Sentencia nº 265-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 11 de Julio de 2014

Fecha de Resolución:11 de Julio de 2014
Emisor:Tribunal Superior Administrativo
 
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RE DE LA REPÚBLICA

Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Primera Sala

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: Contencioso Administrativo

Partes: Dra. L.T. de la Cruz

Contra: Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP)

No. de Expediente: 1200014

No. de Sentencia: 265-2014

Fecha: 11/07/2014

YO, E.G., Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, CERTIFICO que en los archivos a mi cargo existe un expediente que contiene la Sentencia que sigue:

SENTENCIA No. 00265-2014.-

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ONCE (11) días del mes de JULIO del año DOS MIL CATORCE (2014); años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituida en la sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., No.1-A, esquina S.S., sector de Gazcue, con la presencia de sus jueces: JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC, J.P.; V.A.P., J.; DILCIA MARÍA ROSARIO ALMONTE, J.; asistidos de la infrascrita Secretaria General, ha dictado en sus atribuciones Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto por la DRA. LUISA TESTAMARK DE LA CRUZ, dominicana, mayor de edad, provista de la cedula de identidad y electoral No. 026-0061365-3, Defensora Pública, domiciliada y residente en la Av. Padre A., No.55, Edif. C, A.. 302, Residencial las Cañas, de La Romana, debidamente representada por abogado su constituido y apoderado especial Dr. I.P. de Pilar, dominicano, mayor de edad, abogado de los Tribunales de la República, portador de la cedula de identidad y lectoral No. 023-0036707-1, con estudio profesional abierto en la Calle General D., No.173, V.V., S.P. de Macorís, lugar donde la recurrente hace formal elección de domicilio para los fines y consecuencias del presente recurso, CONTRA la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP).

ANTECEDENTES
  1. Descripción.-

    Que la recurrente desempeñaba la función de Defensora Pública I, en la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública. En fecha once (11) del mes de octubre del año dos mil once (2011), a la recurrente le fue notificado del documento ONDP/TNT. 192/2011 en el cual se le informa que "esta Dirección procede a suspender provisionalmente por un período de 2 meses y/o hasta que culmine el proceso disciplinario". Que alega la recurrente que no conforme con dicha decisión y tras agotar las diligencias de lugar, han resultado infructuosos los innumerables esfuerzos realizados por esta, razón por la cual eleva formal Recurso Contencioso Administrativo contra dicha entidad.

  2. Presentación del recurso.-

    En fecha cuatro (04) de enero del año 2012, fue recibida por secretaría de este Tribunal la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por el Dr. I.P. de Pilar, actuando en representación de la DRA. LUISA TESTAMARK DE LA CRUZ, contra la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP).

