Sentencia nº 42 de Suprema Corte de Justicia, del 17 de Marzo de 1999.

Fecha de Resolución:17 de Marzo de 1999
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, L., Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces J.G.V., J.L.V., J.A.S. y E.R.P., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 17 de marzo de 1999, años 156º de la Independencia y 136º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Petroquímicos Automotrices, S.A., sociedad comercial organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por su presidente, el señor P.U., dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 001-0176099-9, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 6 de octubre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. R.L., por sí y por el Dr. J.S., abogados de los recurridos, B. De Jesús Collado Estrella y B.R.M.E.;

Visto el memorial de casación del 17 de octubre de 1997, depositado por ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Lic. S.F.G., dominicano, mayor de edad, provisto de su cédula de identidad y electoral No. 001-1217222-6, abogado de la recurrente, P.A., S.A., mediante el cual se proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa, depositado por ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de diciembre de 1997, suscrito por los Licdos. J.S.R. e H. De Jesús Paulino A., dominicanos, mayores de edad, provistos de sus cédulas de identidad y electoral Nos. 031-0106258-0 y 031-0022265-5, con estudio profesional común en el edificio marcado con el No. 114, de la calle 16 de Agosto, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y estudio ad-hoc en el bufete del Dr. P.H.Q., en la Av. Independencia No. 202, A.. 202, de esta ciudad, abogado de los recurridos, B. De Jesús Collado y B.R.M.E.;

Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales invocados por la recurrente y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los recurridos contra la recurrente, el Juzgado a-quo dictó el 24 de octubre de 1996, una sentencia con el siguiente dispositivo: "Primero: Que debe declarar, como al efecto declara justificada la dimisión incoada por el señor B. De Jesús Estrella, contra la empresa Petroquímicos Automotrices, S.A. y/o el señor P.U., por haber sido hecho de acuerdo con los términos de la ley que rige la materia; Segundo: Se condena a la empresa Petroquímicos Automotrices, S.A., al señor P.U., a pagar al hoy demandante señor B. De Jesús Collado Estrella, los valores siguientes: a) La suma de RD$24,733.80, por concepto de 28 días de preaviso; b) La suma de RD$74,201.40, por concepto de 84 días de auxilio de cesantía; c) La suma de RD$53,001.00, por concepto de 60 días de bonificación; d) La suma de RD$1,150.00 por concepto de salarios caídos y dejados de pagar correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero de los años 1995 y 1996; es decir, los últimos tres meses; e) A una suma igual a los salarios que hubiese recibido el trabajador desde el día de su demanda y hasta la fecha en que intervenga la sentencia definitiva, dictada en última instancia. Esta suma no puede exceder de los salarios correspondientes a seis (6) meses en virtud de los artículos 95 ordinal 3ro. y el 101 del Código de Trabajo; Tercero: Se condena a la empresa Petroquímicos Automotrices, S. A. y el señor P.U., al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas en provecho de los licenciados J.S., H. De Jesús Paulino y J.M.D.T., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad"; b) que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: "Primero: Declarar, como al efecto declara, en cuanto a la forma, regulares y válidos los recursos de apelación de que se trata, por haber sido interpuestos de conformidad con las reglas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, rechazar, como al efecto rechaza, los recursos de apelación interpuestos por la empresa Petroquímicos Automotrices, S.A. y/o P.U., en contra de las sentencias laborales No. 274, de fecha 24 de octubre de 1996 y 283, de fecha 4 de noviembre de 1996, dictadas por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por ser improcedentes, mal fundadas y carecer de base legal, por lo que ratifica en todas sus partes las indicadas sentencias, salvo en lo concerniente a la letra c) del ordinal Segundo de la sentencia No. 283, relativo a las vacaciones, el cual se revoca por ser improcedente, y en lo referente a la exclusión del señor P.U. de la sentencia No. 274, a fin de no hacer ésta oponible ni ejecutable contra dicho señor, por no tener éste la condición de empleador en el caso de la especie; Tercero: Se condena a la empresa Petroquímicos Automotrices, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los Licdos. H. De Jesús Paulino, J.M.D.T. y K.G.U., abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad";

