Sentencia nº 1455 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Agosto de 2018.

Fecha de Resolución31 de Agosto de 2018
EmisorPrimera Sala

Sentencia No. 1455

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de agosto del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 31 de agosto de 2018 Casa Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por P.S.F.J., dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0670424-0, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 550-2009, de fecha 25 de septiembre de 2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. M.U., por sí y por el Dr. F.D., abogados de la parte recurrente, P.S.F.J.;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. P.S., por sí y por el Dr. J.P.S.G., abogados de la parte recurrida, Orange Dominicana, S.A.;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de noviembre de 2009, suscrito por el Dr. M.U.H. y el Lcdo. F.S.D.G., abogados de la parte recurrente, P.S.F.J., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de enero de 2010, suscrito por el Lcdo. J.P.S.G. y el Dr. M.A.H.B., abogados de la parte recurrida, Orange Dominicana, S.A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 15 de diciembre de 2010, estando presentes los magistrados J.E.H.M., en funciones de presidente; E.M.E. y A.R.B.D., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 20 de agosto de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados M.A.R.O. y B.R.F.G., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por P.S.F.J., contra Orange Dominicana, S.A., la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 30 de enero de 2009, la sentencia núm. 0056-2009, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE las conclusiones incidentales propuestas por la demandada, razón social ORANGE DOMINICANA, S.A., y en consecuencia, DECLARA inadmisible por prescripción la demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS incoada por el señor P.S.F.J., contra la razón social ORANGE DOMINICANA, S.A., al tenor del acto número 30/2008, diligenciado el cinco (5) de marzo del 2008, por el Ministerial R.M.A.J., Alguacil de Estrado de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, según los motivos expuestos; SEGUNDO: CONDENA a la parte demandante, señor P.S.F.J., al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho del LIC. J.P.S.G. y el DR. MARCO A. HERRERA BEATO, abogados de la parte demandada quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) no conforme con dicha decisión, P.S.F.J., interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 179-2009, de fecha 16 de marzo de 2009, instrumentado por el ministerial R.M.A.J., alguacil de estrados de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 550-2009, de fecha 25 de septiembre de 2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: DECLARA BUENO Y VÁLIDO, en cuanto a la forma, el recurso de (sic) interpuesto por el señor P.S.F.J., mediante acto No. 179/2009, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil nueve (2009), instrumentado y notificado por el Ministerial R.M.A.J., contra la sentencia civil No. 0056/2009, relativa al expediente No. 037-08-00270, dada el treinta
(30) de enero del dos mil nueve (2009), por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional;
SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito en el ordinal anterior y en consecuencia CONFIRMA la sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA al pago de las costas del procedimiento al recurrente, señor P.S.F., y ordena la distracción de las mismas en beneficio del LIC. J.P.S.G. y el DR. MARCO A. HERRERA, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial de casación, los siguientes medios: “Primer Medio: Ausencia de base legal; Segundo Medio: Insuficiencia e incongruencia de motivos”;