  3. Hechos, argumentos y fundamentos de la recurrente.-

    En fecha once (11) del mes de octubre del año dos mil once (2011) la recurrente recibe notificación del documento ONDP/TNT. 192/2011 (anexo) en el cual se le informa que "esta dirección procede a suspender provisionalmente por un período de 2 meses y/o hasta que culmine el proceso disciplinario". En virtud de la ilegalidad de este acto administrativo se interpuso recurso de reconsideración (anexo) por ante la ONDP en fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil once (2011). En fecha primero (01) del mes de noviembre del año dos mil once (2011) se recibe notificación del documento ONDP/INT. 210/2011 (anexo) mediante el cual "se ratifica en todas sus partes la comunicación interna ONDP/INT. 192/2011". En fecha catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil once (2011) se interpone Recurso Jerárquico (Anexo) por ante el Consejo Nacional De La Defensa Pública como órgano superior del Sistema Nacional de la Defensa Pública. En fecha doce (12) del mes de diciembre del año dos mil once (2011) se recibe el documento erróneamente denominado "Proceso Disciplinario No. 07-11" (Anexo) mediante el cual, en virtud de la decisión tomada por algunos miembros del Consejo Nacional De la Defensa Pública, se ratifica la decisión de suspensión atacada. Mediante el acto administrativo de Suspensión Provisional impuesta mediante el documento ONDP/INT.192/2011 la administración de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) incurre en una violación directa de la Ley toda vez que impone una "suspensión cautelar" por un tiempo mayor que el establecido en la Ley y sujeto a condiciones, y razones, que la Ley no contempla en un caso y que prohíbe en otro caso. El hecho es que el tiempo máximo que establece la Ley para la suspensión cautelar es de tres (03) meses sin establecer bajo ninguna circunstancia la posibilidad de prorrogar dicho tiempo más allá de este límite temporal. En este caso en particular la administración ya había agotado el plazo precitado tal como lo expresa la misma parte recurrida en el documento ONDP/INT.192/2011 que establece con claridad que la recurrente ya había sido suspendida en varias ocasiones anteriores, sumando el tiempo de dichas suspensiones anteriores más de los tres (03) meses que es el tiempo máximo previsto en la Ley. Los términos de una suspensión cautelar no pueden ser indefinidos o inciertos o manejables según el criterio discrecional de la autoridad que ordena la investigación, que no es de hecho el tribunal disciplinario, pues de lo contrario la medida deja de ser provisoria, pierde su justificación y llega a convertirse o a confundirse con la sanción definitiva, es decir que la medida se torna en una sanción encubierta y por ende violatoria de la Constitución, al sancionarse anticipadamente al encartado sin la observancia plena de las reglas del debido proceso y sin haberse desvirtuado la presunción de inocencia que haga posible la imposición de la sanción. Por otro lado la suspensión cautelar sin disfrute de salarios es un acto arbitrario toda vez que en ningún caso se establece que la suspensión cautelar tenga asociada la retención de los salarios del funcionario, por el contrario, se tendría que aplicar el criterio de que esta suspensión por ser cautelar debe ser con disfrute de sueldo de acuerdo a nuestro derecho del funcionario público vigente. Además, la idea de que no se le paga a un funcionario como consecuencia de que no está laborando es un total atentado contra la lógica toda vez que en esencia se retiene el sueldo de un funcionario por no estar laborando con la esperanza de pagársele en su totalidad si el funcionario no es responsable de lo que se le imputa. Entonces, ¿si la idea de no otorgársele el sueldo radica en el hecho de que el funcionario no ha laborado durante el tiempo de la suspensión por qué habría de dársele de no ser culpable puesto que todas formas el funcionario no laboró durante el tiempo de suspensión? ¿No se le estaría pagando por trabajo no realizado igualmente?; Finalmente, dentro del ámbito fáctico, es importante recordar que la recurrente es un sujeto social con familia lo cual representa obligaciones y proyectos que dependen en parte de sus ingresos, por lo tanto, la suspensión cautelar indefinida sin disfrute de salario y sin la posibilidad de ejercer otras funciones remuneradas representa el traslado de una condena anticipada a sus familiares y dependientes. Además, la suspensión cautelar sin disfrute de salario es una forma de tratar de suprimir la capacidad de defenderse que podría ejercer la recurrente al privarla de los recursos necesarios para pagar los honorarios de sus representantes legales cuando fueren necesarios. a) El artículo 1 del la Ley No. 1494-1947 establece que "Toda persona, natural o jurídica, embestida de un interés legítimo, podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, que más adelante se prevé, en los casos, plazos y formas que esta ley establece,... 2do. Contra los actos administrativos violatorios de la ley, los reglamentos y decretos, que reúnan los siguientes requisitos: a).- Que se trate de actos contra los cuales se haya agotado toda reclamación jerárquica dentro de la propia administración o de los órganos administrativos autónomos; b)- Que emanen de la administración o de los órganos administrativos autónomos en el ejercicio de aquellas de sus facultades que estén regladas por las leyes, los reglamentos o los decretos; c).-Que vulneren un derecho de carácter administrativo, establecido con anterioridad a favor del recurrente por una ley, un reglamento, un decreto o un contrato administrativo; d).- Que constituyen un ejercicio excesivo, o desviado de su propósito legítimo, de facultades discrecionales conferidas por las leyes, los reglamentos o los decretos". Como puede observarse en el cuerpo de este recurso estos requisitos se cumplen completamente toda vez que la recurrente tiene un interés legítimo para recurrir por ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa por que el acto de suspensión cautelar a la que fue sometida la recurrente mediante el acto administrativo notificado con el documento ONDP/INT.192/2011 es ilegal. b) Con relación a la Competencia, según lo establece el artículo 1 de la Ley No. 13-07 que dispone la Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado le corresponde al Tribunal Contencioso Tributario las atribuciones del Tribunal Superior Administrativo conformando lo que se llama el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. En virtud de esto, corresponde al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo la competencia para conocer sobre este recurso. Además, La Ley 41-08, que en su artículo 1 establece que "tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad competente para...

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