Sentencia nº 826 de Suprema Corte de Justicia, del 28 de Noviembre de 2018.

Fecha de Resolución:28 de Noviembre de 2018
Emisor:Tercera Sala
 
CONTENIDO

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Sentencia No. 826

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 28 de noviembre del 2018, que dice así:

TERCERA SALA

Rechaza Audiencia pública del 28 de noviembre de 2018.

Preside: M.R.H.C..

D., Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor W.J., haitiano, mayor de edad, portador del Carnet de Regularización Migratoria núm. DO-01-004308 y Pasaporte núm. RD2332880, domiciliado y residente en la calle 45 núm. 9 C.R., de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, de fecha 21 de noviembre de 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante;

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Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. T.G. por sí y por la Licda. G.M.R.B., abogadas de la sociedad comercial recurrida, Alma Iglesias & Asociados, SRL.;

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 15 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. J.U.D.T., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1023615-5, abogado del recurrente, el señor W.J., mediante el cual propone el medio de casación que se indica más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 2 d marzo de 2018, suscrito por las Licdas. G.M.R.D., A.J.A.I., M.L.R.M. y C.A.R., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0791068-9, 001-0089430-2, 223-0100493-7 y 223-0113147-4, respectivamente, abogadas de la sociedad comercial recurrida;

Que en fecha 31 de octubre de 2018, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones laborales, integrada por

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los Jueces: M.R.H.C., P.; E.H.M. y M.A.F.L., asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación;

Visto el auto dictada el 26 de noviembre de 2018, por el magistrado M.R.H.C., P. de esta Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado R.C.P.Á., Juez de esta Sala, para integrar la misma en deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934;

Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de la demanda en reclamo de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnización en daños y perjuicios, interpuesta el señor W.J., contra Alma Iglesias & Asociados, SRL., la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 106/2017, de fecha

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29 de marzo de 2017, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge el medio de inadmisión propuesto por la parte demandada, en consecuencia, declara inadmisible la demanda incoada en fecha 8 de abril de 2016, por el señor W.J., contra Alma Iglesias & Asociados, el Ing. M. y el maestro C., por falta de interés del demandante; Segundo: Condena a la parte demandante W.J., al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción a favor y provecho de las Licdas. G.M.R.D., A.J.A.I., M.L.R.M., quienes haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Se acoge, en cuanto a la forma, el recurso de apelación incoado por el señor W.J., contra la sentencia núm. 106/2017 de fecha 29/3/2017, dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: En cuanto al fondo, confirma la misma por los motivos arriba expuestos; Tercero: Se condena al trabajador W.J. al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de las Licdas. G.M.R.B., A.J.A.I. y M.R.M., abogadas de la parte recurrida quien afirmó estarlas avanzando en su mayor parte; Cuarto: "En virtud del principio de aplicación directa de la Constitución,

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la presente sentencia, una vez adquirida el carácter de la fuerza ejecutoria por disposición de la ley para llevar a cabo su ejecución, el ministerial actuante debe estar acompañado de la fuerza pública, la cual se canalizará según lo dispone el artículo 26 inciso 14 de la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público"; (Resolución núm. 17/15 de fecha 3 de agosto del 2015, del Consejo del Poder Judicial)”;

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio; Único Medio: Falta de motivos, contradicción de motivos, falta de base legal, error grosero, exceso de poder, violación a las reglas de la prueba, desnaturalización de los hechos y de las pruebas, violación al poder de apreciación y del papel activo del J. en materia laboral y violación a la tutela judicial efectiva.

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación propuesto por la parte recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que como se puede apreciar, en la página 8 de la sentencia que se recurre, esta recoge todo el escenario donde se comprueba que tanto en Primer Grado como ante la Corte, el señor W.J. no sabe leer ni escribir, que estampó cruces como firma, tanto en el Poder de Cuota Litis, en su Pasaporte, así como en el Plan de Regularización Migratoria, que aun la Corte haber comprobado que el señor W.J. no sabe

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firmar y que los rasgos de las cruces con las cuales firmó ante esa Corte, no coinciden con las letras fluidas y estampadas en el fraudulento recibo de descargo presentado por la demandada, da como bueno y válido dicho recibo de descargo y confirma la sentencia de primer grado, por lo que dicha sentencia deberá ser casada”;

