Sentencia nº 100-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 26 de Febrero de 2014

Fecha de Resolución:26 de Febrero de 2014
Emisor:Tribunal Superior Administrativo
 
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RE DE LA REPUBLICA

Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Tercera Sala (Liquidadora)

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: Recurso Contencioso Administrativo

Partes: ASOCIACIÓN DE HOTELES Y TURISMO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ASOHAHORES), ASOCIACIÓN DE HOTELES DE SANTO DOMINGO (AHSD)

Contra: Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional

No. de Expediente: 1100098

No. de Sentencia: 100-2014

Fecha: 26/02/2014

SENTENCIA No. 0100-2014

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los VEINTISÉIS (26) días del mes de FEBRERO del año dos mil catorce (2014), año 170º de la Independencia y 151º de la Restauración.

LA TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituida en el salón donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., No.1-A, esquina S.S., sector de Gazcue, con la presencia de sus jueces: S.A.O., J.P.; F.C.A., J.P.; F.F.C., J.; asistidos de la infrascrita secretaria, ha dictado en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, interpuesto por ASOCIACIÓN DE HOTELES Y TURISMO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ASOHAHORES), entidad privada sin fines de lucro organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio sito en la Avenida Tiradentes esquina calle P.G., edificio La Cumbre, octavo (8vo.) piso, ensanche N., de esta ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, debidamente representada por su Presidente señor J.C.L.S., dominicano, mayor de edad, economista, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0790785- 9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de G., y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE SANTO DOMINGO (AHSD), entidad privada sin fines de lucro organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio sito en la Avenida Tiradentes esquina calle P.G., edificio La Cumbre, octavo (8vo) piso, ensanche N., de esta ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional capital de la República Dominicana, debidamente representada por su Presidente, señor F.R. de J.H.P., dominicano, mayor de edad, empresario, portador de la cédula de de entidad y electoral No. 001-1771373-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los L.C.A.M.C., M.S.M. y C.B., quienes son dominicanos, mayor de edad y C.B., quienes son dominicanos, mayores de edad, casados los dos primeros y soltero el último, Abogados de las Tribunales de la República, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-1271648-5, 001-1204739-4 y 001-1722984-9, respectivamente, con estudio profesional conjunto y permanente, en el despacho jurídico "Marra, M.&.S.. Abogados", sito en la Avenida 27 de Febrero No. 329, Torre Élite, suite quinientos dos 502, quinto (5to.) piso, sector E.M., de esta ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, lugar de los recurrente hace formal elección de domicilio a los fines y consecuencia legales de la presente instancia, contra la Ordenanzas Nos. 03/2010 y 04/2010, de fecha 23 de diciembre de 2010, emitida por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

I ANTECEDENTES
  1. Descripción

    Que en fecha 23 de diciembre de 2010, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional emitió las ordenanzas No. 3, 4 y 5 del 2010, aprobándose mediante informes realizados por la Comisión de Presupuesto y Finanzas relativo al uso y mantenimiento del suelo del Distrito Nacional, a los trámites y procedimientos ante la Dirección General de Planeamiento Urbano, al Cambio de Tarifas por Servicio de Recogida de Basura y al Régimen de Infracciones y Sanciones del Código Tributario; por lo que no conforme con dichos actos la parte recurrente interpone el presente Recurso Contencioso Administrativo que hoy nos ocupa.

  2. Presentación del Recurso

    En fecha diez (10) de febrero del año 2011, fue recibida por secretaría de este Tribunal la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por los L.C.A.M.C., M.S.M. y C.B., actuando en nombre y en representación de la ASOCIACIÓN DE HOTELES Y TURISMO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ASOHAHORES) y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE SANTO DOMINGO (AHSD), contra las Ordenanzas Nos. 03/2010 y 04/2010, de fecha 23 de diciembre de 2010, emitida por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

