El amparo en Iberoamérica

Páginas219-232
AutorGerardo Eto Cruz
219
EL AMPARO EN IBEROAMÉRICA1
Dr. Gerardo Eto Cruz
Catedrático y antiguo Juez del Tribunal Constitucional del Perú
I. El Derecho Procesal Constitucional y el amparo
La consagración denitiva del Derecho Procesal Constitucional
ha llevado, desde la reexión iberoamericana, a consolidar un núcleo
duro de materias que hoy perlan epistémicamente su objeto o materia
de estudio: la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y
la magistratura constitucional. Y, en esta parcela de conocimiento, los
procesos constitucionales trepan un horizonte ¿? relevante en su es-
tudio. Sumado a la constitucionalización del ordenamiento jurídico, de
todos los procesos constitucionales que existen en América Latina, el
amparo se yergue como una gura propia, singular, con todo un pasado
y una permanente evolución en su n de ser la tutela de urgencia de los
derechos fundamentales.
1 Ponencia presentada en Colegio Nacional de México, el 26 de octubre de 2015, en el marco
del Ciclo “Pensamiento Jurídico Contemporáneo”, coordinado por los profesores Héctor Fix-
Zamudio y Diego Valadés, dentro de la mesa temática “Derecho procesal constitucional” coordi-
nada por Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Puede verse el video en la siguiente dirección electrónica:
https://www.youtube.com/watch?v=l1zoa6aR9ko. En esta oportunidad, la ponencia se presenta
en el marco de la celebración del V Aniversario de la creación del Tribunal Constitucional de
República Dominicana, en las Jornadas sobre Justicia y Derecho Constitucional, a realizarse en
la Provincia de Santiago de los Caballeros, el 25 de octubre de 20
220
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Amparo en Latinoamérica
II. El amparo: una voz ibérica
Permítasenos aquí hacer una digresión de la herencia ibérica que
quedara en América Latina: su idioma. Al respecto, Pablo Neruda ex-
presaba en torno al gran legado idiomático de Castilla:
“ Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los
conquistadores torvos Estos andaban a zancadas por las tremendas
cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, buti-
farras, olitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos itos, con aquel
apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo Todo se lo
tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las
que ellos traían en sus grandes botas Por donde pasaban quedaba
arrasada la tierra Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de
las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las pa-
labras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes el idioma.
Salimos perdiendo Salimos ganando Se llevaron el oro y nos
dejaron el oro se lo llevaron todo y nos dejaron todo Nos dejaron
las palabras”2.
Efectivamente, el amparo, si lo apreciamos desde una perspectiva
semántica, podemos vericar que una acepción con la que le identica la
RAE, técnicamente alude al proceso de amparo que existe en los sistemas
jurídicos. Pasemos revista al signicado que se asigna a este vocablo.
La Real Academia Española, en la vigésimo segunda edición del
Diccionario de la Lengua Española, le asigna a la voz amparo “Acción y
efecto de amparar o ampararse”, en su primera acepción, y amparar (del
latín anteparare) que signica favorecer, proteger3.
En las últimas ediciones del Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua, la voz amparo remite al vocablo “recurso de amparo”
2 NERUDA, Pablo: Coneso que he vivido. Memorias, 6ª edición, Seix Barral, Barcelona, México,
1976, pp. 77-7
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española. 22ª edición, Espasa Cal-
pe, Madrid, 2001, p. 14
221
JORNADA | 25 de octubre de 2017
Dr. Gerardo Eto Cruz
Catedrático y antiguo Juez del Tribunal Constitucional del Perú
y que, según la Academia es “el estatuido por algunas Constituciones
modernas, europeas y americanas, para ser tramitado ante un alto tribu-
nal de justicia, cuando los derechos asegurados por la Ley fundamental
no fueren respetados por otros tribunales o autoridades”4.
