Sentencia nº 930 de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Mayo de 2018.

Fecha de Resolución:30 de Mayo de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia No. 930-Bis

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 30 mayo del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 30 de mayo de 2018 Rechaza Preside: F.A.J.M..

D., Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores R.T. y R.R. de T., alemán y dominicana, mayores de edad, casados, empresarios, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-1261058-9 y 001-001099629-7 (sic), domiciliados y residentes en la calle Interior núm. 29, paraje J.D., provincia S.P. de Macorís, contra la sentencia núm. 73-2003, de fecha 3 de abril de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede rechazar el recurso de casación interpuesto por los señores R.T. y R.R. de T., contra la sentencia No. 73-2003, de fecha 03 de abril del año 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de junio de 2003, suscrito por los Lcdos. M.M. (Hijo) y R.D.S.S., abogados de la parte recurrente, R.T. y R.R. de T., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;

Vista la resolución núm. 2118-2003, de fecha 7 de octubre de 2003, dictada por esta Suprema Corte de Justicia, la cual reza: “Primero: Declara el defecto en contra del recurrido M.J.S., en el recurso de casación interpuesto (sic) R.T. y R.R. de T., contra la sentencia dictada (sic) la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 3 de abril del 2003; Segundo: Ordena que la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial; Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 28 de abril de 2004, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.T., E.M.E., A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 09 de abril de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados P.J.O. y J.A.C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) con motivo de una demanda en rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por R.T. y R.R. de T., contra M.J.S., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó el 23 de abril de 2002, la sentencia núm. 225-02, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA, por improcedente y mal fundada, la demanda en reparación por alegados daños y perjuicios y en rescisión de contrato, incoada por el señor R.T. y la señora R.R., en contra de la señora M.J.S.; SEGUNDO: CONDENA al señor R.T. y la señora R.R., demandantes que sucumben, al pago de las costas causadas en ocasión de la presente demanda, ordenando su distracción a favor del doctor S.S., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) no conformes con dicha decisión R.T. y R.R. de T. interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 176-02, de fecha 14 de junio de 2002, instrumentado por el ministerial A.M.R., alguacil ordinario del Juzgado de Paz de San Pedro de Macorís, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 73-2003, de fecha 3 de abril de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: Comprobando y declarando como válido en la forma el presente recurso de apelación, por haberse diligenciado en tiempo hábil y conforme a derecho, empero rechazándolo en cuanto al fondo por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Confirmando en todas sus partes la sentencia objeto del mismo, y disponiéndose por consiguiente: a) El rechazamiento por improcedente, mal fundada y falta de pruebas, la demanda en rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios, sometida por el SR. R.T. y su cónyuge, la SRA. ROSA ROMERO DE THIEL, en contra de la SRA. M.J.S.; b) La condenación en costas de los esposos R.T. y ROSA ROMERO DE THIEL, por haber sucumbido, con distracción en provecho del D.S.S., quien afirma haberlas avanzado”;

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Una relación de hecho; Segundo Medio: Una relación de derecho: A) Violación a la Ley 301, artículo 16, párrafo I, sobre Notaría. B) Violación a los artículos 653, 660, 661, 662, 1134, 1142 y 1370 del Código Civil Dominicano; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos; Cuarto Medio: Falta de motivos y base legal concordantes”;

Considerando, que en el primer medio la parte recurrente se circunscribe a hacer una exposición de los hechos que dieron origen al apoderamiento de la jurisdicción de fondo y a sostener su opinión sobre la forma en que ocurrieron los hechos, de cuya argumentación no se advierte un vicio preciso contra la decisión dictada por la alzada; por lo tanto, los argumentos externados no están dirigidos como es de rigor a atacar la sentencia objeto del recurso de casación, motivo por el cual, conforme al criterio jurisprudencial1 vigente dicho aspecto debe ser declarado inadmisible;

