Sentencia nº 00115-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 24 de Marzo de 2014

Fecha de Resolución:24 de Marzo de 2014
Emisor:Tribunal Superior Administrativo
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RE DE LA REPUBLICA

Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Primera Sala

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: Contencioso Administrativo

Partes: L.. Laura Teresa Roman Jimenez

Contra: Estado Dominicano y compartes

No. De expediente: 0301300836

No. De Sentencia: 00115-2014

Fecha: 24/03/2014

Yo, E.G., Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, CERTIFICO que en los archivos a mi cargo existe un expediente que contiene la Sentencia que sigue:

SENTENCIA No. 00115-2014

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de MARZO del año dos mil catorce (2014), año 171° de la Independencia y 151° de la Restauración.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituida en la sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., No.1-A, esquina S.S., sector de Gazcue, con la presencia de sus jueces: JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC, J.P.; D.Y.V.G., J.P.; R.A.B.G., J.; asistidos de la infrascrita Secretaria General, ha dictado en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto por la LICDA. L.T.R.J., dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No.001-015011-2, domiciliada y residente en la calle R.R., No.17, ensanche L., Santo Domingo, Distrito Nacional, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Dres. F.A.T.S.C., A.M.A. y J.N.F., dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral Nos.001-1458753-8, 001-1377644-7 y no consta el numero de la tercera cédula de identidad y electoral, abogados de los Tribunales de la República, con estudio profesional abierto en la calle R.R.N.17, ensanche L., Santo Domingo, Distrito Nacional, lugar donde se hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales de la presente instancia, CONTRA el Estado Dominicano, debidamente representado por el Presidente de la República, D.M., el Procurador General de la República Dominicana, Dr. F.D.B. y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. C.P.T..

ANTECEDENTES
  1. Descripción

    En fecha 14 de mayo del 2002, la recurrente L.T.R.J. conjuntamente con el señor A.A.R.C., fue suspendida de sus funciones de Abogado Ayudante del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, posteriormente en fecha 27 de mayo de 2002, el Procurador General de la Corte de Apelación presentó formal sometimiento en su contra por violación a los artículos 53, 166, 177, 400, 265 y 266 del Código Penal y el artículo 6 de la Ley 821 de Organización Judicial, y al declarar en fecha 27 de agosto del 2012, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la extinción de la acción penal iniciada en su contra, la misma debe ser ejecutada; y a pesar de haber sido destituida mediante decreto presidencial debe ser ordenada su reposición en el cargo, ya que dicho decreto es nulo de pleno derecho, en virtud de que la ley no establece que el P. de la República pueda separar a un Ministerio Público de sus funciones.

  2. Presentación del recurso

    En fecha veintidós (22) de julio del año 2013, fue recibida por secretaría de este Tribunal, la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por los Dres. F.A.T.S.C., A.M.A. y J.N.F., actuando en representación de la LICDA. L.T.R.J., contra el Estado Dominicano, debidamente representado por el Presidente de la República, D.M., el Procurador General de la República Dominicana, Dr. F.D.B. y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. C.P.T..

  3. Hechos y argumentos de la recurrente

    Expresa la recurrente, que en fecha 27 de agosto del año 2012, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitió la sentencia No.210-2012 mediante la cual declara la extinción de la acción penal contra los ciudadanos L.T.R.J. y A.A.R.C., por haber transcurrido el plazo máximo de duración de este proceso, sin que haya intervenido sentencia irrevocable y ordena el cese de cualquier medida de coerción que pese en contra de esos ciudadanos en ocasión de ese proceso, así como la cesación de cualquier acto que restrinja el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales consagrados a favor de los ciudadanos por la Constitución, ordenando el archivo de las actuaciones; que el recurso de casación que se interpuso contra la sentencia en el organismo correspondiente, fue declarado inadmisible; que la Ley 13-07, establece que este Tribunal es el competente para conocer este tipo de demanda en reclamación de reposición de la recurrente, ya que a la misma durante el proceso no se le conoció ninguna sanción disciplinaria, no se le dictó sentencia condenatoria, sin embargo, se dictó el archivo definitivo del expediente que pesaba sobre la misma; que el anterior Procurador General de la República, lo único que dictó cuando se le formuló la falsa acusación fue la suspensión temporal de la recurrente, por un período de 3 meses, los cuales al momento de la emisión de la sentencia del Tribunal Colegiado se encontraba ventajosamente vencido; que las argumentaciones expuestas en este proceso han sido hasta ahora que el ex-Presidente H.M., había dictado un Decreto donde se sustituía a la recurrente, pero este punto, el cual ha sido extensamente debatido ante los tribunales, se le ha demostrado que dicho decreto era nulo de pleno derecho por haber sido dictado posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto del Ministerio Público, en la cual no se establece que el P. de la República pueda separar a un Ministerio Público de sus funciones, por lo cual en base al principio jurídico de que nadie puede ser juzgado, ni separado de sus funciones si no existe una ley previa, dicho decreto es nulo; que a la fecha por los sueldos dejados de pagar se le adeuda a la recurrida tres millones sesenta y ocho mil pesos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA