Sentencia nº 2432 de Suprema Corte de Justicia, del 26 de Diciembre de 2018.

• Número de sentencia: 2432
• Número de resolución: 2432
• Fecha: 26 Diciembre 2018
• Emisor: Segunda Sala Suprema Corte de Justicia

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 26 de diciembre de 2018, que dice:

D., Patria y Libertad República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción

Germán Brito, P.; E.E.A.C. y Alejandro

Adolfo Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrados, en la Sala

donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de

G., Distrito Nacional, hoy 26 de diciembre de 2018, años 175° de

la Independencia y 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública,

como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre los recursos de casación interpuestos por Carlos Miguel

Rozón, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y

electoral núm. 223-0031993-0, con domicilio en la Miramar Norte, Km.

10, núm. 66-A, sector Los Frailes I, imputado; y J.M. de la Cruz,

dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral

1

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Arismar, Los Frailes I, querellante, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00164, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de mayo de

2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate

de los recursos de casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Licdo. O.D.S.E., en la formulación de

sus conclusiones en representación de C.M.R., recurrente;

Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Procurador

General de la República, L.. A.M.B.;

Visto el escrito del memorial de casación suscrito por el Licdo.

O.D.S.E., en representación de Carlos Miguel

Rozón, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de mayo de

2016, mediante el cual interpone dicho recurso;

2

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do C.M.P., en representación de J.M. de la Cruz,

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de agosto de 2016,

mediante el cual interpone dicho recurso;

Visto la resolución núm. 1062-2017, dictada por la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia el 21 de marzo de 2017, mediante la cual

declaró admisibles, en la forma, los up supra aludidos recursos, fijando

audiencia para el día 28 de junio de 2017, a fin de debatirlos oralmente,

fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala

diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30)

días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar

por motivos razonables; produciéndose la lectura el día indicado en el

encabezado de esta sentencia;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156

de 1997 y 242 de 2011;

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber

deliberado y, visto la Constitución de la República, los Tratados

Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios;

la normativa cuya violación se invoca; así como los artículos 70, 246, 393,

3

Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015; y las

resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009 dictadas por la Suprema Corte

de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009,

respectivamente;

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos

que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:

1. que el 25 de julio de 2011, el Procurador Fiscal Adjunto de la

   provincia Santo Domingo, Dr. F.A.R.C., presentó

   acusación y solicitud de apertura a juicio contra el ciudadano Carlos

   Miguel Rozón, por el hecho de este asistirse de un arma blanca

   (machete), y agredir físicamente al menor de edad J.M.C.E.,

   produciéndole heridas considerables; inculpándolo de violar las

   disposiciones de los artículos 2, 295, 296, 309, 309.3 letras b, c y e, del

   Código Penal Dominicano; 50 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y

   Tenencia de Armas; y 396 de la Ley núm. 136-03, que instituye el Código

   para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños,

   Niñas y Adolescentes; acusación admitida de forma total por el Quinto

   4

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do emitiendo auto de apertura a juicio contra el encartado;

2. que para la celebración del juicio fue apoderado el Primer

   Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia

   del Distrito judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia marcada

   con el núm. 053-2013 el 19 de febrero de 2013, cuyo dispositivo figura en

   la decisión impugnada;

3. que por efecto del recurso de apelación interpuesto por el

   imputado C.M.R., contra la referida decisión, intervino la

   sentencia núm. 544-2016-SSEN-00164, ahora impugnada en casación,

   dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

   Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de mayo de 2016, cuyo

   dispositivo se describe a continuación:

   “ PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. O.D.S.E., en nombre y representación del señor C.M.R., en fecha cinco (5) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia núm. 053-2013 de fecha diecinueve (19) del mes de febrero del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente:

