Sentencia nº 25 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Febrero de 2019.

Fecha de Resolución20 de Febrero de 2019
EmisorSalas Reunidas

Sentencia No. 25

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 20 de febrero del 2019, que dice así:

LAS SALAS REUNIDAS
RECHAZA

Audiencia pública del 20 de febrero de 2019 Preside: M.G.M..

D., Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de

Justicia, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 05 de julio de 2018, incoado

por:

 R.T.S., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula

de identidad y electoral No. 037-0028121-6, domiciliado y residente en la

Calle 10 No. 1, E.D., S.F., Puerto Plata, República

Dominicana, imputado;

OÍDOS:

1) Al alguacil de turno en la lectura del rol;

2) El dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

3) Al licenciado R.P., en representación de R.T.S.;

VISTOS (AS):

1. El memorial de casación, depositado el 01 de agosto de 2018, en la secretaría

de la Corte a qua, mediante el cual el recurrente, R.T.S.,

imputado, interpone su recurso de casación a través de sus abogadas, 2. La Resolución No. 3284-2018 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de

Justicia, del 25 de octubre de 2018, que declara admisible el recurso de

casación interpuesto por: R.T.S., contra la indicada sentencia;

y fijó audiencia para el día 05 de diciembre de 2018; y que se conoció ese

mismo día;

3. La Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de

Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997;

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo

recurso de casación, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No.

25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia,

modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró audiencia pública del día 05 de

diciembre 2018; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia:

M.R.H.C., en funciones de Presidente, Francisco A. Jerez

Mena, M.A.R.O., B.R.F.G., Esther E. Agelán

Casasnovas, J.H.R.C., E.H.M., y Moisés Ferrer

Landrón, y llamados los Magistrados R.R.L., Juez de la Tercera

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; A.M.

de Mármol, Juez de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo; Franklin

Concepción Acosta, Juez de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo; y

J.C.R.J., J.P. de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional,

asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los

Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la

Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación;

conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar Considerando: que en fecha trece (13) de diciembre de 2018, el Magistrado

M.G.M., Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por

medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados M.G.B., Pilar

Jiménez Ortiz, F.E.S.S. y A.A.M.S., para integrar

Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata,

de conformidad con la Ley No. 684 de 1934;

CONSIDERANDO:

Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan

como hechos constantes que:

1. En fecha 1 de febrero de 2013, el Ministerio Público presentó acusación y

solicitud de apertura a juicio en contra del imputado R.T.S.M.

(a) T., por supuesta violación a los artículos 4 letra d, 5 letra a, 28 y 755 de la

Ley 5-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana,

modificada por la Ley 17-95;

2. En fecha 08 de mayo de 2013, el Juzgado de la Instrucción del Distrito

Judicial de Puerto Plata, dictó auto de apertura a juicio;

3. Para el conocimiento del fondo del caso, resultó apoderado el Tribunal

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial

de Puerto Plata, dictando al respecto la sentencia, de fecha 30 de julio de 2013; cuyo

dispositivo es el siguiente:

PRIMERO : D. sentencia absolutoria en el proceso penal seguido a cargo de R.T.S.M., por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 4 letra d, 5 letra a, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, que instituyen y sancionan el “Tráfico de Drogas”, en perjuicio del Estado Dominicano, por el hecho conformidad con el artículo 307 parte in fine del Código Procesal Penal, y el virtud del artículo 337.1 del Código Procesal Penal; SEGUNDO : Ordena el levantamiento de la medida de coerción dictada a cargo de R.T.S.M., en virtud del artículo 337 del Código Procesal Penal; TERCERO : E. al imputado del pago de las costas, en virtud de los artículos 246, 250 y 337 del Código Procesal Penal; CUARTO : Que tratándose de una acusación de violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, se ordena la destrucción de la supuesta droga ocupada, en virtud del artículo (Sic)”;

4. No conforme con dicha decisión, fue interpuesto recurso de apelación por:

el Procurador Fiscal de Puerto Plata, siendo apoderada para el conocimiento de

dicho recurso la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial

de Puerto Plata, la cual, dictó sentencia el 07 de noviembre de 2013, siendo su

dispositivo:

“PRIMERO : Rechaza por improcedente, mal fundado y carente de base legal, el medio de inadmisión del recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Alba N.P. y R.A.N.L. y el Dr. J.M.M., Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata en contra de la sentencia núm. 00195/2013, de fecha treinta (30) del mes de julio del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, formulado por la defensa técnica del señor R.T.S.M.; y en consecuencia, ratifica el recurso de apelación interpuesto a las cuatro (04:00 P.M.) horas de la tarde, del día diecinueve (19) del mes de agosto del año dos mil trece (2013), por los Licdos. Alba N.P. y R.A.N.L. y el Dr. J.M.M., Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata en contra de la sentencia núm. 00195/2013, de fecha treinta (30) del mes de julio del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de la Judicial de Puerto Plata, por haber sido admitido mediante resolución administrativa dictada por esta Corte de Apelación; SEGUNDO : En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación por los motivos expuestos y confirma el fallo impugnado; TERCERO : Exime de costas el proceso (Sic)”;

5. No conforme con dicha decisión, fue interpuesto recurso de casación por: el

Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto

Plata, licenciado F.Á.R., ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia, la cual dictó su sentencia, en fecha 28 de julio de 2014, mediante la cual casó

la decisión impugnada y ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en razón de que, de

acuerdo con lo establecido en la parte in fine del Artículo 307 del Código Procesal

Penal, “si el Ministerio Público no comparece o se retira de la audiencia, el tribunal notifica

al titular o superior jerárquico, intimándole a que de inmediato se constituya un

representante en su reemplazo en la sala, bajo la advertencia de que si no lo reemplaza, se

tendrá por retirada la acusación”;

6. Que de la lectura del mencionado artículo se infiere que ciertamente tal y

como asevera el recurrente, dicha notificación debe ser mediante una comunicación

dirigida al titular o superior jerárquico, o bien sea por acto de alguacil o por vía de

la secretaria de su despacho, pues es la manera correcta de que se pueda tener

constancia de que la recibió y que por ende esté enterado y pueda así proceder al

reemplazo;