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, reunidos para su examen por estar estrechamente vinculados y por convenir a la solución que será adoptada, la parte recurrente alega, en esencia, que la corte a qua no constató si el desistimiento de la querella penal fue notificado al recurrente y si la resolución del juez de la instrucción le fue notificada a pesar de que dicho desistimiento fue acogido en su ausencia; que al fallar en la forma en que lo hizo, la corte a qua vulneró el artículo 2272 del Código Civil e inobservó principios rectores de un debido proceso;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se desprende que: a) en virtud de la denuncia realizada por ante la Policía Nacional por J.A.P., por el robo de 395 galones de gasoil, fueron apresados P.S.F.J. y F.S.P., como sospechosos de efectuar el referido robo, producto de lo cual el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., ordenó prisión preventiva contra F.S.P. y presentación cada 30 días a P.S.F.J., como medidas de coerción, posteriormente fue introducido como sospechoso B.B., a quien le impusieron también prisión preventiva como medida de coerción; b) el 22 de abril de 2006, Orange Dominicana, S.A., presentó formal querella contra los imputados, a consecuencia de lo cual y luego de la audiencia preliminar, el Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., ordenó la apertura a juicio contra F.S.P. y B.B., dejando sin efecto la medida de coerción impuesta a P.S.F.J., porque los querellantes y el Ministerio Público retiraron la acusación en su contra; c) P.S.F.J., en fecha 5 de marzo de 2008, interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios contra Orange Dominicana, S.A., sustentada en los presuntos daños experimentados producto de la querella interpuesta en su contra; en el curso de dicha acción, la parte demandada solicitó la inadmisibilidad de la demanda por estar alegadamente prescrita, al tenor de las disposiciones del artículo 2271 del Código Civil; d) el tribunal de primer grado apoderado de la demanda acogió dicho medio de inadmisión y la declaró inadmisible por prescripción, pero por las disposiciones del artículo 2272 del Código Civil, computando el plazo de prescripción a partir de la fecha de interposición de la querella; d) no conforme con la referida decisión, P.S.F.J. interpuso un recurso de apelación, sustentándolo en que el plazo de la prescripción debió computarse a partir de la fecha de emisión de la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción apoderado, previa confirmación de que dicha resolución le había sido debidamente notificada; e) con motivo del indicado recurso de apelación, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 550-2009, de fecha 25 de septiembre de 2009, ahora recurrida en casación, mediante la cual confirmó la sentencia de primer grado, supliéndola en motivos en cuanto al punto de partida para computar el plazo de prescripción;

Considerando, que la corte a qua sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a continuación:

que dado el hecho de que el tribunal a quo se limitó a declarar inadmisible la demanda original fundamentado en que la acción prescribió, resulta realmente examinar los aspectos que indicamos a continuación: a) el plazo de prescripción de la acción en responsabilidad civil que nos ocupa y b) fecha en que comenzó a correr el plazo de prescripción; que en lo que respecta al primer aspecto, resulta que el demandante original fundamenta sus pretensiones en el hecho de que la demandada original mediante instancia de fecha 30 de junio de 2006, solicitó el (sic) Ministerio Público apertura a juicio en su perjuicio, hecho que esta fehacientemente probado, mediante la resolución No. 00140-2006, dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., República Dominicana, la cual forma parte de este expediente; que conforme a lo expuestos (sic) en el párrafo anterior, estamos en presencia de la responsabilidad civil delictual, la cual está sometida a un plazo de prescripción de un año según se establece en el artículo 2272 del Código Civil(…); que en lo que respecta al segundo de los elementos, lo primero que debemos establecer es que en la especie el derecho a demandar en reclamación de indemnización desde el momento en que el proceso penal culminó en relación al demandante original, señor P.S.F.J.; y no a partir de la interposición de la querella como erróneamente estableció el tribunal a quo; que según consta en la página 3 de la referida resolución la demandada original presentó formal desistimiento de la querella en constitución en actor civil en perjuicios (sic) del demandante original señor P.S.F.J., desistimiento que fue acogido; que a partir del momento en que fue acogido el desistimiento de la querella, es decir, desde el 31 de agosto del 2006, el señor P.S.F.J., estaba hábil para accionar en responsabilidad y en consecuencia comenzó a correr el plazo de prescripción; que la demanda original fue interpuesta en fecha 5 de marzo del 2008, es decir, después de haber transcurrido más de un año tomando en cuenta que estaba habilitado desde el 31 de agosto del 2006; que por todas las razones expuestas anteriormente queda fuera de toda duda razonable que en el momento en que se interpuso la demanda original ya estaba prescrita la acción

;

Considerando, que de los motivos expuestos en líneas anteriores, se desprende que la corte a qua: 1) calificó la acción como una responsabilidad civil delictual, a la cual se le aplica la prescripción de un año prevista en el párrafo primero del artículo 2272 del Código Civil; 2) estableció como punto de partida del plazo que tenía el demandante para incoar la acción contra Orange Dominicana, la fecha en que fue acogido el desistimiento de la querella, es decir, el 31 de agosto de 2006; 3) consideró que como la demanda en reparación de daños y perjuicios fue interpuesta en fecha 5 de marzo de 2008, esto es, más de un año de haberse acogido el desistimiento, lo que ocurrió en fecha 31 de agosto de 2006, según consta en la resolución emitida en esa misma fecha por el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de M.N., dicha demanda resultaba inadmisible por haber transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 2272 del Código Civil;

