Sentencia nº 00392-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 21 de Noviembre de 2014

Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2014
Emisor:Tribunal Superior Administrativo

r/>Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Segunda Sala

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: ACCIÓN DE AMPARO

Partes: E.F.C. CASTILLO

Contra: POLICÍA NACIONAL DOMINICANA (PN)

No. De expediente: 1401401

No. De Sentencia: 00392-2014

Fecha: 21/11/2014

SENTENCIA No. 00392-2014

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los VEINTIUNO (21) días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL CATORCE (2014); años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración.

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituido en la Sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., Edificio No. 1-A, esquina calle S.S., sector de Gazcue, Santo Domingo de G., Distrito Nacional, República Dominicana, con la presencia de sus jueces: DIOMEDE Y. VILLALONA GUERRERO, J.P.; M.I.H.G., J.; C.Y.P.S., J. Suplente; asistidos de la infrascrita Secretaría General, ha dictado en sus atribuciones de Tribunal de A. y en Audiencia Pública, la Sentencia que sigue:

CON MOTIVO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO, interpuesta por el señor E.F.C.C., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0497052-0, quien tiene abogados constituidos y apoderados especiales a los LICENCIADOS A.A.P.V. y M.R.V.T., dominicanos, mayores de edad, Abogados de los Tribunales de la República Dominicana, titulares de la cédula de identidad y electoral Nos. 001-1324795-1 y 049-0050792-4, abogados e impetrantes con domicilio y estudio jurídico y profesional abierto de manera permanente en la calle J.C. No. 98, Edificio Profesional Santa María, apartamento No. 402, E.L.J., de esta ciudad de Santo Domingo De G., Distrito Nacional, República Dominicana, lugar donde los abogados y el exponente hacen y mantienen formal y expresa elección de domicilio para todos fines, efectos y consecuencias legales que se deriven de la presente instancia.

CONTRA: La POLICÍA NACIONAL DOMINICANA (PN), Institución Castrense del Estado Dominicano, regida por la Ley No. 96-04 de fecha 28 de enero del año 2004, con su domicilio social y principal establecido en la avenida L.N. esquina calle Francia No. 402, sector Gazcue (frente al Edificio de las Oficinas Gubernamentales, entre UNIBE y la Maternidad La Altagracia), Santo Domingo De G., Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su J., M. General M.E.C.C., dominicano, mayor de edad, con domicilio en el Edificio que aloja a la Policía Nacional Dominicana (PN), sito en la dirección supra indicada, institución que tiene como abogados apoderados a los LICENCIADOS R.A.G.P.Y.C.S.R., ambos dominicanos, mayores de edad, con estudio profesional establecido de manera común, en la Consultoría Jurídica de la Policía Nacional Dominicana (PN), sito en la dirección arriba indicada, en el Edificio que aloja a la Policía Nacional Dominicana (PN), lugar donde se hace elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente Acto.

ANTECEDENTES
  1. Descripción:

    Que mediante la Orden General No. 066-2012 de fecha 11 de noviembre del año 2012, le fue cancelado su nombramiento al hoy impetrante, señor E.F.C.C., de las filas de la Policía Nacional Dominicana (PN), quien ostentaba el grado de C., el cual había ingresado a dicha institución en fecha 1 de enero del año 1994 con el grado de Aspirante a C..- Que la parte accionante, luego de varias actuaciones al respecto y no conforme con lo anterior, interpuso un A. de Cumplimiento por ante el Tribunal Superior Administrativo.

  2. Presentación del Recurso:

    En fecha 29 de septiembre del año 2014, se depositó ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo la presente Acción Constitucional de A., instrumentada por los L.A.A.P.V. y M.R.V.T., quienes actúan en nombre y representación de la señor E.F.C.C., contra la Policía Nacional Dominicana (PN), en cuyas conclusiones invocan lo siguiente: "PRIMERO: Que se ACOJA la presente acción judicial por haberse incoado la misma de conformidad con la Constitución de la República, así como las la Leyes Nos. 13-07 y 137-11. SEGUNDO: Que se le ORDENE a la Jefatura de la Policía Nacional la reintegración del amparista en el grado que ostentaba al momento de su cancelación, la cual se produjo en la fecha más arriba citada al inicio de los alegatos de apertura. TERCERO: Que se le RECONOZCA al amparista el tiempo que estuvo fuera de servicio, así como los haberes dejados de percibir de conformidad con la ley y disponer que al amparista le sean saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de la desvinculación hasta la fecha en que se produjere su respectiva reintegración a Las filas policiales; en caso contrario, adoptar las medidas y providencias que al respecto establecen la Ley y los Reglamentos. CUARTOS: Que se le imponga un astreinte de Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD$5,000.00), por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión judicial contra la Policía Nacional y a favor del amparista";

