Sentencia nº 1609 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Septiembre de 2018.

Fecha de Resolución:28 de Septiembre de 2018
Emisor:Primera Sala

Sentencia No. 1609

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de septiembre del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 28 de septiembre de 2018 Rechaza Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Seguros Banreservas, S.A., entidad autónoma del estado, debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento social en la avenida 27 de Febrero núm. 265, entre las avenidas A.L. y W.C., debidamente representada por el Lcdo. H.J.S.P., dominicano, mayor de edad, casado, empleado privado, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0101146-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 477, de fecha 20 de septiembre de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. T.M., en representación de los Dres. J.P. y O.H., abogados de la parte recurrente, Seguros Banreservas, S.A.;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. E.M., en representación del Dr. E.T.M., abogados de la parte recurrida, Canaula, S. A.;

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: “Único: Que procede acoger, el recurso de casación interpuesto por Seguros Banreservas, S.A. contra la sentencia No. 477, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 20 de septiembre de 2007, por los motivos expuestos”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de diciembre de 2007, suscrito por los Dres. J.P.S. y O.M.H.M., abogados de la parte recurrente, Seguros Banreservas, S.A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de diciembre de 2007, suscrito por el Lcdo. E.T.M., abogado de la parte recurrida, Canaula, S.A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 25 de febrero de 2009, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; A.R.B.D. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 3 de septiembre de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados M.A.R.O., B.R.F.G. y P.J.O., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en ejecución de contrato de fianza y reparación de daños y perjuicios incoada por Canaula, S.
A., contra Seguros Banreservas, S.A., la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 10 de agosto de 2006, la sentencia civil núm. 489, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: SE RECHAZA el incidente planteado por la parte demandada SEGUROS BANRESERVAS, S.A., por los motivos antes expuestos; SEGUNDO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la DEMANDA EN EJECUCIÓN DE CONTRATO DE FIANZA Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por la razón social CANAULA, S.A., en contra de la compañía SEGUROS BANRESERVAS, S.A., y en cuanto al fondo SE ACOGEN modificadas las conclusiones del demandante por ser procedentes y reposar en prueba legal; TERCERO: SE ORDENA a la parte demandada SEGUROS BANRESERVAS,
S.A., dar cumplimiento al contrato de fianza de fecha 30 de abril del año 2003, y en tal sentido pagar al demandante, la razón social CANAULA, S.A., la suma de un millón cuatrocientos once mil trescientos setenta y tres pesos con 11/110 (RD$1,411,373.11); CUARTO: SE CONDENA a la parte demandada SEGUROS BANRESERVAS, S.A., a pagar al demandante, la razón social CANAULA, S.A., la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ORO (sic) DOMINICANOS CON 00/100 (RD$200,000.00), como justa indemnización por los daños y perjuicios materiales causados a consecuencia del incumplimiento de su obligación contractual; CUARTO (sic): SE DECLARA la presente sentencia común y oponible hasta el límite de la póliza a los señores B.T.B.Y.M.D.J.P.G., por los motivos expuestos; QUINTO; SE CONDENA a la parte demandada SEGUROS BANRESERVAS, S.A., al pago de las costas procedimentales y ordena su distracción en provecho del LICDO. E.A.T.M., quien afirma haberla avanzado en su totalidad”; b) Seguros Banreservas, S.A., interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 392-2006, de fecha 4 de septiembre de 2006, instrumentado por el ministerial D.J.M., alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 477, de fecha 20 de septiembre de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación interpuesto por SEGUROS BANRESERVAS, S.A., mediante acto No. 392/2006, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil seis (2006), contra la sentencia civil No. 489, relativa al expediente No. 038-2005-00589, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto de conformidad con la ley; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo dicho recurso de apelación, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia impugnada, por los motivos ut supra enunciados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente SEGUROS BANRESERVAS, S.A., al pago de las costas con distracción a favor y provecho del abogado de la parte recurrida L.. E.A.T.M., que formuló la ejecución de rigor”;