7. Apoderada del envío la Cámara Penal de la Corte de Apelación del

Departamento Judicial de Santiago, dictó la sentencia, ahora impugnada, en fecha Primero: En cuanto a la forma ratifica la regularidad del recurso de apelación interpuesto siendo las 4:00 horas de la tarde, el día Diecinueve (19) del mes de Agosto del año Dos Mil Trece (2013), por la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata, representada por el D.J.M.M. y L.A.N.P. y R.A.N.L.; en contra de la Sentencia No. 00195-2013, de fecha Treinta (30) del mes de Julio del año Dos Mil Trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Puerto Plata; Segundo: En cuanto al fondo declara con lugar el recurso y acoge como motivo válido la errónea aplicación de una norma jurídica (artículo 417.4 del Código Procesal Penal) y en virtud del artículo 422 2.2 del mismo Código, ordena la celebración total de un nuevo juicio por ante el mismo tribunal que dictó la decisión, pero compuesto por jueces distintos llamados a conformarlo de la manera establecidas en este Código y las demás leyes que rigen la materia en virtud del artículo 423 (Modificado por la Ley 10-15 del 6 de febrero de 2015), para que realice una nueva valoración de la prueba; Tercero: Envía el presente proceso por ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Puerto Plata, para una nueva valoración de las pruebas; Cuarto: Compensa las costas del proceso conforme lo estable la parte final del artículo 246 del Código Procesal Penal y además porque el recurso fue interpuesto por el Ministerio (Sic)”;

8. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación ante Las

Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, la cual, en fecha 30 de marzo de

2017, mediante Resolución No. 2745-2017, decidió:

“PRIMERO: Declaran inadmisible el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 09 de octubre de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, incoado por R.T.S., imputado; SEGUNDO: Condenan al recurrente al pago de las costas; T ERCERO: Envían el expediente de que se trata, ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del compuesta por jueces distintos llamados a conformarlo, de conformidad con lo establecido en la Sentencia No. 0463-2015-CPP, de fecha 09 de octubre de 2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, a los fines correspondientes; CUARTO: O. que la presente resolución sea notificada a las partes”;

9. Para del nuevo juicio ordenado, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, decidió

mediante sentencia, de fecha 08 de diciembre de 2017:

“Primero: Dicta sentencia condenatoria en contra del ciudadano R.T.S.M., por haber violado las disposiciones de los artículos 4 letra D, 5 letra A, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, que tipifican y sancionan la infracción de Tráfico De Drogas; en perjuicio del Estado Dominicano, por haber sido probada la acusación más allá de toda duda razonable, con jas pruebas presentadas ante el plenario de audiencias, de conformidad con las disposiciones del artículo 338 del Código Procesal Penal. Segundo: Condena al señor R.T.S.M., a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación S.F. de Puerto Plata y al pago de una multa ascendente a la suma de Cien Mil Pesos Dominicanos (RD$100,000.00), por aplicación de las disposiciones del artículos 75 Párrafo II d de la Ley 50-88 y 338 del Código Procesal Penal Dominicano; Tercero: Condena al imputado R.T.S.M., al pago de las costas penales del proceso, por aplicación de las disposiciones de los artículos 249 y 338 del Código Procesal Penal; Cuarto: Ordena la destrucción de la droga decomisada en ocasión del presente proceso, en virtud de las disposiciones del artículo 92 de la Ley 50-88; Quinto: Ordena la incautación de la Jeepeta marca Infinity, color negro. Placa No. G026100, Chasis No. JNRAS08UJ4XI09473, ocupada en ocasión del presente proceso proceso, a favor del Estado Dominicano”;

10. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de apelación por el

imputado, R.T.S., ante la Corte de Apelación del Departamento “PRIMERO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado R.T.S.M., representado por las defensoras técnicas privadas LICDAS. A.M.S.R. y M.F., contra la Sentencia Penal No. 272-02-2017-SSEN-00147, de fecha 08-12-2017, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por los motivos expuestos en la presente sentencia; SEGUNDO: Confirma en consecuencia la sentencia recurrida cuya parte dispositiva consta copiada en el cuerpo de esta sentencia; TERCERO: Condena al imputado R.T.S.M. al pago de las costas, por los motivos expuestos”;

Considerando: que recurrida ahora en casación la referida sentencia por:

R.T.S., imputado; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia

emitió, en fecha 25 de octubre de 2018, la Resolución No. 3284-2018, mediante la cual

declaró admisible su recurso, y al mismo tiempo se fijó la audiencia sobre el fondo

del recurso para el día 05 de diciembre de 2018, fecha esta última en que se celebró

dicha audiencia; reservando esta Suprema Corte de Justicia el fallo a que se contrae

esta sentencia;

Considerando: que el recurrente, R.T.S., imputado; alega en

su escrito de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte a qua, los medios

siguientes:

Primer Medio: Inobservancia de disposiciones de orden legal y constitucional; Fallo contrario a precedente de la SCJ, de la sentencia TC/0214/15 y violación al debido proceso: plazo razonable; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada, inobservancia del Art.
24 CPP, precedente de la SCJ y las sentencias 09/2013 y 214/2015 del TC Dominicano (Sic)”;

Haciendo valer, en síntesis, que: 1. La Corte obvió los alegatos relativos al plazo máximo de duración del

proceso;

  1. Falta de motivación.

  2. Falta de valoración de las pruebas.

Considerando: que la Corte a qua para fallar como lo hizo, estableció en sus

motivaciones en síntesis que:

“1. (…) D. análisis del primer motivo del recurso consistente en: "Violación a la ley por inobservancia de una norma jurídica Violación al debido proceso: plazo razonable. El imputado solicitó al tribunal aquo la extinción deja acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. El tribunal a-quo rechaza el pedimento haciendo una errónea aplicación de la ley e ignoró los Arts. 8, 44.11 y 148 del Código Procesal Penal (previo a la ley 10-15) por decir el tribunal que "es a partir del recurso que interpone el imputado de este proceso que el proceso sobrepasa los tres (03) años que establece la norma". Sostiene el recurrente que el tribunal no tiene razón porque los tres (3) años iniciaron el 14 de octubre de 2012, y vencieron el 14 de octubre de 2015, y el único recurso (casación) que hizo el imputado se presentó el 19 de octubre de 2015, es decir, luego de haber vencido el plazo máximo de duración del proceso, y por ello el recurso de casación del imputado no produjo retardo durante los 3 años computados más arriba"; Además, agrega el recurrente: "Que este proceso inició con la normativa procesal penal existente previo a las disposiciones de la ley 10-15, por lo tanto debe aplicarse el contenido del Art. 148 del CPP previo a la referida ley...Que mediante sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia se ha establecido que "cuando el artículo 148 del Código Procesal Penal consagra que la duración máxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación, es preciso entender que a lo que obliga esa disposición legal es a concluir mediante una sentencia con autoridad de cosa juzgada definitivamente que ponga fin al procedimiento, todo caso penal, a más tardar el día en que se cumpla el tercer aniversario de su inicio" (Sentencia No. 5, del 6 de Diciembre del 2006, B.J. 1153 2.Que ciertamente el proceso de que se trata inició estando vigente el artículo 148 de la Ley 76-02, Código Procesal Penal, que establecía el plazo máximo del proceso en 3 años, previo a su modificación el 6 de febrero de 2015 por la Ley 10-15, pues en este caso el procedimiento inició con el registro personal y del vehículo y arresto de R.T.S.M., la madrugada del 14 de octubre de 2012; en ese sentido el artículo 149 del CPP establece: "Efectos. Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los Jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este código"; y analizados los motivos adoptados por el a quo para rechazar el pedimento de extinción, esta Corte comprueba que las motivaciones dadas en este aspecto por el tribunal a quo no precisan de manera correcta el fallo adoptado pareciendo que el recurrente tiene la razón, por lo que esta Corte procede analizar cuál ha sido el comportamiento de dicha parte durante los procedimientos realizados dentro del plazo de los tres años previstos en la norma;

3.Que bajo las normas legales anteriormente citadas la Suprema Corte de Justicia emitió en fecha 25 de septiembre de 2009, la Resolución núm. 2802-09, por la cual fijó pautas de interpretación sobre la duración máxima del proceso, estableciendo lo siguiente: "Declaran que la extinción de ¡a acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado"', asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia de 29 de enero de 1997, caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, en que dicho órgano regional de los Derechos Humanos estableció que para comprobar si im proceso cumple el plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se debe tener en cuenta: a) La Complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado y c) La conducta de las autoridades judiciales; por lo que se impone analizar cuál ba sido la conducta del imputado en las distintas etapas del procedimiento, si se deriva complejidad del asunto y cuál ha sido la conducta de las autoridades judiciales; 4.Que en virtud, de las actas que conforman el expediente se comprueba lo siguiente: a) en fecha 14 de octubre de 2012, a las 4:20 AM, el Sr. R.T.S.M. fue registrado personalmente así como su vehículo ocupándole 181.74 gramos de cocaína Clorhidratada según posterior análisis del INACIF; siendo arrestado por este hecho; b) mediante resolución 1601/2012, de fecha 15 de octubre de 2012, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, le impuso medida de coerción de prisión preventiva de Un (01) año; c) Que en fecha primero (1ro.) de febrero de 2013, el Ministerio Público de Puerto Plata presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra el imputado R.T.S.M.; d) en fecha 8 de mayo de 2013, el Juzgado de la Instrucción del
D. J. de Puerto Plata dictó auto de apertura ajuicio No. 145/2013, a cargo de R.T.S.M. bajo la imputación de violación a |los artículos 4 letra d, 5 letra a, 28, 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas en perjuicio del Estado Dominicano, manteniendo la prisión preventiva dictada con anterioridad; e) en fecha 15 de mayo de 2013 es recibido el oficio No. 368/2013, contentivo del auto de apertura a juicio por la Unidad de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata; fijando en fecha 22 de Mayo de 2013, mediante auto del tribunal Colegiado de Puerto Plata audiencia de fondo para el 27 de junio de 2013, a las 9:00 ÁM; f) en audiencia celebrada el 27 de junio de 2013 el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, aplazó el conocimiento de la audiencia para el 30 de julio de 2013, acogiendo la solicitud del Ministerio Público a fin de conducir dos testigos a cargo; g) en fecha 30 de julio de 2013, mediante sentencia No. 195/2013, (leída íntegramente el 6/8/2013) el Tribunal Colegiado de Puerto Plata dictó sentencia absolutoria del imputado R.T.S.M., por el hecho del Ministerio Público no haber constituido representante en audiencia, ordenó el levantamiento de medida de coerción a cargo del imputado; h) mediante instancia depositada el 19/8/2013, el Ministerio Público de Puerto Plata interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia absolutoria indicada anteriormente; i) en la primera audiencia fijada el 24 de octubre de 2013 la Corte de Apelación conoce el fondo del recurso y difiere la lectura íntegra para el 7 de noviembre de 2013, a las 9:00 Am, fecha en que da lectura íntegra a la sentencia No. 627-2012-00310, rechazando el recurso interpuesto por el Ministerio
Colegiado; interponiendo el Ministerio Público formal recurso de casación contra la indicada sentencia el 21 de noviembre de 2013; j) el 17 de enero de 2014, es remitido el expediente contentivo del recurso de casación vía oficina administrativa del Departamento de Puerto Plata a la Suprema Corte de Justicia, cuyo alto Tribunal mediante sentencia No. 217 Bis, de fecha 28 de julio de 2014, casó la sentencia de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata y apoderó del conocimiento a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; por lo que la Corte Penal de Santiago dictó sentencia el 9/10/2015, mediante la cual acogió el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata contra la sentencia absolutoria dictada por el tribunal Colegiado de Puerto Plata el 30 de julio de 2013, y ordenó la celebración total de un nuevo juicio por ante el mismo tribunal que dictó la sentencia de fondo pero compuesto por jueces distintos; k) en fecha 19/10/2015, la defensa técnica del imputado interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, siendo remitido por el Departamento administrativo del Palacio de Justicia de Santiago a la Suprema Corte de Justicia el expediente contentivo de este último recurso de casación en fecha 10 de noviembre de 2016, fecha en que consta recibido por correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 463/2015, de fecha 9/10/2015, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago; 1) en fecha 30 de marzo de 2017 mediante la Resolución No. 2745-2017 de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado contra la sentencia dictada por la Cámara Penal Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago de fecha 9 de octubre de'2015, y envía el expediente por ante el tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, compuesto por jueces distintos llamados a conformarlo; 11) en fecha 8 de diciembre el tribunal Colegiado de Puerto Plata conformado por jueces distintos a los que originalmente dictaron sentencia, dictó la Sentencia No. 272-02-2017-SSEN-000147, mediante la cual dicta sentencia condenatoria contra el imputado R.T.S.M. por violar los artículos 4 letra D), 5 letra A), 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas, por tráfico de drogas y lo Penitenciario de Corrección y Rehabilitación S.F. de Puerto Plata, y al pago de Cien Mil Pesos (RDSlOO,000.00) de multa así como al pago de las costas penales del proceso; sentencia condenatoria que es objeto del presente recurso de apelación; 17.- Debe resaltarse, a partir de los actos iniciales del procedimiento mediante el registro y arresto del imputado el 14 de octubre de 2012, hasta el apoderamiento por casación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago en fecha 1 de diciembre de 2014, esto es durante el lapso de tiempo en que señala la defensa del imputado no interpuso ningún incidente, recurso, ni actuación que entorpeciera el procedimiento, transcurrió dos años, un mes y diecisiete días; comprobándose por las actas depositadas que para el conocimiento del recurso de apelación por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago hubo de aplazarse el proceso durante 4 ocasiones, por lo que es preciso hacer un análisis de las causas de los aplazamientos realizados por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago mediante la lectura de las actas de audiencia, por las cuales se comprueba lo siguiente: que para el conocimiento de la primera audiencia celebrada el 8 de diciembre de 2014, por dicha Cámara Penal de la Corte de Santiago, se aplazó el conocimiento del proceso para el 17 de marzo de 2015, 9:00 AM, a fin de que el abogado defensor técnico del imputado estudiara el caso, quedando citados el defensor técnico y Ministerio Público, y se ordenó citar al imputado. En la audiencia celebrada el 17 de marzo de 2015 por la referida Corte Penal de Santiago dispuso el aplazamiento para el 13 de mayo de 2015 a las 9:00 AM a los fines de citar el imputado y notificar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que se ha hecho por secretario (sic), quedando citados por sentencia el abogado del imputado y Ministerio Público actuante. En el acta de audiencia de fecha 13 de mayo de 2015, consta que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago dispuso nuevo aplazamiento para el 15 de julio de 2015, 9:00 AM a fin de que el imputado R.T.S.M. (quien está preso por otro hecho) sea trasladado del Centro de Corrección y Rehabilitación S.F. de Puerto Plata a la Corte de Apelación Penal de Santiago, quedando citado el Ministerio Público y la Defensa técnica del imputado. En la audiencia de fecha 15 de julio de 2015, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago volvió a aplazar el conocimiento de la audiencia para el 11 de septiembre de 2010 a las citado en su domicilio de la calle 10, casa No. A-1, E.D.P.P., así como para citar a su abogado, quedando citado el Ministerio Público. A la audiencia celebrada en fecha 11 de septiembre de 2015, compareció el imputado R.T.S.M. y su defensa técnica conociendo la Corte de Apelación Penal de Santiago el fondo del recurso y reservándose el fallo para el 9 de octubre de 2015, fecha en que dio lectura íntegra y entrega de la sentencia a las partes;