No cabe duda que la voz amparo como alocución ibérica alude a
defensa, protección, tutela; expresaba Tena Ramírez que estamos ante
un vocablo “castizo, evocador y legendario”5. Mauro Capelletti, por su
parte, señala que el amparo, o con mayor precisión el juicio de amparo,
es una institución incompatible con un régimen dictatorial, amparar
de anteparare (voz provenzal: ante-parar) signica defender, proteger,
y en este caso, la defensa se reere al hombre en sus derechos de liber-
tad ente al Estado6. Recordemos que ya desde las viejas expresiones
castellanas, existían los llamados “amparamientos”, que tenían, en las
Partidas de Alfonso X El Sabio, una connotación tanto literal como de
protección que dispensaba el rey a los desvalidos, así como procesal, en
lo referido a los mecanismos procesales establecidos para la protección
de los derechos de los súbditos.
III. Una ojeada panorámica: su nomen iuris y su regulación en
Latinoamérica
El proceso constitucional de amparo hoy está presente en 17 paí-
ses de América Latina, acaso desde el primigenio inujo mexicano.
En Europa, el registro no es desdeñable: 12 países lo regulan, y en el
continente aicano, Cabo Verde también lo comprende, tanto como
en Asia, la Región Administrativa Especial de Macao. Es decir, en 31
países del mundo, el proceso de amparo, aunque con diversos nomen
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española. 23ª edición, Espasa Cal-
pe, Madrid, 2014, p. 187
5 TENA RAMÍREZ, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano. 7ª edición, Porrúa, México, 1964,
p. 45
6 CAPELLETTI, Mauro: “La voz ‘Amparo’ en la Enciclopedia del Diritto”, en Boletín del Instituto
de Derecho Comparado de México, México, Año XI, Nº. 33, septiembre-diciembre de 195
222
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Amparo en Latinoamérica
iuris, forma parte de una concreta manifestación de la tutela de los dere-
chos fundamentales en los actuales y modernos sistemas de jurisdicción
constitucional de la libertad.
Actualmente, los derechos de naturaleza ius-fundamental se ven
protegidos por un counto de procesos de tutela ordinaria y otros,
a través de sendos procesos constitucionales que, en la comparativa,
reciben distintos nomen iuris, pero que, al n y al cabo, son las garantías
de la tutela de aquellos derechos fundamentales. En un mundo cada vez
más convulsionado, en donde el acceso a la impartición de justicia se ve
mediatizado por la dilación procesal, el amparo se presenta acaso como
la gran herramienta que debe armar la protección ente a aquellos
actos lesivos que pueden provenir indistintamente de cualquier auto-
ridad, funcionario o persona; y esta última, que puede manifestarse a
través de grandes entidades monopólicas, oligopólicas o transnacionales,
cuyo desarrollo empresarial muchas veces genera diversas afectaciones
medioambientales o complejos derechos difusos o colectivos.
El proceso constitucional de amparo constituye el instrumento
non plus ultra para armar la tutela de los derechos ius-fundamentales
y, con ello, los principios y valores constitucionales que encierra la
Constitución como norma. Esta aseveración se pone de maniesto
en una constatación empírica: la elevada carga procesal que tienen los
tribunales constitucionales en el mundo, en relación a este proceso, y
que constituye un alto porcentaje del universo de procesos constitu-
cionales que conocen los Colegiados Constitucionales
7
.
A la fecha, se puede sistematizar la cuantiosa legislación de los
diversos países de América Latina, de Europa, Áica y Asia, en donde
existe este instrumento procesal para tutelar la defensa y la protección
de los derechos fundamentales de las personas, así como a nivel de
los dos principales sistemas regionales de protección de los derechos
humanos, como son el sistema europeo, a través del Convenio Europeo
7 FIX-ZAMUDIO, Héctor y Eduardo FERRER MAC-GREGOR (coordinadores): El derecho de
amparo en el mundo, Porrúa, México D.F., 200
223
JORNADA | 25 de octubre de 2017
Dr. Gerardo Eto Cruz
Catedrático y antiguo Juez del Tribunal Constitucional del Perú
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun-
damentales de 1950, y el sistema americano, a través de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José de
Costa Rica; en donde se recoge, aunque con distinta nomenclatura, el
instituto del amparo como un medio de tutela de urgencia para proteger
los derechos humanos. Veamos a continuación los distintos nomen iuris
que recibe el amparo en Iberoamérica.