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se desprende lo siguiente: a) la entidad Canaula, S.A., otorgó un préstamo al Consorcio Costruttori, S.A., por la suma de RD$2,000,000.00, según contrato de fecha 29 de abril de 2003, el cual, conforme cláusula cuarta, se estipuló para seguridad y garantía del préstamo, una fianza de fiel cumplimiento de la obligación de pago contraída; b) en fecha 30 de abril de 2003, fue expedida por Seguros Banreservas, S.A., la póliza de fianzas de ejecución núm. 2702006096, a favor de Consorcio Costruttori, S.A., con una vigencia de un año, a vencimiento el 30 de abril de 2004; c) tras incumplir el Consorcio Costruttori, S.A., la obligación de pago frente a Canaula, S.A., en fecha 2 de diciembre de 2003, ésta última reclamó a Seguros Banreservas, S.A., la ejecución de la fianza, según fue acordado en el contrato de préstamo; d) en fecha 23 de junio de 2005, la entidad acreedora demandó a Seguros Banreservas, S.A., en ejecución de contrato de fianza y reparación de daños y perjuicios, demanda que fue acogida por el tribunal de primer grado, condenando a la demandada al pago de RD$1,411,373.11, a favor de Canaula, S.A., de conformidad con el contrato de fianza, más RD$200,000.00, por los daños y perjuicios materiales percibidos por incumplimiento de su obligación contractual; e) Seguros Banreservas, S.A., recurrió en apelación, fundamentando el mismo en que la acción estaba prescrita por haber transcurrido más de 60 días para la reclamación, así como que no fue puesto en mora y no podía ser demandada de manera unilateral, sino a través de una demanda en cobro de pesos contra la deudora principal, Consorcio Costruttori, S.A., recurso que fue rechazado por la sentencia que ahora es impugnada en casación;

Considerando, que la recurrente propone en su memorial de casación, los siguientes medios: “Primer Medio: Violación a los artículos 47, 51 y 65 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana; Segundo Medio: Violación del artículos (sic) 1139 y 1146 del Código Civil Dominicano; Tercer Medio: Violación al artículos (sic) 44 y 69 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana y a los artículos 2015 y 1315 del Código Civil Dominicano; Cuarto Medio: Falsa aplicación de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana. Violación a los artículos 98, 131 parte in fine y 133 de la citada ley; violación al debido proceso de ley; Quinto Medio: Violación de los artículos 1150 y 1153 del Código Civil de la República Dominicana”;

Considerando, que la parte recurrente en su primer medio de casación alega, que la corte a qua violó las disposiciones de los artículos 47, 51 y 65 de la Ley núm. 146-02, de fecha 9 de septiembre de 2002, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, ya que al ser expedida la póliza contentiva de fianza en fecha 30 de abril de 2003 e incoada la demanda para su ejecución en fecha 23 de junio de 2005, había prescrito la acción, al transcurrir más de dos años desde la ocurrencia del hecho;

Considerando, que la corte a qua motivó al respecto, lo siguiente: “(…) que la parte recurrente plantea en primer término la inadmisión de la demanda original en tanto que medio de apelación (sic), por el hecho de que la fianza vencía para fines de su ejecución el treinta (30) de abril del año dos mil cuatro (2004), y que se disponía de 60 días a partir de esa fecha para fines de reclamación, situación esta que ciertamente aparece convenida en dicho contrato, conforme las cláusulas primera y cuarto letra A; también es cierto que la demanda en ejecución forzosa de esa obligación fue del día veintitrés
(23) de junio del año dos mil cinco (2005), sin embargo en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil tres (2003), había mediado una solicitud de ejecución del contrato de fianza en cuestión, por lo que el medio de inadmisión de referencia carece de fundamento y debe ser rechazado (…)”;

Considerando, que el artículo 2244 del Código Civil, relativo a las causas civiles de interrupción de la prescripción en general, establece como causas de dicha interrupción una citación judicial, un mandamiento o un embargo, notificado a aquel cuya prescripción se quiere impedir; que tal y como indicó la corte a qua, en fecha 2 de diciembre de 2003, Canaula, S.A., solicitó a Seguros Banreservas, S.A., el pago de la indicada fianza tras el incumplimiento del Consorcio Costruttori, S.A., asunto que no fue controvertido por la parte hoy recurrente, por lo que para el tribunal es un hecho cierto y valedero; que al tenor de lo previsto por el texto legal antes citado, el hecho de haber comprobado la corte a qua que fue solicitado el pago de la fianza en el plazo correspondiente, interrumpía la prescripción para demandar la ejecución de la fianza; por lo que la corte a qua al actuar como lo hizo no incurrió en la violación denunciada por la recurrente, sino que por el contrario, dicha alzada realizó una correcta aplicación del derecho, motivo por el cual procede desestimar el medio indicado; Considerando, que en su segundo medio de casación, la parte recurrente arguye, en suma, que la alzada no valoró que nunca fue puesto en mora y esto lo exonera de indemnizaciones de daños y perjuicios que resultan de la falta de cumplimiento de la obligación;

