Sentencia nº 1573 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Septiembre de 2018.

Fecha de Resolución28 de Septiembre de 2018
EmisorPrimera Sala

Sentencia núm. 1573
A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de septiembre del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 28 de septiembre de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia

siguiente:
Sobre el recurso de casación interpuesto por María Antonia Monción Ramos

Taveras), dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, portadora de la de identidad y electoral núm. 117-0007223-1, domiciliada y residente en la calle 2, casa núm. 55, sector Buenos Aires de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la sentencia civil núm. 235-09-00077, dictada el 30 de octubre de 2009, por la de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Lcdos. A. delC.T. y J.L.J., abogados de la parte recurrente, M.A.M.R. (RaysaT.);

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la

Corte de Justicia, el 10 de marzo de 2010, suscrito por los Lcdos. A.C.T.R. y J.L.J., abogados de la parte recurrente, M.A.M.R. (RaysaT., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto la resolución núm. 3226-2010, de fecha 19 de octubre de 2010, dictada por Suprema Corte de Justicia, cuyo dispositivo expresa textualmente lo siguiente: “Primero: Declara el defecto en contra de la parte recurrida E.M., la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, el 30 de octubre de 2009; Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial”;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha

de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 4 de julio de 2012, estando presentes los magistrados J.C.C.G., presidente; M.O.G.S. y J.A.C.A., asistidos del secretario;

Visto el auto dictado el 17 de septiembre de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados P.J.O. y B.R.F.G., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella refiere, consta: a) con motivo de la demanda en daños y perjuicios incoada por

A.M.R., contra E.M., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, dictó el 1 de diciembre de 2008, la sentencia civil núm. 238-08-00431, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: EN CUANTO A

FORMA, declara como buena y válida la presente demanda civil en Reparación Daños y Perjuicios, incoada por la señora M.A.M. por haber sido hecha conforme a la ley que rige la materia; SEGUNDO: CUANTO AL FONDO, rechaza la presente demanda civil en Reparación de y Perjuicios, incoada por la señora M.A.M.R., contra de la señora ERIDANIA MARTÍNEZ, por improcedente, mal fundada, de base, sustentación legal y por los motivos expresados en el cuerpo de la decisión; TERCERO: CONDENA a la demandante señora M.A.M.R., al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor y provecho del DR. ENRIQUE ANTONIO MARTE JIMÉNEZ Y DRA. R.N.A., abogados quienes afirman estarles avanzando en su totalidad”; b) no conforme con la decisión precedentemente transcrita, M.A.M.R. (RaysaT., interpuso formal recurso apelación, mediante acto núm. 798-2008, de fecha 22 de diciembre de 2008, instrumentado por el ministerial B.J.B.S., alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi, en ocasión del cual

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, dictó el 30 de de 2009, la sentencia civil núm. 235-09-00077, hoy recurrida en casación,

parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: En a la forma, declara bueno y válido el recurso de apelación interpuesto por la señora A.M. RAMOS (R.T., en contra de la sentencia civil 238-08-00431, de fecha primero (1) del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Judicial de Montecristi; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechaza el recurso de interpuesto por la señora M.A.M. RAMOS (R. y en consecuencia se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento a favor y del abogado Dr. R.A.A.G., quien afirman estarlas avanzando en su totalidad”;

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios casación: “Primer Medio: Violación a los artículos 255, 256, 257 y del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Desnaturalización de las pruebas;

Medio: Violación de la ley; Cuarto Medio: Violación e inobservancia en la aplicación de disposiciones de orden legal”;

Considerando, que en su primer medio la parte recurrente alega, en síntesis, de conformidad con los artículos 255, 256, 257 y 258 del Código Procesal Penal, vez que una persona resulte condenada o esté en prisión por la imputación de un hecho, y luego resulte que ese hecho nunca ocurrió, no existe, o no se compruebe participación del imputado en el mismo, tal es el caso de la recurrente, esa debe ser indemnizada en razón del tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrida; que en el caso que nos incumbe es la misma ley en el artículo del Código Procesal Penal que le da facultad a la recurrente de acudir ante el tribunal civil a solicitar una indemnización por la violación de sus derechos y por el que le causó la falsa acusación de que fue objeto; hechos que se pueden comprobar al examinar los documentos aportados por la recurrente; que la recurrida altera los hechos ocurridos con la única intención de involucrar a la recurrente como de robo, hecho que no se comprobó ante la justicia, razón por la cual entendemos que han sido violados los referidos artículos del Código Procesal Penal, vez que estos dejan indiscutiblemente establecido que toda persona acusada injustamente debe ser indemnizada por aquel de quien procede la acusación;

