Sentencia nº 77 de Suprema Corte de Justicia, del 12 de Agosto de 2009.

Fecha de Resolución:12 de Agosto de 2009
Emisor:Segunda Sala
 
CONTENIDO

Fecha: 12/08/2009

Materia: Correccional

Recurrente(s): G.M.F.R., F.F.R.

Abogado(s): L.. Domingo de los S.G.M.

Recurrido(s):

Abogado(s):

Intrviniente(s):

Abogado(s):

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., Presidente; J.I.R., E.H.M., Dulce Ma. R. de G. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 12 de agosto de 2009, años 166° de la Independencia y 146° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

Sobre el recurso de casación interpuesto por G.M.F.R., dominicana, mayor de edad, casada, comerciante, cédula de identidad y electoral núm. 018-0008705-6, domiciliada y residente en la calle L.E. delM. núm. 38 de la ciudad de Barahona; y F.F.R., dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, cédula de identidad y electoral núm. 018-0008704-9, domiciliado y residente en la calle C. núm. 19 de la ciudad de Barahona, querellantes y actores civiles, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 23 de febrero de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Lic. E.V. en representación del L.. Domingo de los S.G.M., en la lectura de sus conclusiones, en representación de los recurrentes;

Oído al Lic. J.C.A.P. en representación de la parte recurrida, en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de República;

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Domingo de los S.G.M., en representación de los recurrentes, depositado el 10 de marzo de 2009, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen dicho recurso de casación;