Considerando, que sobre ese aspecto la corte a qua estableció lo siguiente: “(…) que en cuanto a la pretensión de que previo a la demanda en ejecución no medió una formal puesta en mora, conforme lo que establece el artículo 1146 del Código Civil, la evolución jurisprudencial ha superado esa reglamentación asumiendo la postura de que el acto de la demanda equivale o suple la puesta en mora, se trata de un medio de apelación que procede también desestimar (…)”;

Considerando, que el artículo 1146 del Código Civil, dispone que: “Las indemnizaciones de daños y perjuicios no proceden, sino en el caso en que se constituya en mora al deudor por no cumplir su obligación, excepto, sin embargo, el caso en que el objeto que aquel se había obligado a dar o hacer, debía ser dado o hecho en determinado tiempo que ha dejado pasar”; que la constitución en mora es un requerimiento dirigido por el acreedor al deudor, de tener que efectuar la obligación contraída y que acredita oficialmente la tardanza en que ha incurrido el deudor en el cumplimiento de ésta; Considerando, que en lo concerniente a lo argüido por la recurrente, sobre la necesidad de ser puesto en mora para indemnizar a Canaula, S.A., antes de ésta incoar la demanda en ejecución de fianza y reparación de daños y perjuicios de que se trata, ya que sin dicha puesta en mora la demanda debía rechazarse según lo dispuesto por el artículo 1146 antes citado, esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, es del criterio1 que si bien es cierto que el señalado texto legal introduce una excepción al principio según el cual el derecho a la reparación se origina desde el instante de la realización del daño, también es cierto que la demanda en justicia es el más enérgico de los actos que constituyen al deudor en mora y, en este caso, esa formalidad legal quedó cumplida con la notificación de la demanda introductiva realizada mediante acto núm. 2032-05, instrumentado en fecha 23 de junio de 2005, por el ministerial R.E.F., alguacil ordinario de la Décima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por lo que el aspecto examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

Considerando, que en su tercer medio de casación, la parte recurrente aduce, que la alzada interpretó de manera errada el contrato de fianza al establecer que el compromiso de la aseguradora correspondía una vez faltara el Consorcio Costruttori, S.A., en su obligación de pago con la hoy recurrida,

cuando el objeto de la póliza era garantizar el cumplimiento de los trabajos de terminación y posterior entrega de unos proyectos inmobiliarios, aspecto que no fue probado ni demandado, de lo que se presume que dichos trabajos fueron culminados y entregados;

Considerando, que sobre esa cuestión, la corte a qua dijo de manera motivada lo siguiente: “(…) procede examinar el contrato que avala la obligación asumida por la entidad aseguradora, el cual ciertamente consagra que el compromiso de pagar a cargo DE SEGUROS BANRESERVAS, S.A., consistía en que la compañía Consorcio Constructora, S.A., incumpla con la obligación afianza (sic) esta situación resulta de la interpretación del contrato de fianza que consta en el expediente combinado con el contrato de préstamo, pero sin embargo a lo que se refiere es a la posibilidad del no pago en el plazo pactado, nada tiene que ver con la terminación de los residenciales que se aluden en dicho convenio. Es que se advierte por una simple interpretación lógica que la suma recibida era para esos fines pero no se produjo la conclusión de la obra, en nada prohíbe que la acreedora procediera a demandar, entendemos que esta si probó de cara a la instrucción del proceso la parte que le correspondía específicamente, aportó a esos fines una sentencia No. 038-04-00484, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil cuatro (2004), como producto de haber accionado el dieciocho (18) de febrero del año dos mil cuatro (2004), conforme acto No. 142-04 del ministerial G.A.G. ordinario de la Corte Civil del Distrito Nacional, por lo que procede desestimar el medio de apelación en cuestión (…)”;

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de los elementos de prueba que le son sometidos y esa apreciación escapa al control de la casación, salvo desnaturalización; que no se advierte desnaturalización en este caso, toda vez que en la referida decisión la corte a qua verificó el contrato de préstamo de fecha 29 de abril de 2003, suscrito por las entidades Canaula, S.A. y C., S.A., y el objetivo de la fianza núm. 2702006096 emitida en fecha 30 de abril de 2003, por Seguros Banreservas, S.A., fue garantizar el cobro de la acreencia; de forma tal que sus motivaciones permiten establecer de manera clara y precisa, los hechos que dicha jurisdicción ha dado por ciertos a partir de las pruebas que le fueron aportadas, por lo que también procede desestimar el medio examinado;

