Sentencia nº 32 de Suprema Corte de Justicia, del 15 de Marzo de 2017.

Fecha de Resolución15 de Marzo de 2017
EmisorSalas Reunidas

Recurrido: I.A.G.

Sentencia No. 32

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 15 de marzo del 2018, que dice así:

LAS SALAS REUNIDAS Rechazan

Audiencia pública del 15 de marzo de 2017. Preside: M.G.M..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Con relación al recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 226, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 29 de agosto de 2014, en funciones de corte de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante, incoado por:

 R.A.N.P., dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-0114317-4, con domiciliado y residente en la calle 9 No. 18, Urbanización Retiro II, S.; por órgano de su abogado constituido y apoderado especial, el L.. B.A.F.E., dominicano, mayor de edad, Matrícula No. 40250-298-10, con estudio profesional abierto en la calle A.A.N. 20, Los Jardines Metropolitanos, S. de los Caballeros, oficina de abogados Sued-Echavarría y Asociados; y estudio ad Recurrido: I.A.G.

hoc en la avenida A.L. No. 1003, Torre Profesional Biltmore I, Suite 705, P., Distrito Nacional;

OÍDOS (AS):
  1. Al alguacil de turno en la lectura del rol;

  2. El dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

  3. En la lectura de sus conclusiones al L.. J.M.M.A., por sí y por los L.dos. J.N.A.M. y A.E.G., abogados del recurrido, I.A.G.;

    VISTOS (AS):
  4. El memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de mayo de 2015, suscrito por el L.. B.A.F.E., abogado del recurrente, R.A.N.P., en el cual se propone el medio de casación que se indica más adelante;

  5. El memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de junio de 2015, suscrito por los L.dos. J.M. Recurrido: I.A.G.

    Marte Almonte, J.N.A.M. y A.E.G., abogados de I.A.G., parte recurrida;
    3. La sentencia No. 1292, de fecha 20 de noviembre del 2013, dictada por la S. Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia;

  6. Los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;

  7. Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en el caso de un segundo recurso de casación, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991; en la audiencia pública del 7 de octubre del 2015, estando presentes los Jueces: J.C.C.G., Primer Sustituto de P., en funciones; M.G.B., Segunda Sustituta de P., V.J.C.E., E.H.M., S.I.H.M., J.A.C.A., F.E.S.S., A.A.M.S., J.H.R.C. y R.C.P.Á.; y los M.B.B. de G. y B.R.F.G., Jueces de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General;

  8. El auto dictado por el M.M.G.M., P. de la Suprema Corte de Justicia, en fecha cinco (05) de mayo de 2016, por medio del cual se llama a sí mismo, y a los Magistrados: M.R.H.C. y F.O.P., para integrar Las S.R. Recurrido: I.A.G.

    para la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

    Considerando: que, la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, ponen de manifiesto que:
    1. En fecha 27 de agosto de 2007, R.A.N.P., P.A., Agregados La Barranquita, A.V.G., M. y G.N., Palmarejo Industrial e Inmobiliaria Corfisa S.A., más sus acciones en lo que corresponde a M.d.C.; en su condición de P. y propietario de las E.N., otorgó al L.. I.A.G. poder especial por acto No. 53-2007, para representar sus intereses personales y de sus empresas;

  9. En fecha 15 de septiembre de 2008, el Dr. M.E.F. emitió una compulsa notarial, por medio de la cual, certifica y da fe, del pagaré notarial instrumentado por acto No. 54-8, en el cual R.A.N.P. y las E.N., P.A., Agregados La Barranquita, A.V.G., M. y G.N., Palmarejo Industrial e Inmobiliaria Corfisa S.A., se constituyen en deudores y se comprometen a pagar al L.. I.A.G., la suma de RD6,450,000.00; en el plazo de 24 meses a partir de la firma de dicho pagaré notarial, para lo cual pone en garantía un conjunto de inmuebles que se describen en dicho pagaré;

    Considerando: que la sentencia impugnada y la documentación a que ella Recurrido: I.A.G.

    se refiere, ponen de manifiesto que:
    1) Con motivo de la demanda incidental de embargo inmobiliario en cancelación de duplicados de acreedor hipotecario, incoada por R.A.N.P. contra I.A.G., respecto de la cual la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S., dictó el 22 de noviembre de 2011, la sentencia civil No. 365-11-03262, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO : Declara regular y válida en cuanto a la forma la demanda incidental de embargo inmobiliario en cancelación de duplicados de acreedor hipotecario, interpuesta por el señor R.A.N.P. contra el señor L.. I.A.G.; SEGUNDO : Rechaza en cuanto al fondo dicha demanda; TERCERO : Condena al señor R.A.N.P. al pago de las costas.” (sic).