Visto la resolución dictada por esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 22 de mayo de 2009, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para conocerlo el 1ro. de julio de 2009;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y visto los artículos 393, 396, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02; la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006, y los artículos 145, 146, 147, 149, 265, 266, 379, 381 y 385 del Código Penal;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, son hechos constantes los siguientes: a) que en fecha 20 de septiembre de 2004 fue presentada por ante el Procurador Fiscal de B., querella con constitución en actores civiles por G.M.F.R. y F.F.R. en contra de S.M.S., J.P.A.P., M.C.F. y M.P., por el hecho de éstos haberle sustraído de forma irregular el camión marca Daihatsu, color rojo, placa LB-UX89, año 2003, de su finca en la Loma de Calestón de la ciudad de Barahona, en violación a los artículos 145, 146, 147, 149, 265, 266, 379 y 381 del Código Penal; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de B., el cual dictó su sentencia el 3 de agosto de 2007, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Desestima las conclusiones del Ministerio Público y de los querellantes G.M.F.R. y F.F.R., por improcedentes infundadas; SEGUNDO: Declara no culpables a M.C.F. y J.C.A.P., de violar las disposiciones de los artículos 145, 146, 147, 149, 265, 266, 379 y 371 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los crímenes de falsedad en escritura, asociación de malhechores y robo agravado, en perjuicio de G.M.F.R. y F.F.R.; TERCERO: Descarga a M.C.F. y J.C.A.P. de toda responsabilidad penal, y en consecuencia, ordena el cese de toda medida de coerción dictada en su contra y declara las costas penales de oficio; CUARTO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda con constitución en parte civil, intentada por G.M.F.R. y F.F.R. en contra de M.C.F. y J.C.A.P., por haber sido hecha de conformidad con la ley, y la rechaza en cuanto al fondo, por improcedente e infundada; QUINTO: No pronuncia condenación en costas civiles, por no haberlo solicitado el abogado de los imputados y civilmente demandados; SEXTO: Fija la lectura integral de la presente sentencia, para el día 13 de agosto de 2007, a las 9:00 A.M., horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes y representadas, advertencias a sus abogados y al representante del Ministerio Público”; c) que recurrida ésta en apelación, por el Dr. E.S.D., Procurador ante la Corte de Apelación de B.; G.M.F.R. y F.F.R., resultó apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, la cual dictó su fallo el 29 de mayo de 2008, anulando la decisión recurrida en apelación, y ordenando la celebración de un nuevo juicio, por ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana; d) que apoderado como tribunal de envío, dicho Tribunal Colegiado dictó su decisión el 9 de octubre de 2008, y su dispositivo expresa: “PRIMERO: Se declara la absolución en cuanto al aspecto penal a favor de los nombrados J.C.A.P. y M.C.F., por la prueba aportada no ser suficiente para demostrar la responsabilidad penal de los imputados; en consecuencia se descargan de toda responsabilidad penal y se pone a cargo del Estado el soporte de las costas; SEGUNDO: En cuanto a la constitución en querellante y actor civil interpuesta por los señores se declara bueno y válida en cuanto a la forma (Sic), la constitución en querellante y actores civiles interpuesta por G.M.F.R. y F.F.R., se declara buena y válida en cuanto a la forma por haberse hecho conforme a las normas procesales; y en cuanto al fondo, se le ordena al imputado J.C.A.P. la devolución del camión marca Daihatsu, color rojo, placa LB-UX89, año 2003, a su propietaria la señora G.M.F.R., se condena además al pago de una indemnización de Dos Millones de Pesos, como justa reparación de los daños morales y materiales ocasionados al haberle retenido en su poder de manera arbitraria el referido camión; TERCERO: En cuanto al co-imputado M.C.F., se condena al pago de una indemnización de Quinientos Mil Pesos a favor y provecho de la señora G.M.F.R., como justa reparación por el daño causado a ésta al haberle embargado su camión de manera errada; CUARTO: Se condenan a los imputados J.C.A.P. y M.C.F., al pago de las costas civiles a favor y provecho del L.. Domingo de los S.G., abogado que afirma haberla avanzado en su totalidad; QUINTO: Se rechazan las conclusiones de la defensa técnica de los imputados por improcedente en derecho”; e) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por M.C.F. y J.C.A.P., intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 23 de febrero de 2009, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el presente recurso de apelación interpuesto por el Lic. V.E.F.M., abogado legalmente constituido por los imputados M.C.F. y J.C.A.P., en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil ocho (2008), contra la sentencia núm. 00100/08, de fecha nueve (9) de octubre del dos mil ocho (2008), dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, por haber sido hecho de conformidad con la ley, y consecuentemente, revoca la sentencia recurrida en todas sus partes y por vía de consecuencia ordena la absolución en el aspecto civil de los imputados M.C.F. y J.C.A.P., por no haber sido demostrado que éstos hayan cometido faltas en el ejercicio de sus funciones; SEGUNDO: Condena a la parte civil constituida al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho del L.. V.E.F.M., por haberlas avanzado en su mayor parte”;

