suscrito, éste se limitó a depositar en el Banco Agrícola de la República Dominicana la suma de RD$350.00; que, por las razones expuestas, al proceder la jurisdicción a-qua a confirmar la sentencia dictada por la jurisdicción de primer grado incurrió, al igual que el primer juez, en violación a las leyes citadas;

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela, contrario a lo afirmado por el recurrente en los medios que se examinan, que éste no promovió ante la jurisdicción a-qua la irregularidad que le atribuye al recibo de declaración catastral expedido en fecha 29 de septiembre de 1993 a favor del hoy recurrido, documento que le sirvió de fundamentó a la Corte a-qua para adoptar el fallo ahora impugnado; que si bien figura depositado en el expediente formado en ocasión del presente recurso de casación el documento contentivo de un avalúo practicado en fecha 27 de julio de 1995 por la Dirección General de Catastro Nacional sobre el inmueble objeto de la demanda en desalojo, según el cual dicho inmueble tiene un valor total de RD$ 528, 082.70, no obstante, no hay constancia en el fallo impugnado que dicho documento haya sido sometido ante la jurisdicción a-qua para fines de ponderación, así como tampoco se consigna en dicho fallo que el hoy recurrente promoviera la violación al artículo 1 de la Ley núm. 17/88 sobre Depósito de A. en el Banco Agrícola;

Considerando, que el recurrente pudo, en ocasión del presente recurso de casación, aportar ya sea, el acto contentivo del recurso de apelación por él interpuesto o más aún, copia certificada del acta de la audiencia en la cual formuló las conclusiones y alegatos que según alega no fueron ponderadas, que le permita a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar si la jurisdicción a-qua fue puesta en condiciones de ponderar los documentos y alegatos en que sustenta los medios de casación propuestos; que, en base a lo expuesto, no sería ni jurídico ni justo reprocharle a los jueces de fondo no ponderar documentos que le eran desconocidos, así como tampoco atribuirle el vicio de omitir estatuir respecto a hechos sobre los cuales no fueron puestos en condiciones de examinar;

Considerando, que no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto por la parte que lo invoca ante el tribunal del cual proviene la decisión atacada, razón por la cual procede, declarar la inadmisibilidad del presente recurso de casación;

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por J.A.T. contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) el 29 de octubre de 1996, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en favor de los Dres. Bienvenido M. de los Santos y D.R.C., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 26 de mayo de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración.

Firmado: R.L.P., E.M.E., M.T., A.R.B.D., J.H.M., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.