Sentencia nº 10 de Suprema Corte de Justicia, del 16 de Enero de 2019.

Fecha de Resolución:16 de Enero de 2019
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

Sentencia núm. 10

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 16 de enero del 2019, que dice así:

SALAS REUNIDAS Rechazan

Audiencia pública del 16 de enero de 2019. Preside: M.G.M..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de

Justicia, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte

de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, el 05 de enero de 2016, como

tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante; incoado por:

 Centro Médico Dr. Ovalle, SRL., entidad debidamente organizada de

acuerdo con las leyes de la República, con domicilio y asiento social en la

calle San Francisco esq. I., núm. 80, San Francisco de Macorís,

provincia D., debidamente representada por la señora Mildred Lisset

García García, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de

identidad núm. 056-0068175-2, domiciliada y residente en San Francisco de

Macorís; quien tiene como abogados constituidos al Dr. C.R.H.

y al Licdo. E.A.G.P., dominicanos, mayores de edad,

abogados de los Tribunales de la República, portadores de las cédulas de

identidad y electoral números 001-0776633-9 y 047-0192256-1, con estudio profesional común abierto en la calle J.B.P. No, 7, ensanche

E.M., de esta Ciudad; donde la parte recurrente hace formal

elección de domicilio para los fines y consecuencias legales del presente

recurso;

OÍDO (A):

 El alguacil de turno en la lectura del rol;

VISTOS (AS):

1) El memorial de casación depositado el 07 de julio de 2016, en la Secretaría de

la Corte a qua, mediante el cual la parte recurrente, Centro Médico Dr.

Ovalle, S.R.L., interpuso su recurso de casación, por intermedio de sus

abogados;

2) El escrito de defensa depositado, el 13 de septiembre de 2016, en la

Secretaría de esta Suprema Corte de Justicia, a cargo de los Licdos. José

Federico Thomas y J.M.R., abogados constituidos de la

parte recurrida, G.I.A.G.;

3) La Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte

de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

4) Los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1

y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un

segundo recurso de casación sobre el mismo punto, según lo dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de

Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997; en audiencia pública, del 10 de

octubre de 2018, estando presentes los jueces: M.G.B., Francisco

Antonio Jerez Mena, J.A.C.A., M.A.R.O.,

B.R.F.G., J.H.R.C., Alejandro Adolfo

Moscoso Segarra, F.E.S.S., E.H.M., Robert

Placencia Álvarez y M.A.F.L., jueces de esta Corte de Casación; y

la magistrada Ú.C.; asistidos de la Secretaria General, conocieron del

recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en

fecha posterior;

Considerando: que en fecha 22 de noviembre de 2018, el magistrado

M.G.M., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto

mediante el cual se llama a sí mismo y en su indicada calidad y llama a los

magistrados M.R.H.C., P.J.O., Esther Elisa

Agelán Casasnovas y F.A.O.P.; Jueces de esta Corte, para

integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de

que se trata, de conformidad con la Ley No. 684, de fecha 24 de mayo de 1934 y la

Ley No. 926, de fecha 21 de junio de 1935;

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que

ella se refiere son hechos constantes que:

1) Con motivo de la demanda en pago de derechos laborales interpuesta

por G.I.A.G., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Duarte dictó, el 17 de septiembre de 2012, una sentencia con el siguiente

dispositivo:

