Sentencia nº 00390-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 21 de Noviembre de 2014

Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2014
Emisor:Tribunal Superior Administrativo
 
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Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Segunda Sala

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: AMPARO

Partes: JOSÉ MANUEL MATEO MINAYA

Contra: POLICÍA NACIONAL DOMINICANA (PN)

No. De expediente: 1401189

No. De Sentencia: 00390-2014

Fecha: 21/11/2014

SENTENCIA No. 00390-2014

En la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los VEINTIÚN (21) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil catorce (2014); años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración.

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituido en la Sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., Edificio No. 1-A, esquina calle S.S., sector de Gazcue, Santo Domingo de G., Distrito Nacional, República Dominicana, con la presencia de sus jueces: D.Y.V.G., J.P.; M.I.H.G., J.; C.Y.P.S., Jueza Suplente; asistidos de la infrascrita Secretaría General, ha dictado en sus atribuciones de Tribunal de Amparo y Audiencia Pública, la Sentencia que sigue:

CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO interpuesta por el señor J.M.M.M., dominicano, mayor de edad, Ex-Segundo Teniente P.N., titular de la cédula de identidad y electoral No. 012-0070491-2, domiciliado y residente en el municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, por conducto de su abogado constituido y apoderado especial, LICDO. E.A.S., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 022-0012525-6, Abogado de los Tribunales de la República, quien para los fines del presente proceso establece domicilio procesal en la avenida J.C. No. 192, casi esquina avenida W.C., Edificio Osiris, Apartamentos Nos. 304 y 201, Santo Domingo, Distrito Nacional, lugar donde se hace y mantiene formal y expresa elección de domicilio para todos fines, efectos y consecuencias legales que se deriven de la presente instancia.

CONTRA la POLICÍA NACIONAL DOMINICANA (PN), Institución Castrense del Estado Dominicano, regida por la Ley No. 96-04, Institucional de la Policía Nacional Dominicana (PN), de fecha 28 de enero del año 2004, con su domicilio social y principal establecido en la avenida L.N. esquina calle Francia No. 402, sector Gazcue (frente al Edificio de las Oficinas Gubernamentales, entre UNIBE y la Maternidad La Altagracia), Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su J., M. General M.E.C.C., dominicano, mayor de edad, con domicilio en el Edificio que aloja a la Policía Nacional Dominicana (PN), sito en la dirección supra indicada, institución que tiene como abogados apoderados a los L.R.A.G.P. y C.S.R., ambos dominicanos, mayores de edad, con estudio profesional establecido de manera común, en la Consultoría Jurídica de la Policía Nacional Dominicana (PN), sito en la dirección arriba indicada, en el Edificio que aloja a la Policía Nacional Dominicana (PN), lugar donde se hace elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente Acto.

ANTECEDENTES
  1. Descripción

    Que el ciudadano J.M.M.M., fue cancelado de las filas de la Policía Nacional, por un alegado hecho ocurrido en fecha 18 de marzo del año 2009, mientras se encontraba asignado para servicio en La Romana, junto al Capitán de C.E.R.M.P., M. de G., el entonces Capitán, hoy Teniente Coronel Barón Bienvenido de León Ovando, F., y el Agente J.T.D., DNCD.- El impetrante, siendo un oficial incluso homenajeado por parte de la propia institución, se le cancela sin respetarse el debido proceso, violándosele derechos fundamentales y ocasionándole un daño incalculable a su brillante carrera policial.

  2. Presentación y fundamento de la Acción

    En fecha 19 de agosto del 2014, fue recibida ante la Secretaría General de este Tribunal Superior Administrativo, la instancia contentiva de la Acción Constitucional de Amparo, instrumentada por el Licdo. E.A.S., abogado que actúa en nombre y representación del señor J.M.M.M., contra la Policía Nacional Dominicana (P.N.), en cuyas conclusiones invoca los siguiente: "PRIMERO: Que declaréis admisible en cuanto a la forma, la presente solicitud de mandamiento de amparo, por ser sometido en tiempo hábil y en la forma en que establece la ley. SEGUNDO: Que fijes audiencia para conocer de la presente Acción Constitucional de Amparo y autorice mediante Auto a citar a la Policía Nacional a la audiencia que tendrá lugar para conocer los méritos de la presente reclamación. TERCERO: En cuanto al fondo de la misma solicitud, una vez conocida la causa, y constatado que la expulsión forzada de la policía en la forma en que se produjo deviene en ilegal, injusta, desproporcional, arbitraria y abusiva, y al no haber causa legal alguna para la cancelación del accionante y por no haber respetado el debido proceso por parte de la Policía Nacional, se proceda a acoger la presente solicitud de mandamiento Constitucional de A. en beneficio del impetrante Ex-Segundo Teniente LICDO. J.M.M.M., y que por vía de consecuencia se ordene por medio de Sentencia de A. a la Policía Nacional, la restitución del referido oficial a las filas policiales. CUARTO: Que se ordene a la Policía Nacional la ejecución de la Sentencia a intervenir dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de la misma. QUINTO: Que la Sentencia a intervenir ordene el pago de todas las mensualidades dejadas de pagar a la fecha por concepto de salario del mismo. SEXTO: Que se condene a la Policía Nacional al pago de un Astreinte ascendente a la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00) diarios, por cada día en que dejara de cumplir con la ordenanza jurisdiccional que ordene la reincorporación del impetrante a la fila policial a favor y provecho del peticionario. SÉTIMO: Que las costas sean declaradas de oficio por tratarse de un asunto constitucional".