Considerando, que del estudio de la sentencia recurrida y de los documentos a ella se refiere resulta que: 1) la señora E.M. denunció ante las autoridades que el 25 de mayo de 2007, cuatro “elementos desconocidos” y armados penetraron en la tienda Erick de Moda, de su propiedad, donde amordazaron a sus dos empleadas y las encañonaron con un arma de fuego; 2) según consta en el “Acta Flagrante” levantada por J.F.M., sargento Policía Nacional, A.E.R.C., sargento Policía Nacional y A.R.C., raso

Nacional, la patrulla compuesta por ellos, con motivo de la indicada y luego del correspondiente seguimiento, procedió a detener a Freddy

Mañón, C.F.P.S.V. y F.O.P.J., requisar el vehículo en que se transportaban se ocupó la pistola marca B., cal. núm. B3806581, con un cargador y 3 cápsulas para esta y una maleta negra conteniendo 9 pantalones jean “producto del robo a la tienda Erick de Moda”; 3) el encargado de la Oficina Investigativa de la Policía Nacional, con asiento en Las de Santa Cruz, mediante comunicación de fecha 26 de mayo de 2007, le al fiscal del Distrito Judicial de Montecrisiti, el expediente relativo a la de E.M. expresando en dicha comunicación que, bajo policial, se envía a los nombrados F.M., C.F.P.V. y F.O.P.J., quienes según investigación por dicha oficina conjuntamente con el ministerio público, cometieron el a mano armada”, así como también a B.I.P.D. y R. estas dos últimas se “constituyen como cómplice del presente caso”; 4) el de junio de 2007, E.M. interpuso una “querella de acción pública a instancia privada” contra a F.M., C.F.P.S.V., F.O.P.J., B.I.P.D. y R.T. resultado del sometimiento de dichos señores ante la Fiscalía del Distrito de Montecristi, hecho por el encargado de la oficina investigativa de la policía Nacional; 5) mediante Resolución núm. 611-07-00134 se ratificó la medida de impuesta a M.A.M.R. (a) R.T. en fecha 26 mayo de 2007, consistente en prisión preventiva, la cual fue variada el 13 de de 2007, por la medida prevista en los ordinales 2 y 4 del artículo 226 del Procesal Penal, consistente en prohibición de salir del país y presentación periódica; 6) la secretaria del juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Montecristi expidió una certificación en la que se hace constar que María Antonia

Ramos (a) R.T. por Resolución núm. 611-07-00194 de fecha 14 noviembre de 2007, fue beneficiada con un auto de no ha lugar; 7) el 21 de diciembre de 2007, M.A.M.R. interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios contra E.M., demanda que fue rechazada por la sentencia de fecha 1ro de diciembre de 2008, dictada por la Cámara

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Montecristi; 8) que no conforme con dicha decisión M.A.M.R. (a) R.T. la recurrió en apelación, recurso culminó con el fallo ahora

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la corte a qua para justificar la confirmación de la sentencia apelada, que rechaza demanda en daños y perjuicios incoada por la recurrente contra la recurrida, se fundamentó en que “del estudio del expediente y los documentos aportados por las hemos podido comprobar: A) Que la señora E.M. al interponer querella y constituirse en parte civil, en contra de la hoy recurrente, lo que hizo ejercer un derecho por un daño que recibió, y para alegar que la misma hizo un abusivo de ese derecho, en contra de la señora M.A.M. (RaysaT., esta debió demostrar que la querellante interpuso dicha con el solo interés de perjudicarla causándole un daño patrimonial y moral su fundamento no estuvo acompañado de ningún medio probatorio, cosa que no fue probada, pues, si hubo un hecho que produjo el ejercicio de un basado en un interés serio y legítimo, como fue el hecho del robo cometido

la tienda de la querellante y en el cual fueron detenidos los involucrados. B) Y se evidenció la intención dolosa de la querellante de hacer daño, pues su

actuación fue fundamentada en la ley, y deriva de las investigaciones realizadas en mismo hecho, determinándose que la señora M.A.M.R. (a)