    2) Contra la sentencia descrita precedentemente, R.A.N.P. interpuso recurso de apelación, sobre el cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S. dictó, el 10 de agosto de 2012, la sentencia civil No. 00271-2012, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO : DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por R.A.N.P., contra la sentencia civil No. 365-11-03262, de fecha Veintidós (22) del mes de Noviembre del año Dos Mil Once (2011), dictada por la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S., en provecho del señor I.A.G., por circunscribirse a las normas procesales vigentes; SEGUNDO : RECHAZA por improcedente e infundada, la excepción de nulidad del recurso de apelación, planteada por el recurrido señor I.A.G. y erróneamente calificada por éste como un medio de inadmisión; TERCERO : En cuanto al fondo, RECHAZA el presente recurso de apelación, en consecuencia CONFIRMA la sentencia recurrida en todos Recurrido: I.A.G.

    sus aspectos, por los motivos expuestos en la presente decisión; CUARTO : COMPENSA las costas.” (sic).

    3) Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación interpuesto por R.A.N.P., sobre el cual, la S. Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia emitió al efecto la sentencia No. 1292, de fecha 20 de noviembre del 2013, cuyo dispositivo es el siguiente:

    Primero : Casa la sentencia civil núm. 00271-2012, de fecha 10 de agosto de 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S., cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo y, envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo : Compensa las costas.” (sic)

    4) Como consecuencia de la referida casación, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, como corte de envío dictó, el 29 de agosto del 2014, la sentencia No. 226, cuyo dispositivo es el siguiente:

    PRIMERO : declara, en cuanto a la forma, regular y válido el recurso de apelación interpuesto por el señor R.A.N.P. en contra de la Sentencia Civil No. 365-11-03262 de fecha veintidós (22) de noviembre del años dos mil once (2011) dictada por la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S., estando apoderada de una demanda incidental de embargo inmobiliario en contra del señor I.A.G., por haber sido interpuesto como manda la ley; SEGUNDO: confirma, en cuanto al fondo, en todas y cada una de sus partes la Sentencia Civil No. 365-11-03262 de fecha veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil once (2011) dictada por la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S., por los motivos expuestos; TERCERO: compensa las costas del procedimiento pura y simplemente” (sic). Recurrido: I.A.G.

    5) Contra la sentencia descrita en el numeral anterior, R.A.N.P., han interpuesto recurso de casación ante Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia;

    Considerando: que, por sentencia No. 1292, dictada en fecha 20 de noviembre del 2013, la S. Civil y Comercial de esta Suprema Corte de Justicia casó y envió fundamentada en que:

    “Considerando, que, contrario a lo alegado por el recurrente, no hay constancia ni en el contenido de la sentencia impugnada, ni en los documentos aportados conjuntamente con el presente recurso de casación, de que dicha parte haya depositado una copia certificada de la sentencia apelada ante la corte a-qua y no, una fotocopia simple, como expuso el tribunal, por lo que mal podría comprobarse la desnaturalización denunciada; que, sin embargo, vale destacar que, para rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente, la corte a-qua se limitó a comprobar que en el expediente formado ante dicho tribunal solo se había depositado una fotocopia de la sentencia apelada y que no constaba una copia de la sentencia ni certificada por la secretaria del tribunal que la pronunció ni debidamente registrada en el registro civil; que al sustentar su decisión únicamente en los motivos expuestos con anterioridad, dicho tribunal eludió el debate sobre el fondo de la contestación ya que, a pesar de que ninguna de las partes cuestionó la credibilidad y fidelidad al original de la fotocopia de la sentencia apelada que le fue depositada, omitió ponderar sus pretensiones en relación a la demanda decidida por el tribunal de primer grado mediante la sentencia objeto del recurso de apelación del cual estaba apoderada; que, según ha sido juzgado en varias ocasiones por esta S. Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, no existe ninguna disposición legal en virtud de la cual la corte a-qua pudiera sustentar su decisión sobre el fondo del recurso de apelación del cual estaba apoderada sin valorar sus méritos, lo que pone de manifiesto que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y pertinentes que justifiquen su dispositivo; que, Recurrido: I.A.G.