Primero: Ratifica la falta de comparecencia de los co-demandados D.A.G., F.M. y L.F.G., por falta de comparecer, no obstante haber sido legalmente citados, mediante el acto No. 77-2012 de fecha 07 de Febrero del mismo año 2012, instrumentado por el Ministerial D.A.B.P., Alguacil de Estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Duarte; Segundo: Rechaza el medio de inadmisión que fundamentado en la falta de calidad y de derecho para actuar invocó la empresa co-demandada Centro Médico Dr. Ovalle en contra de la demanda laboral interpuesta por la trabajadora G.I.A.G. por los motivos expuestos en la presente decisión; Tercero: Declara justificada la dimisión ejercida por la trabajadora G.I.A.G., en contra de los empleadores Centro Médico Dr. O. y los D.A.G., F.M. y L.F.G., por los motivos expuestos en la presente sentencia, y como resultado se declara resuelto el contrato de trabajo que unía las partes, por causa de los empleadores y con responsabilidad para los mismos; Cuarto: Condena a los empleadores Centro Médico Dr. O. y los D.A.G., F.M. y L.F.G., a pagar a favor de la trabajadora G.I.A.G., los valores siguientes, por concepto de los derechos que se detallan a continuación: sobre la base de un salario promedio mensual de RD$50,000.00 y tres (03) años, ocho (08) meses y cuatro
(04) días laborados; a) RD$58,749.47, por concepto de 28 días de preaviso; b) RD$159,462.44, por concepto de 76 días de auxilio de cesantía; c) RD$29,374.66, por concepto de 14 días de compensación por vacaciones no disfrutadas; d) RD$50,000.00, por concepto de salario de Navidad del año 2010; e) RD$48,333.33, por concepto de salario proporcional de Navidad del año 2011; f) RD$125,891.40, por concepto de 60 días de participación en los beneficios de la empresa durante el período fiscal 2010; g) RD$115,400.00, por concepto de participación proporcional en los beneficios de la empresa durante el período fiscal del año 2011; h) RD$31,294.57, por concepto de salario correspondiente a los días trabajados durante el mes de diciembre de 2011; i) RD$40,000.00, por concepto de daños y perjuicios j) Los salarios caídos establecidos por
el párrafo tercero del artículo 95 del Código de Trabajo; desde la fecha de la demanda, hasta la fecha en que la sentencia se haga definitiva, sin exceder de seis (6) meses de salarios ordinarios; k) Se ordena además, que para las presentes condenaciones se aprecie la variación en el valor de la moneda durante el tiempo que mediare entre la fecha de la demanda y la fecha en que se pronunció la sentencia, según lo establecido en el artículo 537 del Código de Trabajo; Quinto: Rechaza las demás reclamaciones formuladas por la trabajadora, por los motivos expuestos en la presente sentencia; Sexto: Compensa pura y simplemente las costas procesales; Séptimo: C. al ministerial D.A.B.P., Alguacil de Estrados de este Tribunal para que notifique la presente sentencia”;

2) Con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra la decisión

de primer grado, intervino la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Distrito

Judicial de San Francisco de Macorís, el 22 de enero de 2013, con el siguiente

dispositivo:

Primero: Da acta del desistimiento hecho en audiencia por la recurrente, doctora G.I.A.G., de las reclamaciones en contra de los doctores A.G., F.M. y L.F.G. y ordena la formal exclusión del proceso de dichos profesionales de la medicina; Segundo: Declara regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación tanto principal como incidental interpuestos por la doctora G.I.A.G. y el Centro Médico Dr. Ovalle, SRL, respectivamente, en contra de la sentencia laboral núm. 155-2012 dictada en fecha 17 de septiembre de 2012 por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Duarte, cuyo dispositivo fue antes copiado; Tercero: En cuanto al fondo, tal como se examina en los motivos de la presente decisión, la Corte, obrando por contrario imperio modifica el inciso “i” del ordinal “cuarto” y revoca los ordinales “quinto” y “sexto” de la sentencia a qua, relativos a los daños y perjuicios, rechazo de derechos y compensación de costas, respectivamente; Cuarto: Condena al Centro Médico D.O., S.R.L., a pagar los siguientes valores a favor de la doctora G.I.A.G., por concepto de los derechos que a continuación se detallan, sobre la base de un salario promedio mensual de RD$50,000.00 y tres años, ocho meses y cuatro días laborados: a) RD$65,568.61 (sesenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos con sesenta y un centavos), por concepto de 125 horas de servicios extraordinarios prestados durante el descanso semanal, aumentadas en un 100%; b) RD$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos), por concepto de salarios ordinarios adeudados de los meses de octubre y noviembre de 2011; c) RD$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos), por concepto de daños y perjuicios por inobservancia de la Seguridad Social y no otorgamiento de vacaciones, descansos y la falta de pago de derechos laborales pecuniarios; Quinto: Confirma los demás aspectos de la sentencia impugnada; Sexto: Condena al Centro Médico D.O., SRL, al pago de las costas procesales originadas en ambas instancias, ordenando su distracción a favor y provecho del abogado de la contraparte, licenciado J.F.T., que ha manifestado estarlas avanzando”;