Taveras, vivía en la casa de la querellante y era concubina de uno de los tal como lo estableciera la señora E.M. en su declaración por

esta Corte, que fue la misma recurrente quien le presentó su esposo, y es por que se le detiene como cómplice de los acusados, por lo que a juicio de esta los elementos de prueba en apoyo de las pretensiones alegadas por la recurrente, no constituyen medios suficientes, ni pertinentes para acoger la pretendida demanda en daños y perjuicios, y en consecuencia tampoco acoger el recurso de apelación”;

Considerando, que en la especie, se trata de la reparación de los alegados y perjuicios sufridos por la actual recurrente a causa de la acción judicial intentada por la recurrida contra ella; que dicha acción se encuentra

sustentada, entre otros hechos, en que “la señora E.M. interpuso de alegre y temeraria y sin ninguna prueba, una querella en su contra y en

contra de tres (3) personas más, acusándolas de haber penetrado a una tienda suya a armada y sustraerle varios efectos valorados en la suma de catorce mil cuatrocientos pesos (RD$14,400.00), en virtud de lo cual fue abierto en su contra un penal, en que le fue interpuesta la medida de prisión preventiva y

posteriormente a su favor fue dictado auto de No ha lugar, en apertura a juicio”;
Considerando, que si bien conforme lo dispuesto en los artículos 255, 256, 257 del Código Procesal Penal, cuando a causa de revisión de la sentencia la sobre la que haya recaído un fallo condenatorio resulta absuelta o se le una pena menor; o cuando se declare que el hecho no existe, no se

compruebe su participación en el mismo o no revista carácter penal tiene derecho a una indemnización en determinadas circunstancias; que el referido artículo

establece que la responsabilidad patrimonial derivada por “culpa grave al error recae sobre el Estado, por lo que mal podría condenarse a una persona

como lo es, en el caso, la parte demandada E.M. por aplicación referido texto legal; que asimismo, resulta manifiesto que dichos artículos solamente aplican a la materia penal y que no son complementarios a la materia que, siendo esto así, el medio bajo estudio resulta infundado por lo que debe ser rechazado;

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio la recurrente aduce, resumen, que la corte a qua no hace una valoración correcta de las pruebas aportadas por la parte recurrente, toda vez que solo se limita a mencionar que depositados tales o cuales documentos y, sin embargo, dentro de esos documentos estaba la prueba que justifica o demuestra los daños y perjuicios que ser reparados, como son: acta de flagrancia, con la cual se demuestra que al momento de ser detenidos los responsables M.A.M.R. (Raysa no estaba presente; acta de denuncia, en la cual la recurrida señala que elementos desconocidos se presentaron a su negocio no seis; querella de pública a instancia privada, en la cual la recurrida afirma que entre las que penetraron a su tienda está R.T.; resolución 611-07-00134, la demuestra que contra la recurrente se impuso prisión preventiva; sentencia de de coerción, con la cual se demuestra que se varió la anterior medida de entre otros documentos, una certificación de auto de no ha lugar, con la se demuestra la inocencia de la recurrente; que si se analiza la sentencia podemos apreciar que dichos documentos no fueron ponderados, ya que los mismos queda claramente evidenciada la intención de la recurrida de hacer a la recurrente, toda vez que inventó diferentes maniobras para que la justicia mantuviera en prisión, aun a sabiendas de que la recurrente no había participado en dicho robo;

Considerando, que la desnaturalización de los hechos de la causa referida a documentos sometidos a la libre apreciación de los jueces, no puede recaer más sobre el contenido y el sentido del escrito, el cual no debe ser alterado; que los jueces del fondo consideran, como en la especie, que al interponer una y constituirse en parte civil, la actual recurrida “lo que hizo fue ejercer un por un daño que recibió”, y que “tampoco se evidenció la intención dolosa la querellante de hacer daño”, le han dado a los documentos de la causa el sentido y alcance que estos tienen, en especial al oficio de fecha 26 de mayo de 2007, el que se refiere el resultado de la investigación realizada por la Oficina Investigativa de la Policía Nacional, con asiento en Las M. de Santa Cruz, conjuntamente con el ministerio público, investigación que determinó F.M., C.F.P.S.V. y F.O.P.J., cometieron un robo a mano armada en la tienda propiedad de la recurrida, así como complicidad de M.A.M.R. (a) R.T. en el hecho de referencia; que no incurren en el vicio de desnaturalización de los los jueces del fondo cuando, dentro del poder de apreciación de la prueba que gozan, en su decisión exponen correcta y ampliamente sus motivaciones, permiten a la Suprema Corte de Justicia ejercer su control de legalidad; que, en especie, el estudio de las comprobaciones de hecho y de los motivos precedentemente expuestos, incursos en el fallo atacado, pone de manifiesto que, a lo alegado por la recurrente, el tribunal de alzada hizo una correcta aplicación del derecho, sin desnaturalizar los hechos de la causa; que en tales condiciones procede desestimar por carecer de fundamento el medio que se

