Sentencia nº 1422 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Noviembre de 2018.

Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 1422

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de agosto del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 31 de agosto de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por M.C.R.R., dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0693577-8, domiciliada y residente en la casa núm. 56, de la calle H., barrio Hospital, C., provincia D., en su calidad de conviviente de quien en vida se llamó P.P.R.; y M.R.N. de P. y F.P.D., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 059-0002213-7 y 059-0002166-7, en sus calidades de padres del fallecido P.P.R., contra la sentencia civil núm. 095, de fecha 4 de marzo de 2008, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. A.M.R., por sí y por el Dr. E.M.T., abogados de la parte recurrente, M.C.R.R., M.R.N. de P. y F.P.D.;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que procede RECHAZAR el Recurso de Casación incoado por MILEDY CATALINA ROSARIO ROQUE, M.R. NUÑEZ DE PADILLA, Y COMPARTES; contra la sentencia civil No. 095, de fecha 4 de marzo del año 2008, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de octubre de 2009, suscrito por el Dr. E.M.T., abogado de la parte recurrente, M.C.R.R., M.R.N. de P. y F.P.D., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de noviembre de 2009, suscrito por los Lcdos. J.M.B.R. y Y.A.C.S., abogados de la parte recurrida, Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., (EDESUR);

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 23 de abril de 2014, estando presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; V.J.C.E., M.O.G.S., J.A.C.A. y F.A.J.M., asistidos del secretario; Visto el auto dictado el 20 de agosto de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados M.A.R.O. y B.R.F.G., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por M.C.R.R., M.R.N. de P. y F.P.D., contra Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., (EDESUR), la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 28 de mayo de 2007, la sentencia núm. 0499-07, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara Inadmisible la presente Demanda en Daños y Perjuicios, incoada por los señores M.C.R.R., M.R.N. de P. y F.P.D., en contra de la compañía Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., (EDESUR), por prescripción; SEGUNDO: Condena a la parte demandante, los señores M.C.R.R., M.R.N. de P. y F.P.D., al pago de las costas del procedimiento distrayéndolas a favor y provecho de los abogados de la partes demandadas”; b) no conformes con dicha decisión M.C.R.R., M.R.N. de P. y F.P.D., interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 795-2007, de fecha 11 de junio de 2007, instrumentado por el ministerial J.A.G., alguacil de estrados de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 095, de fecha 4 de marzo de 2008, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por los señores MILEDY CATALINA ROSARIO ROQUE, M.R. NÚÑEZ DE PADILLA Y F.P.D., mediante acto No. 795-2007, de fecha once (11) de junio de 2007, instrumentado por el ministerial J.A.G., de Estrados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sala 9, contra la sentencia marcada con el No. 0499-07, relativa al expediente No. 036-06-0448, dictada en fecha veintiocho (28) de mayo de 2007, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecho de conformidad con la ley; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos út supra enunciados; TERCERO: CONDENA a los recurrentes, los señores M.C.R.R., M.R. NÚÑEZ DE PADILLA Y F.P.D., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho del LIC. J.M.B.R., abogado, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: “Primer medio: Errónea interpretación de la Ley. Mala aplicación de la Ley. Falta e insuficiencia de motivos que justifiquen el dispositivo; Segundo medio: Desnaturalización de los hechos. Violación a las normas procesales. Falta de base legal”;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se desprende lo siguiente: a) que en fecha 7 de julio de 2004, falleció a causa de electrocución P.P.R., al hacer contacto con un cable eléctrico de media tensión propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), S.A.; b) que a consecuencia de ese hecho, M.C.R., M.R.N. de P. y F.P.D., en sus calidades de conviviente y de padres del finado interpusieron una demanda en reparación de daños y perjuicios, en contra de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), S.A., la cual fue declarada inadmisible por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesta luego de vencido el plazo de seis (6) meses establecido por el artículo 2271 del Código Civil, según consta en la sentencia núm. 0499-07, de fecha 28 de mayo de 2007; c) que dicha decisión fue recurrida en apelación por M.C.R., M.R.N. de P. y F.P.D., dictando la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la sentencia núm. 095, de fecha 4 de marzo de 2008, ahora recurrida en casación, mediante la cual rechazó el referido recurso y confirmó la sentencia de primer grado;

