Sentencia nº 1419 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Noviembre de 2018.

Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de agosto del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 31 de agosto de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por R.B., dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 058-000164-9 (sic), domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 649, de fecha 26 de octubre de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de julio de 2007, suscrito por el Dr. L.E.R.J., abogado de la parte recurrente, R.B., en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de septiembre de 2007, suscrito por el Lcdo. J.
B.P.G., abogado de la parte recurrida, Hermanos Yarull T., C. por A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 23 de febrero de 2011, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos la secretaria; A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados M.A.R.O., P.J.O. y B.R.F.G., jueces de esta sala, para integrarse en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en fijación de astreinte incoada por R.B., contra Hermanos Yarull T., C. por A., la Segunda Sala la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 6 de febrero de 2006, la sentencia civil núm. 00162-06, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones de la parte demandada tendientes (sic) al rechazo de la demanda en virtud de la interposición de un recurso de casación en contra de la sentencia base de la presente demanda, por las razones antes expuestas; SEGUNDO: RECHAZA la presente demanda en fijación de astreinte interpuesta por R.B., en contra de la empresa HERMANOS YARUL (sic) T. C POR A, mediante acto No. 1/2005 de fecha Cuatro (4) del mes de Enero del año 2005 ministerial C.A.D.P., Ordinario de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia puntos en aplicación del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil Dominicano”; b) no conforme con dicha decisión R.B. interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 47-2006, de fecha 20 de febrero de 2006, instrumentado por el ministerial C.A.D.P., alguacil ordinario de la Quinta Sala de la Cámara Civil

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 649, de fecha 26 de octubre de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de

Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: ACOGE en cuanto la forma el recurso de apelación interpuesto por el señor R.B., contra la sentencia civil No. 00162/06, relativa al expediente No. 035-2005-00376, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto conforme al derecho que rige la materia; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo el recurso de apelación descrito precedentemente, y en consecuencia CONFIRMA la sentencia recurrida en todas sus partes, por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrida, señor R.B., al pago de las costas del procedimiento, y ordena su distracción en beneficio del LIC. J.B.P.G., quien afirma haberlas avanzado en su alidad”;

Considerando, que la parte recurrente propone como medio de casación, siguiente: “Único Medio: Falta de motivos en la sentencia recurrida en la medida de la astreinte por la corte a qua por medio de la sentencia recurrida; falta de base legal”;

Considerando, que para una mejor compresión del caso y previo a dar respuesta al medio de casación, resulta útil señalar, que del examen de la sentencia impugnada se extraen las siguientes cuestiones fácticas y jurídicas: 1) que en fecha 28 de septiembre de 1989, se produjo un accidente de tránsito entre vehículo propiedad de la hoy recurrida que impactó al señor R.B.A., hijo del hoy recurrente, quien falleció a consecuencia de ese hecho; 2)

R.B. interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios fue decidida en fecha 19 de octubre de 1999, por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante sentencia núm. 6856-98, que acogió la demanda en perjuicio de la empresa Hermanos Yarull T., C. por A., condenándola a pagar la suma de RD$300,000.00; 3) no conforme la compañía Hermanos Yarull T., C. por
A., interpuso recurso de apelación, el que fue declarado perimido en ocasión de una demanda en perención de instancia interpuesta por R.B., que fue decidida por la sentencia núm. 464 de fecha 30 de septiembre de 2004; 4.- que R.B., mediante acto núm. 1-2005 de fecha 4 de enero de 2005, notificó a empresa Hermanos Yarull T., C por A., la sentencia contentiva de la perención, lo intimó a pagar el monto adeudado y mediante el mismo acto interpuso la demanda en pago de astreinte, demanda que fue rechazada por la de 2006; 5.- no conforme R.B. recurrió en apelación esa decisión, recurso que fue rechazado, mediante el fallo que hoy se impugna en casación;

Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes procesales asunto, se procederá a analizar los agravios que el recurrente atribuye a la sentencia impugnada, quien alega en su único medio, que los fundamentos que sustentó la corte a qua para rechazar el recurso de apelación, sosteniendo que recurrente disponía de las vías de derecho común para la ejecución de la sentencia, fue el argumento empleado por el juez de primer grado para desestimar la demanda, quien señaló además que no se demostró que existiera dificultad para la ejecución de la sentencia, siendo estos argumentos improcedentes para justificar el rechazo de la medida de la astreinte demandada, desnaturalizándose con ello esta figura jurídica que desde su origen fue una creación de la jurisprudencia y que hoy en día pertenece al derecho positivo y por vía de consecuencia esta decisión carece de motivos y base legal; toda vez que la doctrina ha señalado que el astreinte puede ser licitado sin que se exija que previamente el demandante haya procedido a intentar ejecutar la obligación contemplada en una decisión judicial, como tampoco tenga que probar dificultad en tal ejecución, cuyos requisitos exigió erróneamente la corte a qua, por lo que incurrió en los vicios señalados; señala además el recurrente, que el astreinte es un procedimiento de coacción tendente cumplimiento en naturaleza de la obligación por parte del deudor, siendo motivos aportados por el juez de primer grado, expresando: “que para la ejecución de las sentencias existe un procedimiento, vías de derecho, entabladas el derecho mismo, por lo que existiendo dicho procedimiento a seguir para ejecución de una sentencia es improcedente la fijación de un astreinte, es necesario acudir a las vías de ejecución por lo que procede rechazar la presente demanda; que el astreinte tiende a obtener del deudor por la amenaza de un aumento progresivo de su deuda en dinero, la ejecución en naturaleza de una obligación que supone un hecho personal. La astreinte puede sancionar tanto una obligación que supone un hecho personal. La astreinte puede sancionar tanto una obligación delictual como una contractual y los tribunales represivos tienen el poder de pronunciar astreintes para asegurar la ejecución de sus condenaciones, (…); que la parte demandante persigue que se establezca un astreinte en perjuicio de la Empresa Hermanos Yarull T. C. por A., pero sin embargo, el tribunal entiende que si bien es cierto que esta medida puede ser ordenada en cualquier tipo de obligación, ya sea de dar hacer o no hacer, la misma tiene un carácter facultativo que en modo alguno se le impone al Juez que estatuye por lo que el tribunal es de criterio que procede el rechazo de dicha solicitud de fijación de astreinte bajo tales argumentaciones y al existir un proceso establecido para la solución de estas situaciones”; que luego de valorar los razonamientos de la sentencia apelada expuso la alzada: “que de las razones dadas por el tribunal a quo, cabe resaltar que no hay constancia en el expediente esta Sala de la Corte es de criterio que procede rechazar el presente recurso de apelación y confirmar la sentencia recurrida”;

Considerando, que ha sido juzgado por Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia1, que el astreinte, es un medio de coacción para vencer la resistencia opuesta a la ejecución de una condenación, que los jueces fondo tienen la facultad discrecional de pronunciar en virtud de su imperium, siendo la misma completamente ajena a las condenaciones que no tengan este propósito, particularmente las que se imponen para reparar los daños y perjuicios, la cual únicamente se materializa ante la inejecución de la decisión, en la especie, dicha figura está condicionada a su incumplimiento, ego de que la sentencia le sea notificada al demandado y se pruebe la inejecución del deudor en retardo en el cumplimiento de la obligación impuesta el fallo, pues, su objetivo no es penalizar al deudor que hace oposición a la ejecución, ni indemnizar al acreedor por la demora en que ha incurrido aquel sino constreñirlo a su cumplimiento; que tal como fue juzgado por la alzada, no probado por el actual recurrente la dificultad de ejecución de la sentencia el propósito de cobrar la indemnización impuesta a su favor; por tanto, procede el rechazo del medio que se examina y por vía de consecuencia se rechaza el presente recurso de casación.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por R.B., contra la sentencia civil núm. 649, dictada en fecha 26 de octubre

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte presente fallo; Segundo: Condena al recurrente R.B., al pago de las

costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del L.. José

Pérez Gómez, abogado de la parte recurrida, que afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 31 de agosto de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración.

(Firmados) F.A.J.M..- M.A.R.O..- B.R.F.G..

presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 30 de noviembre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V..

Secretaria General