4. Que contrario a lo argumentado por la defensa técnica del imputado R.T.S.M., en el expediente consta que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago celebró 4 audiencias que fueron aplazadas ya fuera a fin de que el imputado o su defensa técnica comparecieran a juicio; desde la primera audiencia celebrada el 8/12/2014 hasta la audiencia de fondo del recurso celebrada por dicha Corte el 11 de septiembre de 2015, habiendo transcurrido ante esa Jurisdicción de envió 9 meses y 3 días desde su apoderamiento hasta el fallo del recurso, siendo el común denominador de los aplazamientos la incomparecencia del imputado R.T.S.M., no advirtiendo desde un principio a dicha Corte la defensa técnica del imputado el estado de prisión del mismo, tampoco de su puesta en libertad en el ínterin de los aplazamientos por la Cámara Penal de la Corte del Departamento Judicial de Santiago. Verificándose por uno de los actos de requerimiento de citación depositado que mediante comunicación de solicitud de traslado del interno R.T.S.M. dirigida al centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata por Unidad de Gestión de audiencias de la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Santiago, recibida en fecha 9/7/2015, consta la nota manuscrita: "interno en libertad"; lo cual indica que el imputado R.T.S.M. se encontraba libre durante la celebración de la audiencia para la fecha 15/7/2015 por la Corte de Apelación de Santiago, audiencia a la que como se analiza precedentemente no compareció;

6.Que las circunstancias narradas suscitadas por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento de Santiago, impidieron dictar la decisión del recurso hasta el 9 de octubre de 2015, esto es 5 días antes del vencimiento del plazo máximo del proceso establecido por el artículo 148 del CPP; debiendo resaltarse que el de fondo del recurso de apelación conocido por la Corte de apelación de Santiago, como del proceso que concluyó con la sentencia condenatoria dictada por el tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito judicial de Puerto Plata de fecha 8 de diciembre de 2017, y la celebrada por ante esta Corte de Apelación en ocasión del presente recurso, por consiguiente, el imputado no ha estado en libertad durante el conocimiento de los recursos y del juicio de fondo, por ^tO;¿o:.estáblece el recurrente cuál es el perjuicio derivado de los procesos conocidos estando en libertad el imputado; aspecto abordado por esta Corte fundamentado en el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, en ocasión del caso Valle Jaramillo vs. Colombia, la cual incorporó un nuevo estándar a los elementos ya existentes del plazo razonable establecido en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, citado en el motivo 15 de esta sentencia, incorporando ese órgano de justicia regional de Derechos Humanos un cuarto elemento referido a que haya habido una afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo;