Así, en lo que respecta a América Latina, Argentina ha recepciona-
do el instituto del amparo a nivel constitucional en el art. 43, párrafos
1 y 2 de su Ley Fundamental y lo ha desarrollado a nivel legislativo
mediante Ley 16986, Ley de Acción de Amparo de 1966, recibiendo
el nombre de “Acción de Amparo”; Bolivia, por su parte, ha sentado
su base constitucional en el art. 128 de su Carta Magna, y lo ha regla-
mentado mediante el novísimo Código Procesal Constitucional de ese
país, promulgado el 5 de julio de 2012, que le denomina “Acción de
Amparo Constitucional”; Brasil, a su vez, lo ha recogido en el art. 5º,
LXIX y LXX de su Constitución y desarrollado mediante Ley 1533, Lei
do Mandado de Segurança de 1951, con el nomen iuris de “Mandado de
Segurança”, cuya traducción del lusitano es “Mandamiento de Seguri-
dad o de Amparo”; Colombia le ha dado reconocimiento constitucional
en el art. 86 de la Constitución Política de 1991 y reglamentado a través
del Decreto 2591, donde se denomina al instituto “Acción de Tutela”;
Costa Rica le ha dado conguración constitucional en el art. 48 de
su Comando Normativo Mayor y desarrollo legislativo a través de la
Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley 7135 de 1989, denominándole
“Recurso de Amparo”; Chile ha sentado su marco constitucional en el
art. 20 de su Carta Política, y su desarrollo reglamentario está previsto
en el Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre tramitación del re-
curso de protección de garantías constitucionales de 1992, calicando
al instituto como “Recurso de Protección”; Ecuador lo comprende a
nivel constitucional en el art. 88 y su regulación se encuentra en la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
denominándole “Acción de Protección”; El Salvador lo prevé en el art.
224
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Amparo en Latinoamérica
247 de su Constitución y a nivel inaconstitucional, en la Ley de Pro-
cedimientos Constitucionales de 1960, donde le denomina al instituto
como “Proceso de Amparo”; Guatemala lo comprende en el art. 265 de su
Constitución y su ordenamiento reglamentario se encuentra en la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad a través del Decre-
to Nº 1-86 de 1986, denominándole simplemente “Amparo”; Honduras,
por su lado, le da asiento constitucional en el art. 183 de su Carta Magna
y desarrollo legislativo a través de la Ley sobre Justicia Constitucional de
2005, y le denomina “Garantía o Recurso de Amparo”; México, cuna de
esta institución, lo comprende en los arts. 103 y 107 de su célebre Cons-
titución de 1917, que se ve reglamentada a través de la Ley de Amparo,
Reglamentari a de los Artícu los 103 y 10 7 de los Esta dos U nidos Mexica-
nos, de 1936, denominándole “Juicio de amparo”; Nicaragua lo prevé en
los arts. 45 y 188 de su Constitución y lo desarrolla a través de la Ley de
Amparo de 1988, consignándolo como “Recurso de Amparo”; Panamá,
por otro lado, recoge este instituto en el art. 54 de su Constitución y lo
desarrolla en su Código Judicial de 1987, en el Libro IV, que trata de las
Instituciones de Garantía, especícamente en el Título III, denominado
“Amparo de Garantías Constitucionales”, donde se le asigna el nombre
de “Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales”; Paraguay, por
su parte, le ha otorgado rango constitucional a través del art. 134 de
su Carta Política, y lo reglamenta en la Ley Número 337/88, Código
Procesal Civil de 1988, en el Libro IV, “De los juicios y procedimientos
especiales”, en especial en su Título II, rotulado “Del Juicio de Ampa-
ro”, y le llama, simplemente, “Amparo”; República Dominicana, a su
vez, reconoce este recurso en el art. 72 de su Constitución, y lo regula
en la Ley 137-11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
procedimientos constitucionales, que lo denomina “Acción de Amparo”;
Uruguay, que a pesar de no recoger expresamente este instituto procesal
en su Constitución, lo ha regulado a nivel legislativo en la Ley Número
011 de 1988, que le denomina “Acción de Amparo”; y nalmente,
Ven ez u el a, qu e h a r e cep c io na do es ta g u ra pr oc es al en e l a rt . 2 7 d e s u
Constitución y la ha reglamentado a través de la Ley Orgánica de Amparo
225
JORNADA | 25 de octubre de 2017
Dr. Gerardo Eto Cruz
Catedrático y antiguo Juez del Tribunal Constitucional del Perú
sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988, donde recibe dos
nombres o acepciones “Acción de Amparo Constitucional” o “Acción de
Amparo a la libertad o seguridad”.