Considerando, que la recurrente propone los medios de casación siguientes: Primer Medio: Falsa aplicación del artículo 507 del Código de Trabajo, parte in fine, contradicción de motivos, desnaturalización y falta de base legal; Segundo Medio: Violación de la ley, incorrecta aplicación del artículo 41 e incorrecta aplicación del principio del J.V., incurriendo en contradicción de motivos y falta de base legal; Tercer Medio: Violación de la ley, falta de base legal, desnaturalización; Cuarto Medio: Falta de base legal;

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que el tribunal, al acumularse las demandas de los dos recurridos, lo trató como si fuera un solo asunto en desconocimiento del artículo 507, que dispone que el cúmulo de acciones o demandas no implica su indivisibilidad, por eso confunde las condiciones en que uno prestaba sus servicios con las condiciones del otro, las cuales eran distintas, dando como válido que ambos recurridos tenían la misma forma de cobrar la comisión;

Considerando, que en cuanto a ese aspecto, la sentencia impugnada expresa lo siguiente: "Que de conformidad con las comunicaciones de dimisión de fechas 14 de febrero de 1996 y 26 de abril de 1996, los trabajadores invocan como causa justificativa de sus respectivas dimisiones el ordinal 2º del artículo 97 del Código de Trabajo (en el caso del señor B.R.M.E. se añade el ordinal 14º de dicho artículo), por el no pago del salario: como se ha señalado precedentemente, el señor B. De Js. C.E. alega que la empresa le adeuda los salarios fijos desde noviembre de 1995 hasta febrero de 1996, es decir, la suma de RD$4,200.00, a razón de RD$1,050.00, tal como se consigna en la demanda introductiva de instancia; mientras que el señor B.R.M.E. alega que la empresa le adeudaba el salario fijo desde el 15 de diciembre de 1995 hasta el 15 de abril de 1996 (aunque en la demanda introductiva de instancia reclama la suma supuestamente adeudada hasta el 26 de abril de 1996, es decir, RD$4,684.68); es decir, que los trabajadores fundamentan su dimisión en el no pago del salario fijo (RD$1,050.00 mensuales) durante varios meses, por parte de la empresa";

Considerando, que tal como se observa, la sentencia impugnada individualizó el conocimiento de las acciones ejercidas por los demandantes, a pesar de la fusión de los expedientes correspondientes, precisando los hechos particulares en que cada trabajador basaba su demanda y peculiaridades de cada caso, aunque en los fundamentos y motivaciones del fallo impugnado hubiere coincidencia y motivos comunes, al tener ambos asuntos un punto común, tal cual era la terminación del contrato de trabajo por dimisión de los trabajadores, alegando que sus condiciones de trabajo habían sido disminuidas, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación segundo, tercero y cuarto propuestos, la recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: La sentencia se contradice en sus motivos, en razón de que reconoce que los trabajadores recibieron mayores ingresos después del cambio de las condiciones de trabajo, sin embargo, considera que el empleador hizo un uso abusivo del J.V., lo que no es posible, porque cuando el trabajador se beneficia de una modificación en las condiciones de trabajo, el empleador no comete violación alguna; que las declaraciones de la representante de la empresa fueron desnaturalizadas por el Tribunal a-quo, pues no es cierto que ella admitiera que no se le había pagado el salario fijo de los trabajadores, sino que ello lo que hizo fue relatar que ese fue el alegato que esgrimieron los trabajadores para dimitir de sus contratos de trabajo; que la sentencia carece de base legal, porque no ponderó las declaraciones en todo su sentido del testigo presentado por la recurrente, alegando que las mismas eran complacientes sin indicar en que consiste ese vicio;