Considerando, que la parte recurrente sigue alegando: “que la Corte a-quo, a pesar de tener en sus manos el pasaporte original, el original del Plan de Regularización Migratoria y conocer la comparecencia personal del trabajador, comprobó que este firma con cruces, el Tribunal hizo caso omiso de esta comprobación hecha por ella misma, evidenciándose contradicción de motivos y la falta de base legal”;

Considerando, que la parte recurrente sigue exponiendo: “que la Corte desnaturalizó las declaraciones del testigo a cargo de la parte demandada, pues le dio credibilidad a estas, a pesar de que en expresó que aunque vio firmar al señor W.J., no recuerda como firmó”;

Considerando, que la parte recurrente sigue aduciendo: “que a pesar de que la instancia de demanda se hizo por despido injustificado, en fecha 21 de marzo de 2016, la parte demandada, en su escrito de

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defensa alega que el trabajador fue desahuciado, el 2 de febrero de 2016, por lo que evidentemente la Corte debió revocar la sentencia de primer grado por despido y acoger la demanda por desahucio, y condenar a la demandada al pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos, y un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones laborales, contados desde el 11 de marzo de 2016, hasta que realice el pago total; asimismo, la sentencia impugnada, contiene violaciones tales como, falta de motivos, contradicción de motivos, falta de base legal, exceso de poder, violación a la regla de la prueba, violación al poder de apreciación, y a la tutela judicial efectiva”;

Considerando, que la sentencia, objeto del presente recurso, expresa entre otras cosas: “que del estudio del expediente, esta Corte ha comprobado que el recurrente alega laboró por espacio de 8 meses como ayudante de construcción con un salario de RD$ 13 Mil Pesos mensuales, hasta que fue despedido, lo que luego corrigió por desahucio y que reclama sus prestaciones correspondientes y RD$200 Mil Pesos en daños y perjuicios por no inscripción en la Seguridad Social;

Considerando, que así mismo, la sentencia, objeto del presente recurso, expresa: “que por su parte la recurrida principal alega que

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desahució al demandante y recurrente, que este recibió los valores que les correspondían y dio descargo y finiquito, indicando renunciaba a toda acción contra los demandados, por lo que plantea la inadmisibilidad de la demanda fundado en la falta de interés, a consecuencia de lo cual entiende debe mantenerse la sentencia que declara inadmisible dicha demanda”;

Considerando, que la sentencia, objeto del presente recurso, expresa: “que existe un recibo de descargo alegadamente suscrito por el recurrente, en base al cual es reconocido el desahucio y recibe la suma de Ocho Mil Ciento Setenta y Siete Pesos con 69/00, y dice no tener nada más que reclamar, tanto frente a la sociedad Alma Iglesias & Asociados, como a los señores A.A., C.A. y G.B., documento este al que se intentó hacer varias experticias en el Inacif a requerimiento de la Juez apoderado, lo que no fue posible porque el ahora recurrente indicaba que no sabía leer ni escribir, lo que impedía verificar si los trazos se correspondían o no con la escritura del recurrente, pues por igual reposa el Acta de Audiencia en la que compareció en primer grado el recurrente y el demandante en ese momento en que afirmó que solo al Inacif, que al preguntársele si llegó a

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firmar, dice que sí, pero que no sabe leer ni escribir, luego afirma haber hecho cruces allá, no recordar ese papel, conocer que su patrón alega que el firmó, negarlo, porque no sabe firmar, sin embargo en el Poder de Cuota litis intervenido entre el recurrente y su abogado figura ciertamente una firma con tres cruces, en su pasaporte no puede distinguirse el tipo de trazos que usa para firmar, porque está debajo de lo que parece ser una huella digital, que en audiencia, esta Corte y frente a los jueces volvió a firmar con tres cruces y con rasgos totalmente diferentes a los expuestos en las demás cruces diferentes entre ellos, pero igual diferente a la estampada en el descargo que sirvió de base para la inadmisión de su demanda, que por igual en primer grado compareció el señor B.P.G., testigo en el descargo en discusión, quien afirmó estar presente cuando al recurrente se le pagaron sus prestaciones aunque dice no recordar como él firmó, elementos estos que le permiten al tribunal entender que la Juez de Primer Grado hizo sus mejores esfuerzos por encontrar la verdad material, pero que la duda, respecto a la firma, fue despejada por el testigo interviniente, que le merecen todo crédito a esta Corte”;