IV. Breve panorama del amparo en Iberoamérica
4.1. El amparo como acción o como recurso ante un solo tribunal
La gura más generalizada es que el amparo se residencia ante
un solo tribunal, bien sea especializado ( jurisdicción constitucional
concentrada) o ante la Corte Suprema. Aquí se podrán apreciar dos
variantes que se pueden precisar según la competencia ante un Tribunal
Constitucional o ante la Suprema Corte. Veamos:
4.1.1. El amparo a cargo de un Tribunal Constitucional
En este caso, estamos ante una competencia exclusiva de la juris-
dicción constitucional concentrada vía un colegiado constitucional8.
En el caso del “Recurso de Amparo de España”9, el amparo se encuen-
tra regulado en la Constitución de 1978, y más especícamente a tra-
vés de su regulación legal ordinaria, vía la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
4.1.2. El amparo a cargo del órgano supremo de la vía judicial
Entre otros sistemas constitucionales, el amparo se establece
como una acción ante un solo tribunal, pero integrado dentro del po-
8 Entre los países que tienen esta competencia tenemos a Alemania, Austria y España. En el caso
de Alemania, vía reforma de 1969, y se produce a través del llamado “Recurso de Amparo Cons-
titucional” y solo sirve para la defensa de los Derechos Fundamentales. En el modelo austriaco,
al amparo se le conoce con el nomen iuris de “Recurso Constitucional Austriaco”, y se introdujo
en 1920 por la Constitución aun vigente y por la Ley del Tribunal Constitucional de 195
9 Al respecto, puede verse el reciente trabajo de Carlos Ruiz Miguel, “El amparo constitucional en
España: derecho y política”, en Derechos fundamentales y derecho procesal constitucional. Transfor-
mación, evolución, transmutación, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa,
México D.F., 20
226
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Amparo en Latinoamérica
der Judicial y especícamente, ante la Corte Suprema o ante el órgano
judicial supremo. Demos una mirada comparativa de este particular
sistema:
Los países latinoamericanos son Costa Rica, El Salvador y Nicara-
gua10. En el caso de Costa Rica, allí existe el llamado “Recurso de Am-
paro” a través de la Reforma Constitucional de 1984 y cuya competencia
la detenta la Sala Constitucional, que es una sala especializada de la
Corte Suprema. En el caso de El Salvador, el amparo está incorporado
en su texto de 1983, vía la Corte Suprema, denominada la “Sala de
Amparo”. Nicaragua, en su texto de 1986 establece el amparo a través
de la Suprema Corte. También podríamos decir que México, en parte
también se encuentra en esta sub-modalidad competencial.
4.2. El amparo como una acción o recurso, pero ejercido ante una
globalidad de tribunales
Siguiendo el más puro estilo del modelo difuso, en la mayoría
de los sistemas latinoamericanos que consagran expresamente el am-
paro, la conguración de estos procesos lo denen una globalidad
de tribunales, cuyos casos son los siguientes: Argentina (artículos
4 y 15 de la Ley 986), Bolivia (artículo 32º del Código Procesal
Constitucional), Brasil (artículos 14 de la Ley 533), Chile (artículo
1º del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de pro-
tección de las garantías constitucionales), Colombia (artículos 32 y
33 del Decreto 2591), Guatemala (artículos 11 al 16, 83 y 84 de su
Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad), Hon-
duras (artículo 10 y 11 de la Ley sobre Jurisdicción Constitucional)
Panamá (artículo 2616 del Código Judicial), Perú (artículo 51º del
Código Procesal Constitucional), Uruguay (artículos 3 y 10 de la
Ley 16011), y Venezuela (artículo 7 de la Ley Orgánica del Amparo).