    también ha sido juzgado que el incumplimiento de la motivación clara y precisa de las decisiones entraña de manera ostensible la violación al derecho de defensa, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, lo cual conlleva inexorablemente la nulidad de la sentencia; que, en consecuencia, procede acoger el presente recurso de casación y casar la sentencia impugnada, pero no por los motivos expuestos por el recurrente en su memorial, sino por los que se suplieron, dado su carácter de orden público;” (sic);

    Considerando: que, en su memorial de casación el recurrente alega el único medio siguiente:

    Único Medio : Desnaturalización de los hechos y violación al artículo 69 ordinal 10 de la Constitución de la República Dominicana, Art. 1334 y 1335 del Código Civil Dominicano.”

    Considerando: que, en el caso, Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia se encuentran apoderadas de un recurso de casación interpuesto por R.A.N.P., contra una sentencia que tiene su origen en una demanda incidental de embargo inmobiliario en cancelación de duplicados de acreedor hipotecario, iniciado por I.A.G.;

    Considerando: que, en el desarrollo de su único medio de casación, el recurrente alega, en síntesis que:
    1. (…) para rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ahora recurrente, la corte a qua se limitó a comprobar que el pagaré notarial se convierte en hipoteca convencional, por lo que los motivos aludidos por la corte a qua son contrarios a los estamentos legales que rigen la materia, en vista de que tanto en doctrina como en jurisprudencia se establece de Recurrido: I.A.G.

    manera clara y precisa que el pagaré notarial no puede perseguirse como hipoteca convencional, si en dicho pagaré notarial no se ha convenido una garantía hipotecaria sobre los bienes específicos inmuebles propiedad del deudor;
    2. “La Corte a qua desnaturalizó los hechos, dando al proceso una magnitud que no se corresponde con la realidad, pues no valoró las pruebas, violentando así el ordinal décimo del Art. 69 de la Constitución Dominicana”;

  10. “Esto así, porque los documentos depositados por la parte hoy recurrente ante la corte a-qua, debían ser admitidos por dicho tribunal, probando esta parte recurrente el derecho de propiedad que tiene el inmueble en litis”.

    Considerando: que, la Corte A-qua, confirmó la sentencia dictada por el tribunal de primer grado, fundamentada en que:

    “CONSIDERANDO: que esta corte analizando los documentos depositados por las partes puede observar y determinar que el recurrido ha iniciado un procedimiento de embargo inmobiliario mediante un crédito contenido en el acto marcado con el No. 54-8 de fecha quince (15) de septiembre del año dos mil ocho (2008) instrumentado por el notario público del municipio de S. el Dr. M.E.F. en el cual el señor R.A.N.P. reconoce adeudar valores al recurrido por concepto de prestación de servicios profesionales como abogado no solo a él como persona física, sino a las personas morales E.N., P.A., Agregados La Barranquita, A.V.G., M. y G.N., Palmarejo Industrial e Inmobiliaria Corfisa S.A., más sus acciones en lo que corresponde a M.d.C. y para garantía de la deuda además de dar sus bienes muebles e inmuebles presentes y futuros, otorga en garantía varios inmuebles registrados que son indicados Recurrido: I.A.G.

    con su designación catastral de forma detallada en el acto contentivo de obligación de pago;

    CONSIDERANDO: que el referido instrumento de naturaleza auténtica, además de contener obligación de pago sobre valores adeudados por concepto de honorarios profesionales de abogados, contiene de manera especial a garantía inmobiliaria de inmuebles diversos cuya designación catastral es señalada claramente, o sea, que el acto auténtico de referencia, independientemente de que haya sido redactado en esa forma, contiene hipoteca convencional basado en un crédito por causa de honorarios de abogados que para su validez la ley no exige la necesidad de testigos instrumentales;