Considerando, que los recurrentes G.M.F.R. y F.F.R., plantean los medios siguientes: “Primer Medio: Violación al debido proceso de ley, falta de motivación de la sentencia, artículo 24 del Código Procesal Penal, artículo 8 numeral 2 letra j. Que la Corte a-qua no motivó adecuadamente la decisión mediante la cual procedió a descargar a los imputados, ya que sólo se limitó a transcribir las conclusiones de los actores civiles, situación que no suple las motivaciones que debieron dar y el pronunciamiento acerca de si acogían o rechazaban las conclusiones esgrimidas por la parte civil a través de su abogado, situación que vulnera lo establecido en el artículo 24 del Código Procesal Penal; que al no pronunciarse sobre las conclusiones de los actores civiles, esta situación sin lugar a dudas los coloca en estado de indefensión, ya que no se ha dado razón alguna sobre la suerte de sus conclusiones, situación que como hemos señalado crea una nulidad absoluta y radical de la sentencia, por violación al debido proceso de ley y al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de estatuir. Que los Magistrados al pronunciar la sentencia omitieron pronunciarse sobre las conclusiones formales vertidas por los actores civiles en la vista de la audiencia de fecha 19 de febrero de 2009; que los actores civiles solicitaron la confirmación de la sentencia como conclusiones principales y como conclusiones subsidiarias solicitaron que en caso de que la corte dictara directamente la sentencia sobre la base de las comprobaciones de hechos ya fijada y entendiese que no era pertinente la devolución del camión en especie, procediera a confirmar la indemnización y en cuanto al camión ordenarse el pago de su equivalente en moneda legal, conclusiones sobre la cual la Corte a-qua sólo se limitó a transcribir lo expresado por el abogado como se demuestra en el segundo considerando de la página 10 de la sentencia ahora recurrida en casación; que al no pronunciarse o estatuir con las conclusiones de la parte civil la Corte a-qua ha violentado el debido proceso de ley y el principio de igualdad entre las partes, entrando en contradicción con los preceptos constitucionales y de igualdad entre las partes, ya que debió pronunciarse sobre las conclusiones formales presentadas por la parte civil y establecer si eran pertinentes o no mediante una clara y precisa motivación de las mismas; que no es posible en relación con la sentencia ahora recurrida en casación si el derecho fue bien o mal aplicado por la Corte a-qua, por no haberse pronunciado ésta sobre las conclusiones de la parte civil; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos y errada apreciación de los medios de pruebas. Que contrario a lo establecido por la Corte a-qua, para declarar proceder del primer medio planteado por los imputados, en el sentido de que había sido mal aplicado, es necesario destacar que los jueces del Tribunal a-quo, para pronunciar la sentencia que fue anulada se basaron esencialmente en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que no ha sido contradicha por ley alguna u otra jurisprudencia (Sic); que el Tribunal a-quo estableció que los imputados no han cometido ninguna falta, sin embargo, admiten que el camión sustraído es propiedad de los querellantes y actores civiles y que el mismo fue desplazado en perjuicio de los querellantes y actores civiles y que el mismo fue desplazado y vendido de manera ilegal por los acusados”;

