Sentencia nº 00132-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 31 de Marzo de 2014

Fecha de Resolución31 de Marzo de 2014
EmisorTribunal Superior Administrativo

RE DE LA REPUBLICA

Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Primera Sala

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: Contencioso Administrativo

Partes: C.C.V.

Contra: Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA).

No. De expediente: 0301300443

No. De Sentencia: 00132-2014

Fecha: 31/03/2014

Yo, E.G., Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, CERTIFICO que en los archivos a mi cargo existe un expediente que contiene la Sentencia que sigue:

SENTENCIA No. 00132-2014

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de MARZO del año dos mil catorce (2014), año 171° de la Independencia y 151° de la Restauración.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituida en la sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., No.1-A, esquina S.S., sector de Gazcue, con la presencia de sus jueces: JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC, J.P.; D.Y.V.G., J.P.; R.A.B.G., J.; asistidos de la infrascrita Secretaria General, ha dictado en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, interpuesto por la señora C.C.V., dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No.001-0071213-2, domiciliada y residente en Santo Domingo; quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. Marino de la C.J., dominicano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0687426-6, domiciliado y residente en esta ciudad y con estudio profesional abierto en la Av. México No. 180, sector Buenos Aires, H., Santo Domingo, República Dominicana, lugar donde la recurrente hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales de la presente instancia, CONTRA el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA).

ANTECEDENTES
  1. Descripción

    En fecha dos (2) del mes de noviembre del 2012, la recurrente, LICDA. C.C.V., fue separada del puesto que ocupaba como Directora Administrativa y de Asuntos Internacionales del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), laborando en la institución desde el 28 de julio del año 2010, sin causa justificada; que solicitó a la institución el pago de sus prestaciones, sin que fuera posible obtenerlo, por lo que solicita al Tribunal ordenar a la institución recurrida el pago de sus prestaciones, además del pago de una indemnización por los daños y perjuicios que dicha actuación le ha causado.

  2. Presentación del recurso

    En fecha primero (1°) de mayo del año 2013, fue recibida por secretaría de este Tribunal la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por el Lic. Marino de la C.J., actuando en representación en de la señora C.C.V., contra el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA).

  3. Hechos y argumentos de la recurrente

    Explica la recurrente, señora C.C.V., que en fecha 28 de julio de 2010 fue nombrada como Consultoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, organismo ejecutor del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos; que en fecha 28 de febrero del 2012, es nombrada como Directora Administrativa y de Asuntos Internacionales de la misma entidad; que en fecha 02 de noviembre del 2012, de manera unilateral, no colegiada, mediante comunicación suscrita por el Dr. F.A.P., Presidente del Consejo Nacional de Drogas y del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, fue destituida de su cargo sin causa justificada; que en el tiempo que laboró no tomó las vacaciones correspondientes; que dicha destitución no fue realizada conforme los establece el procedimiento marcado en la Ley de Función Pública sino más bien de manera abusiva y arbitraria, sin respetar los preceptos legales estatuidos para esos casos y sin haber incluido el correspondiente pago en el presupuesto del 2013, para determinar si podían cumplir con el compromiso que debía asumir la entidad con esta desvinculación; que no era de interés de la recurrente la reposición en el cargo que ocupaba, por lo que no realizó el recurso de reconsideración, sino más bien optó por solicitar en varias ocasiones de manera amigable, el pago de sus prestaciones; que transcurrido el plazo que otorga la ley a las entidades públicas de hasta 90 días para asumir con el compromiso de pago de las referidas prestaciones, le fue notificada a cada una de las entidades que conforman el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), una intimación de pago y puesta en mora, otorgando el plazo de 24 horas para que la entidad procediera al debido pago y en caso de no obtemperar a dicho requerimiento, iniciaría las acciones legales correspondiente, respondiéndoles estos con el acto No.106-2013 donde expresan que no le corresponde a la parte recurrida pagar los beneficios laborales solicitados; que en fecha 06 marzo de 2013 y producto del acto notificado por los representante del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, la recurrente solicitó al Ministerio de Administración Pública la opinión de si era procedente o no la respuesta expresada a través del acto No.106-2013, entidad que a la fecha y pese a múltiples llamadas y reiteraciones no ha podido emitir una respuesta a la referida misiva, por lo cual nuestra representada decidió iniciar el proceso por la vía judicial ya que estamos frente a funcionarios, representantes de las más importantes entidades del país que no obtemperan ni dan respuestas a compromisos asumidos en desmedro y perjuicio de una servidora del Estado y como consecuencia sus dependientes y los compromisos habituales contraídos por nuestra representada; que la recurrente inició a laborar en fecha 3 de diciembre de 2012 en el Departamento Aeroportuario, órgano operativo de la Comisión Aeroportuaria, entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual no recibe partida presupuestaria del Estado, sino más bien, se rige a través de un régimen tarifario amparado en la Ley 8 del 17 de noviembre del año 1978 y provienen de tasas cobradas a los pasajeros transportados en vuelos internacionales, cuyos valores son recibidos a través del Grupo Punta Cana, Corporación Aeroportuaria del Este, S.A., compañías que actúan como agentes de retención; que resulta improcedente traspasar las prestaciones laborales de un servidor público que corresponden a la Ley 41-08 a una institución que está regida por las normas del Código Laboral, por ser disposiciones totalmente diferentes y cuyos fondos se encuentran focalizados de manera diferente, por tales motivos solicita lo siguiente: "PRIMERO: Que se declare bueno y válido en cuanto a la forma el presente Recurso Contencioso Administrativo por haber sido incoado de conformidad con la ley; SEGUNDO: Que en cuanto al fondo: que se ordene al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), el pago de las prestaciones laborales correspondientes a la LIC. C.C.V., la cuales ascienden a un monto equivalente a la suma de ochocientos sesenta y un mil quinientos cuatro pesos con treinta y ocho centavos (RD$861,504.38), más los intereses generadores a la fecha, desglosados de la siguiente manera: indemnización RD$640,000.00 (Art. 60 Ley 41-08 del 16-01-08); vacaciones RD$221,504.38 (Art. 53,55 Ley 41-08 del 16-01-8); TERCERO: Que se condene al Comité...

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