10 Y, a nivel europeo, tenemos el caso de Suiza.
227
JORNADA | 25 de octubre de 2017
Dr. Gerardo Eto Cruz
Catedrático y antiguo Juez del Tribunal Constitucional del Perú
Así, en Argentina desde la Ley 16986 sobre la Acción de Amparo; el
Perú vía la Acción de Amparo que lo conocen los jueces de primera
instancia en lo civil; Chile, vía el “recurso de protección ante las Cor-
tes de apelación”; Brasil, el elenco de las garantías constitucionales:
el mandato de segurança, el recurso de hábeas corpus, el mandato de
iunção y el hábeas data. En el caso del mandato de seguranca, lo
conoce el Tribunal Superior de Justicia; luego, Venezuela tiene la Ac-
ción de Amparo, que la conocen los Tribunales de primera instancia;
Colombia tiene la Acción de Tutela, Panamá, el Recurso de Amparo,
Bolivia, la Acción de Amparo y Honduras, el Recurso de Amparo. En
todos estos países, son los jueces civiles los competentes para conocer
estas materias.
4.3. Los derechos que tutela el amparo en el sistema
latinoamericano
Existe una gama en el sistema de protección, que va desde el
extremo de proteger todos los derechos fundamentales o derechos
constitucionales a solo algunos de ellos. Aquí, igualmente, podemos
observar, por razones convencionales de exposición, dos modalidades.
Veamos:
4.3.1. Sistema que protege, vía el amparo, todos los derechos fun-
damentales
Aquí tenemos el universo de los siguientes países: Venezuela, Costa
Rica, Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Hon-
duras, Nicaragua, Brasil.
El caso de Venezuela, con su reciente Constitución de 1999, pro-
tege, vía el amparo, todos los derechos fundamentales. Costa Rica dis-
tingue entre el hábeas corpus y amparo a través de la Ley de Jurisdicción
Constitucional de 1989; Argentina, vía la Ley 16986, protege todos
los derechos fundamentales, sin excepción. Uruguay, a través de la Ley
16011 de 1988; el Perú, a través del Código Procesal Constitucional;
228
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Amparo en Latinoamérica
Guatemala, a través de la Constitución de 1985 distingue el hábeas
corpus cuyo nomen iuris es la acción de exhibición personal y el ampa-
ro. Su regulación actual es a través de la Ley de Amparo, exhibición
personal y de constitucionalidad de 198 El Salvador cuenta con la
Ley de Procedimientos Constitucionales y allí se prevén los siguientes
procesos: el de la inconstitucionalidad de las leyes; el de amparo, el de
exhibición personal. Bolivia, en su artículo 128 de la Constitución de
2009, regula el amparo; Honduras, en la Carta de 1982, vía el artículo
183, igualmente prevé la tutela de los diversos derechos fundamentales;
Nicaragua, a través del artículo 45 de la Ley de Amparo de 198 En el
caso de Brasil, la protección de los derechos fundamentales se expresa
a través de los siguientes remedios procesales: el hábeas corpus, para
la libertad individual; el mandato de seguranca, para la protección de
los derechos líquidos y ciertos ente al abuso del poder; a su vez, este
mandato de seguranca se expresa vía el individual y colectivo; el hábeas
data tutela el acceso a la información y el mandato de iuncao, ente a
la omisión de normas reglamentarias de derechos fundamentales.
4.3.2. Sistema que protege el amparo solo a ciertos derechos funda-
mentales
Normalmente, esto ocurre en el sistema europeo, como en Ale-
mania y España; en Latinoamérica, tenemos los casos excepcionales de
Chile y Colombia.
4.4. Legitimación procesal
Distinguimos aquí tanto la legitimación activa como la pasiva.
4.4.1. Legitimación activa
El común denominador en toda la legislación iberoamericana es,
con aseos más o menos equivalentes, cualquier persona, sea natural o
jurídica. A esta regla, adicionalmente, se observa lo siguiente: Argenti-
229
JORNADA | 25 de octubre de 2017
Dr. Gerardo Eto Cruz
Catedrático y antiguo Juez del Tribunal Constitucional del Perú
na: lo puede plantear el Defensor del Pueblo y asociaciones registradas
conforme a la ley; Bolivia: el Ministerio Público y el Defensor del Pue-
blo; Brasil: partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones;
Ecuador: Defensor del Pueblo; Guatemala: Ministerio Público; Perú:
personas jurídicas y Defensor del Pueblo; Uruguay: persona jurídica
pública o privada; y Venezuela: Defensor del Pueblo.