Considerando, que la sentencia impugnada se fundamenta en los motivos que textualmente se transcriben a continuación: “(…) que del cotejo de la ocurrencia del hecho, se registra la muerte del señor P.P.R. en fecha siete (07) de julio del año 2004, según consta en declaración de defunción No. 1280, y el acto No. 2012/2006, de fecha 24 de mayo del año 2006, instrumentado por el ministerial P.A.S.F., alguacil ordinario de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios, con el contenido del párrafo del artículo 2271 del Código Civil Dominicano el cual reza: ‛Párrafo: Prescribe por el transcurso del mismo período de seis meses, contados desde el momento en que ella nace, la acción en responsabilidad civil cuasi delictual cuya prescripción no hubiere sido fijada por la ley, expresamente, en un período más extenso. Sin embargo, en los casos en que alguna circunstancia imposibilite legal o judicialmente el ejercicio de la acción, no se computará en el plazo el tiempo que dicha imposibilidad dure’ (sic); se infiere que ciertamente han transcurrido un año y 10 meses por lo que han pasado los seis meses para la interposición de la demanda; que ciertamente el juez a quo juzgó correctamente al declarar inadmisible por prescripción la demanda de referencia”;

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio y en el segundo aspecto del segundo medio de casación, la parte recurrente sostiene, en síntesis, que la corte a qua únicamente ponderó el medio de inadmisión por prescripción presentado por la parte recurrida, en función de las disposiciones del artículo 2271 del Código Civil, obviando los reclamos relativos a la aplicación del artículo 126 de la Ley núm. 125-01, así el artículo 4 del Reglamento 555-02, para la aplicación de la Ley General de Electricidad, pues habiendo sido la parte recurrente afectada por el servicio de energía eléctrica que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), S.A., comercializa en su zona de concesión, está sujeta a la aplicación de dichas disposiciones; que la corte a qua hizo una errada aplicación de la ley, al dar por establecido que la Ley General de Electricidad no es aplicable al caso, cuando dicha ley tiene disposiciones que establecen responsabilidad en el orden civil a quienes la violen, tal es el caso de las exigencias que en materia de seguridad exigen los artículos 4, letras a) y f), 54, letra b) y 126 de la Ley 125-01, así como los artículos 158 y 172 de su reglamento de aplicación; que excluir las disposiciones contenidas en la indicada Ley núm. 125-01 que favorecen a la parte recurrente, no es más que una discriminación que viola las disposiciones del artículo 8, ordinal 5 de la Constitución de la República, en el sentido de que la ley es igual para todos y que las conclusiones de las partes deben ser contestadas de igual modo por el juez; que al fallar en la forma en que lo hizo, la corte a qua además desnaturalizó los hechos que dieron origen a la demanda, al dar por establecida la prescripción descrita en el párrafo del artículo 2271 del Código Civil;

Considerando, que al respecto, ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, que los casos citados en el artículo 126 de la Ley General de Electricidad se refieren, en esencia, al cumplimiento de las políticas, manejo y estrategias que deben observar las empresas generadoras y distribuidoras reguladas por dicha norma legal y a su deber de información a la Superintendencia de Electricidad sobre su funcionamiento, a fin de que esta última pueda evaluar la calidad y eficiencia en su servicio y aplique, en caso de incumplimiento, las sanciones que ella consagra; que a tal efecto, el artículo 121 de dicha Ley creó la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, la cual se encuentra bajo la dirección de la Superintendencia de Electricidad y tiene como funciones atender y dirimir los reclamos de los consumidores del servicio público frente a las facturaciones, mala calidad del servicios (malas condiciones de las instalaciones eléctricas, voltaje anormal para uso de equipos) o cualquier queja motivada por excesos o actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad;

Considerando, que conforme lo anterior, los plazos y procedimientos establecidos en los artículos citados deben ser observados cuando los usuarios afectados por una infracción causada por alguna de las empresas reguladas por la Ley núm. 125-01, dirijan su reclamación ante la Superintendencia de Electricidad, organismo para el cual rige dicha ley y que, según se establece en el artículo 127, es la competente para la imposición de las sanciones que ella contempla; que tal y como razonó la corte a qua, al sustentarse la demanda en daños y perjuicios en el ámbito de la responsabilidad civil cuasidelictual, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), S.A., en su calidad de guardián de la cosa inanimada que produjo el daño se encuentra regulada por las formalidades contempladas en el derecho común, puesto que el procedimiento de la referida ley es solo para la aplicación de las reclamaciones administrativas y no para los procesos de aspecto jurisdiccionales, por lo que no suprime ni modifica en modo alguno los procedimientos establecidos en la legislación para las reclamaciones en daños y perjuicios que configuren una responsabilidad cuasidelictual, sin que ello constituya una violación a los principios constitucionales de no discriminación y de igualdad de todos ante la ley, como erróneamente alegan los recurrentes; que así las cosas, al decidir como lo hizo la corte a qua hizo una correcta aplicación e interpretación de la ley, razón por la cual procede desestimar los medios examinados;