  3. Fundamento del recurso

    Los recurrentes solicitan: "1) que tenga a bien declarar como bueno y válido en cuanto a la forma, el presente recurso contencioso administrativo en materia de tributos municipales, por haber sido interpuesto de conformidad con las normas procesales que rigen la materia; 2) Que tenga a bien declarar justo en cuanto al fondo el presente recurso contencioso administrativo en materia de tributos municipales, y, en consecuencia, pronunciar la anulación o revocación de: ( a ) La Ordenanza número 3/2010 aprobada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional en fecha veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), mediante la cual se crea un arbitrio por concepto de uso y mantenimiento de suelo en el Distrito Nacional; y ( b ) La Ordenanza número 4/2010 aprobada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional en fecha veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), mediante la cual se establecen los trámites y procedimientos para las distintas solicitudes sometidas a la Dirección General de Planeamiento Urbano de la institución, así como las "tasas" y "arbitrios" que deben ser pagados por los servicios prestados aplicables a las distintas topologías radicadas en el Distrito Nacional, por las mismas contravenir al orden constitucionalmente establecido mediante la usurpación de las funciones del Congreso Nacional y la violación a los principios, derechos y límites establecidos en la Constitución y las leyes; 3) que tenga a bien condenar al Ayuntamiento del Distrito Nacional, sede del Concejo Municipal del Distrito Nacional, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de los letrados C.A.M.C., M.S.M. y C.B., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte y de sus propios peculios.

  4. Hechos y argumentos de los recurrentes

    Alegan los recurrentes que el 23 del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), fueron aprobadas las Ordenanzas números 3/2010 y 4/2010 por parte del Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ambas ordenanzas adolecen de graves vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, los cuales sin lugar a dudas deberán provocar su anulación o revocación por parte de esta jurisdicción. Que mediante esta ordenanza, el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional a instancia del Síndico del Distrito Nacional, creó un arbitrio por el uso y mantenimiento del suelo en el Distrito Nacional, cuyo hecho imponible es el predio en el Distrito Nacional. Para los fines de este arbitrio, se establece una tarifa del dos (2) por mil (1,000) del valor de la propiedad, incluyendo el terreno. Los sujetos pasivos de este arbitrio lo constituyen, al tenor de la ordenanza, las personas físicas y jurídicas con propiedades inmobiliarias en el Distrito Nacional. Que los tributos establecidos por un municipio o Ayuntamiento, con el que se arbitran fondos para gastos públicos, se conocen como arbitrios. En nuestro país, la facultad para los ayuntamientos establecer arbitrios posee una regulación constitucional, en los términos siguientes: Que en primer lugar, cabe aclarar que el nuevo tributo creado por la ordenanza impugnada, es un impuesto y no un arbitrio. Este tributo, creado por el Concejo Municipal del ADN mediante la indicada ordenanza, reviste el carácter de verdadero impuesto, entendiendo por impuesto la prestación que el Estado exige en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, como objeto de una obligación establecida en una ley y con ocasión de la ocurrencia de un presupuesto legal, el cual consiste en una situación independiente de toda actividad estatal específica relativa al contribuyente individualmente considerado. el munícipe del Distrito Nacional no recibe una contraprestación individualizada por el pago de este tributo. Que este sentido, el establecimiento de un impuesto por el uso y mantenimiento del suelo, disfrazándolo de arbitrio, representa una violación a la facultad legislativa indelegable conferida en materia tributaria al Poder Legislativo por el artículo 93.1. a de nuestra L.S.. Que la misma naturaleza de su función, el Congreso Nacional de nuestro país tiene plenitud de atribuciones en materia legislativa. Todo asunto general que deba ser resuelto en forma permanente y con fuerza de norma, como sucede con el establecimiento de impuestos, es de la competencia del Congreso. Que la exigencia de que el establecimiento de tributos se lleve a cabo mediante ley, se explica porque: "(...) siendo el tributo el exponente más llamativo de una prestación patrimonial de carácter público, resulta obligado concluir que el establecimiento de los tributos ha de hacerse con arreglo a la ley (...). Esta facultad legislativa en materia tributaria que ostenta el Congreso Nacional, es la consecuencia del principio de la división de los poderes, cuya razón de ser radica en la prohibición que debe ser impuesta al Poder Ejecutivo para que, en el ejercicio de su potestad normativa, no interfiera en ámbitos que, como el tributario, por su especial connotación y sensibilidad, sólo deben quedar reservados al acuerdo mayoritario de la voluntad expresada en el Congreso Nacional. Que nuestra Suprema Corte de Justicia, en varias oportunidades, se ha pronunciado respecto de la inconstitucionalidad que representa la violación por parte del Poder Ejecutivo y otros entes...

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