3) Dicha sentencia fue recurrida en casación, dictando al respecto la Tercera

Sala de la Suprema Corte de Justicia la decisión, del 24 de junio de 2015, mediante

la cual casó la decisión impugnada, disponiendo en sus motivaciones:

“(…) del estudio de la sentencia objeto del presente recurso se concluye que la misma incurre en desnaturalización, falta e insuficiencia de motivos, así como en falta de base legal, al no precisar si las instrucciones que recibía el recurrido se limitaban a una orientación general, o las mismas se regían directamente sobre la ejecución del trabajo, su coordinación, vigilancia y dirección de la actividad laboral, por lo cual procede casar la misma, sin necesidad de examinar los demás medios”;

4) Para conocer nuevamente el proceso y dentro de los límites del envío fue

apoderada la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, la cual,

actuando como tribunal de envío, dictó la sentencia ahora impugnada, en fecha 05

de enero de 2016; siendo su parte dispositiva: PRIMERO: Se acoge como bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación principal interpuesto por la señora DRA. G.I.A.G., y el incidental incoado por la empresa CENTRO MEDICO DR. OVALLE y los DOCTORES A.G., F.M. y L.F.G., contra la sentencia No. 155-2012, de fecha diecisiete (17) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Duarte, por haber sido hecho de conformidad con las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: Se rechaza el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida y apelante incidental, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; TERCERO: En cuanto al fondo, se acogen en parte las conclusiones subsidiarias planteadas por la parte recurrente principal señora G.I.A.G., y las realizadas por la parte recurrida y apelante incidental la empresa CENTRO MEDICO DR. OVALLE S.R.L., en consecuencia y por efecto de dichos recursos, se modifica la sentencia impugnada en cuanto a los literales d, e, f y g, del numeral Tercero de la misma y a su vez, se rechaza en parte el recurso de apelación principal y en parte el incidental incoado por las indicadas partes por improcedentes, mal fundados y carente de base legal; CUARTO: Se declara que las partes se encontraban vinculadas mediante un contrato de trabajo por tiempo indefinido, el cual terminó por efecto de la dimisión ejercida por la trabajadora, la cual se declara justificada y con responsabilidad para el empleador; QUINTO: Se condena a la empresa CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L., a pagar en beneficio de la DRA. G.I.A.G., los valores que se describen a continuación: 1) La suma de RD$58,749.47 pesos, por concepto de 28 días de preaviso; 2) La suma de RD$159,462.44 pesos, por concepto de 76 días de auxilio de cesantía; 3) La suma de RD$300,000.00 pesos, por concepto de seis (6) meses de salario ordinario, por aplicación del artículo 95, ordinal 3º, del Código de Trabajo; 4) La suma de RD$95,000.00 pesos, por concepto de salarios no pagados correspondiente a los pacientes del mes de octubre y noviembre del año 2011; 5) La suma de RD$31,294.57 pesos, por concepto de los días trabajados durante el mes de diciembre; 6) La suma de RD$29,374.66 pesos, por concepto de 14 días de vacaciones del último año laborado; 7) La suma de RD$50,000.00 pesos, por concepto del salario de navidad del último año laborado; 8) La suma de RD$125,891.40 pesos, por concepto de 60 días de la participación en los beneficios de la empresa; 9) La suma de RD$40,000.00 pesos, por concepto de daños y perjuicios; SEXTO: Se ordenar que para el pago de las sumas a que condena la presente sentencia, excepto en cuanto al monto acogido por los daños y perjuicios, se tome en cuenta la variación en el valor de la moneda desde la fecha de la demanda y hasta la fecha en que fue pronunciada la presente sentencia. La variación de la moneda será determinada por la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; SEPTIMO: Se compensan las costas del procedimiento en un 50% y se condena a la empresa CENTRO MEDICO DR. OVALLE al restante 50% de las mismas, ordenando su distracción en provecho del LICDO. J.F.T., quien afirma haberla avanzado en su totalidad”:

Considerando: que la parte recurrente, Centro Médico D.O., S.R.L.,

hace valer en su escrito de casación depositado por ante la Secretaría de la Corte a

qua, el siguiente medio de casación:

Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y falsa aplicación del derecho; Segundo Medio: Violación ordinal 1ero le Artículo 5 del Código de Trabajo. Inaplicación omisa de dicho artículo. Reconocimiento de una relación laboral inexistente;

Considerando: que el medio de casación del referido recurso, la parte

recurrente alega, en síntesis, que:

1) La Corte a qua ha desnaturalizado los hechos y documentos de la causa,

considerando que había subordinación en la especie sobre la base de la

pertenencia a una organización; que esa pertenencia o ejecución del servicio

dentro de una organización es sólo un indicio del lazo de subordinación, lo

cual es una condición insuficiente para caracterizar el contrato de trabajo;

2) La Corte a qua ha violado específicamente el artículo 5.1 del Código de Trabajo que impide aplicar las disposiciones de ese Código a un profesional

liberal;

Considerando: que la Corte a qua, mediante la sentencia ahora impugnada,

pone de manifiesto que:

“Luego del estudio de los escritos y conclusiones producidos por ambas partes se comprueba, que el objeto y punto de discusión es determinar la naturaleza de la relación de trabajo de la señora G.I.A.G. con el Centro Médico D.O., S.R.L., en vista de que no es negada por dicho centro, no así en cuanto a los demás recurridos los cuales niegan cualquier tipo de relación”;

Considerando: que de conformidad con el artículo 1 del Código de Trabajo,

el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una

retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección

inmediata o delegada de ésta; siendo los tres elementos básicos de todo contrato de

trabajo, la prestación de un servicio personal, subordinación y el salario;

Considerando: que los artículos 15 y 16 del Código de Trabajo disponen:

“Art. 15: Se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del contrato de trabajo en toda relación de trabajo personal. Cuando se presenten en la práctica situaciones mixtas, en las cuales el contrato de trabajo se halle involucrado con otro u otros contratos, se dará preferencia a aquel de los contratos que esté más vinculado a lo esencial del servicio prestado”;

Art. 16: Las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación pueden probarse por todos los medios;

Sin embargo, se exime de la carga de la prueba al trabajador sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador, de acuerdo con este Código y sus reglamentos, tiene la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el Libro de Sueldos y Jornales”;

Considerando: que el Código de Trabajo establece una presunción juris

tantum en su artículo 15, en virtud del cual se presume la existencia del contrato de

trabajo en toda relación de trabajo personal; mientras que el artículo 16 de dicho

Código, libera a los trabajadores de hacer la prueba de los hechos que se establecen

en los documentos que los empleadores tienen que registrar y conservar ante las

autoridades de trabajo, lo que unido a lo dispuesto en el artículo 34 de dicho

Código, hace reputar que cada vez que un demandante demuestra haber prestado

sus servicios personales al demandado, se presume que éstos fueron como

consecuencia de un contrato de trabajo por tiempo indefinido; que esta presunción

prevalece hasta tanto el demandado haga prueba de que dichos servicios eran

prestados como consecuencia de un vínculo contractual de otra naturaleza;

Considerando: que del estudio del expediente y de la sentencia recurrida en

casación, estas S.R. han podido comprobar y son de criterio que:

1) Para fallar, como al efecto lo hizo, la Corte a qua estableció como hechos

comprobados, los siguientes:

a) La Dra. G.I.A.G. desempeñaba la labor de sonografista en el Centro Médico Doctor Ovalle, cuya forma de pago era calculado tomando como base un porciento de lo pagado al departamento de Caja del Centro Médico, por los pacientes tanto privados como asegurados que eran atendidos por la Doctora Gloria I. Abukarma Garabot; b) El servicio era prestado en las instalaciones del Centro Médico Doctor Ovalle; en horas de la mañana y con los equipos de dicho Centro, asumiendo éste los costos operacionales;

c) La recurrida no pagaba algún alquiler o renta para realizar sus labores; ni salario a ningún personal asistente, los cuales corrían por cuenta del Centro Médico D.O., S.R.L.;