    CONSIDERANDO: que ese poder de disponer o dar en garantía hipotecaria los inmuebles registrados a nombre de Inmobiliaria Corfysa S.A. por parte del recurrente señor R.A.N.P. para ese momento tuvo su fundamento legal en las disposiciones del artículo 38 de los Estatutos Sociales de dicha sociedad de comercio, aprobados en fecha tres (3) del mes de junio del año mil novecientos noventa y cuatro (1994), por la asamblea general constitutiva que designó al señor R.A.N.P. como presidente y con poder para disponer mediante hipoteca de los bienes inmuebles de su patrimonio sin la necesidad de ser aprobado por órgano social ajeno al presidente, contrario como sucede en la actualidad ante la transformación social de una Sociedad de Responsabilidad Limitada o S.R.L. hecha por asamblea general ordinaria de fecha veintinueve (29) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), donde se nombró a tres gerentes y estos para poder disponer de los bienes muebles deben estar amparados en una autorización de la asamblea general de socios, tal como lo establece el artículo 35 de los actuales Estatutos sociales;

    CONSIDERANDO: que de lo anteriormente señalado queda entendido, primero, que el acto mediante el cual se conviene el crédito, contiene hipoteca convencional porque el mismo señala cuales bienes inmuebles de manera específica se concede garantía de esta naturaleza y segundo, que el señor R.A.N.P. gozaba del mandato estatutario para disponer en nombre de la sociedad de comercio inmobiliaria Corfysa S.A., por lo que, pretender como lo ha hecho por medio de una demanda incidental del embargo inmobiliario que no podía disponerse como se hizo, por lo tanto ambos pedimentos, que son la esencia de la demanda incidental carecen de fundamentos y deben ser rechazados, procediendo confirmarse la sentencia Recurrido: I.A.G.

    recurrida en todas sus partes, manteniendo tanto el acto como los certificados de acreedor su valor jurídico y su fuerza de ley;”

    Considerando: que, en cuanto al alegato propuesto por el recurrente, estas S.R. tribunal ha podido verificar que, contrario a lo planteado, la Corte a qua:
    1. Comprobó y consignó en sus motivos que R.A.N.P., mediante acto No. 54-8, consintió garantía hipotecaria de la deuda, sobre sus bienes personales y sobre los bienes inmuebles de las empresas de su propiedad, en beneficio del recurrido, L.. I.A.G., por la suma de de seis millones cuatrocientos cincuenta mil pesos (RD$6,450,000.00);

  11. Previo a la ejecución inmobiliaria, el acreedor inscribió hipoteca sobre los inmuebles dados en garantía por medio del acto No. 54-8, de fecha 15 de septiembre de 2008, instrumentado por el Dr. M.E.F., Notario Público de los del Número para el Municipio de S. de los Caballeros;

  12. El embargo inmobiliario se ejecutó sobre los bienes otorgados como garantía de la deuda contraída por R.A.N.P., en armonía con las disposiciones legales que rigen la materia, sin que puedan apreciarse irregularidades en el procedimiento de ejecución dirimido;

    Considerando: que, esta Suprema Corte de Justicia ha juzgado que cualquier acreedor puede trabar embargo inmobiliario siempre que se encuentre Recurrido: I.A.G.

    fundamentado en un título ejecutorio, como lo es el pagaré notarial, según el Artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, lo que puede hacer el acreedor, sin necesidad de inscribir previamente hipoteca judicial definitiva;

    Considerando: que, en tales condiciones, a juicio de este Alto Tribunal, la sentencia recurrida no puede ser abatida por simples afirmaciones de una parte interesada, quien sin aportar prueba alguna, como pretende el actual recurrente, se limita a alegar que en el pagaré suscrito no consintió garantía hipotecaria; por lo que procede desestimar el primer alegato;

    Considerando: que, en sus últimos dos alegatos, el recurrente en su memorial de casación no indica cuáles documentos aportados por él ante la jurisdicción de alzada no fueron ponderados por la Corte a qua, ni en qué sentido influirían en el fondo de la decisión, por lo que, estas S.R. no han sido puestas en condiciones de estatuir sobre los méritos de dichos alegatos propuestos por el recurrente; que, en tales circunstancias, procede desestimarlos, y con ello rechazar el recurso de casación de que se trata.

    Por tales motivos, Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, FALLAN:

    PRIMERO:

    Rechazan el recurso de casación interpuesto por R.A.N.P. contra la sentencia No. 226, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 29 de agosto de 2014, cuyo dispositivo ha sido copiado Recurrido: I.A.G.

    en parte anterior del presente fallo;

    SEGUNDO:

    Condenan a la recurrente al pago de las costas procesales, ordenando su distracción en beneficio de los L.dos. J.M.M.A., J.N.A.M. y A.E.G., quienes afirman haberlas avanzado.

