Sentencia nº 1928 de Suprema Corte de Justicia, del 14 de Diciembre de 2018.

Fecha de Resolución:14 de Diciembre de 2018
Emisor:Primera Sala
 
CONTENIDO

Fecha : 14 de diciembre de 2018

Sentencia No. 1928

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 14 de diciembre del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 14 de diciembre de 2018 Inadmisible Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por J.L.T.C., dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 013-0020458-1, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 034-2016-SCON-01247, dictada el 14 de noviembre de 2016, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; Fecha: 14 de diciembre de 2018

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. M.G.M.M., abogado de la parte recurrida, L.A.;

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 28 de diciembre de 2016, suscrito por los Lcdos. B.P. y J.L.R., abogados de la parte recurrente J.L.T.C., en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 11 de enero de 2017, suscrito Fecha: 14 de diciembre de 2018

por el Dr. M.G.M.M., abogado de la parte recurrida, L.A.;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 23 de agosto de 2018, estando presentes los magistrados F.A.J.M., presidente; M.A.R.O., B.R.F.G., P.J.O. y J.A.C.A., y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de la demanda en cobro de alquileres, resiliación de contrato de alquileres y desalojo, incoada por L.A., contra J.L.T.C., el Juzgado Fecha: 14 de diciembre de 2018

de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, dictó la sentencia civil núm. 064-SSEN-2016-00094, de fecha 22 de abril de 2016, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Acoge la demanda en cobro de alquileres, rescisión de contrato de alquileres, y desalojo, interpuesto por el doctor M.G.M.M., abogado que actúa en representación del señor L.A., mediante acto número 399-15, instrumentado en fecha 27/10/2015, por el ministerial J.J.A., de estrado del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacioanal (sic); en contra del señor J.L.T.C.; en consecuencia, ordena la resiliación del contrato de alquiler suscrito por el señor L.A. y el señor J.L.T.C., en fecha diez
(10) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), legalizado por el doctor J.P.L.C., notario público de los del Distrito Nacional; por las razones expuestas en la parte motivacional de la presente sentencia; SEGUNDO: Condena al señor J.L.T.C., al pago de la suma de veinte mil pesos dominicanos (RD$120,000.00) (sic), a favor del señor L.A., por concepto de alquileres vencidos y no pagados, a razón de doce mil pesos dominicanos (RD$12,000.00), por cada mes, correspondiente a los meses Fecha: 14 de diciembre de 2018

de: enero a julio del año 2014, y agosto a octubre del año 2015, reclamado por la parte demandante, sin perjuicio de los meses vencidos y por vencer en el curso del procedimiento; TERCERO: Ordena el desalojo del señor J.L.T.C. y/o cualquier persona que ocupe a cualquier título el inmueble ubicado en la calle Cul de Sac, segunda número 7- atrás, sector La Aurora, K. 7 de la carretera S., de este Distrito Nacional; CUARTO: Rechaza las pretensiones de la parte demandante, tendente a que sea ordenada la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso; QUINTO: En virtud del principio de aplicación directa de la Constitución, la presente sentencia una vez adquiera el carácter de la fuerza ejecutoria por disposición de la ley para llevar a cabo su ejecución, el oficial público actuante debe estar acompañado de la fuerza pública, la cual se canalizará según lo dispone el artículo 26, inciso 14 de la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público; SEXTO: Ordena al Ministerio Público, proceder a otorgar el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de la presente sentencia, una vez haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; SÉPTIMO: Condena al señor J.L.T.C., al pago de las costas del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho del doctor Fecha: 14 de diciembre de 2018