Considerando, que del mismo modo, en el segundo medio de casación la parte recurrente se limita a señalar que la decisión debe ser casada por los motivos que a continuación se transcriben íntegramente: “A) violación a la Ley 301, artículo 16 Párrafo 1, sobre notaría., B) Violación Arts. 653, 660, 661, 662, 1134, 1142 y 1370, del Código Civil Dominicano.- A que el acuerdo fue legalizado por el notario D.S.S., el cual funge a la vez como abogado, siendo en el presente caso juez y parte”, posteriormente, el recurrente transcribe los artículos 16 de la ley núm. 301-64, de N. y los artículos 653, 670, 660, 661, 662, 674, 1134, 1142 y 1370 del Código Civil Dominicano, sin argumentar o explicar en qué parte de la sentencia se ha incurrido en las violaciones que denuncia, o en qué forma la decisión transgrede los artículos por ellos transcritos; en tal

1 Sentencia del 26 de marzo de 2014, núm. 68, B.J. 1235 sentido, ha sido jurisprudencia constante que para cumplir con el voto de la ley sobre Procedimiento de Casación, no basta con la simple transcripción de los artículos cuya violación se invocan, sino que es imprescindible que los recurrentes desenvuelvan en su memorial, aunque sea de manera sucinta, los fundamentos de su recurso y expliquen en qué consisten las violaciones a la ley por ellos denunciadas2; por lo que dicho medio resulta inadmisible;

Considerando, que en el tercer y cuarto medio de casación, la parte recurrente dirige violaciones contra la sentencia dictada por el juez de primer grado las cuales no serán examinadas por no estar dirigidas contra la sentencia dictada por la corte, que es el acto jurisdiccional impugnado en casación, razón por la cual solo serán valorados los vicios atribuidos a la sentencia de alzada;

Considerando, que alega la parte recurrente que al declarar como propietaria de la pared medianera a la hoy recurrida han sido desnaturalizados los hechos y el derecho; del mismo modo, argumenta que al considerar el muro como medianero emitió una consideración falsa en razón de que este fue construido dentro de su propiedad lo cual acreditó aportando el plano y el título de propiedad así como en el descenso

2 SENTENCIA DEL 1RO. DE AGOSTO DE 2012, NÚM. 13. B.J. 1221 realizado por la alzada y que no fue valorado;

Considerando, que, previo a ponderar las violaciones denunciadas, es preciso reseñar las circunstancias procesales ligadas al caso que dieron origen a la sentencia impugnada, en la cual se hace constar lo siguiente: 1) que en fecha 24 de noviembre de 2000, fue suscrito entre R.T. y M.J.S., un acuerdo amigable bajo firma privada en el cual se pactó lo siguiente: “Primero: que por medio del presente documento las partes libre y voluntariamente y siempre bajo la fe del juramento, acuerdan y convienen lo siguiente: 1.-Construir el muro divisorio de sur a norte hasta la calle interior en mampostería de piedra con un ancho de 40 centímetros o lo que sea necesario a una altura de un metro cincuenta, o igual al muro existente, común para ambos propietarios. 2. Colocar piedras al lado del baño sobre el muro de R.T.; 3. Subir muro del baño a cuatro metros al sur, si la primera parte lo considera de lugar. 4. Ambas partes dejan sin efecto las acciones judiciales iniciadas, tanto civiles como penales, ante la Policía Nacional y Politur”; 2) posteriormente, R.T. y R.R. de T., demandaron la rescisión del acuerdo amigable y la reparación de daños y perjuicios, alegando incumplimiento por parte de M.J.S., del acuerdo pactado y los daños y perjuicios causados al construir la demandada sobre el muro propiedad de los hoy recurrentes, por lo que apoderada del caso la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, decidió su rechazo mediante la sentencia núm. 225-02 de fecha 23 de abril de 2002; 3) no conforme con dicha decisión R.T. y R.R. de T. recurrieron en apelación, reiterando que la recurrida carece de la calidad de propietaria del inmueble colindante y de propietaria del muro por no haber cumplido con lo pactado en el contrato, procediendo la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, previo celebrar un descenso al lugar de los hechos a rechazar el recurso mediante la sentencia núm. 73-2003, de fecha 3 de abril de 2003, que constituye el objeto del recurso de casación que nos ocupa;