    Así ha sido juzgado por Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha cinco (05) de mayo de 2016, y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.

    (Firmado) M.G.M..- M.R.H.C..- E.H.M..- S.I.H.M..- F.E.S.S..- A.A.M.S..- F.O.P..- B.R.F.G..-

    La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

    Mercedes A. Minervino A.

    Secretaria General

    CON EL VOTO DISIDENTE DE LOS MAGISTRADOS F.J.M.,

    M.C.G.B., J.A.C.A.Y.R.P.Á., FUNDAMENTADO EN QUE:

    Voto disidente presentado por los magistrados F.A.J.M., M.C.G.B., J.A.C.A., R.P.Á., en relación con la sentencia dictada por las S.s reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del recurso de casación interpuesto por R. Recurrido: I.A.G.

    Antonio Núñez Payamps, contra la sentencia núm. 226, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en fecha 29 de agosto de 2014.

    I) Introducción.

    La coherencia de nuestro criterio sostenido reiteradamente en casos como este, nos conduce irrenunciablemente a mantener nuestras convicciones sobre el aspecto que nuevamente dejó de lado el voto mayoritario de la corte en el caso que antecede.

    II) Breve descripción del caso.

    1) Con motivo de una demanda incidental de embargo inmobiliario en cancelación de duplicados de acreedor hipotecario, incoada por R.A.N.P. contra I.A.G., la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S., dictó el 22 de noviembre de 2011, la sentencia civil núm. 365-11-03262, mediante la cual fue rechazada la referida demanda;

    2) Esa sentencia fue recurrida en apelación por R.A.N.P., sobre el cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de S. dictó, el 10 de agosto de 2012, la sentencia civil No. 00271-2012, mediante la cual fue rechazado el recurso de apelación bajo el fundamento de que en el expediente solo había sido depositada una fotocopia de la sentencia apelada; Recurrido: I.A.G.

    3) Sobre el recurso de casación interpuesto contra la decisión anterior, intervino la sentencia núm. 1292, de fecha 20 de noviembre del 2013, dictada por la S. Civil y Comercial de esta Suprema Corte de Justicia, por la cual se casó la sentencia indicada en el numeral anterior y se envió el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega en las mismas atribuciones; que el fallo de la S. Civil y Comercial de esta Suprema Corte de Justicia tuvo como sustento que no existe ninguna disposición legal en virtud de la cual la alzada pudiera sustentar su decisión sobre el rechazo al fondo del recurso de apelación sin valorar sus méritos, por el depósito de una sentencia depositada en fotocopia, lo que no fue cuestionado por las partes en dicha instancia;

    4) Que el tribunal de envío, dictó la sentencia núm. 226 de fecha 29 de agosto del 2014, por medio de la cual resolvió el fondo del asunto, y confirmó la sentencia de primer grado que rechazó la demanda incidental en cuestión;

    5) Esa decisión fue objeto de un recurso casación del cual fueron apoderadas las S.s reunidas de esta Suprema Corte de Justicia, porque alegadamente se trataba de un segundo recurso de casación. Es ahí precisamente donde se asienta nuestra disidencia con la mayoría de la corte, la cual se expresa a continuación

    III) Fundamentación jurídica.

  13. En nuestra opinión, y como ya hemos expresado en otra oportunidad sobre este asunto, en el presente caso también se cuestiona la competencia de atribución o funcional de las S.s reunidas de la Suprema Corte de Justicia para el Recurrido: I.A.G.

    conocimiento de un recurso de casación como el de la especie, cuestión que, debió ser resuelta antes del abordaje del fondo del asunto, todo en virtud del artículo 15 de la ley 25-91 Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, que como hemos dicho, es netamente de raigambre procesal, el cual se refiere a la competencia de las S.s reunidas de la Suprema Corte de Justicia para conocer como de manera errónea se le ha denominado de “un segundo recurso de casación.” Como el fundamento jurídico que hemos sostenido en los votos disidentes que anteriormente hemos sustentado en casos análogos no ha sido erosionado por una robusta tesis jurídica que fulmine nuestra posición, merece entonces deferencia lo que hemos expuesto en esas discrepancias.