5. Que identificadas las causas de la duración del procedimiento esta Corte de Apelación asume el criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia, contenido en la sentencia 51 de fecha 5 de mayo de 2015, que estatuyó: "...que a su vez. el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace referencia al plazo razonable en la tramitación del proceso, sobre el mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptó el criterio del no plazo, en virtud del cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable o no; por consiguiente, un plazo establecido en la ley procesal, sólo constituye un parámetro objetivo, a partir del cual se analiza se analiza la razonabilidad del plazo, en base a: 1) la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado y 3) la conducta de las autoridades judiciales; por esto, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa; puesto que el artículo 69 de nuestra Constitución Política, garantiza una justicia oportuna y dentro de un plazo razonable, entendiéndose precisamente que, la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones del 25 de septiembre de 2009, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado"', 21.- En tal virtud, analizada la conducta mostrada por el imputado de no informar de manera oportuna acerca de su localización del imputado así como de las circunstancias analizadas precedentemente, lo cual conllevó agotar prácticamente el plazo máximo de duración del proceso ante el tribunal de envió, esto es ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y contribuyó a que se prolongara el juicio y fuera dictada la decisión de fondo luego de vencido el plazo de los tres años de "duración máxima del proceso, por lo que comprobadas estas actitudes y actuaciones del imputado y su defensa técnica, debe rechazar este primer medio de apelación propuesto, confirmando en ese sentido la decisión adoptada por la jueza a qua, pero por los motivos aquí expuestos por esta Corte;

7. En cuanto al segundo motivo de recurso consistente en "Error en la valoración de la prueba. Inobservancia de los Arts. 172 y 333 del Código Procesal Penal". Aduciendo el recurrente que: "La Defensa del imputado presentó en el juicio el testimonio de los señores A.C.S.C., J.V.D. y J.A.P.C. y M.C., los cuales el tribunal valoró como contradictorios. Pero resulta que el tribunal no hizo una correcta valoración de dichos testimonios, los cuales fueron lo suficientemente coherentes para señalar que al momento de la detención del imputado y supuesto registro del vehículo no se encontró la sustancia controlada imputada''';

8.Dicho motivo de recurso debe ser rechazado pues de la lectura del motivo 15 de la sentencia recurrida el tribunal a quo explica de manera clara y precisa los motivos por los cuales no acredita los testimonios a descargo, estatuyendo lo siguiente: "15. Ahora bien, conforme lo demuestra la máxima de la experiencia, cuando hay un para garantizar la dignidad y el pudor de la persona no dejan que otra persona se acerque, tal cual lo indicó en sus declaraciones el señor J.V.D., por igual tal cual manifestó M.C. la señora A. también fue alejada del lugar donde se realizó la requisa, lo que quiere decir que ninguna de estas personas pudo observar el registro que se realizó al vehículo en que se trasladaba el señor R.T., si es que se encontraban en el lugar porque la señora A. declara que iba pasando un vehículo de otra persona que se entendía iba borracho, que tuvo que coger un motor que iba pasando, ante la coexistencia de tantas contradicciones entre las declaraciones de los testigos a descargo, pues tal y como indicáramos, unos establecen que estaba claro, otro que estaba oscuro y otro que estaba lloviendo, por igual indican que estaban a una distancia que podían observar perfectamente o estaban a distancia que no podían observar perfectamente lo que allí ocurrió; por lo que el tribunal ante tanta incoherencia y contradicción en las declaraciones presentadas por los testigos a descargo, tiene a bien restarle, valor probatorio a las mismas, para la fundamentación de la presente decisión a estos testigos por las diversas contradicciones que tuvieron cada uno de ellos entre sí, de todo lo anterior, se colige que estas son pruebas no tienen alcance para contradecir o refutar lo que estableció el Ministerio Público en este proceso y por lo tanto el Ministerio Público ha probado su acusación más allá de toda duda razonable".
9. Mientras que en el motivo 9 de la sentencia: "Que en cuanto a las pruebas testimoniales, tenemos las declaraciones rendidas por el señor E.B.E., el mismo es valorado como coherente y preciso respecto de los hechos que expone, toda vez que resulta ser acorde con el contenido de las actas de registro de personas y registro de vehículos antes valoradas, circunstancia que unida al hecho de que, no ha sido demostrado que dicho testigo esté afectado de incredulidad subjetiva por responder sus declaraciones a motivos espúreos que pueda generar una incriminación falsa a cargo del imputado, y al no haber sido desvirtuadas sus declaraciones por ningún otro medio de prueba, se le otorga a dicha prueba entero valor probatorio a los fines de fundamentar la presente decisión, ya que estas declaraciones, ha sido probado el dominio y ocupación en posesión del imputado R.T.S.M., también conocido como T., de la sustancia prohibida, en este caso cocaína, y las circunstancias que rodearon la
su condición de oficial actuante y testigo de las actuaciones realizadas por su compañero, expresa que en fecha 14/10/2012, mientras se encontraban realizando un operativo en compañía con otros miembros de la DNCD, en la calle C. de esta ciudad de Puerto Plata, debido a que tenían una información de que una jeepeta negra marca Infinity estaría supliendo los puntos de drogas del sector los Callejones por lo que al verla saliendo lo interceptaron y procedieron a detenerla; que él mismo registró al imputado y le ocupó 19 mil y pico de pesos y que su compañero en presencia de él y el propio imputado requisó la jeepeta en que se transportaba el imputado encontrado en xma gaveta en el medio de los dos asientos delanteros una funda plástica color azul con rayas transparentes, que contenía en su interior la cantidad de una porción de un polvo blanco que se presumía que era cocaína con un peso aproximado de 180 gramos, que procedieron a ponerlo bajo arresto y que sólo fumó el acta de registro de personas, pues la de registro de vehículo la firmó su compañero, que no habían más personas cerca sino el imputado y los demás miembros de la DNCD";

10. En ese tenor es jurisprudencia constante que los jueces de fondo son soberanos en la valoración de las pruebas por el principio de inmediación, salvo desnaturalización, derivada de las circunstancias en que se juzgaron los hechos, por lo que analizada la sentencia recurrida, no se deduce desnaturalización, sino que las pruebas fueron valoradas de manera individual y armónica por el Tribunal a quo, motivando de manera clara y mediante las reglas de la lógica las razones por las cuales valora positivamente unas pruebas en detrimento de las otras;