  3. Hechos y argumentos del accionante

    El accionante, señor J.M.M.M., mediante su instancia introductiva alega: "Que ingresó a las filas de la Policía Nacional con el grado de R. el día 15 de octubre del año 1992, mediante Orden Especial No. 010-1992.- Que la escala de ascensos por méritos que ha observado el S.T.J.M.M.M. se ha cumplido de acuerdo al escalafón, dejando de pertenecer a la institución con rango de Segundo Teniente, según Orden General No. 090-2009 de la Policía Nacional.- Que el S.T.J.M.M.M., en cumplimiento de lo que establece la Ley de carrera policial, la cual expresa que la institución policial es una ocupación de progreso continuo y de avance profesional, lo que claramente se puede observar en el caso que nos ocupa, como este joven oficial ha ido desarrollando su carrera apegado a ese principio de progreso continuo con diferentes cursos de preparación para el buen desarrollo de la vida policial y una correcta aplicación de la técnica, apegada a los términos de aplicación de la política criminal del Estado; observando que un agente policial debe ser ante todo un ente profesional comunitario presto siempre a usar el dialogo para disuadir cualquier contingencia y partiendo de allí ir sumando las fuerzas que se hagan necesarias, pero siempre acogido al respeto a los Derechos Fundamentales y los Derechos Humanos en general.- Que al hoy accionante le fue cancelado su nombramiento como miembro de la Policía Nacional, por un alegado hecho ocurrido en fecha 18 de marzo del año 2009, mientras se encontraba asignado para servicio en La Romana, junto al Capitán de C.E.R.M.P., M. de G., al entonces Capitán, hoy Teniente Coronel Barón Bienvenido de León Ovando, F., y al agente J.T.D., DNCD, a los cuales se le sindicó, en conjunto, en haber extorsionado al nombrado R.E.N.S..- Que la Policía Nacional realizó una pseudo-investigación en contra del accionante, en la que alteró la realidad de los hechos y violentó el debido proceso, conculcando derechos y garantías fundamentales del ciudadano accionante.- Que resulta altamente suspicaz, que todos los demás miembros a los cuales se le sindicó la misma participación y la misma acusación, no fueron sancionados, muchos menos cancelados por sus respectivas instituciones castrenses. Lo que quiere decir, que los cuerpos investigativos de esas instituciones, tanto la Marina de Guerra, en el caso de Capitán de C.E.R.M.P.; la Fuerza Aérea Dominicana, en el caso del entonces Capitán, hoy Teniente Coronel Barón Bienvenido de León Ovando; y la DNCD, en el caso del agente J.T.D., determinaron que los hechos por los cuales fueron investigados sus respetivos miembros, que son los mismos hechos por los cuales la Policía Nacional investigó al accionante, no eran ciertos o suficientes para imponerle alguna sanción a sus respectivos miembros.- Que incluso, las demás instituciones castrenses, cuestionaron el procedimiento utilizado por la Policía Nacional durante la investigación en este caso, ya que consideraron que el procedimiento hecho por la Policía "no es el que se prevé en estos casos".- Que observado lo anterior, es notoria la búsqueda de una causa más allá de la verdad y de las pruebas, y la persecución interesada por parte de sectores oscuros en contra del hoy accionante, ya que siendo un oficial incluso homenajeado por parte de la propia institución, se le cancela sin causa justa alguna, ocasionándole un daño incalculable a su brillante carrera policial.- Que lo antes dicho lesiona derechos fundamentales del accionante, ya que entre otras cosas la Baja dada al accionante mancha la dignidad y la vida del hoy peticionario de justicia.- Que se desprende del análisis de las acciones llevadas a efecto...

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