ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES TIC

 
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ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES/TIC

Luz Marte

Socia de la firma De la Cruz, Santana & Marte; máster en Derecho de Administración del Estado, profesora en Unibe.

l.marte@delacruzsantanamarte.com

Resumen:

La República Dominica debate la posibilidad de aprobar una ley que regule las asociaciones público-privadas (APP). Esta es una iniciativa del Gobierno que cuenta con el aval de la comunidad internacional y que persigue involucrar y regular la intervención del sector privado en proyectos de interés social. La autora aborda la figura de las APP en la forma en que ha sido concebida por el proyecto de ley que se estudia en nuestras cámaras legislativas, analiza mecanismos de control sobre la articulación y manejo de las APP en otros países y, finalmente, vaticina un escenario de aplicación de las APP para el sector de telecomunicaciones, tomando en cuenta los programas de interés que involucran al sector telecomunicaciones/TIC en la actualidad.

Palabras claves: Alianzas público-privadas (APP), infraestructura, telecomunicaciones, TIC, proyecto de ley de APP, proceso competitivo, interés social, principio de subsidiariedad, principio del inversionista privado en una economía de mercado, República Dominicana.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abordó en el año 2016 el hecho de que en América Latina existía un distanciamiento significativo en aspectos fundamentales para el desarrollo, particularmente en términos de pobreza, educación, salud e infraestructura. En lo atinente a la desigualdad presente en materia de infraestructura, la OCDE señalaba que esta abarca no solo su calidad, sino, a su vez, su disponibilidad, fiabilidad, sostenibilidad y resiliencia.

Acorde con un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (antigua Corporación Andina de Fomento, CAF), con el fin de reducir la brecha que existe en infraestructura era necesario mantener en América Latina niveles de inversión por el orden del 6 % del PIB durante el periodo 2012-2020 , y para lograr esta meta se hace necesaria la implicación del sector privado, dada los reducidos porcentajes de inversión pública en este rubro como denominador común en la región.

Esta vinculación del factor infraestructura como aspecto fundamental para el desarrollo y la necesidad de incrementar sus índices de inversión en América Latina para reducir la desigualdad, motivaron que varios países de la región adoptaran, modificaran o reincorporaran en su legislación, regulación relativa a las alianzas público-privadas (APP) como mecanismo de contratación pública que facilita y norma la inversión privada en proyectos de infraestructura públicos de interés social. Este modelo sobrepasó a los proyectos de infraestructura y hoy día se emplea en varios países como mecanismo de contratación en una variedad de campos.

En cuanto a la visión de la República Dominicana sobre estos aspectos, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana , ha manifestado que la política de desarrollo sostenible asumida por la comunidad internacional (enmarcada dentro de la Agenda 2030 y redirigida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS con el fin de disminuir los índices de pobreza, alcanzar la inclusión social y promover el desarrollo ambientalmente sostenible) requiere de la solidaridad y participación de todos los sectores, y asegura que esto coloca a la República Dominicana frente a la necesidad de definir mecanismos eficaces para garantizar sinergias que permitan promover esta agenda de desarrollo.

De esta inquietud, así como de los precedentes y la experiencia internacionales, surge la iniciativa estatal de regular en la República Dominicana las APP, lo que dio como resultado que para finales del pasado año el Poder Ejecutivo sometiera a las cámaras legislativas un proyecto de ley con este fin. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido propulsor de esta regulación, al igual que otras entidades como Cooperación Española en la República Dominicana.

A la fecha el Senado se ha reunido con representantes de algunos sectores involucrados para discutir el proyecto, la prensa ha abordado el tema de las APP en estos últimos días y se espera que de manera inminente, y pese a algunas críticas, la Ley de Alianza Público Privada para la República Dominicana sea una realidad.

Ahora bien, la motivación de este artículo, además de ahondar sobre la figura de las APP, pretende vaticinar el impacto que podría tener una regulación como esta dentro del sector de las telecomunicaciones/TIC. Dirigiendo estas líneas de lo general a lo particular, nos corresponde iniciar con una conceptualización de APP y un examen general de la legislación que a su respecto ha sido propuesta para la República Dominicana, seguido de algunas acotaciones sobre su posible impacto en este sector.

• Propuesta de regulación de las APP

El proyecto de Ley de APP es claro al identificar que la pieza encuentra motivación en la experiencia internacional que demuestra que las APP pueden ser un mecanismo más oportuno para enfrentar las dificultades y desafíos presupuestarios de los países, a través del despliegue de infraestructura y el desarrollo servicios, bajo un ambiente de confianza y cooperación de los agentes públicos.

El aludido proyecto define a las APP como:

[…] el mecanismo por el cual agentes públicos y privados, voluntariamente y como consecuencia de un proceso competitivo, suscriben un contrato de largo plazo para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al desempeño conforme a lo establecido en el contrato. (Énfasis nuestro).

De lo anterior se deduce que las APP constituirían un nuevo método de contratación con el Estado que estaría regulado de manera específica por las disposiciones del aludido proyecto, una vez convertido en ley, a través del cual el sector privado podría quedar a cargo de la provisión de bienes y servicios de interés social, los cuales podrían o no contar con capital estatal.

Esta definición de APP se acerca mucho a lo que tradicionalmente ha sido entendido como una concesión del Estado dominicano. De hecho, dentro de las críticas...

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