M.G.M.M., abogado, que afirma haberlas avanzado”; b) no conforme con dicha decisión, J.L.T.C., interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 1752-2016, de fecha 25 de mayo de 2016, del ministerial G.I.B.R., alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 14 de noviembre de 2016, la sentencia civil núm. 034-2016-SCON-01247, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: En cuanto al fondo del referido recurso de apelación, interpuesto por el señor J.L.T.C., en contra de la sentencia número 064-SSEN-2016-00094, de fecha veintidós (22) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, en ocasión de una demanda en cobro de alquileres vencidos, rescisión de contrato y desalojo por falta de pago, incoada por el señor L.A., mediante el acto número 1752/2016, de fecha veinticinco (25) del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el ministerial G.I.B.R., ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, rechaza el mismo, y en consecuencia, confirma Fecha: 14 de diciembre de 2018

la indicada sentencia, atendiendo a los motivos expuestpos (sic) en la parte considerativa de la presente decisión de segundo grado; SEGUNDO : En virtud de que la sentencia confirmada contiene en su parte dispositiva una orden de desalojo y atendiendo al principio de aplicación directa de la Constitución, la presente sentencia una vez adquiera el carácter de la fuerza ejecutoria por disposición de la Ley para llevar a cabo su ejecución, el ministerial actuante debe estar acompañado de la fuerza pública, la cual se canalizará según lo dispone el artículo 26 inciso 14 de la ley número 133-11, Orgánica del Ministerio Público. Por tanto, deja a cargo de la parte interesada la notificación de la presente sentencia al Ministerio Público”;

Considerando, que en apoyo a su recurso la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: “Único Medio: Violación a la ley”;

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el presente recurso de casación en virtud de lo establecido en el artículo 6, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008; Fecha: 14 de diciembre de 2018

Considerando, que en lo concerniente a la excepción de nulidad invocada, es menester indicar

, que si bien es cierto que el estudio del acto de emplazamiento relativo al recurso de casación que nos ocupa marcado con el núm. 5027-2016, de fecha 30 de diciembre de 2016, instrumentado por el ministerial G.I.B.R., alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se evidencia que el ministerial actuante hizo constar haberse trasladado “a la avenida Independencia No. 201, edificio Buenaventura, apartamento 201, sector de Gazcue (sic), Santo Domingo, Distrito Nacional, que es donde tienen (sic) su domicilio procesal, como abogado representante del señor L.A., el Dr. M.M.M. (…)”, sin que conste en el indicado acto que se haya trasladado al domicilio del recurridos tal y como alega la parte recurrida, no es menos cierto que el examen de las piezas que integran el expediente revelan que la parte demandante original, actual recurrido, constituyó abogado y produjo su memorial de defensa en tiempo oportuno, por lo que, en la especie y por aplicación de la máxima, “no hay nulidad sin agravios”, y en vista de que dicha parte no sufrió perjuicio alguno, el indicado artículo 6, de la referida Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, cuyo propósito es que el Fecha: 14 de diciembre de 2018

recurrido reciba a tiempo el citado acto de emplazamiento y produzca oportunamente sus medios de defensa, el cual se evidencia que no fue violado al haberse obtenido la finalidad perseguida; en consecuencia, la excepción de nulidad invocada carece de fundamento y debe ser desestimada;

Considerando, que previo al estudio de los medios de casación propuestos por la parte recurrente, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad sujeto al control oficioso;

Considerando, que hemos podido verificar que el presente recurso de casación se interpuso el 28 de diciembre de 2016, durante la vigencia de la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c, párrafo II del artículo 5, de la Ley Fecha: 14 de diciembre de 2018

núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, lo siguiente: “No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…)”;

Considerando, que la referida disposición legal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, mediante sentencia núm. TC-0489-15, del 6 de noviembre de 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su decisión por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a fin de evitar afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que dicho fallo fue notificado en fecha 19 de abril de 2016, al tenor de los oficios núms. SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, suscritos por el secretario de ese órgano estatal, de suerte que el plazo por el cual fueron diferidos los efectos de dicha sentencia venció el 20 de abril de 2017, momento a partir del cual entró en vigor la inconstitucionalidad pronunciada, cuyo efecto es la expulsión de la disposición cuestionada del ordenamiento jurídico, Fecha: 14 de diciembre de 2018

suprimiéndose la causal de inadmisión instituida en el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”;

Considerando, que sin embargo, también cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer que: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa Fecha: 14 de diciembre de 2018

eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia”; “La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir”, principio que solo se exceptúa cuando el propio Tribunal Constitucional decide modular los efectos de su sentencia para dotarla de un carácter retroactivo en virtud de lo dispuesto por la parte in fine del citado artículo 48 de la citada Ley núm. 137-11, que dispone que: “Sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso”;