Considerando, que del estudio del fallo impugnado, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha podido comprobar que la acción en reparación de daños y perjuicios de que se trata tuvo como causal la querella interpuesta contra el actual recurrente, P.S.F.J., por la entidad Orange Dominicana, S.A., bajo el fundamento de que el demandante original había participado en el robo de 395 galones de gasoil de su propiedad;

Considerando, que de las circunstancias expuestas precedentemente se verifica, que tal y como lo estableció la alzada, la especie versó sobre una demanda en responsabilidad civil delictual, cuyo plazo de prescripción está previsto en el párrafo del artículo 2272 del Código Civil, en razón de que la indicada demanda se sustentaba en el daño generado por la interposición de una querella y en la imposición de medida de coerción en perjuicio del actual recurrente, P.S.F.J., resultando que con posterioridad a la indicada medida de coerción, Orange Dominicana, S.A., procedió a desistir de la querella en cuestión, conforme se desprende de la resolución núm. 00140-2006, dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N. en fecha 31 de agosto de 2006, fecha a partir de la cual la alzada entendió que se debía computar el plazo de la prescripción de la acción;

Considerando, que de la lectura de la señalada resolución, la cual fue aportada ante el tribunal de alzada y también en el expediente formado en ocasión del presente recurso de casación, se advierte que ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de M.N., solo comparecieron y fueron escuchados F.S.P. y B.B., no así el ahora recurrente, P.S.F.J., cuestión que debió llamar la atención de la corte a qua al momento de establecer el punto de partida de la prescripción consagrada en el artículo 2272 del Código Civil; que en efecto, dicha corte ante la incomparecencia de P.S.F.J. al proceso que culminó con la resolución que dejó sin efecto la medida de coerción impuesta en su contra, debió comprobar si este había tomado conocimiento de la referida resolución, ya sea por notificación formal o por cualquier otra vía valedera, conforme ha manifestado el Tribunal Constitucional1 en múltiples decisiones, que extrapolamos a este caso, en el sentido de que “si bien la ley establece que el plazo empieza a computarse a partir de la notificación, no menos cierto es que su finalidad es que las partes puedan ejercer el derecho a los recursos en los plazos establecidos en la ley. Es por ello que si la parte demandante, accionante o recurrente, toma conocimiento de la sentencia por cualquier otra vía y ejerce su derecho a ejercer el recurso, el plazo para el cómputo empieza a correr desde el momento de su ejercicio”;

Considerando, que en base las motivaciones y comprobaciones precedentemente expuestas, esta Corte de Casación es de criterio que al limitarse a establecer que el punto de partida de la prescripción debía computarse a partir del momento en que fue acogido el desistimiento de la querella, sin valorar que el actual recurrente no había comparecido al proceso en el que se acogió dicho desistimiento y sin cerciorarse de que la decisión dictada al respecto le había sido debidamente notificada o que este tuvo conocimiento de la misma por alguna otra vía, la corte a qua inobservó los principios rectores del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrada en los artículos 68 y 69 de la Constitución

Tribunal Constitucional, Sentencias núms. TC/0156/15, de fecha 3 de julio del 2015; TC/0080/16, de fecha 7 de abril Dominicana, antes consignada en el artículo 8, párrafo 2 literal J de la Constitución, incurriendo por tanto en los vicios denunciados en los medios examinados; en consecuencia, procede acoger el presente recurso y por vía de consecuencia casar la sentencia impugnada;

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y categoría que aquel donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;

Considerando, que de conformidad con el artículo 65, numeral tercero de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual procede compensar las costas del proceso;

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 550-2009, del 25 de septiembre de 2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de este fallo y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte recurrida, Orange Dominicana, S.A., al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho de los abogados de la parte recurrente, Dr. M.U.H. y el Lcdo. F.S.D.G., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 31 de agosto de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración.

(Firmados) F.A.J.M..- M.A.R.O..- B.R.F.G..

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 12 de diciembre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V..

Secretaria General