Más allá de las ideas, ¿es el Decreto 416-23 un camino hacia una realidad blindada por la transparencia y la eficiencia en las compras públicas?

• Autor: Jessica Espitia Tinjaca
• Cargo: Abogada asociada de Estrella & Tupete, Abogados
• Páginas: 1-3

Obtener bienes y servicios para lograr la satisfacción de las necesidades públicas mediante procesos de contratación estatal resulta fundamental para el funcionamiento de la sociedad y el logro de los objetivos estatales en un Estado de derecho. Gracias a sus potestades, el Estado cuenta con suma libertad para utilizar diferentes mecanismos que le brinden de manera objetiva la posibilidad de adquirir los bienes y servicios públicos necesarios para satisfacer las necesidades del interés general, apostando a la mejor calidad y a los menores costos finales para la Administración.

La contratación pública únicamente puede conseguir sus objetivos cuando se desarrolla dentro de un marco jurídico en el que todos los interesados cuenten con los mismos derechos para presentarse como proveedores del Estado. La transparencia, como valor transversal y pilar inherente, asegura que no se produzca ninguna actividad relacionada con la corrupción en las compras públicas. En grandes debates actuales, ha sido catalogada como una forma de garantizar los principios que rigen la contratación estatal y que de esta manera la Administración obtenga un mayor número de oferentes entre los cuales pueda encontrar aquel que demuestre ser el competidor que preste los bienes o servicios más convenientes para el interés general.

El Gobierno nacional se ha encargado durante los últimos tres años de difundir su gran interés en dinamizar, mejorar y eficientizar el sistema por el que se rigen las contrataciones públicas. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Administración, hasta el momento no ha sido posible generar un consenso entre los participantes en el proceso de promulgación de una nueva ley de contratación estatal que sustituya la Ley 340-06. No obstante, el 14 de marzo de 2024 entrará en vigencia el Decreto 416-23, recientemente emitido por el Poder Ejecutivo, que servirá como Reglamento de Aplicación de la Ley sobre Compras y Contrataciones y sus modificaciones. Esta norma jurídica con fuerza de ley promete brindar herramientas para hacer una contratación pública más abierta, transparente, íntegra y, sobre todo, para movilizar e invertir los recursos públicos de manera adecuada.

Las barreras de entrada, innecesarias e injustificadas, que no permiten que los competidores interesados puedan participar en los procesos de selección pública anulan las garantías y evitan que la contratación pública esté basada en los principios de selección objetiva, pluralidad de...