Considerando, que en el primer aspecto del segundo medio de casación la parte recurrente alega, que la sentencia impugnada no contiene en ninguna de sus páginas los motivos de hecho y de derecho, ni tampoco el fundamento del recurso, lo que viola las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; asimismo alega la parte recurrente, que invocó violaciones a la Ley General de Electricidad núm. 125-01 y su reglamento de aplicación, sin embargo, la corte a qua no respondió los fundamentos legales invocados por ella como violados; Considerando, que según se advierte en el fallo impugnado, la actual recurrida concluyó ante la alzada, solicitando el rechazo del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada, la cual declaró la inadmisibilidad de la demanda original en daños y perjuicios por haber sido interpuesta luego de transcurrir el plazo de prescripción establecido en el artículo 2271 del Código Civil; que, atendiendo al carácter prioritario de dicho medio de inadmisión, la corte a qua, previo a estatuir sobre los aspectos relativos al fondo del recurso interpuesto, ponderó, contrario a lo ahora alegado, los fundamentos tanto de hecho como de derecho en que descansaron dichas conclusiones incidentales, entendiendo procedente acogerlas, tal y como se expresa en el dispositivo de la decisión impugnada; que uno de los efectos de las inadmisibilidades si se acogen, es que impiden la continuación o la discusión del fondo del asunto, estando vedado al tribunal o corte apoderada conocer los méritos de las pretensiones de las partes, por lo que la jurisdicción de segundo grado actuó correctamente al eludir estatuir respecto al fondo de la controversia judicial de que estaba apoderada, por lo que lejos de incurrir en las violaciones denunciadas, hizo una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede desestimar el aspecto bajo examen;

Considerando, que en el tercer aspecto del segundo medio de casación la parte recurrente sostiene, en resumen, que el tribunal a quo no apreció la circunstancia de si el accidente se debió a una negligencia, imprudencia o inobservancia de las normas de seguridad establecidas por la Ley General de Electricidad y su Reglamento; que al desnaturalizar los hechos la corte a qua incurrió en violación a la ley, dando por establecido en su sentencia que la acción que nace cuando se violan las disposiciones de la Ley núm. 125-01 es cuasidelictual, cuando lo real es que dicha acción es delictual, por la propia naturaleza a la que se dedica la recurrida y al ser la sanción de tipo punitivo el plazo que se aplica no es el contemplado en el párrafo del artículo 2271 del Código Civil, sino el que contempla la ley especial que rige el marco jurídico del subsector eléctrico en la República Dominicana, que es de tres (3) años;

Considerando, que en ese sentido, es preciso señalar, que la comisión de una infracción a la ley penal da nacimiento a dos acciones, la acción pública que tiende a restablecer el orden social turbado mediante la imposición de una pena y la acción civil que procura la reparación del daño material o moral sufrido por la víctima o lesionado por la infracción; que en efecto, es admitido que cuando la acción civil contra el guardián de la cosa inanimada tiene su fuente en un hecho sancionado penalmente, su prescripción se produce por el transcurso del mismo período requerido para la prescripción de la acción pública, aunque aquella se ejerza con independencia de esta; que en la especie, como se ha podido apreciar por los hechos y circunstancias que informan el caso, la acción judicial en responsabilidad civil emprendida contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A., tiene su origen, contrario a lo alegado, en un hecho independiente y no reprimido por la ley penal, por tanto, al no coexistir con la acción pública, la acción de que se beneficia la víctima del daño se encuentra regida y sancionada por los plazos y procedimientos previstos en las disposiciones del Código Civil;

Considerando, que en efecto, tratándose la especie de una acción en responsabilidad civil fundamentada en la existencia de un hecho cuasidelictual de imprudencia o negligencia puesta a cargo de la recurrida, la misma está sometida a la prescripción de seis (6) meses prevista en el artículo 2271 del Código Civil, que dispone: “prescribe por el transcurso del mismo período de seis meses, contados desde el momento en que ella nace, la acción en responsabilidad civil cuasi delictual cuya prescripción no hubiere sido fijada por la ley, expresamente, en un período más extenso”;

Considerando, que por las razones precedentemente expuestas, la corte a qua no ha incurrido en los vicios y violaciones legales denunciados por la parte recurrente, al juzgar que la acción judicial de que se trata prescribe al término de seis (6) meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 2271 del Código Civil, por lo que el aspecto propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado y con ello, en adición a las demás consideraciones expuestas, procede rechazar el presente recurso de casación;

Considerando, que toda parte que sucumbe en justicia debe ser condenado al pago de las costas del procedimiento.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por M.C.R.R., M.R.N. de P. y F.P.D., contra la sentencia civil núm. 095, dictada el 4 de marzo de 2008, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los Lcdos. J.M.. B.R. y Y.A.C.S., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 31 de agosto de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración. (Firmados) F.A.J.M..- M.A.R.O..- B.R.F.G..

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 30 de noviembre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

Cristiana A. Rosario V.

Secretaria General