  14. En efecto, siempre hemos sostenido, y aquí volvemos a reiterar, que es la propia Ley núm. 25-91 Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, la que en su artículo 15 dispone que: “En los casos de recurso de casación las diferentes Cámaras que componen la Suprema Corte de Justicia, tendrán facultad de conocer el primer recurso de casación sobre cualquier punto. Sin embargo, cuando se trate de un segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto, será competencia de las cámaras reunidas de la Suprema Corte de Justicia, o sea, de la Suprema Corte de Justicia en pleno, el conocimiento de los mismos.” Como se puede ver, siempre hemos afirmado, fundamentado en sólidos razonamiento jurídico, que dicho texto, lejos de estar redactado en forma que encierre espacios de penumbras, en un lenguaje abstracto o que refleje la existencia de un vacío normativo que deje en manos de los jueces ser intérpretes intersticiales para colmar los posibles resquicios que pudiera tener el texto objeto de análisis, el mismo está Recurrido: I.A.G.

    redactado en forma tal que su superficial lectura gramatical o literal no deja lugar a dudas de los términos claros y precisos de su contenido, el cual no es otro que, será de la competencia exclusiva de las S.s reunidas de esta corte conocer de un asunto cuando se trate de “un segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto.”

  15. Es importante repetir aquí, siguiendo la distinción de D., pero sin detenernos a analizarla porque no lo amerita el caso, que no se está en presencia de los llamados “casos difíciles”, sino en presencia de un caso fácil, cuya solución está inmediatamente resuelta en la norma que acabamos de comentar, por lo que no hay que acudir a principios y a los llamados valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico para resolver un asunto cuya respuesta está depositada en una regla, por lo que, esta cuestión no amerita de una salida extrasistémica.

  16. Y es que, la relación fáctica del recorrido procesal del caso de que se trata, revela, sin lugar a ningún tipo de dudas, que el punto que ha sido deferido a propósito del recurso de casación que fue resuelto por la sentencia hoy recurrida no se trata del mismo punto de la primera casación, cuestión esta que es imperativa para que las S. reunidas puedan ser apoderadas.

  17. Así las cosas, es nuestro criterio que como la jurisdicción de envío juzgó y falló lo relativo a un medio de inadmisión, como quedó dicho, el recurso de casación que fue interpuesto nuevamente sobre un punto distinto al que fue alcanzado por la primera casación pronunciada por la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia, es a dicha S. que corresponde conocer del recurso de que se Recurrido: I.A.G.

    trata en virtud del mandato que se destila de la parte in fine del primer párrafo del artículo 15 de la mencionada Ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, y no a las S. reunidas como fue aprobado por la mayoría, pues el recurso de casación que ha sido resuelto por la sentencia mayoritaria no se trató de un asunto “relacionado con el mismo punto” de la primera casación;

  18. Por tales razones, entendemos que esta jurisdicción debió desapoderarse del asunto por no ser de su competencia y consecuentemente enviar el mismo por ante la Tercera de esta Suprema Corte de Justicia, que es la jurisdicción casacional competente para conocer del susodicho recurso de casación por tratarse el asunto de un punto diferente al que fue juzgado por ella en la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2013; o en su defecto, aplicar el artículo 17 de la referida Ley Orgánica que atribuye competencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia para la recepción a través de la Secretaría General de dicha corte de todos los expedientes y cursarlos según su naturaleza a la cámara correspondiente para su solución.

  19. De manera pues, que es fácilmente entendible de la propia economía del referido artículo 15 de la Ley núm. 25-91, que cuando el segundo recurso de casación se refiera a cualquier punto que no guarde relación con la primera casación, desde el mismo apoderamiento se debe tramitar el expediente a la sala correspondiente de esta Suprema Corte de Justica, o pronunciar ab inicio la incompetencia de las S.s reunidas si ya fueron apoderadas para conocer del referido asunto. Recurrido: I.A.G.

    III) Conclusión.

    Por las razones antes expuestas, entendemos que como el asunto conocido por las S.s reunidas de la Suprema Corte de Justicia no se trató de un segundo recurso de casación relacionado con el mismo punto de la primera casación, es evidente que por mandato del reiteradamente citado artículo 15 de la Ley núm. 25-91 Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, que dichas S. devienen incompetente para conocer del mismo.

    (Firmado) F.A.J.M..- M.G.B..- J.A.C.A..- R.P.Á..-

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