Considerando, que la parte recurrente en apoyo de los medios tercero y cuarto su recurso, los que se analizan de manera conjunta por su estrecha vinculación y a la solución que se le dará al caso, expresa básicamente que se ha en el vicio de falta de base legal, toda vez que el tribunal que dictó la dejó de ponderar documentos que fueron debidamente depositados en el expediente, y que de haberlo hecho otro sería el resultado, pues a la vez deja de los hechos y circunstancias que dieron origen a la demanda, se obvia con el daño causado con la actuación imprudente e intencional de la recurrida; que cumplido prisión por una falsa acusación y mantenerse durante meses en sub judice (sic) por un hecho del cual no tenía nada que ver, si eso no constituye un daño, entonces hay que afirmar que los elementos de pruebas aportados por la recurrente no fueron analizados en lo más mínimo, ya que si se un simple análisis de los elementos aportados se puede ver claramente que la de la recurrida era hacerle daño a la recurrente; que la corte a qua violó la al establecer que la recurrida E.M. hace un ejercicio del derecho cuando acusa a la recurrente de robo, justificando tal decisión en el sentido de que el artículo 85 del Código Procesal Penal, le acuerda el derecho a la víctima de un hecho de poder constituirse en querellante; que cuando la ley le reconoce el de acusar a la víctima, no le confiere derecho para que actúe contra persona sino contra el responsable de dicho hecho punible y en ese sentido el artículo 87 de dicho código, no deja lugar a dudar de que el querellante no abusar de sus derechos; que los documentos depositados por la parte recurrente no fueron ponderados por los jueces, razón esta que lleva a la corte a como lo hizo y a mantener invariable la sentencia, lo que se convierte en una del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, al carecer la sentencia de una exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho, así como fundamentos legales, lo que provoca una “desvirtuación” de los hechos de la

Considerando, que si bien es cierto que por la querella interpuesta contra la recurrente, esta se vio sometida a los efectos de la justicia represiva, no es menos que el ejercicio de un derecho no puede en principio ser fuente de daños y perjuicios para su titular; que, para poder imputar una falta generadora de responsabilidad al titular de un derecho, es indispensable establecer que su ejercicio obedece a un propósito ilícito, de perjudicar a otro, como sería la mala fe, la ligereza temeridad imputables a su titular, o si es el resultado de un error grosero equivalente al dolo, acciones que no fueron constatadas por la corte a qua, ya que señora procedió en una forma normal y no abusiva del derecho que la ley le reconoce a toda persona física o moral que se considere perjudicada por la comisión de algún crimen o delito;

Considerando, que conforme al contenido del indicado artículo 141 del Código Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, los motivos en los que el tribunal basa su decisión; en ese sentido, se impone destacar, que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia o, en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que no se trata exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa que en su caso realicen ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que las pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma bien argumentada razonada; en ese orden de ideas y, luego de un examen de la sentencia recurrida,

Corte de Casación, ha comprobado que la misma no está afectada de un déficit motivacional, al contrario, la decisión impugnada contiene una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar que en la se ha hecho una correcta aplicación del derecho; que, en consecuencia, la impugnada no adolece de los vicios denunciados por la recurrente en los analizados, por lo cual estos deben ser rechazados y con ello el presente recurso de casación;

Considerando, que no procede estatuir sobre las costas procesales, porque la recurrida no depositó su constitución de abogado, memorial de defensa ni la notificación del mismo, en la forma y en el plazo prescrito por el artículo 8 de la ley casación, como consta en la Resolución núm. 3226 dictada el 19 de octubre de
, por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declaró el defecto de la parte recurrida, E.M..

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por A.M.R. (RaysaT., contra la sentencia civil núm. 235--00077, dictada el 30 de octubre de 2009, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo ha sido copiado en otro de este fallo; Segundo: No ha lugar a estatuir sobre las costas del procedimiento.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de septiembre de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración.

F.A.J.M.-B.R.F.G.-J.A.C. zar.

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue

firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.