ahora, ¿quién podrá defendernos, Crítica a la política criminal de la contrarreforma procesal

 
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Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Crítica a la política criminal de la contrarreforma procesal

Michel Camacho Gómez.

Desde el año en que entró en vigencia el Código de Procedimiento Penal, la República Dominicana ha experimentado, sin lugar a dudas, una revolución en todo el sistema penal. Su implementación ha sido debatida y refutada por muchos sectores sociales y políticos. Para muchos, el auge de la criminalidad en los últimos años tiene relación con este nuevo instrumento procesal, provocando reclamos generalizados por parte de la población.

No es de extrañar que desde entonces legisladores y organizaciones civiles propugnen una contrarreforma. Al parecer, el procedimiento impuesto en el nuevo código limita demasiado el funcionamiento de las agencias represivas, mermando la eficacia estatal de reprimir a quienes vulneran una norma.

En verdad, es posible argumentar que la reforma procesal no logró instalarse del todo. Ella sólo empieza con la aprobación legislativa del digesto procesal, en el que se dispone el funcionamiento y el rol de las distintas instituciones y actores del sistema penal.

Donde aún no termina “de entrar en vigencia” es precisamente en el esquema psicológico de los operadores del sistema. Hay una brecha entre lo que está escrito y la acción. Existe una dicotomía entre cómo interpretan el sistema, cómo asumen sus funciones y cómo deberían asumirlas los actores del sistema.

No obstante, el panorama es complejo. La resistencia al nuevo código puede responder a varios motivos. De hecho toda renovación vanguardista provoca el descontento de los sectores más conservadores.

Pero también la implementación coincide con un contexto social en el que el umbral de tolerancia de la violencia es bastante sensible, producto del alza de los índices de criminalidad. En sentido general, puede hablarse de una crisis de legitimidad del Código Procesal Penal (en lo adelante CPP), que en mi opinión no es más que una ilusión. Sin embargo, se trata de una ilusión muy poderosa, encantadora, pues es en ella que se basa las propuestas de contrarreforma.

Todo diseño político-estratégico debe partir del análisis del contexto social que quiere impactar. Pero hay que ser cuidadoso con la elección del juicio de relevancia con el que se discriminen unos datos de otros, pues el desarrollo de políticas nutridas de elementos fácticos equivocados puede responder a intereses diferentes a la solución de la crisis de seguridad. Argumentaré que una eventual decisión política criminal de contrarreforma no sería necesaria para manejar eficazmente el aumento de la criminalidad y que en realidad no es el instrumento idóneo para ello.

CONFLICTO Y SOCIEDAD.

La interacción antagónica de intereses es uno de los elementos más antiguos de la sociedad. La organización de los humanos en colectividades no ha sido más que un intento de balancear pacíficamente los intereses de sus respectivos miembros. De hacer de lo racional, razonable. Es decir, de restringir aquellos comportamientos que afecten a otros para garantizar la convivencia pacífica.

Ninguna sociedad ha estado ni estará libre de conflictos. Esto así porque, en primer lugar,cierta clase de ellos son beneficiosos para el avance. Piénsese en las negociaciones adversariales entre patrones y la fuerza laboral; en las negociaciones contractuales donde antes de que se puedan canalizar los intereses opuestos hacia un fin beneficioso para las partes, éstas tratarán de proteger y optimizar sus preferencias, minimizando por medio de las cláusulas contractuales la fricción de sus respectivos intereses. O incluso situaciones violentas, como el reclamo y las luchas políticas por las libertades individuales, han sido positivos. Pero además de estos tipos de confrontaciones de intereses, las colectividades han tenido que desarrollar cierta tolerancia hacia los conflictos violentos no deseados como la criminalidad. No hay posibilidad de erradicarlos completamente. Ni en Suiza ni en República Dominicana.

Los rayos golpean personas; los huracanes dejan efectos devastadores; las personas matan y dañan a otras personas por miles de razones, y lamentablemente nunca podremos estar totalmente libres del mal azar. Más aun en los tiempos actuales, donde los avances tecnológicos y científicos han abierto un fértil campo para nuevas formas de criminalidad.

Evidentemente esto no significa que la política criminal sea inútil, pero sí hay que tener en cuenta los límites de los instrumentos con los que cuenta. En realidad, el alcance de la más efectiva política criminal no será más que la de modificar la disposición social de aceptar la violencia, bien sea reduciendo las tasas de criminalidad de una determinada zona en un cierto momento, o contrarrestando el eco amplificador que distorsiona la percepción de la conflictividad violenta, producto de los medios de comunicación masivos.

Interpretación Política de los Reclamos de Seguridad

Los reclamos de seguridad son el principal criterio en base al cual se toman las decisiones de gestión de la conflictividad. Son escasas las voluntades políticas que utilizan las disciplinas empíricas como la criminología o la sociología jurídica para el desarrollo de medidas de seguridad.

Se obvia la necesaria relación entre aquéllas y la concepción de directrices normativas. Ello conlleva inexorablemente al establecimiento de modelos operacionales ciegos. El solo reclamo social no basta como factor determinante de la política criminal, aunque sin duda deba ser tomado en cuenta. Las consideraciones sobre estas demandas deben hacerse en su justa medida, teniendo en cuenta las causas que la generan, porque de lo contrario se pone atención en el dedo y no a lo que señala.

En gran medida, la sensibilidad social ante la violencia puede ser manipulada por la recurrente exposición a la violencia cuyo acceso es ilimitado. Los expertos en la materia aseguran que “una sociedad que dispone, por un lado de medios de comunicación eficientes, y que por otro en (sic) el consumo comunicativo está vivamente interesado en los fenómenos de la violencia, ya no necesita experimentar la violencia en su propio seno para percibirla como omnipresente: pocos serán los ejercicios espectaculares de violencia en el mundo que se nos escapen”.1

El gran poder de control social que han desarrollado los conglomerados modernos no es el soberbio ejercicio de la violencia, es el poder pro-activo o aquel proceso de proporcionarle al sujeto los motivos para la acción.2

En términos concretos este tipo de poder implica la capacidad...

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