Sentencia nº 00167-2014 de Tribunal Superior Administrativo de 23 de Mayo de 2014

Fecha de Resolución:23 de Mayo de 2014
Emisor:Tribunal Superior Administrativo
 
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RE DE LA REPUBLICA

Fuente: Tribunal Superior Administrativo. Segunda Sala

Departamento Judicial: Distrito Nacional

Atribución: MEDIDA CAUTELAR

Partes: J.E.D. PEÑA

Contra: MINISTERIO DE HACIENDA, y el señor D.T.

No. De expediente: 1201211

No. De Sentencia: 00167-2014

Fecha: 23/05/2014

YO, E.G., Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo CERTIFICO que en los archivos puestos a mi cargo existe un expediente que contiene la sentencia que sigue:

SENTENCIA No. 00167-2014

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de MAYO del año DOS MIL CATORCE (2014), año 171' de la Independencia y 151' de la Restauración.

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, ubicada en la calle J.S.R., No. 1-A, esquina S.S., Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces: F.F. DE LA CRUZ, J.P.; M.I.H.G., J.; R.C., J.; asistidos de la infrascrita Secretaria, ha dictado en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DE LA MEDIDA CAUTELAR interpuesta por el señor J.E.D.P., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 054-0045052-3, domiciliado y residente en la Urbanización Estrella, Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los LICDOS. A.C. DE LA ROSA VALLEJO y J.F. DE LEÓN, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad Nos. 001-0537472-2 y 001-1091037-9, con estudio profesional abierto en la avenida A.F. de Navarrete No. 47 (altos), sector Los Mina, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, respectivamente;

CONTRA a) el MINISTERIO DE HACIENDA, y el señor D.T., quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial al DR. E.S.S., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 012-0013479-7, con estudio profesional abierto en la calle México No. 45, Ministerio de Hacienda, Gazcue, Distrito Nacional; b) la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, institución del Estado Dominicano, creada mediante la ley No. 1832 del 3 de noviembre del 1948, con su domicilio en su edificio sede, ubicado en la calle Dr. P.H.U., esquina P.A.L., del sector de Gazcue, Distrito Nacional, debidamente representado por el señor E.W.C., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0142821-1, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los DRES. P.A.C.M., S.N.D. e HINNA VELOZ, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 002-0015650-3, 001-0557085-7 y 001-0548927-2, respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida P.H.U., esquina P.A.L., Distrito Nacional; c) el señor V.B.A., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0007359-2; y d) el ESTADO DOMINICANO.

ANTECEDENTES
  1. - Descripción:

    El señor J.E.D.P., pretende mediante su solicitud, que se ordene dar inmediato cumplimiento a la ejecución de la Sentencia marcada con el No. 027-2012, de fecha 20 de marzo del año 2012, dictada por esta Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, que condena al MINISTERIO DE HACIENDA al pago de la suma de RD$39,823,770.00;

  2. - Presentación del Recurso:

    En fecha diecisiete (17) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), el señor J.E.D.P., interpuso una demanda en referimiento con carácter de urgencia por desacato de ejecución de sentencia, por ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra el MINISTERIO DE HACIENDA y el señor SIMÓN LIZARDO AMEZQUITA, mediante el cual solicita: "PRIMERO: Que se Ordene al Ministerio de Hacienda dar cumplimiento inmediato a la Sentencia No. 027-2012, de fecha 20 del mes de marzo de 2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y que la condena al pago de la suma de RD$39,823,770.00 8Treinta y nueve millones ochocientos veintitrés mil setecientos setenta pesos a favor del señor J.E.D.P.. SEGUNDO: Que se condene al Ministerio de Hacienda al Pago de un interés mensual ascendente al Dos por ciento (2%) del total que ordena la indicada sentencia, como sanción por el incumplimiento, el mismo, computable a partir de la ocupación irregular de la propiedad. Todo, en virtud de que se trata de una propiedad inmobiliaria, con la cual se han hecho grandes negocios (ventas) en perjuicio de su legítimo propietario. (Ver copia del informe realizado por el Departamento de Sociales de Bienes Nacionales). Y que además se trata de vulneración de derechos fundamentales (Entre otros como base legal artículos 89 y 90 de la Ley 137-11). TERCERO: Condenar al MINISTERIO DE HACIENDA al pago de un astreinte de CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD$50,000.00) diario a favor del señor J.E.D.P., por cada día transcurrido sin cumplir con la sentencia que intervenga. CUARTO: Que, en cuanto a la responsabilidad legal, conjunta y solidaria, que corresponde a los funcionarios públicos (servidores públicos), que se actúen como amerita en el caso de la especie, como ha ocurrido con los señores V.B.A., D.T., S.L.A., E.W.C. y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES y ESTADO DOMINICANO, por si negligencia, acción u omisión y, en consecuencia, ORDENAR que la sentencia que intervenga les sea común y oponible a todas las partes, ya sea conjuntamente o por separado, condenándoles a cumplimiento de la misma, y con todas sus consecuencias de ley. Para el hipotético e improbable caso de que la misma, y con todas sus consecuencias de ley. Para el hipotético e improbable caso de que no haya inmediato acatamiento de dicha sentencia por parte del Ministerio de Hacienda. Todo a partir del conocimiento de dicha sentencia o de su notificación. QUINTO: Que se Condene al MINISTERIO DE HACIENDA, conjunta, y solidariamente, con los señores V.B.A., D.T., S.L.A., E.W.C., la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, y ESTADO DOMINICANO, al pago de las costas judiciales del procedimiento, ordenando la distracción de la misma en provecho de los LICDOS. A.C. DE LA ROSA VALLEJO y J.F. DE LEÓN, por haberlas avanzado en su mayor parte. SEXTO: Que de oficio, sean aplicadas cuantas medidas de derecho el tribunal entienda necesarias, a los fines de garantizar los derechos del demandante señor J.E.D.P., sobre la "PARCELA NO. 23, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 2, DEL MUNICIPIO DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 4 HECTAREAS, 96 CENTIAREAS, 75 DCMS2, AMPARADA EN EL CERTIFICADO DE TÍTULO NO. 97, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2006, INSCRITO EL LIBRO NO. 78, FOLIO NO. 160-A, PROVINCIA ESPAILLAT, MUNICIPIO DE MOCA ¡A fin, de evitar que los daños ocasionados sigan profundizándose! SEPTIMO: Que se Ordene la ejecución provisional e inmediata, sin fianza, sobre minuta y la vista de la sentencia a intervenir. Párrafo: a que nuestra Carta Magna condena todo acto de abuso (y abuso de poder como ha ocurrido en el caso de la especie), discriminación, maltrato, etc., en contra de otras personas, como ha ocurrido en estos largos más de 18 años (a partir de 1994) con el demandante. A quien les han vulnerado sus derechos fundamentales (personales, reales, familiares, goce y disfrute de su propiedad, educar a los hijos, salud, medicinas, alimentación, etc.). Muy especialmente se han violado las disposiciones de los artículos 90 y siguientes, ley 41-08, Función Pública, 544, 1142 y 1315 del Código Civil; 38 y siguientes 51.1, 147, 148 de la Constitución, entre otros aspectos legales. SUBSIDIRIAMENTE: OCTAVO: Que se Ordene a la Administración General de Bienes Nacionales y E.W.C. poner en posesión al señor J.E.D. PEÑA de los predios que no se incluyen el pago; ya que los ocupantes o terceros a quienes el estado a través de Bienes Nacionales ha venido y revendido los apartamentos construidos en el proyecto "VILLA CAROLINA", que se construyera en la referida propiedad, el cual consta 36 edificios distribuidos en 216 Apartamentos. En razón de que, los ocupantes (intrusos o terceros adquirientes) no le permiten el uso, goce y disfrute pacifico de dicha propiedad a su legítimo propietario. Lo que le acarrea al demandante peligros, daños y perjuicios inminentes; por una situación (ocupación irregular) que quien la creó fue el Estado Dominicano a través de Bienes nacionales. Por esa razón, que se condene a la Administración General de Bienes nacionales y E.W.C. al cumplimiento total de la sentencia que intervenga. Que, en el hipotético caso de que se produzca un incumplimiento a la sentencia que intervenga; Ordenar que el demandante ejecute la sentencia contra cualquier de las partes envueltas, como son: MINISTERIO DE HACIENDA, V.B.A., D.T., SIMÓN LIZARDO AMEZQUITA, E.W.C., ADMINISTRACIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES y ESTADO DOMINICANO, ya que los responsables directos en cuanto al incumplimiento son los funcionarios, no los órganos institucionales. (Hasta que cualquiera de ellos presente la prueba de haber cumplido con el pago (Art. 1315 del C.C.). Párrafo: Toda demora por parte del deudor acarrea un daño al acreedor… según E.J.P., "Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, B. PELIGRO IRREPARABLE QUE ACARREARÍA LA DEMORA. (Pág. 150) "Todo proceso acarrea una demora y toda demora es dañosa". ACCESORIA: NOVENO: ordenar con carácter de urgencia el cumplimiento de la Sentencia No. 027-2012, de fecha 20 de marzo de 2012, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, para que sea llevada por ante el Congreso Nacional, para que el crédito se incluya en el presupuesto del año Dos Mil Trece (2013)...

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