   5

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do A., por ante el Ministerio Público para fines correspondiente; Segundo: Varía la calificación jurídica excluyendo los artículos 296 y 309 del Código Penal Dominicano; Tercero: Declara al señor C.M.R. (a) Pinguilo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0401080-6, domiciliado y residente en la avenida D. núm. 322 del sector E.L., recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, culpable de violar las disposiciones de los artículos 2 y 295 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del menor J.M.C.E., representado por J.M. de la Cruz, por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal; en consecuencia, se condena a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, así como al pago de las costas penales; Cuarto: Convoca a las partes del proceso para el próximo día martes que contaremos a veintiséis (26) del mes del febrero del año dos mil trece (2013), a las 9:00 a. m., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes´; SEGUNDO: Modifica la decisión recurrida, en consecuencia, varía la calificación dada a los hechos de violación a los artículos 2 y 295 del Código Penal Dominicano, por la de violación a los artículos 309 y 310 del Código Penal Dominicano, en consecuencia, declara al señor C.M.R. (a) Pinguilo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0401080-6, domiciliado y residente en la avenida D. núm. 322 del sector E.L., recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, culpable de violar las disposiciones de los artículos 309 y 310 del Código Penal

   6

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do representado por J.M. de la Cruz, por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia, se condena a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión mayor, confirmando en los demás aspectos la sentencia objeto del presente recurso; TERCERO: Compensa las costas del procedimiento para que cada parte soporte su propia carga, en virtud de la consecuencia de la presente decisión que acoge en parte las conclusiones de la parte recurrente; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”;

   Considerando, que el imputado recurrente C.M.R.,

   por medio de su abogado, propone contra la sentencia impugnada el

   siguiente medio:

   “Único Medio: Sentencia manifiesta y parcialmente infundada.…que es de fácil observación que en ningún momento o en ninguna instancia se ha establecido o probado que en el presente caso haya convergido la premeditación o la acechanza, sino que, muy por el contrario, según los testimonios de los testigos a cargo, al momento que el entonces menor de 17 años J.M. de la Cruz Echavarría se desmontó de una guagua, el imputado C.M.R. se abalanzó sobre el mismo y le profirió tres
   (3) machetazos…, cuyos actos per se no constituyen dicha figura de la premeditación y la acechanza. (…) que en otras palabras, la calificación dada por la Corte a-qua de violación

   7

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do premeditación y acechanza deviene en infundada, pues al efecto no se ha aportado ningún elemento de prueba de que el imputado estuviera esperando al joven J.M. de la Cruz Echavarría al momento que llegó del alegado paseo y se desmontó de la guagua, ni que tampoco que lo hubiera seguido camino a su casa, sino que todo sucedió en el mismo lugar, donde casualmente ambas partes se encontraron; a que en ese tenor, se nota que la corte está actuando en base a meras suposiciones, viniendo en contradicción: “si tenía un machete era porque habría pensado o tenía la intención de herir a alguien”, con lo cual estaríamos afirmando que todo aquel que produjere golpes y heridas a otro con un arma blanca o de fuego, por el solo hecho ya de tener el arma concurre el ilícito de premeditación y acechanza, pues se supone que ya habría concebido la idea de cometer el delito y que aguardó en determinado lugar para matar a esa persona y tenía el arma a esos fines, con lo cual entonces, el artículo 309 estaría siempre acompañado del artículo 310; a que así las cosas queda claramente evidenciado que en el ilícito que nos ocupa de golpes y heridas sancionado por el artículo 309 del Código Penal Dominicano, no converge el ilícito del 310 dicho Código, referente a la premeditación y la acechanza; y que la Corte a-qua en su sentencia no establece motivos basados en las pruebas aportadas en primer grado, que así establecieran la existencia de dichas figuran, por lo que en este aspecto la sentencia recurrida deviene en infundada”;

   8

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do por medio de su abogado, propone contra la sentencia impugnada el

   siguiente medio:

   “Sentencia infundada, toda vez que la Corte a-qua hizo una errada interpretación de la ley al darle una calificación diferente e inadecuada a los hechos para favorecer al imputado. 1.- Que de la existencia del hecho queda por discutir enteramente el aspecto de la sanción del hecho que fue causado de la manera que ambos tribunales tuvieron a bien sancionar; 2.- Sobre esa base, la tentativa de homicidio se configura en los aspectos siguientes: a) La presencia de un machete; b) La presencia de una persona llamada C.M.R., quien era el detentador de ese machete; c) Que este confesó y determinaron los testigos que C.M.R. fue la persona que le causó las heridas a un menor de edad; d) Que los golpes y las heridas todas fueron producidas en la cabeza y en partes del cuerpo que salieron lesionadas al tratar de defenderse un menor de edad indefenso; 3.- Que debe verificar los aspectos relacionados a los hechos en su extinción. Un machete es un arma filosa y contundente al mismo tiempo. Su finalidad es para cortar, pero ese es su carácter natural de su uso; 4.- Sin embargo, en manos de una persona con intención de dañar se torna en una arma peligrosa. Y es así que con toda premeditación, esperó que el adolescente estuviera en una posición indefensa y lo agrede, y que el menor de edad, salvó la vida de manera milagrosa, en el sentido de que recibió las heridas dirigidas a partes del cuerpo que son mortales como son la

   9

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do delictuosa de uno frente al otro delito no guarda mucha diferencia como sucede en la especie, lo que la corte no señala es el elemento que ellos retuvieron para que la infracción de golpes y heridas gravosos pueden ser retenidos y que sean contrarios a la tentativa de homicidio sobre estos aspectos el tribunal incurrió en las siguientes inobservancias: 1) Que estaba en la obligación de ponderar la conducta practicada por el procesado u acusado de la infracción; 2) Que el estudio de estos elementos debe ser serio y preciso, dado que se manifestó que era a un menor de edad que se agredía y que pudo haberle causado la muerte; 3) En consecuencia, se hace una errónea valoración de las pruebas y una franca contradicción a su propio fallo, en el sentido de que la determinación de la falta penal de manera automática, colectiva y frenética”;

   Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por

   establecido, en síntesis, lo siguiente:

   “6. Que dentro de los motivos del Tribunal a-quo del cual aduce la parte, incurre ilogicidad y falta de motivos toda vez que no se establece que en el caso de especie estuvieran presentes los elementos constitutivos que tipifican la tentativa de homicidio, en la página 14 de la sentencia de marras tal y como lo indica la parte recurrente, el Tribunal a-quo establece entre otras cosas, lo siguiente: “Que conforme a los hechos, procede excluir del proceso las disposiciones contenidas de los artículos 296 y 309 del Código Penal Dominicano, ya que a través de los testimonios presentados por la parte acusadora, se

   10

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do por parte del imputado C.M.R. (a) Pinguilo, en contra del menor J.M.C.E., no logrando su propósito por causas independientes de su voluntad…”, que en ese sentido, el Tribunal a-quo no indicó tal y como lo refiere la parte recurrente, en qué consistió la causa independiente, cúal fue esta causa que siendo externa impidió la comisión del homicidio. 7. Que en ese mismo tenor y sentido, de la lectura de la sentencia y valoración de los testigos por el Tribunal a-quo, resultan hechos claros y fijados los siguientes: - Que la víctima menor de edad al momento de la ocurrencia de los hechos fue herida con arma blanca por el imputado; - Que el imputado le infirió las heridas con un machete y no se presentó prueba a descargo como para indicar un motivo eximente por el cual el imputado a lo tuviese en su poder; - Que la víctima habría llegado de un paseo y camino a su casa salió el imputado, quien comenzó a inferirle heridas, sin causa entendible; - Que las heridas resultaron serias según certificado médico núm. 6613 del Inacif de fecha 20 de diciembre del año 2010. 8. Que esta corte no puede inferir la posibilidad de una tentativa de homicidio como lo estableció el Tribunal a-quo, toda vez que dejó de explicar los motivos que impidieron que la acción de matar se produjera, que la tentativa prevista en el artículo 2 del Código Penal Dominicano, requiere de los elementos siguientes: 1. Que se haya manifestado por un comienzo de ejecución; 2. Que se haya tenido la intención de incurrir en determinado crimen, realizándose cuanto estaba de parte del autor para cometerlo; 3. Que no se haya conseguido el fin perseguido, por causas independientes de la voluntad del agente; por lo que esta corte ha determinado de acuerdo al