11. De la lectura del motivo 22 de la sentencia recurrida se comprueba que contrario a lo argumentado por el recurrente, el tribunal a quo hizo una correcta interpretación y aplicación de los criterios establecidos por el artículo 339 ,del CPP, estableciendo lo siguiente: "Ha solicitado el Ministerio Público como sanción para el señor R.T.S.M. una pena de diez (10) años de prisión y también ha solicitado una multa de Cien Mil Pesos (RDSlOO,000.00), en cuanto a este petitorio, entiende el tribunal que debe ser tomado en consideración para imponer la sanción solicitada, los criterios previstos en el artículo 339 del Código Procesal Penal Dominicano, circunstancia particular que amerite imponer una pena por encima del mínimo legalmente establecido, en este caso tenemos una persona en edad productiva conforme a las apariencias físicas, no se ha demostrado con sentencia que tenga autoridad de cosa juzgada que esta persona ha sido condenada con anterioridad a los hechos, además contamos con un Centro Penitenciario tipo modelo el cual en el tiempo mínimo establecido tiene las condiciones para brindarle los programas para que esta persona pueda regenerarse y educarse en el menor tiempo posible, por lo que el tribunal entiende prudente imponer la pena mínima establecida para el tipo penal probado, respecto de ¡a prisión que ha solicitado el Ministerio Público la cual deberá cumplirse en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación S.F. de Puerto Plata, y respecto a la multa acoger la solicitud que hace el Ministerio Público e imponer la misma, por entender que la misma no resulta excesiva"-, por lo que este aspecto del recurso debe ser rechazado;

12.”En cuanto a la solicitud de la suspensión condicional de la pena formulada por la parte recurrente, aduciendo en síntesis lo siguiente: que el Art. 341 del Código Procesal Penal, permite su aplicación tras la imposición de una pena de cinco (5) años de reclusión mayor. Para esta solicitud de suspensión condicional de la pena, se presentan documentaciones que acreditan las características personales del imputado, sus grandes posibilidades de reinserción social y el efecto futuro de la condena para el imputado y sus familiares; el imputado tiene una pareja, varios hijos, un concreto y se ha formado en INFOTEP en diversos oficios técnicos; Sin embargo, el artículo 341 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 1015, establece: "Articulo 341.- Suspensión condicional de la pena. El tribunal puede suspender la ejecución parcial o total de la pena, de modo condicional, cuando concurren los siguientes elementos: 1) Que la condena conlleva una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años; 2) Que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad. En estos casos el periodo de prueba será equivalente a la cuantía de la pena suspendida; se aplican las reglas de la suspensión condicional del procedimiento. La violación de las reglas puede dar lugar a la revocación de la suspensión, lo que obliga al cumplimiento íntegro de la condena pronunciada", 13. Que es facultativo del tribunal favorecer con la suspensión condicional de la pena, en este caso la Corte no estima procedente dicha solicitud por cuanto el fin de la pena es la reinserción y reeducación habiendo aplicado el tribunal a quo la condena mínima establecida por la ley;

14.”Ponderadas las indicadas motivaciones de la sentencia impugnada, la Corte comprueba que el tribunal a quo emitió la sentencia mediante una motivación adecuada que justifica su dispositivo, conforme dispone el artículo 24 del Código Procesal Penal, por lo que procede desestimar los medios examinados por improcedentes, infundados y carentes de base legal. Confirmando en consecuencia la sentencia recurrida en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 422 parte capital del CPP modificado por la Ley 10-15, del 6 de febrero de 2015 (Sic)”;

Considerando: que contrario a lo alegado por el recurrente, de la lectura de la

decisión dictada por la Corte a qua puede comprobarse que la misma instrumentó su

decisión justificando las cuestiones planteadas por éste en su recurso y ajustada al

derecho;

Considerando: que con relación al primer alegato del recurrente, relativo a la

duración máxima del proceso, establece la Corte que, mediante sentencia dictada por

la Suprema Corte de Justicia se ha establecido que "cuando el artículo 148 del Código

Procesal Penal consagra que la duración máxima de todo proceso es de tres años, contados a

partir del inicio de la investigación, es preciso entender que a lo que obliga esa disposición

legal es a concluir mediante una sentencia con autoridad de cosa juzgada definitivamente que

ponga fin al procedimiento, todo caso penal, a más tardar el día en que se cumpla el tercer

aniversario de su inicio”;

Considerando: que señala la Corte a qua en su decisión que, ciertamente el Procesal Penal, que establecía el plazo máximo del proceso en 3 años, previo a su

modificación, el 6 de febrero de 2015, por la Ley No. 10-15, pues en este caso el

procedimiento inició con el registro personal y del vehículo y arresto de Rafael Tadeo

Silverio Mesón, la madrugada del 14 de octubre de 2012; en ese sentido el artículo

149 del CPP establece: "Efectos. Vencido el plazo previsto en el artículo precedente,

los Jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal,

conforme lo previsto por este código"; y analizados los motivos adoptados por el

tribunal de primer grado para rechazar el pedimento de extinción, la Corte

comprueba que las motivaciones dadas en este aspecto por el tribunal de primer

grado no fueron suficientes;

Considerando: que en este sentido, establece la Corte que, bajo las normas

legales anteriormente citadas la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 25 de

septiembre de 2009, la Resolución No. 2802-09, por la cual fijó pautas de

interpretación sobre la duración máxima del proceso, estableciendo lo siguiente:

"Declara que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de

duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el

planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a

dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso

al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado";

Considerando: que de igual forma, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos mediante sentencia, de fecha 29 de enero de 1997, caso G.L. vs.

Nicaragua, en que dicho órgano regional de los Derechos Humanos estableció que

para comprobar si un proceso cumple el plazo razonable consagrado en el artículo a) La Complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado y c) La

conducta de las autoridades judiciales; por lo que se impone analizar cuál ha sido la

conducta del imputado en las distintas etapas del procedimiento, si se deriva

complejidad del asunto y cuál ha sido la conducta de las autoridades judiciales;

Considerando: que establece la Corte en su decisión que, en atención a las

actas que conforman el expediente se comprueba lo siguiente:

  1. en fecha 14 de octubre de 2012, a las 4:20 AM, el Sr. R.T.S.M.

fue registrado personalmente así como su vehículo ocupándole 181.74 gramos de

cocaína Clorhidratada según posterior análisis del INACIF; siendo arrestado por este

hecho; b) mediante resolución 1601/2012, de fecha 15 de octubre de 2012, el Juzgado

de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, le impuso medida de coerción

de prisión preventiva de Un (01) año; c) Que en fecha primero (1ro.) de febrero de