2) La Corte a qua fundamentó su decisión en los siguientes motivos:

“CONSIDERANDO: Que ha sido luego del estudio y ponderación de los documentos descritos con anterioridad así como las declaraciones anteriormente transcritas que esta Corte ha podido determinar que en el caso de la especie, concurren los siguientes elementos fácticos: A) Que la DRA. G.I.A.G. prestaba la labor como sonografista en el Centro Médico Doctor Ovalle, teniendo un número de código (Me 0094), emitido por el Centro Médico D.O., cuya forma de pago era calculada tomando como base un porciento de lo pagado al departamento de caja del CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L., por los pacientes tanto privados como asegurados que eran atendidos por la Doctora Gloria Ivonne Abukarma Garabot, mediante cheques emitidos por el Centro Médico Dr. Ovalle; B) El servicio prestado por la Dr. GLORIA I.A.G., era realizado en las instalaciones del Centro, en horas de la mañana y con los equipos de dicho centro, asumiendo el centro los costos operacionales, sin tener la trabajadora que pagar ninguna renta para realizar sus labores, ni salario a ningún personal asistente, los cuales corrían por cuenta del CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que la señora G.I.A.G., ha demandado conjuntamente con el CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L., a los DRES. A.A.G.G., L.F.G.M. y F.M.M.P., comprobándose del análisis de las pruebas señaladas en otra parte de esta decisión que el CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L., es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, y no se ha establecido la prestación de un servicio personal por parte de la señora G.I.A. a favor de ninguna de las personas físicas demandadas, razón por la cual procedemos a excluir del expediente a los señores DRES. A.A.G.G., L.F.G.M. y F.M.M.P., en vista de que el contrato de trabajo fue ejecutado única y exclusivamente a favor del CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L.;

CONSIDERANDO: Que del conjunto de pruebas documentales, las declaraciones de la representante de la empresa, así como de los testigos, los cuales nos han merecido credibilidad en este aspecto, descritas en parte anterior de esta decisión, esta Corte ha podido determinar, que la labor realizada por la DRA. G.I.A.G., era en beneficio y bajo la coordinación, vigilancia, dirección y control del CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L., quien tenía a su cargo todo el aspecto organizacional del servicio que se brindaba a la población, esto es, lo relativo al cobro por servicios a los pacientes privados y asegurados, determinar el tipo de seguro a aceptar, el cobro del monto a pagar, manejar los horarios de servicios al público, la recepción de los pacientes, a través de los canales administrativos propios a su organización funcional. Además, los pacientes atendidos por la recurrente en el CENTRO MEDICO DR. OVALLES, S.R.L., no respondían a clientes personales o particulares de la misma, sino, que procuraban los servicios a través de dicho centro de salud, el cual los conducía al departamento de sonografía de la misma, lo que pone de relieve que la organización interna y coordinación de la actividad laboral realizada por la recurrente en lo que respecta a su obligación de trabajar estaba a cargo de la empresa CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L”;

3) Asimismo, la sentencia impugnada consigna, en su Vigésimo Séptimo

“Considerando” que: “CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis de los hechos comprobados por esta Corte y los textos de ley antes descritos se establece, que las partes se encontraban vinculadas mediante un contrato de trabajo por tiempo indefinido, en razón de que la DRA. G.I.A.G. realizaba labores permanentes en la empresa, las cuales tenían como objeto satisfacer necesidades normales, constantes y uniforme en el área de sonografía del CENTRO MEDICO DR. OVALLE, S.R.L., razón por la cual se confirma la sentencia impugnada en cuanto a este aspecto”;

4) Ha sido criterio de esta Corte de Casación que la subordinación es el

elemento determinante del contrato de trabajo. Es aquella que coloca al

trabajador bajo la autoridad del empleador “dictando normas, instrucciones

y órdenes para todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo”. Es la

subordinación jurídica que distingue el trabajador sometido al contrato de

trabajo, del trabajador independiente, que presta un servicio con

autonomía”;