Considerando, que la Corte a-qua, para fallar como lo hizo, expresó: “Que el recurso de apelación interpuesto por el Lic. V.E.F.M., abogado actuando a nombre y representación de los imputados M.C.F. y J.C.A.P., se fundamenta, entre otras cosas, en los siguientes medios: Primer Medio: Violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; Segundo Medio: Falta de motivación de la sentencia, violación al artículo 24 del Código Procesal Penal Dominicano; Tercer Medio: Errónea apreciación de las pruebas y desnaturalización de los hechos. Que en cuanto al primer medio. Violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, el recurrente expresa: Que los jueces del Tribunal Colegiado de San Juan de la Maguana, violan disposiciones del capítulo VIII, artículo 608 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, y 2280 del Código Civil Dominicano, cuando en su sentencia en la Pág. 11 considerando 5, han establecido que J.C.A., está en la obligación de devolverle a la indicada señora su camión, ya que él no tiene ninguna calidad para ver en su poder algo que no le pertenece. Pero de igual forma violan la ley al condenar en el aspecto civil al abogado que figura en los actos del procedimiento de embargo ejecutivo a pagar Dos Millones de Pesos, y a la devolución de un camión que fue vendido en una venta en pública subasta, el cual fue adquirido por una tercera persona legítimamente como lo establece el Código de Procedimiento Civil, quien pagó el precio de la subasta; que ciertamente tal y como lo señalan los recurrentes en el precitado motivo existe una violación a la ley y errónea aplicación a una norma jurídica ya que tanto el alguacil que practicó el embargo como el abogado que representó al embargante, ostentan la condición de mandatario, por lo que al no establecer la sentencia objeto de recurso en ninguno de sus motivos la justificación en la cual se sustentó la condena señalada, ni mucho menos los elementos que tipifican la responsabilidad civil los cuales son el perjuicio, la falta y el vínculo de causalidad, obviamente que existe una errónea aplicación de la ley y por consiguiente debe ser acogido; que en relación al segundo medio, falta de motivación de la sentencia, violación del artículo 24 del Código Procesal Penal Dominicano, el recurrente alega entre otras cosas: Que los jueces no motivaron su sentencia en el aspecto civil para retener una falta a los imputados, no explican cuáles elementos de pruebas le dan valor y cuáles no para retener una falta en contra de los imputados, ya que en dicho expediente existen muchos documentos como prueba documental, sino por el contrario, los mismos lo que hacen es una redacción sucinta del caso, pero no una motivación explícita con análisis lógico del hecho; que este motivo también debe ser acogido, ya que la sentencia carece de la debida legitimación, porque la misma no está sustentada en la debida ponderación de la documentación para establecer como hemos expresado los elementos de la responsabilidad civil por parte del alguacil y el abogado al practicar el embargo en contra de la parte civil y por consiguiente poder aplicar adecuadamente el artículo 1382 del Código Civil Dominicano; que en relación al tercer y último medio, errónea apreciación de las pruebas y desnaturalización de los hechos, el recurrente invoca: Que el Tribunal Colegiado al motivar su sentencia, aprecia mal las pruebas toda vez que se puede comprobar con el acta de audiencia que los imputados en sus declaraciones nunca han dicho que el camión está en su poder como lo han establecido los jueces al motivar su sentencia en la página 11 considerando 5, al decir que el imputado J.C.A. declaró, que tiene el camión en su poder y que si ella hubiera elegido la acción civil se lo entrega, mala apreciación de las declaraciones del imputado J.C., los jueces desnaturalizaron dichas declaraciones ya que el imputado J.C., declaró al tribunal que él es abogado del persiguiente, que se practicó un embargo ejecutivo, que el camión fue vendido en una venta en publica subasta, que los abogados no retienen los bienes embargados, que hay un depositario guardián, que el alguacil es (Sic) quien vendió el camión en una subasta, y que G. ni su abogado le notificaron una oposición a la venta entre otras cosas; que en ese sentido este motivo está robustecido de veracidad ya que salvo prueba en contrario tanto el abogado como el alguacil pura y simplemente tienen el mandato de la ejecución y que en dado caso que la misma no se ejecute correctamente el ordenamiento procesal civil estipula los mecanismos civiles del cual debe hacer uso el afectado, lo cual no se ha demostrado que se haya hecho en el caso de la especie, sino más bien que se interpuso una querella por violación a los artículos 145, 146, 147, 149, 266, 265, 379, 381 y 385 del Código Penal Dominicano, los cuales resultan ser improcedentes en el caso de que se trata por lo que de ninguna manera puede derivarse consecuencias civiles en contra de los mencionados imputados; que por lo expuesto precedentemente, esta alzada entiende, que la sentencia apelada no contiene una justa apreciación de los hechos conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y a la máxima de la experiencia y una correcta aplicación del derecho en consonancia con el debido proceso, por lo que debe ser revocada conforme al artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal que establece que la corte puede dictar directamente la sentencia del caso sobre las bases de las comprobaciones de hechos ya fijados por la sentencia recurrida pudiendo declarar la absolución de los imputados lo cual es aplicable en la especie y al mismo tiempo condenar a la parte que sucumbe al pago de las costas del procedimiento de alzada”;

Considerando, que de lo anteriormente transcrito, se evidencia que contrario a lo alegado por los recurrentes en su escrito de casación, la sentencia impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, al ponderar la Corte a-qua los elementos probatorios sometidos al debate y en uso de sus facultades de apreciación declarar la absolución en el aspecto civil de los imputados M.C.F. y J.C.A.P.; lo que ha permitido a esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, determinar que la Corte a-qua actuó correctamente, no incurriendo en ninguna de las violaciones denunciadas por éstos, por lo que procede desestimar los medios propuestos.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por G.M.F.R. y F.F.R., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 23 de febrero de 2009, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas.

Firmado: H.Á.V., J.I.R., E.H.M., Dulce M.R. de G., V.J.C.E., G.A., Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.