2013, el Ministerio Público de Puerto Plata presentó formal acusación y solicitud de

apertura a juicio contra el imputado R.T.S.M.; d) en fecha 8 de

mayo de 2013, el Juzgado de la Instrucción del D. J. de Puerto Plata dictó auto de

apertura ajuicio No. 145/2013, a cargo de R.T.S.M. bajo la

imputación de violación a |los artículos 4 letra d, 5 letra a, 28, 75 párrafo II de la Ley

50-88, sobre drogas y sustancias controladas en perjuicio del Estado Dominicano,

manteniendo la prisión preventiva dictada con anterioridad; e) en fecha 15 de mayo

de 2013, es recibido el oficio No. 368/2013, contentivo del auto de apertura a juicio

por la Unidad de Primera Instancia del Departamento Judicial de Puerto Plata;

fijando en fecha 22 de Mayo de 2013, mediante auto Presidente del Tribunal

Colegiado de Puerto Plata audiencia de fondo para el 27 de junio de 2013, a las 9:00 P., aplazó el conocimiento de la audiencia para el 30 de julio de 2013, acogiendo la

solicitud del Ministerio Público a fin de conducir dos testigos a cargo; g) en fecha 30

de julio de 2013, mediante sentencia No. 195/2013, (leída íntegramente el 6/8/2013)

el Tribunal Colegiado de Puerto Plata dictó sentencia absolutoria del imputado

R.T.S.M., por el hecho del Ministerio Público no haber

constituido representante en audiencia, ordenó el levantamiento de medida de

coerción a cargo del imputado; h) mediante instancia depositada el 19/8/2013, el

Ministerio Público de Puerto Plata interpuso formal recurso de apelación contra la

sentencia absolutoria indicada anteriormente; i) en la primera audiencia fijada el 24

de octubre de 2013 la Corte de Apelación conoce el fondo del recurso y difiere la

lectura íntegra para el 7 de noviembre de 2013, a las 9:00 Am, fecha en que da lectura

íntegra a la sentencia No. 627-2012-00310, rechazando el recurso interpuesto por el

Ministerio Público y confirmando la sentencia absolutoria dictada por el tribunal

Colegiado; interponiendo el Ministerio Público formal recurso de casación contra la

indicada sentencia el 21 de noviembre de 2013; j) el 17 de enero de 2014, es remitido

el expediente contentivo del recurso de casación vía oficina administrativa del

Departamento de Puerto Plata a la Suprema Corte de Justicia, cuyo alto Tribunal

mediante sentencia No. 217 Bis, de fecha 28 de julio de 2014, casó la sentencia de la

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata y apoderó del

conocimiento a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial

de Santiago; por lo que la Corte Penal de Santiago dictó sentencia el 9/10/2015,

mediante la cual acogió el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría

Fiscal de Puerto Plata contra la sentencia absolutoria dictada por el tribunal

Colegiado de Puerto Plata el 30 de julio de 2013, y ordenó la celebración total de un

nuevo juicio por ante el mismo tribunal que dictó la sentencia de fondo pero imputado interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara

Penal de la Corte de Apelación de Santiago, siendo remitido por el Departamento

administrativo del Palacio de Justicia de Santiago a la Suprema Corte de Justicia el

expediente contentivo de este último recurso de casación en fecha 10 de noviembre

de 2016, fecha en que consta recibido por correspondencia de la Suprema Corte de

Justicia, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 463/2015, de fecha

9/10/2015, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago; l) en fecha 30

de marzo de 2017 mediante la Resolución No. 2745-2017 de la Suprema Corte de

Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica

del imputado contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de

Apelación del Departamento Judicial de Santiago de fecha 9 de octubre de 2015, y

envía el expediente por ante el tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de

Primera Instancia de Puerto Plata, compuesto por jueces distintos llamados a

conformarlo; m) en fecha 8 de diciembre el tribunal Colegiado de Puerto Plata

conformado por jueces distintos a los que originalmente dictaron sentencia, dictó la

Sentencia No. 272-02-2017-SSEN-000147, mediante la cual dicta sentencia

condenatoria contra el imputado R.T.S.M. por violar los artículos

4 letra D), 5 letra A), 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias

controladas, por tráfico de drogas y lo condenó a cumplir la pena de 5 años de

prisión en el centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación S.F. de Puerto

Plata, y al pago de Cien Mil Pesos (RDSlOO,000.00) de multa así como al pago de las

costas penales del proceso; sentencia condenatoria que es objeto del presente recurso

de apelación;

Considerando: que señala la Corte en su decisión que, a partir de los actos octubre de 2012, hasta el apoderamiento por casación de la Cámara Penal de la Corte

de Apelación de Santiago, en fecha 1 de diciembre de 2014 (esto es durante el lapso

de tiempo en que señala la defensa del imputado no interpuso ningún incidente,

recurso, ni actuación que entorpeciera el procedimiento), transcurrieron dos años, un

mes y diecisiete días; comprobándose por las actas depositadas que para el

conocimiento del recurso de apelación por la Cámara Penal de la Corte de Apelación

del Departamento Judicial de Santiago hubo de aplazar el proceso durante 4

ocasiones, por lo que es preciso hacer un análisis de las causas de los aplazamientos

realizados por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago mediante la

lectura de las actas de audiencia, por las cuales se comprueba lo siguiente:

“(…) que para el conocimiento de la primera audiencia celebrada el 8 de diciembre de 2014,

por dicha Cámara Penal de la Corte de Santiago, se aplazó el conocimiento del proceso para el

17 de marzo de 2015, 9:00 AM, a fin de que el abogado defensor técnico del imputado

estudiara el caso, quedando citados el defensor técnico y Ministerio Público, y se ordenó citar

al imputado.

En la audiencia celebrada el 17 de marzo de 2015 por la referida Corte Penal de Santiago

dispuso el aplazamiento para el 13 de mayo de 2015 a las 9:00 AM a los fines de citar el

imputado y notificar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que se ha hecho por

secretario (sic), quedando citados por sentencia el abogado del imputado y Ministerio Público

actuante.