5) En ese mismo sentido, este Tribunal ya ha juzgado que entre los signos más

resaltantes de la subordinación jurídica figuran: el lugar de trabajo, el

horario de trabajo, suministro de materias primas o de productos, dirección

y control efectivo;

Considerando: Asimismo, en virtud de lo establecido en el principio IX del

Código de Trabajo, en los casos de controversia sobre la naturaleza jurídica de un

contrato como acontece en la especie, los jueces del fondo deben indagar y precisar las circunstancias en que el mismo se ejecuta, pues es su modo de ejecución lo que

les permitirá determinar su verdadera naturaleza;

Considerando: que los jueces pueden a través del principio de la primacía

de la realidad y de la búsqueda de la verdad material de los hechos, determinar en

un examen integral de las pruebas aportadas la naturaleza de la relación que

existía entre las partes, así como la existencia o no del contrato de trabajo, alegado

por una y negado por otra;

Considerando: que en virtud del artículo 542 del Código de Trabajo, los

jueces gozan de un poder soberano de apreciación en el conocimiento de los

modos de prueba, lo que les otorga facultad para escoger, entre pruebas disímiles

aquellas que les resulten más verosímiles y descartar las que a su juicio no le

merecen credibilidad;

Considerando: que si bien es cierto que no hay relación laboral entre un

profesional médico liberal y el centro médico al cual dicho profesional pertenece y

en el cual se desempeña a través de un determinado código, en vista de que el

centro médico se limita, en efecto, a conceder el acceso de dichos profesionales

especialistas, una vez culminada su residencia; no menos cierto es que ocurre

distinto con determinados servicios brindados dentro del centro médico, para los

cuales éste busca y contrata el personal necesario, procediendo, no solamente con

el pago a dicho personal –dependiendo de la modalidad del contrato concertado,

ya sea civil o laboral-, sino también con el suministro de equipos, abastecimiento

de material gastable, adecuación de espacios y estructura física, y demás

requerimientos que permitan garantizar el funcionamiento normal del centro, estableciendo el centro, a su vez, un horario determinado y el costo de dichos

servicios;

Considerando: que por lo precedentemente expuesto en esta sentencia,

particularmente en el anterior “Considerando”, estas S. concluyen que en la tarea

de delimitar la naturaleza contractual de la prestación de servicios médicos es

menester apreciar las distintas circunstancias de cada caso en particular, ya que en

estas puede que queden configurados los elementos propios de toda relación

laboral, tal como ha ocurrido en el caso en cuestión; sin que necesariamente suceda

así en otros casos de prestación de servicios médicos;

Considerando: que estas S.R. juzgan que los jueces del fondo, al

fallar como lo han hecho, con base en los razonamientos contenidos en la sentencia

y parte de los cuales han sido copiados, hicieron una correcta ponderación de los

medios de prueba debidamente aportados por las partes, dándoles el valor

probatorio adecuado; que, tras la ponderación de los mismos, y, en uso de su

soberano poder de apreciación llegó a la conclusión de que existía una relación

laboral por tiempo indefinido entre el ahora recurrente y la recurrida, la cual

terminó por dimisión ejercida por ésta última; sin incurrir con ello en los vicios

denunciados en el medio de casación que se examina, dando motivos suficientes

para justificar su fallo;

Considerando: que la sentencia impugnada contiene una relación completa

de los hechos y motivos suficientes, razonables y pertinentes que permiten a esta

Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los medios

examinados carecen de fundamento y procede rechazar, como al efecto se rechaza, este recurso de casación;

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,

FALLAN:

PRIMERO:

Rechazan el recurso de casación interpuesto por el Centro Médico Dr. Ovalle, S.R.L. contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, el 05 de enero de 2016, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo;

SEGUNDO:

Condenan a la parte recurrente al pago de las costas y las distrae en favor de los Licdos. J.F.T. y J.M.R., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.

(Firmados) M.G.M.-M.R.H.C. -MiriamC.G.B.-F.A.J.M. -EdgarH.M.-M.A.R.O.-B.R.F.-F.E.S.S.-A.M.S.-J.H.R.C.C.P.Á.-M.A.F.L..

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.