  3. Hechos y argumentos del accionante:

    La parte accionante, señor E.F.C.C., mediante su instancia introductiva alega: "Que en fecha 1 de enero del año 1994, el hoy amparista ingresó a la Policía Nacional Dominicana (PN) Dominicana (PN) con el grado de Aspirante a C. mediante la Orden General No. 05-1994 de la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana (PN) Dominicana (PN).- Que durante este tiempo el mismo nunca cometió un hecho punible alguno o falta disciplinaria, lo cual se puede probar con la Certificación anexada a la presente Acción judicial, toda vez que la misma deja en blanco el espacio destinado para observaciones en la cual por lo General se hace constar las causas de cualquier desvinculación o separación de las filas policiales.- Que en fecha 11 de noviembre del año 2012 mediante al Orden General No. 066-2012 de la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana (PN) Dominicana (PN), el mismo fue cancelado arbitrariamente con el grado de C., lo cual le daba la categoría de Oficial y por vía de consecuencia solo pudo haber sido cancelado por el P. de la República.- Que en fecha 11 de septiembre del año 2014, La Dirección Central de Recursos Humanos de la Policía Nacional Dominicana (PN) le concedió al amparista una Certificación en la cual hace constar la fecha en que ingresó a la Policía Nacional Dominicana (PN), así como la fecha en que fue cancelado.- Que el amparista fue cancelado mediante una infracción constitucional, arbitraria y sin el debido proceso legal, ya que solo debió ser cancelado por disposición del P. de República.- Que no obstante solo puede decretar la cancelación en contra de agentes policiales el P. de la República, la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana (PN) mediante la Orden General preindicada, procedió unilateralmente a separarlo de las filas policiales sin la previa aprobación de la Presidencia de la República.- Que una Orden General de la alta jerarquía de la Policía Nacional Dominicana (PN) en donde se dispone la cancelación o separación de un agente policial sin causa alguna que la justifique, constituirá a su vez una transgresión al Artículo 3 de la Ley No. 96-04 (ver Artículo).- Que la preindicada disposición legal adjetiva establece que los agentes policiales deben de gozar de la estabilidad laboral que debe imperar en la Policía Nacional Dominicana (PN), lo cual en la especie no ha ocurrido.- Que la cancelación de un Oficial ya sea subalterno o superior, solo podrá realizarse mediante la expedición de un Decreto Presidencial, precia aprobación del Consejo Superior Policial, mas no mediante una Orden General de la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana (PN).- Que no obstante solo el P. de la República puede cancelar agentes policiales con la categoría de oficial, esto en la especie no ha ocurrido, toda vez que dicha cancelación la efectuó la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana (PN).- Que la cancelación de agentes policiales sin el debido proceso de Ley, constituye una transgresión a la Constitución de la República (ver Artículo 256 de la Constitución).- Que el precepto Constitucional previamente citado, establece dos mandatos Constitucionales, la primera es que la cancelación de agentes policiales deberá hacerse de conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Nacional Dominicana (PN), los Artículos citados por la Ley No. 96-04, segundo, dicho precepto Constitucional permite que los agentes policiales cancelados sin el debido proceso de ley pueden ser reintegrados a las filas policiales.- Que somos de interpretación legal Honorables Magistrados, que lo demandado por el amparista mediante la presente acción judicial cumple con los elementos constitutivos preindicados del Artículo 256 de la Constitución de la República Dominicana, razón por la que consideramos que el mismo debe ser reintegrado a las filas policiales.- Que no fue el P. de la República que dispuso la cancelación arbitraria, ilegal e injusta del amparista, facultad que solo le es reconocida al primer mandatario según las disposiciones legales adjetivas preindicadas, no obstante a esto, dicha facultad la usurpó la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana (PN).- Que dicha usurpación de funciones constituye una transgresión a la Constitución de la República.- Que la usurpación de autoridad o funciones está prohibido por la Constitución de la República en su Artículo 73 (ver Artículo).- Que la Jefatura de la Policía Nacional Dominicana (PN) es un órgano estatal subordinada a la Presidencia de la República, lo cual significa que no debió unilateralmente disponer la cancelación del amparista, lo cual le...

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