El acceso al crédito

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El acceso al crédito

Omar E. Victoria Contreras

o.victoria@jorgeprats.com

En un artículo anterior analizábamos el carácter de interés público que los servicios de intermediación financiera poseen para el sistema económico y social, a pesar de no poseer la condición de servicio público que a veces se les atribuye. La conclusión de aquel análisis fue precisa: estos servicios no se regulan porque constituyen servicios públicos, sino porque se fundamentan en la utilización de los fondos de los ahorrantes nacionales y extranjeros para su canalización hacia la inversión y, por tanto, revisten de un especial interés general. Y es que este proceso de canalización, sin dudas, posee un carácter de interés social, tanto desde el punto de vista de la protección de quien aporta sus ahorros al sistema, como desde la óptica de quien accede a éstos mediante el otorgamiento de créditos.

En esta ocasión nos centraremos en analizar los aspectos regulatorios que matizan el acceso al crédito y el necesario equilibrio que debe existir entre su correcta asignación y la no exclusión económica, y por ende social, de los ciudadanos.

El sistema bancario funciona, de manera general, de una forma sencilla. Los ahorradores depositan su dinero a cambio de rentabilidad, la cual se logra mediante la canalización de estos fondos hacia los tomadores de crédito por medio de cualquiera de los instrumentos financieros estructurados hoy en día (generalmente en forma de préstamos). Desde este punto de vista, el otorgamiento del crédito tiene diferentes niveles de relevancia para el sistema. Por un lado, éste es necesario para producir la rentabilidad correspondiente a los ahorros de los depositantes y su consecuente abono; a su vez, es necesario para el crecimiento económico que motoriza el desarrollo nacional, en tanto inyecta liquidez a los diferentes sectores del país.

Si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente financiero, el crédito debe canalizarse exclusivamente hacia aquellos sectores o deudores que puedan hacer un correcto uso del mismo y pagar sus compromisos en la forma acordada. Precisamente esto último es lo que fundamenta la existencia de profundas normas prudenciales financieras que limitan el otorgamiento de dichos créditos. Ahora bien, el acceso al crédito no sólo es una actividad de mercado con fines y consecuencias netamente privadas; tanto la captación de fondos como el otorgamiento de los mismos posee una incidencia social, y, por ello, surge el...