Considerando, que al dictar la sentencia núm. TC-0489-15, el Tribunal Constitucional, lejos de exceptuar los efectos ex nunc propios de las sentencias estimatorias dictadas en el ejercicio del control concentrado de constitucional, decidió diferir hacia el futuro la eficacia de su fallo, lo que revela que indiscutiblemente la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, está desprovista de todo efecto retroactivo; Fecha: 14 de diciembre de 2018

Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, aunque en la actualidad el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, se encuentra derogado en virtud de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad pronunciada mediante la sentencia núm. TC-0489-15, dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, desde la fecha de su publicación el 11 de febrero de 2009 hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017;

Considerando, que este razonamiento también se sustenta en lo siguiente: a) el principio de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 110 de la Constitución que establece que: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”; b) el principio de ultractividad normativa instituido por la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional en base al citado artículo 110 al estatuir en el sentido de Fecha: 14 de diciembre de 2018

que: “la norma que se aplique a todo hecho, acto o negocio jurídico debe ser la vigente en el momento en que ocurrió el acto de que se trate, de manera que aunque dicha norma no pueda seguir rigiendo o determinando situaciones jurídicas nacidas con posterioridad a la fecha en que quedó derogada, sí continuará rigiendo las situaciones jurídicas surgidas a su amparo, por efecto de la llamada ultractividad de la ley”1;

  1. la doctrina de la situación jurídica consolidada que también ha sido consagrada por el Tribunal Constitucional como una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal, conforme a la cual ha juzgado que el régimen legal aplicable a los recursos de casación es el vigente al momento de su interposición en razón de que: “la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia que el interesado esperaba de la situación jurídica

1 Sentencias TC/0015/13, del 11 de febrero de 2013, TC/0122/14, del 13 de junio de 2014, TC/111/14, del 30 de junio de 2014, TC/0169/16, del 12 de mayo de 2016. Fecha: 14 de diciembre de 2018

consolidada”2, y, finalmente, d) el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, tenía por objeto regular las condiciones de admisibilidad para la interposición del recurso de casación y no el fallo que al respecto dicte esta jurisdicción, de suerte que es la fecha de la interposición del recurso y no la fecha de la sentencia que lo decide la que determina el régimen legal aplicable ratione temporis;

Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 28 de diciembre de 2016, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en doce mil ochocientos setenta y tres pesos dominicanos con 00/100 (RD$12,873.00) mensuales, conforme

2 Sentencias TC/0024/12, del 21 de junio de 2012, TC/0013/12 del 10 de mayo de 2012, TC/0457/15, del 3 de noviembre de 2015, TC/0457/16, del 27 de diciembre de 2016, entre otras. Fecha: 14 de diciembre de 2018

a la resolución núm. 1-2015, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 20 de mayo de 2015, con entrada en vigencia el 1 de junio de 2015, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,574,600.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua, es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad;

Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación, resulta lo siguiente que la sentencia impugnada confirmó la decisión de primer grado mediante la cual se acogió la demanda en cobro de alquileres vencidos, resiliación de contrato y desalojo por falta de pago interpuesta por L.A. contra J.L.T.C., condenando al demandado al pago de ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$120,000.00); b. la corte a qua confirmó dicha decisión; que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c, párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Fecha: 14 de diciembre de 2018

Procedimiento de Casación; que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con el mandato de la ley, respecto al monto mínimo que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declare su inadmisibilidad lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por el recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala;

Considerando, que en virtud del artículo 65 de la ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento.

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por J.L.T.C., contra la sentencia civil núm. 034-2016-SCON-01247, dictada el 14 de noviembre de 2016, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuya parte dispositiva figura copiada en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a J.L. Fecha: 14 de diciembre de 2018

T.C., al pago de las costas procesales a favor del Dr. M.
G.M.M., abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación mediante sentencia pronunciada en la ciudad de Santo Domingo de G. en audiencia pública del 14 de diciembre de 2018, años 175º de la Independencia y 156º de la Restauración.

(Firmados) F.A.J.M..- B.R.F.G..- J.A.C.A..

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 23 de enero del 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

C.A.R.V..

Secretaria General