Considerando, que con relación al resultado de la inspección de lugar realizada por la alzada, cuya falta de valoración se alega, la sentencia atacada expresa haber comprobado: “que vista la documentación sometida a debate y muy en particular el resultado de la visita al lugar del conflicto que hiciera el juez comisionado, la corte es del criterio, al igual que como lo juzgara el tribunal de primera instancia, que es precisamente en virtud del contrato –acuerdo de marras que la Sra. M.J.S.O. ha hecho los levantamientos en el muro de la forma y proporción existentes; que no ha habido excesos censurables en desconocimiento del convenio del 24 de noviembre del 2000, y que es el propio documento que dice que después de hecha la elevación de la pared, ella vendría a ser patrimonio común de ambas partes (véase el tercer renglón de la primera página, in fine); que si bien se comprueba que la Sra. S. de C. ha utilizado el lado superior del muro para hacer descansar allí las bigas (sic) de su marquesina, no es menos verdad que dichas estructuras sólo ocupan la parte superior de la pared, quedando libre la otra mitad, en uso exclusivo de los señores T.; que aún cuando es cierto que la porción del muro de la línea divisoria construida en principio, es propiedad de los señores T., no menos cierto es que éstos autorizaron en su momento a la Sra. M.S. para que elevara y/o acrecentara dicho muro en caso de que ella lo estimara conveniente, así como también construir de sur a norte hasta la calle interior en mampostería de piedra, con un ancho de 40 centímetros o lo que fuera necesario, a una altura de un metro cincuenta, o igual al muro existente…todo en virtud del acuerdo amigable suscrito entre los litigantes, de lo que resulta que la demandada, al proceder al levantamiento de la altura de la pared y al construir en la parte donde el muro era inexistente, devenía en co propietaria del conjunto de la edificación, conforme al artículo 655 del Código Civil; que la reparación y construcción de la pared medianera, son cuenta de todos aquellos que tengan derecho a la misma, y proporcionalmente al derecho de cada uno; que todo propietario puede apoyar sus construcciones en el muro medianero, haciendo descansar en él vigas o tirantes, en todo el grueso de la pared dejando un espacio de cincuenta y cuatro milímetros (dos pulgadas) próximamente, sin perjuicio del derecho que tiene el dueño colindante de reducir desbastando el tirante hasta la mitad de la pared, en el caso en que él mismo quisiera fijar las vigas en el mismo sitio o hacer en él una chimenea (art. 657 del Código citado)”;

Considerando, que sobre este punto es necesario señalar, que la finalidad del descenso como medida de instrucción reservada a los jueces apoderados del fondo de una contestación, se contrae a la verificación de un hecho o circunstancia tendente a edificar el conocimiento del tribunal respecto del asunto del cual ha sido apoderado, y que por tanto, se le atribuye entero crédito, ya que, no se trata de una simple apreciación, sino que el traslado del tribunal al lugar de los hechos, en casos como el que nos ocupa, coloca a los jueces del fondo en condiciones de constatar la realidad de las circunstancias sobre las cuales se ha originado el conflicto; que contrario a lo alegado en el medio que se valora, la jurisdicción a qua no solo apreció el resultado de la medida, sino que se edificó sobre la base de los hechos comprobados por el juez comisionado, con los cuales determinó que el levantamiento de los muros se realizó conforme al acuerdo suscrito entre las partes y por vía de consecuencia en dicha construcción no existen excesos censurables; valorando además que contrario a lo también alegado por los recurrentes, se trata de la pared medianera, la cual aunque en principio era de su propiedad exclusiva, dejó de serlo por el efecto del acuerdo suscrito; por consiguiente, lo argüido en los aspectos analizados debe ser desestimado por carecer de fundamento;

Considerando, que finalmente, el examen integral de la sentencia impugnada evidencia que la misma contiene una completa relación de los hechos de la causa, a los cuales ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación suficiente y pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que procede rechazar el presente recurso de casación;

Considerando, que no procede estatuir sobre las costas procesales, por haberse pronunciado el defecto contra la parte recurrida al no haber notificado su memorial de defensa ni su constitución de abogado, en la forma y plazo prescrito por la ley sobre procedimiento de casación, tal y como consta en la resolución núm. 2118-2003, de fecha 7 de octubre de 2003, dictada por esta Suprema Corte de Justicia, que pronunció el defecto de la parte recurrida.

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por R.T. y R.R. de T., contra la sentencia núm. 73-2003, de fecha 3 de abril de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura transcrito al inicio de esta decisión.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 30 de mayo de 2018, años 175 de la Independencia y 155 de la Restauración.
(Firmados) F.A.J.M..- P.J.O..- J.A.C.A..

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 18 de diciembre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V..

Secretaria General