Aborto legal, un derecho de las mujeres

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"Aborto legal, un derecho de las mujeres"

María Jesús Pola Z. "Susi"

Abogada graduada en la PUCMM. Maestría en Género y Desarrollo IINTEC. Articulista periódico El Nacional desde 1996. Investigadora sobre violencia contra las mujeres y feminicidio, con varias publicaciones al respecto. Feminista, activista por los DD. HH. de las personas.

RESUMEN:

Después de un largo y tortuoso proceso de reforma al Código Penal dominicano, el aborto, absolutamente penalizado desde la creación de las leyes en nuestro país, admite tres eximentes, integradas por el Presidente de la República con ocasión de vetar la reforma al Código Penal que entrará en vigencia en enero de 2016. Organizaciones religiosas y grupos pro vida, solicitaron la inconstitucionalidad de la reforma al Tribunal Constitucional, cuya respuesta está en proceso de fallo.

PALABRAS CLAVES:

Derechos reproductivos, DD. HH., aborto por eximentes o causales, Organización Mundial de la Salud, morbilidad y mortalidad maternas, Concordato, Estado aconfesional y laico, reforma Código Penal dominicano, Constitución dominicana, República Dominicana.

1. EL ABORTO ES UN DERECHO:

   "En pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo en una teocracia legislativa que impone a toda la ciudadanía la obligación de cumplir preceptos religiosos que no solo chocan con las más elementales normas democráticas, sino que además son rechazadas por la mayoría del electorado y hasta de los mismos creyentes." Colectiva Mujer y Salud, R. Dominicana, marzo 2013.

   Los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los derechos humanos, son fundamentales y reconocen que todas las personas debemos vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción, uno de los espacios más complejos y polémicos en la agenda de género entre el Estado y la ciudadanía, sobre todo la de las mujeres.

   Estos, considerados los más humanos de los derechos, garantizan la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, entre adultos y menores, logrando que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad y con respeto a la dignidad de las personas.

   Razones socioculturales históricas determinan que las mujeres suframos las mayores violaciones a los derechos reproductivos. Anatómica y biológicamente dotadas para procrear, el costo ha sido alto, en vida y salud, estableciendo alrededor del continuo vida-muerte una especie de callejón sin salida donde debemos movernos.

   La protección a la libertad y la autonomía que tenemos las personas para decidir responsablemente si queremos o no tener hijos, cuándo tenerlos, cuántos y con quién, es un derecho primario y natural que, en el caso de las mujeres, se vulnera cuando se penaliza absolutamente el aborto, una situación de discriminación total que obliga a las mujeres hasta a morir. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el acceso al aborto seguro y legal debe ser un derecho fundamental de la mujer.

   De acuerdo a la misma OMS , durante las últimas dos décadas, la evidencia relacionada con la salud, las tecnologías y los fundamentos lógicos de los derechos humanos para brindar una atención segura e integral para la realización de abortos, han evolucionado ampliamente en la mayoría de los países del mundo. Pero a pesar de estos avances en el mundo, se estima que se realizan unos 22 millones de abortos por año, de manera insegura, con una mortalidad de alrededor de 47,000 mujeres y una discapacidad producida en cinco millones de mujeres.

   La situación refiere que cada una de las muertes y discapacidades se hubieran podido evitar con una educación sexual científica y oportuna, con una buena planificación familiar o anticoncepción establecida y con el acceso al aborto seguro, legal y sin riesgos, así como una buena atención médica de las complicaciones por aborto. De hecho, en los países desarrollados, donde el aborto es legal y seguro y se realiza en los servicios generales, la tasa de muerte es mínima.

   La gravedad de las secuelas de morbilidad y mortalidad se da en aquellos países donde el aborto legal es restringido y las mujeres de escasos recursos acuden a prácticas ilegales e inseguras, pero las mujeres con posibilidades económicas disponen siempre de medios para realizarse abortos seguros, aún en la clandestinidad.

   El 98 % de los países del mundo permiten el aborto al menos cuando la vida de la mujer corre peligro y dos tercios lo permiten cuando la salud física o mental de la mujer está en riesgo. Sin embargo, siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones expresas están en América Latina y el Caribe.

   Para las mujeres de Latinoamérica y el Caribe, las restricciones sobre el aborto aumentan el riesgo de mortalidad, encarcelamiento y estigma social, siendo una de las regiones de mayor incidencia. De acuerdo a la OMS, de los 22 millones de abortos realizados en el mundo, casi 5 millones se practican en la región, una tasa de 32/1,000, 95 % de los cuales presentan alto riesgo para la salud y la vida de las mujeres por ser ilegales.

   Para la región de Latinoamérica y el Caribe, los abortos en condiciones adversas significan una media del 17 % de las muertes maternas, ya que solo el 5 % de las mujeres de la región tienen acceso al aborto legal y seguro, una situación trágica mantenida por la resistencia y la indiferencia de los gobiernos que administran los Estados más inequitativos del mundo.

   Sin embargo, el aborto como protección de la vida y la integridad de las mujeres y las niñas es un derecho reconocido por la comunidad científica internacional y admitido como tal en 29 de los 34 países de la región, que ha logrado disminuir las altas tasas de morbilidad y mortalidad en esos países.

   En la minoría de los países que aún mantienen legislaciones restrictivas y de orden penal, la morbilidad y mortalidad maternas constituyen por sus altas cifras y por las incriminaciones penales graves, una verdadera violación a los derechos humanos, colectivos e individuales, de las mujeres y las niñas.

2. EL ABORTO NO ES UN CREDO:

   "La separación entre la Religión y el Estado ha abierto las puertas a la gobernabilidad democrática moderna […] La Religión puede hacer cosas buenas. Los Estados pueden hacer cosas estupendas. Pero la fusión de ambos no trae consigo un buen resultado. Cada uno de ellos debe tener su propio terreno". Sonia Correa, Coordinadora Investigaciones DAWN, Porto Alegre, Brasil, enero 2003.

   A pesar de que en los últimos treinta años los países de la región han firmado convenios y tratados que los comprometen a rectificar sus legislaciones para contener las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, los niños y niñas, las personas adultas mayores y personas con discapacidades, ha sido una tarea muy dificultosa en la región de Latinoamérica y el Caribe.

   Una de las mayores resistencias ha sido la intervención de las iglesias cristianas, especialmente la católica, cuya historia de alianza permanente con el poder es lejana en el tiempo. Solo entre mediados del siglo XIX y el XX, un buen número de países de Latinoamérica, firmaron concordatos con la Santa Sede de El Vaticano, comprometiendo una buena tajada de poder, hasta el día de hoy.

   En épocas teocráticas, con el advenimiento del papado como institución, la Iglesia no dudó en arrimarse a las monarquías europeas, otorgándole a los monarcas de entonces un aire casi divino mientras se le permitiera al clero ejercer su influencia sobre la plebe y garantizar su seguridad...