En el acta de audiencia de fecha 13 de mayo de 2015, consta que la Cámara Penal de la Corte

de Apelación de Santiago dispuso nuevo aplazamiento para el 15 de julio de 2015, 9:00 AM a trasladado del Centro de Corrección y Rehabilitación S.F. de Puerto Plata a la Corte de

Apelación Penal de Santiago, quedando citado el Ministerio Público y la Defensa técnica del

imputado. En la audiencia de fecha 15 de julio de 2015, la Cámara Penal de la Corte de

Apelación de Santiago volvió a aplazar el conocimiento de la audiencia para el 11 de

septiembre de 2010 a las 9:00 AM a fin de que el imputado R.T.S.M. fuera

citado en su domicilio de la calle 10, casa No. A-1, E.D.P.P., así como

para citar a su abogado, quedando citado el Ministerio Público. A la audiencia celebrada en

fecha 11 de septiembre de 2015, compareció el imputado R.T.S.M. y su

defensa técnica conociendo la Corte de Apelación Penal de Santiago el fondo del recurso y

reservándose el fallo para el 9 de octubre de 2015, fecha en que dio lectura íntegra y entrega de

la sentencia a las partes”;

Considerando: que señala la Corte en su decisión que, contrario a lo alegado

por el recurrente, en el expediente consta que la Cámara Penal de la Corte de

Apelación de Santiago celebró 4 audiencias que fueron aplazadas ya fuera a fin de

que el imputado o su defensa técnica comparecieran a juicio. Desde la primera

audiencia celebrada el 8/12/2014 hasta la audiencia de fondo del recurso celebrada

por dicha Corte, el 11 de septiembre de 2015, habiendo transcurrido ante esa

jurisdicción de envió 9 meses y 3 días desde su apoderamiento hasta el fallo del

recurso, siendo el común denominador de los aplazamientos la incomparecencia del

imputado R.T.S.M.;

Considerando: que señala igualmente la Corte que, fue verificado en uno de

los actos de requerimiento de citación depositado que mediante comunicación de

solicitud de traslado del interno R.T.S.M. dirigida al centro de audiencias de la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Santiago, recibida en

fecha 9/7/2015, consta la nota manuscrita: "interno en libertad"; lo cual indica que el

imputado R.T.S.M. se encontraba libre durante la celebración de

la audiencia para la fecha 15/7/2015 por la Corte de Apelación de Santiago,

audiencia a la que no compareció;

Considerando: que continúa estableciendo la Corte a qua que, dichas

circunstancias, impidieron dictar la decisión del recurso hasta, el 9 de octubre de

2015, esto es 5 días antes del vencimiento del plazo máximo del proceso establecido

por el artículo 148 del CPP; debiendo resaltarse que el imputado ha comparecido en

libertad a las audiencias tanto del proceso de fondo del recurso de apelación

conocido por la Corte de apelación de Santiago, como del proceso que concluyó con

la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito judicial de Puerto Plata, de fecha 8 de

diciembre de 2017, y la celebrada por ante esta Corte de Apelación en ocasión del

recurso de que se trata, por consiguiente, el imputado no ha estado privado de su

libertad durante el conocimiento de los recursos y del juicio de fondo;

Considerando: que en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en el año 2009, en ocasión del caso Valle Jaramillo vs. Colombia, la cual

incorporó un nuevo estándar a los elementos ya existentes del plazo razonable

establecido en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, citado en el motivo 15 de esta

sentencia, incorporando ese órgano de justicia regional de Derechos Humanos un

cuarto elemento referido a que haya habido una afectación generada por la duración

del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, lo Considerando: que con relación al alegato de errónea valoración de la prueba,

la Corte establece en la decisión recurrida, que el tribunal de primer grado explica de

manera clara y precisa los motivos por los cuales no acredita los testimonios a

descargo;

Considerando: que es criterio jurisprudencial constante, el que los jueces de

fondo son soberanos en la valoración de las pruebas por el principio de inmediación,

salvo desnaturalización, derivada de las circunstancias en que se juzgaron los hechos;

Considerando: que del análisis de la sentencia impugnada, no se advierte

desnaturalización, sino que las pruebas fueron valoradas de manera individual y

armónica por el tribunal de primer grado, motivando de manera clara y precisa,

conforme a las reglas de la lógica las razones por las cuales valora positivamente

unas pruebas en detrimento de otras;

Considerando: que igualmente, señala la Corte en su decisión que, contrario a

lo argumentado por el recurrente, el tribunal de primer grado hizo una correcta

interpretación y aplicación de los criterios establecidos por el artículo 339 del CPP,

estableciendo lo siguiente: "Ha solicitado el Ministerio Público como sanción para el

señor R.T.S.M. una pena de diez (10) años de prisión y también

ha solicitado una multa de Cien Mil Pesos (RDS100,000.00), en cuanto a este petitorio,

entiende el tribunal que debe ser tomado en consideración para imponer la sanción

solicitada, los criterios previstos en el artículo 339 del Código Procesal Penal

Dominicano, porque el Ministerio Público no le ha presentado al tribunal ninguna

circunstancia particular que amerite imponer una pena por encima del mínimo conforme a las apariencias físicas, no se ha demostrado con sentencia que tenga

autoridad de cosa juzgada que esta persona ha sido condenada con anterioridad a los

hechos, además contamos con un Centro Penitenciario tipo modelo el cual en el

tiempo mínimo establecido tiene las condiciones para brindarle los programas para

que esta persona pueda regenerarse y educarse en el menor tiempo posible, por lo

que el tribunal entiende prudente imponer la pena mínima establecida para el tipo

penal probado;

Considerando: que en las circunstancias descritas en las consideraciones que

anteceden, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia advierten que no se

encuentran en la sentencia impugnada ninguna de las violaciones invocadas por el

recurrente, como tampoco ninguna violación a derechos fundamentales, por lo que

procede rechazar el recurso de casación de que se trata;

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,

FALLAN:

PRIMERO:

Rechazan, en cuanto al fondo, el recurso de casación interpuesto por: R.T.S., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en fecha 05 de julio de 2018;

SEGUNDO:

Condena al recurrente al pago de las costas procesales;

TERCERO:

O. que la presente decisión sea notificada a las partes.

Así ha sido hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Capital de la República, el trece (13) de diciembre de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración.

(Firmados) M.G.M..- M.R.H.C..- M.C.G.B..- F.A.J.M..- E.H.M..- M.A.R.O..- B.R.F..- P.J.O..- A.A.M.S..- E.E.A.C..- J.H.R.C..- M.A.F.L..-

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy día 07 de marzo del 2019, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos internos y sellos de impuestos internos.

Cristiana A. Rosario V.

Secretaria General