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: Que en lo relativo a este punto ?que, como se ha indicado, es el fundamento de la dimisión- la parte recurrente alega, como medio de defensa que "? no hubo disminución en el salario (por la supresión de la parte fija de éste, como señalan los trabajadores), que lo que operó fue un cambio en la modalidad lo cual se traducía en un aumento, como pudo apreciarse en los cuadros que depositó la empresa, los cuales trataban de valores reales y que en ningún momento los recurridos negaron haber recibido esos valores"; pues, al aumentar 0.5% en las comisiones por cobros realizados, los trabajadores "? ganaban más dinero con la nueva modalidad de salario, lo cual está avalado por los cheques depositados, hecho que en ningún momento fue discutido, ni contestado por los recurridos?" (ver escrito de ampliación de conclusiones, págs. 13 y 14); que, sin embargo, si bien es cierto que el análisis comparativo de ingresos (de los dos trabajadores recurridos) de las condiciones o modalidades empleadas por la empresa para el cálculo de sus salarios arroja un balance favorable a partir de los cambios hechos en dichas condiciones o modalidades, no es menos cierto que en las relaciones hechas (y aportadas al debate por la empresa) no se incluyen las comisiones por ventas, las cuales fueron eliminadas con el cambio y que, por consiguiente, no cuentan en los ingresos generales a tomar en consideración para hacer los referidos cálculos; que en todo caso, independientemente de que, en definitiva, el indicado balance sea favorable al cambio operado, y, que los trabajadores hayan recibido mayores ingresos después del mismo, resulta evidente que después de dicho cambio los trabajadores fueron privados (porque se suprimió) del salario fijo e invariable de RD$1,050.00 mensuales, lo cual sujetaba los ingresos de los trabajadores a la eventualidad de los cobros de las ventas; que la parte recurrente alega, además, que los cambios en cuestión fueron acordados de mutuo acuerdo entre la empresa y los trabajadores; que, no obstante, la prueba de este hecho no fue establecida, ya que la empresa pretendió hacerlo mediante el testimonio del señor R. De los A.T.M., el cual, debido a las innumerables contradicciones en que incurrió, no merece a esta Corte la confiabilidad necesaria al respecto, revelándose su testimonio como mendaz y complaciente; que, no obstante el alegato enarbolado por la empresa recurrente respecto a que el cambio se produjo por mutuo acuerdo, ella invoca el jus variandi como fundamento del derecho a hacer los cambios que implicaron la supresión del salario fijo y el aumento del salario por comisión a un 2.5% sobre el monto de los cobros por ventas; que, sin embargo, ese derecho está condicionado por el artículo 41 del Código de Trabajo a que su ejercicio no sea irrazonable y no altere las condiciones esenciales del contrato, ni cause "perjuicio moral ni material al trabajador", contrario a lo que ha ocurrido en el caso de la especie, en el cual se ha evidenciado un perjuicio para los trabajadores, ya que el cambio en la modalidad de cálculo del salario implicó la eliminación del salario fijo; que, en consecuencia, en el caso de la especie hubo un ejercicio abusivo del jus variandi";

Considerando, que de la ponderación de las pruebas aportadas y de la propia admisión hecha por la recurrente, el Tribunal a-quo apreció que la empresa varió el modo de medir la retribución de los trabajadores, eliminando el salario que de manera fija estos recibían y reforzando el sistema de pago por unidad de rendimiento;

Considerando, que asimismo determinó que la eliminación del pago del salario fijo le ocasionó un perjuicio a los trabajadores, para lo cual dio motivos pertinentes, pues, tal como lo indica la sentencia impugnada, la eliminación de esta forma de pago del salario afecta a los trabajadores, aún cuando en el balance posterior al cambio se determinara un aumento en las entradas de estos, pues al establecer la modalidad de pago por labor rendida a los trabajadores no se le garantizaba un mínimo salarial y sujetaba todos los ingresos al resultado de sus actividades;

Considerando, que la facultad que posee el empleador para introducir cambios en las modalidades de la prestación del servicio, está condicionado, a que no alteren las condiciones esenciales del contrato, de las cuales es una de ella la forma de medir la retribución del trabajador;

Considerando, que no se advierte que la sentencia impugnada hubiere cometido ninguna desnaturalización en las declaraciones de la representante de la empresa y el testigo que depuso en el informativo testimonial puesto a su cargo, no constituyendo falta de base legal el hecho de que el tribunal restara credibilidad a las declaraciones de un testigo, sino un uso del poder soberano de apreciación de las pruebas de que gozan los jueces del fondo, lo cual escapa al control de la Suprema Corte de Justicia, cuando, como en la especie, no se advierte ninguna desnaturalización de los testimonios y pruebas aportadas;

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Petroquímicos Automotrices, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 6 de octubre de 1997, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, distrayéndolas en provecho de los Licdos. J.S.R. e H. De Jesús Paulino, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Firmado: J.G.V., J.L.V., J.A.S., E.R.P.. G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifica.