Sentencia nº 00180-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 15 de Mayo de 2014

Fecha de Resolución15 de Mayo de 2014
EmisorTribunal Superior Administrativo

RE DE LA REPUBLICA

Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Primera Sala

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: Recurso Contencioso Administrativo

Partes: Ramón Américo Burgos Yaport

Contra: Cámara de Diputados de la República Dominicana, y los señores Emilia Corona y A.M.

No. de Expediente: 13-00217

No. de Sentencia: 00180-2014

Fecha: 15/05/2014

YO, E.G., Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, CERTIFICO que en los archivos a mi cargo existe un expediente que contiene la sentencia que sigue:

SENTENCIA No. 00180-2014

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los QUINCE (15) días del mes de MAYO del año dos mil catorce (2014), año 171 de la Independencia y 151 de la Restauración.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituido en la sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., No.1-A, esquina S.S., sector Gazcue, Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces: JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC, J.P.; R.A.B.G., J.; D.M.R.A., J.; asistidos de la infrascrita Secretaria General en funciones, ha dictado en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, interpuesto por el señor R.A.B.Y., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 068-0044123-7, domiciliado y residente en la calle E.P.-Homme, No. 100, Barrio Invi, municipio Villa Altagracia, provincia S.C., quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los licenciados C.G.H., S.J.G.A. y W.J.S.F., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-1312321-0, 001-0825829-4 y 079-0006982-0, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en la calle El C., No. 105, edificio C.V., suite 309, sector Zona Colonial, Distrito Nacional, en CONTRA de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y los señores Emilia Corona y A.M..

ANTECEDENTES
  1. Descripción.

    El señor R.A.B.Y., interpuso la presente acción recursiva a fin de que se condene a la parte recurrida, Cámara de Diputados de la República Dominicana, y los señores Emilia Corona y A.M., a pagarle una indemnización por los daños y perjuicios que su accionar le ha ocasionado, así como que se les ordene levantar las faltas que le han imputado, al tiempo de que le sean pagados los salarios correspondientes a los años trabajados en la Administración Pública y de dos (2) vacaciones pendientes.

  2. Presentación del recurso.

    En fecha siete (07) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), fue recibida por secretaría de este Tribunal la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por los licenciados C.G.H., S.J.G.A. y W.J.S.F., actuando en representación del señor R.A.B.Y., en contra de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y los señores Emilia Corona y A.M..

  3. Hechos y argumentos de la recurrente.

    El señor R.A.B.Y., como fundamento de su acción recursiva argumenta, en síntesis, lo siguiente: ''a) que el recurrente laboró para la Cámara de Diputados de la República Dominicana, desde el día 12 de septiembre de 2006, hasta el 20 de agosto de 2012, desempeñándose con el cargo de supervisor en el restaurante del Club de Legisladores, ubicado en la avenida España del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, desempeñándose con apego irrestricto a las disposiciones de la institución, de la Ley que rige la materia y muy especialmente apegado a las reglas de la ética y de la moral; b) que aunque el recurrente fue separado del servicio alegando una supuesta comisión de falta grave tipificada como falta de quinto grado, sin imputársele de manera directa un caso concreto que cayera dentro de las causales comprendidas en el artículo 96, ordinales O y P, de la Ley No. 02-06, y más aún, sin la previa investigación correspondiente y sin emitir un informe apropiado que diera lugar a determinar las reales causas de separación del servicio, al servidor público lo cual contradice y se riñe con las disposiciones de la Ley y la justicia, y muy especialmente de la Constitución de la República Dominicana; c) que en toda su vida laboral el recurrente no ha cometido ninguna falta que pueda empañar su moral, la integridad de la institución y mucho menos causarle perjuicio a los bienes del Estado, como al efecto quiere alegar la encargada de recursos humanos de la Cámara de Diputados, señora Emilia Corona, sino que muy por el contrario ha desempeñado sus funciones apegadas a los criterios de honestidad y honradez según consta en su expediente, el cual reposa en los archivos del Ministerio de Administración Pública, (MAP); d) que la encargada de recursos humanos de la Cámara de Diputados tiene la potestad discrecional para separar a cualquier servidor público de estatuto simplificado, porque la ley no le garantiza permanencia en el cargo, pero sí los demás derechos adquiridos, pero si bien es cierto que ni la directora de recursos humanos como el presidente de la Cámara de Diputados, no podían cancelar o desvincular sin haber hecho las investigaciones pertinentes al servidor público de estatuto simplificado, imputándole faltas sin haberlas cometido en dicha dependencia ocasionándole un daño moral y económico dejándolo sin el sustento de su familia, pero es de conocida razón también que nadie tiene el derecho de empañarle la moral a ninguna persona por el simple hecho de que dispone de una investidura pública ocasionándole un daño moral e invalidándolo por cinco (5) años a trabajar en cualquier institución del Estado Dominicano, en virtud de lo que establece la Ley No. 41-08 y el Reglamento de aplicación 523-09; e) que de conformidad con la normativa administrativa contenciosa se agotaron los recursos que establece la ley que rige la materia, la primera fase es la conciliación ante el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la fase de conciliación, donde lo único que impugnamos es que la falta que se le imputa siendo un empleado de estatuto simplificado, que le fuere levantada por la Cámara de Diputados es la falta de quinto grado, esto es obsoleto, pero este humilde servidor público, lo único que solicitó fue el levantamiento de dicha falta, y ahí culminará dicha conciliación, a los fines de que el Ministerio de Administración Pública, MAP, procediera a realizar los cálculos de su indemnización en virtud de lo que establece el artículo 60 de la Ley No. 41-08; f) que en la especie se trata de una acción antijurídica tomada a la ligera por la encargada de recursos humanos de la Cámara de Diputados, en la persona de la señora Emilia Corona, en perjuicio del exponente, sin que por parte de este existiera ninguna acción, inacción o hecho reprobable que haya reñido con la ley y la ética en el desempeño de sus funciones que así lo justificare, traduciéndose la separación o cancelación de éste en un acto abusivo y que se riñe con las disposiciones de la ley en sentido general y muy especialmente con la expresión y contenido de la Ley 41-08, de Función Pública; g) que la encargada de recursos humanos de la Cámara de Diputados, señora Emilia Corona, en ninguna de las instancias previas agotadas a través de ningún medio de prueba de los legalmente admitidos justificó la existencia de ninguna falta imputable al recurrente que diera sustento a la grave medida tomada contra este; h) que la situación en que la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha colocado al recurrente amerita la intervención de ese órgano para que el marco de la ley aplicada, dice sentencia en el sentido en que será solicitado en el petitorio del presente recurso; i) que en fecha 07 de noviembre de 2012, le fue notificada al recurrente el acta de no conciliación levantada al efecto por el Ministerio de la Administración Pública (MAP), en la cual se autoriza al recurrente a utilizar la vía que la Ley 41-08 pone a su cargo; j) que en fecha 19 de noviembre de 2012, el recurrente vía la señora Emilia Corona, encargada del departamento de recursos humanos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, interpuso formal recurso de reconsideración a la decisión de cancelación de fecha 20 de agosto de 2012, dando cumplimiento a las disposiciones del artículo 72 de la Ley No. 41-08; k) que a la fecha de hoy la señora Emilia Corona, encargada del departamento de recursos humanos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, no se ha pronunciado con relación a dicho recurso, con lo que interpretamos que la decisión tomada por esta ha sido confirmada; l) que la acción injusta tomada por la señora Emilia Corona, en su indicada calidad, fue sustentada en un conflicto personal de agresión física y verbal ocasionada por E.P.F., teniente de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), en la cual el recurrente no tuvo ninguna participación y esos hechos serán demostrados en los tribunales represivos, pues en contra de dicho oficial reposan dos (2) querellas penales las cuales se están conociendo, una por difamación e injuria sancionada por los artículos 367 y 369 del Código Penal, y otra por la agresión física que sanciona el artículo 319 del mismo código; m) que la señora Emilia Corona, encargada del departamento de recursos humanos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, tomó dicha decisión sin hacer las investigaciones de lugar, pues no fueron interrogados los testigos oculares de los hechos que le confirmarían que el recurrente fue la víctima y que no provocó el conflicto que dio origen a su cancelación, por lo que su cancelación fue injusta y la misma debe ser reconsiderada ordenando su reposición inmediata en dicho cargo; n) que la Cámara de Diputados de la República Dominicana, a través de la encargada de recursos humanos, señora Emilia Corona, separa de sus funciones al servidor público, hoy parte recurrente, imputándole faltas graves de quinto...

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