   11

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do a cargo del imputado C.M.R., constituye el ilícito penal de heridas y golpes voluntarios no calificados de homicidio, donde concurren las circunstancias de premeditación o acechanza que le produjeron a la víctima lesiones curables por más de veintiún días, según se desprende del certificado médico y la fecha de ocurrencia de los hechos antes indicados, previstos y sancionados por los artículos 309 y 310 del Código Penal, en perjuicio de J. M.
   C. E, en violación al numeral 4 del artículo 417 del Código Procesal Penal, que consiste en la violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, al calificar erróneamente los hechos de tentativa de homicidio, pues no se dan todos los elementos constitutivos que tipifican el tipo penal, pues no ha quedado demostrado el logro de su propósito por causas independientes de su voluntad o insuperables; lo que se desprende y quedó demostrado, son los golpes y heridas voluntarios no calificados de homicidio, con premeditación, acechanza, toda vez que el imputado C.M.R. habría aguardado por la víctima, quien al llegar de un paseo, camino a su casa el imputado le salió al encuentro comenzando con la agresión con un machete, que para hacer uso del machete ya habría concebido la acción de causar daño e inferir heridas, ya que se deduce que el imputado aguardó más o menos un tiempo hasta que pasara la víctima con el fin de ejercer contra él acto de violencia; por lo que procede modificar la calificación dada por el Tribunal a-quo y acoger parcialmente los alegatos del recurrente, de conformidad con la consecuencia jurídica de la presente sentencia, como se indicará en el dispositivo de la presente decisión”;

   12

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do medios planteados por los recurrentes:

   En cuanto al recurso de C.M.R.:

   Considerando, que este recurrente por vía de su memorial de

   casación, establece que lo razonado por la Corte a-qua deviene en

   infundado, toda vez que la calificación jurídica dada a los hechos por

   dicha alzada no tiene sustento alguno -pruebas- que de por establecida la

   configuración de la figura de la premeditación y la asechanza consagrada

   en las disposiciones del artículo 310 del Código Penal Dominicano;

   Considerando, que la Corte a-qua al observar y examinar la decisión

   del tribunal de primer grado, y constatar los hechos fijados y

   comprobados por dicha dependencia, estimó necesario dar a los mismos

   la verdadera fisionomía, por lo que varió la calificación jurídica allí

   adoptada hacia la violación a las disposiciones de los artículos 309 y 310

   del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el tipo penal de

   golpes y heridas con premeditación y asechanza, y para ello, reevaluó los

   medios probatorios sometidos en sede de juicio; que al considerar la

   alzada enmarcar los hechos dentro del referido tipo penal, no lo hizo

   aisladamente como pretende hacer valer el reclamante, ya que existen

   13

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do válidamente el razonamiento esbozado;

   Considerando, que muy bien justifica la alzada sus argumentos, al

   referir, como se observa en otra parte de esta decisión, que:

   …lo que se desprende y quedó demostrado son los golpes y heridas voluntarios no calificados de homicidio, con premeditación, acechanza, toda vez que el imputado C.M.R. habría aguardado por la víctima, quien al llegar de un paseo, camino a su casa el imputado le salió al encuentro comenzando con la agresión con un machete, que para hacer uso del machete ya habría concebido la acción de causar daño e inferir heridas, ya que se deduce que el imputado aguardó más o menos un tiempo hasta que pasara la víctima con el fin de ejercer contra el acto de violencia

   ; (ver página 7, considerando 8 de la decisión recurrida);

   Considerando, que a criterio de esta Segunda Sala, la referida

   actuación no puede considerarse como arbitraria ni infundada, en el

   entendido de que la Corte a-qua razonó en tal forma a los fines de

   imponer la pena idónea al ilícito configurado, y dadas las circunstancias

   en que el mismo tuvo lugar; máxime, cuando esa potestad es otorgada

   por la disposición del artículo 336 del Código Procesal Penal, cuando

   señala en su párrafo segundo que: “en la sentencia, el tribunal puede dar al

   14

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do acusación, o aplicar penas distintas de las solicitadas , pero nunca superiores”;

   que en el caso concreto, la alzada actuando dentro de sus facultades,

   modificó la sentencia condenatoria, variando la calificación y reduciendo

   la pena, situación que, como bien ha indicado esta Corte Casacional, no

   comporta vulneración alguna al orden constitucional ni procesal, toda

   vez que operó de manera fundada; por consiguiente, se rechaza el

   presente medio;