Considerando, que en su cuarto medio de casación la parte recurrente argumenta, que fue condenado al pago de las costas asunto que por ley está prohibido por ser una aseguradora; que no podía recurrir en apelación la sentencia en cobro de pesos de fecha 5 de mayo de 2004, emitida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se condenó a Consorcio Costruttori, S.A., toda vez que no le era oponible, ya que no fue demandado en esa ocasión, sino posteriormente de manera unilateral;

Considerando, que en cuanto a la condena al pago de las costas, es preciso recordar, que según establece el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, todo el que sucumbe en justicia será condenado en costas; y por su parte, el artículo 133 de la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas, dispone lo siguiente: “Las condenaciones pronunciadas por una sentencia solamente pueden ser declaradas oponibles al asegurador, dentro de los límites de la póliza, pero nunca puede haber una condenación directa en contra del asegurador, salvo el caso que se considere que éste ha actuado en su propio y único interés, como cuando niegue la existencia de la póliza, sus límites o pura y simplemente niegue que el riesgo se encuentra cubierto. En ninguno de estos casos la sentencia contra el asegurador podrá exceder los límites de la póliza”; que en el caso, Seguros Banreservas, S.A., al actuar en su propio interés y ser condenado por la alzada al pago de las costas, la corte a qua no incurrió en violación a la ley, procediendo desestimar el aspecto examinado; Considerando, que en lo relativo a ser demandado independiente, la alzada estableció lo siguiente: “(…) que la apelante alega que como la compañía aseguradora no podía ser puesta en causa de manera unilateral que debió serlo en el curso de la demanda en cobro de pesos, impulsada en contra de la deudora principal, postura esta que carece de sustentación toda vez que de lo que se trata es de un contrato de fianza estipulado a favor y provecho de CANAULA, S.A., bien pudo obtener una sanción formal del incumplimiento y luego encausar como un solo sujeto procesal a la compañía aseguradora; la cual se obligó a pagar en caso de incumplimiento de la deudora, suscribiendo a esos fines el referido contrato, se desestima en consecuencia el referido medio, no se trata de una demanda en responsabilidad civil contractual sino el cobro de una suma de dinero que debió pagar SEGUROS BANRESERVAS, S.A., al requerirle, a la recurrida esa petición en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil tres (2003), la interpretación que formula en el contexto del artículo 1150, es a todas luces infundada. Que reglamenta un régimen de responsabilidad civil, que aplica un sistema de reparación que se basa en las pérdidas sufridas, valoradas desde el punto de vista de la previsibilidad al momento de suscribir el contrato o la obligación es la consagración de la expresión de un estado circunstancial que acompaña la celebración del contrato. Cabe señalar que la tipificación de absurda que le imputa la entidad recurrente a la sentencia impugnada por haberlo condenado a pagar la misma suma que retuvo la sentencia que acogió una demanda en contra de la aseguradora, se trata de un razonamiento que no se corresponde con lo que fue la obligación que asumió la entidad aseguradora que fue la de pagar la suma prestada a dicha aseguradora, en manos de la acreedora que lo es la recurrida en caso de incumplimiento es simplemente una postura que rehúsa la dimensión del artículo 1134 del Código Civil, y el artículo 1135 del mismo código, el cual consagra la ejecución de los contratos en el marco de los usos y de la equidad, ello implica que los contratantes deben asumir un rol ético, puesto que la equidad, planteada en ese contexto así lo impone; por lo que se desestima dicho medio; que en cuanto a las acotaciones que constan en el escrito de motivación de conclusiones, en alusión al artículo 69 de la ley 146-02, es que de lo que se trata es de la ejecución del contrato de fianza no es de la sentencia que admitió la demanda en cobro de pesos en contra del asegurado; decisión esta que pudo haber recurrido la aseguradora si entiende que le perjudica y no fue encausada, puesto que tiene el derecho de cuestionar la obligación a la que se comprometió el asegurado; sin embargo de cara a esta instancia pudo haberse defendido en ese sentido pero no lo hizo; en tal virtud procede desestimar ese medio de apelación (…)”;

Considerando, que la finalidad principal de la fianza es proporcionar seguridad al asegurado, el cual procura con la contratación de una póliza la traslación de los riesgos al asegurador para que sus consecuencias eventuales graviten sobre este. Se trata de tener de antemano la garantía de que si en el futuro ocurre un hecho producto de un daño, quien lo experimente obtendrá con prontitud y en todo caso, la debida indemnización o el pago de la prestación acordada;