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Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que, la alegada falta de ponderar las pruebas, contradicción de motivos, falta de base legal, exceso de poder, violación a las reglas de la prueba, desnaturalización de los hechos y de las pruebas, violación al poder de apreciación y del papel activo del Juez, en materia laboral, ni acoger los testimonios presentados, es una exteriorización de inconformidad por lo decidido por el Tribunal a-quo, sin ninguna base legal, lo que se deduce, del análisis de los motivos de la sentencia impugnada, toda vez, que los jueces, haciendo un estudio integral de las pruebas aportadas al debate, tanto testimoniales como documentales, en uso de su poder soberano de apreciación de las mismas, entendieron que en Primer Grado compareció el señor B.P.G., testigo en el descargo en discusión, quien manifestó haber estado presente cuando al recurrente se le pagaron sus prestaciones, quedando esclarecida la duda respecto a la firma del señalado recibo, por tanto correspondía al recurrente, demostrar lo contrario, que a pesar de haber depositado varias listas de testigo no escuchó ninguno, “la obligación positiva de renunciar a interponer cualquier tipo de demanda, acción o reclamación relacionada con el pago de prestaciones laborales y otros derechos recibidos, por cuanto la suma recibida, de mutuo acuerdo con el empleador, no reteniendo nada más

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que reclamar, tanto frente a la sociedad Alma Iglesias & Asociados como los señores A.A., C.A. y G.B., por haber sido totalmente desinteresados con el presente pago, implicando la firma del presente acto descargo y finiquito, tanto de la suma recibida como cualquier otro derecho que tenga su causa en la relación de trabajo que existió entre las partes ;

Considerando, que cuando el trabajador otorga recibo de descargo y declara no tener ninguna reclamación pendiente de hacer al empleador, en ocasión de la terminación del contrato de trabajo, el tribunal apoderado, en pago de una reclamación de indemnizaciones laborales, no tiene que establecer la causa de terminación, ni los hechos ocurridos durante la vigencia de la relación contractual, pues si el pago ha sido recibido libre y voluntariamente, sin que se establezca ningún vicio del consentimiento, el recibo es válido y cierra el paso a cualquier reclamación vinculada con la relación laboral finalizada, sin importar la causa de su conclusión ni esos hechos, ya que resultaría frustratorio que un Tribunal analice los hechos en que se funda una demanda después de haber considerado que la misma resulta inadmisible por apreciar que el

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demandante ha otorgado válido recibo de descargo con el otorgamiento del finiquito correspondiente;

Considerando, que la Tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona de requerir la intervención de la función jurisdiccional del Estado para solucionar cualquier litigio que se presente entre los miembros de una comunidad social, ello aplica para cualquier materia de conflictos, toda vez que la disposición de nuestro artículo 69 de la Constitución manda que “Toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas, constituyendo un mandato de optimización de nuestra Constitución Política, se manifiesta como una necesidad de paz social y orden llamado a decidirlo el Poder Judicial, cuando las partes, por los demás medios a su alcance, no se pueden poner de acuerdo; de manera que lo decidido por la Corte a-qua, en nada contraviene las disposiciones relativas la tutela judicial efectiva, ya que el recurrente hizo valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad;

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Considerando, que en la especie, el Tribunal a quo reconoció valor al recibo de descargo otorgado por el recurrente a la recurrida después de la terminación del contrato de trabajo, para lo cual examinó las pruebas aportadas, de manera apropiada, y dando motivos suficientes y pertinentes que justifican lo decidido, no advirtiéndose que al formar su criterio, la Corte incurriera en falta y contradicción de motivos, falta de base legal, error grosero, exceso de poder, violación a las reglas de la prueba, desnaturalización de los hechos y de las pruebas, violación al poder de apreciación y del papel activo del Juez, en materia laboral, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el recurso;

Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor W.J., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 21 de noviembre de 2017, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del procedimiento.

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en

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la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 28 de noviembre de 2018, años 175° de la Independencia y 156° de la Restauración.

(Firmado) M.R.H.C..- E.H.M..- M.A.F.L..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 28 de febrero del 2019, para los fines correspondientes.

C.A.R.V..

Secretaria General