   En cuanto al recurso de J.M. de la Cruz:

   Considerando, que los alegatos planteados por este recurrente se

   circunscriben en que la calificación jurídica dada a los hechos previo a

   ser apoderada la Corte a-qua, a saber, 2, 295 y 309 del Código Penal

   Dominicano – tentativa de homicidio- debió mantenerse invariable, lo

   cual, según refiere, fue transgredido por la Corte a-qua, al adoptar otra

   calificación jurídica para beneficiar al imputado;

   Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de

   justicia, actuando como Corte de Casación, al observar el razonamiento

   esbozado por la Corte a-qua al momento de conocer los méritos del

   recurso de apelación incoado por el imputado C.M.R., ha

   15

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do mismo, y como consecuencia de ello, variar la calificación jurídica fijada

   por el tribunal de sentencia, por considerar que los hechos descritos,

   comprobados y fijados a través del examen de los medios probatorios en

   la indicada sede, erróneamente fueron calificados como tentativa de

   homicidio, por lo que ante ese vicio, otorga la verdadera fisionomía a los

   hechos, sobre la base de las comprobaciones fijadas, como bien advierte

   la norma;

   Considerando, que a criterio de esta Alzada, lo desarrollado por la

   Corte a-qua, se ajusta al marco legal, toda vez que, la calificación jurídica

   de golpes y heridas, tipificada y sancionada en las disposiciones del

   artículo 309 del Código Penal Dominicano, no obstante ser excluida por

   el tribunal de primer grado, resultaba ser propia del caso en cuestión,

   con excepción de la violación a las disposiciones del artículo 296 del

   Código Penal Dominicano, sin embargo, y reevaluado el material

   probatorio que sustentaron el fáctico, dentro de las potestades jurídicas

   que lo facultan, la alzada comprobó que concurrieron circunstancias de

   premeditación o acechanza, no así, la tentativa de homicidio por la

   carencia de elementos constitutivos que lo configuran como tal, lo que

   16

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do su verdadera fisonomía legal;

   Considerando, que si bien lo adoptado por la Corte a-qua tras

   examinar lo ante ella propuesto, en cierto modo benefició al imputado,

   no menos cierto es que, contrario lo aducido por el querellante

   recurrente J.M. de la Cruz, dicho accionar es una facultad legal

   que debe ser observada en la sede correspondiente, para que haya

   coherencia en el ejercicio silogístico inferido; ciertamente, se redujo la

   pena impuesta al imputado como consecuencia del tipo penal

   considerado por la alzada, pero ello no se hizo en aras de adjudicar un

   beneficio al imputado, según reclama el impugnante, sino más bien de lo

   extraído de las piezas del proceso, al razonar válidamente la alzada de lo

   puesto a su consideración, tras hacer una análisis crítico a la decisión del

   a quo; en ese sentido, se rechaza el presente medio;

   Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal

   dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al

   decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto

   rechazar como declarar con lugar dichos recursos;

   17

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do invocados en los medios objetos de examen y su correspondiente

   desestimación, procede el rechazo de los recursos de casación que se

   tratan y la confirmación en todas sus partes de la decisión recurrida, de

   conformidad con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del

   Código Procesal Penal;

   Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código

   Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la

   archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las

   costas procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el

   tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente; por lo

   que en la especie, se compensan las costas generadas del proceso por

   sucumbir ambas partes en sus pretensiones.

   Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

   FALLA:

   Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por C.M.R. y J.M. de la Cruz, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00164, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 5 de mayo de 2016, cuyo dispositivo

   18

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión;

   Segundo: Compensa el pago de las costas del proceso generadas, por las razones expuestas;

   Tercero: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo, para los fines correspondientes.

   (Firmados).-M.C.G.B.-EstherE.A.C..- A.A.M.S..-

   La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que

   figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año

   en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria

   General, que certifico.

   La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional,

   hoy 11 de febrero del año 2019, para los fines correspondientes. Exonerada

   de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.

   C.A.R.V.S. General.

   19

   Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do