Considerando, que en el presente caso la corte a qua comprobó que se encontraban reunidos los elementos constitutivos de la responsabilidad contractual, es decir, la existencia de un contrato y la inejecución del mismo por uno de los contratantes, y la existencia de un daño como consecuencia de ese incumplimiento; por tanto, la alzada actuó correctamente al retener responsabilidad civil en perjuicio de Seguros Banreservas, S.A., compañía aseguradora, quien podía ser demandado de manera particular por ser la entidad que debe responder conforme a los términos del contrato y lo establecido en el artículo 133 de la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana; que si bien no fue puesto en causa en la demanda en cobro de pesos intervenida entre Canaula, S.A., y Consorcio Costruttori, S.A., como aseguradora contratada a los fines de garantizar la acreencia, mencionada en el contrato, tenía la facultad para intervenir; por lo que el aspecto del medio examinado carece de fundamento y en consecuencia debe ser desestimado; Considerando, que en su quinto y último medio de casación, la parte recurrente alega, que la corte a qua violó las disposiciones de los artículos 1150 y 1153 del código civil, toda vez que no podía ser condenado a una indemnización por daños y perjuicios, cuando se trataba de un contrato de fianza;

Considerando, que sobre ese aspecto la corte a qua estableció lo siguiente: “que en cuanto a la parte que concierne al hecho de que la juez del tribunal a quo al imponer una indemnización de doscientos mil pesos (RD$200,000.00), violó el artículo 1153 del código civil. Tomando en cuenta que en la especie se trata de una demanda que data del día veintitrés (23) de junio del año dos mil cinco (2005), si el cálculo de los daños y perjuicios se realizará al tenor de dicho texto el cual es progresivo y se computa a partir de la fecha de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, ese argumento representaría que la parte recurrente podría perjudicarse con su propio recurso, las vías de derecho nunca se ejercen en detrimento propio (…)”;

Considerando, que el artículo 1150 del Código Civil, dispone lo siguiente: “El deudor no está obligado a satisfacer más daños y perjuicios, que los previstos o que se han podido prever al hacerse el contrato, excepto en el caso en que la falta de cumplimiento proceda de su mala fe”; y el primer párrafo del artículo 1153 del referido Código establece: “En las obligaciones que se limitan al pago de cierta cantidad, los daños y perjuicios que resultan del retraso del cumplimiento no consisten nunca sino en la condenación de los intereses señalados por la ley. Salvas las reglas particulares del comercio y de las fianzas”;

Considerando, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia2, que los daños y perjuicios a que se refiere el artículo 1153 del Código Civil, son siempre la consecuencia de un contrato preexistente, es decir, de obligaciones donde ha primado un acuerdo de voluntades para crearlas, puesto que en el ámbito extracontractual ese artículo no tiene aplicación; que por tanto, el mandato del artículo 1150 de dicho código al establecer que en las obligaciones contractuales el deudor no está obligado a satisfacer más daños y perjuicios que los previstos o que se han podido prever en el contrato, contrario a como alega la parte recurrente, no impide la aplicación del artículo 1153 del Código Civil, el cual dispone que en las obligaciones que consisten en el pago de sumas de dinero, los daños y perjuicios no consisten más que en los intereses que devenguen dicha suma, sino que esta última disposición complementa a la primera cuando se trata de obligaciones contractuales que consisten en el pago de una suma de dinero; que en consecuencia, la corte a qua realizó una correcta aplicación del artículo 1153 del Código Civil, al tratarse en la especie de una obligación que consiste

en el pago de una suma de dinero, por provenir de una póliza de fianza de ejecución, por lo que procede desestimar el aspecto analizado del medio bajo examen;

Considerando, que finalmente, el examen integral del fallo criticado revela que este contiene una exposición completa de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo motivos pertinentes que justifican la decisión adoptada, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por la parte hoy recurrente, por lo que procede rechazar el presente recurso de casación;

Considerando, que al tenor del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba será condenada al pago de las costas del procedimiento.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Seguros Banreservas, S.A., contra la sentencia núm. 477, dictada el 20 de septiembre de 2007, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente, Seguros Banreservas, S.A., al pago de las costas y ordena su distracción a favor del L.. E.T.M., abogado de la recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 28 de septiembre de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración.
(Firmados) ntonio J.M..- M.A.R.O..- P.J.O..- B.R.F.G. .

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 26 de diciembre del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V..

Secretaria General