La homologación como acto jurisdiccional

 
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"La homologación como acto jurisdiccional"

Yoaldo Hernández Perera

RESUMEN:

Se analiza la homologación como acto jurisdiccional, así como sus implicaciones en los casos de cuotalitis, acuerdo de pago, facturas, etc., de cara a las consecuentes vías de ejecución.

PALABRAS CLAVES:

Homologación, acto jurisdiccional, vías de ejecución, legitimidad, cuotalitis, acuerdo de pago, factura, razonabilidad, derecho procesal civil, República Dominicana.

Poco se ha escrito en torno a la homologación como acto jurisdiccional. La doctrina tradicional se ha dedicado a estudiar esencialmente las homologaciones que forman parte de determinados procedimientos establecidos legalmente, como la homologación de peritaje incursa en el procedimiento de partición, la homologación de la deliberación del consejo de familia de un menor o de un interdicto, etc. Pero nada profundo se ha elaborado respecto de homologaciones que —fuera de todo procedimiento principal— llevan a cabo los tribunales a pedido de parte interesada. Urge, pues, un estudio más profundo que lleve a un desarrollo jurisprudencial sobre el tema de la homologación pura y simple, que tiene como finalidad dotar a un documento determinado de fuerza ejecutoria. Esto así, en razón de que ha venido constituyendo una práctica perniciosa el accionar de personas que en buen derecho no gozan de una acreencia verdaderamente exigible y se valen de la homologación para proceder a embargar, muchas veces de manera injusta.

En doctrina se ha definido la homologación, en sentido general, de la siguiente manera: "Aprobación otorgada a ciertos actos por los tribunales y que les concede fuerza ejecutiva". Por su parte, para nuestra Suprema Corte de Justicia (SCJ), las homolagaciones son "decisiones que se limitan a impartir su aprobación a ciertos actos para atribuirles solamente fuerza ejecutoria, constituye una homologación". La Sala Civil de la SCJ, en un intento de distinguir entre la homologación pura y simple de cuotalitis de la liquidación de costas y honorarios, ha establecido que:

Si bien el auto que ordena la homologación de un contrato de cuota litis es un acto, en principio, de pura administración judicial y graciosa, cuando existe conflicto entre las partes, dicho auto es sólo recurrible mediante la acción principal en nulidad y no por el recurso de impugnación previsto en el artículo 11 de la Ley Núm. 302 de 1964, que eventualmente admite, en caso de conflictos las instancias de derecho común.

Lo cierto es...

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