4.4.2. Legitimación pasiva
Aquí existe una variada posición bajo el signo de si solo pueden ser
emplazadas autoridades públicas o también particulares.
a) Contra autoridades públicas o privadas
La regla, por lo general, es que procede contra cualquier autoridad
o funcionario, o incluso, contra particulares; son los modelos de juris-
dicción de Argentina (artículo 43º de la Constitución); Bolivia (artículo
19º de la Constitución); Brasil, bajo la gura del agente de persona ju-
rídica en ejercicio de atribuciones del Poder Público (artículo 5º, LXIX
de la Constitución); Colombia (artículo 85º de la Constitución); Costa
Rica (artículos 29º y 57º de su Ley de Jurisdicción Constitucional);
Ecuador (artículo 95º de la Constitución); Guatemala (artículos 9 y 10
de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad);
Paraguay (artículo 134º de la Constitución); Perú (artículo 200º.2 de
la Constitución); Uruguay (artículo 1 de la Ley 011) y Venezuela
(artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales).
b) Solo contra entidades públicas
El modelo iberoamericano del amparo admite una corriente
que solo debe emplazarse a autoridades o funcionarios públicos o
del Estado. Estos países son Chile (artículo 3 del Auto Acordado
de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección
de garantías constitucionales); El Salvador (artículo 12 de la Ley
230
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Amparo en Latinoamérica
de Procedimientos Constitucionales); Honduras (artículo 41º de la
Ley sobre Justicia Constitucional); México (artículo 103º, acción
I, de la Constitución y artículo 11 de su Ley de Amparo); Nica-
ragua (artículo 188 de la Constitución y artículo 24 de la Ley de
Amparo) y Panamá (artículo 50 de la Constitución y artículo 2613
del Código Judicial).
4.5. Motivos de la protección del amparo
Los motivos por los que una persona puede utilizar el proceso
de amparo son diversos y complejos en el derecho comparado; pero,
en todo caso, siempre que se trata de una hipótesis de un acto lesivo,
acto reclamado o un agravio constitucional que, para los efectos
procesales es a través de una acción u omisión lesiva de derechos
constitucionales. Ahora bien, estas acciones u omisiones pueden ser
de particulares, de autoridades o funcionarios. Veamos una muestra
panorámica.
4.5.1. El amparo frente a particulares
a) Sistemas que lo admiten en forma general. Tenemos los casos de
Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia. Es decir,
aquí procede interponer un amparo contra una persona particular y
no necesariamente contra una autoridad estatal.
b) Sistemas que lo admiten restrictivamente. En este caso, se pueden
plantear en forma excepcional, y aquí están Costa Rica, Guatemala
y Colombia. En rigor, la procedencia del amparo contra particula-
res ocurre siempre y cuando estos se encuentren cumpliendo actos
de autoridad.
c) Sistemas que excluyen el amparo ente a autoridades u omisiones
de particulares. Aquí se encuentran España, Alemania y Austria, a
nivel Europeo; y México, Brasil, Panamá, El Salvador y Nicaragua,
a nivel latinoamericano.
231
JORNADA | 25 de octubre de 2017
Dr. Gerardo Eto Cruz
Catedrático y antiguo Juez del Tribunal Constitucional del Perú
4.5.2. El amparo frente a leyes
Aquí estamos ante un complejo problema que no es abordado de
forma sistemática en América Latina; en primer lugar, habría dos mo-
delos:
a) Sistemas que lo admiten. En este caso, los regímenes que lo ad-
miten, distinguen dos tipos de leyes, las normas auto aplicativas
y las normas heteroaplicativas. Las primeras son aquellas que no
requieren de ninguna intermediación para que surtan efectos ins-
tantáneos; son normas de ecacia directa; y en este supuesto, los
países admiten el amparo directo contra leyes. En este modelo se
encuentran Venezuela, México, en parte, el Perú, Guatemala, Hon-
duras y Costa Rica.
Igualmente, se admite contra leyes auto-aplicativas en Alemania,
vía el recurso de amparo constitucional.
b) Sistemas que lo prohíben. Los países que lo prohíben son Argen-
tina, Brasil, Uruguay, Colombia y España.
4.5.3. El amparo contra las sentencias
Este tópico es de por sí complejo, y bien se podría quintaesenciar
en tres grandes modelos:
a) Tesis negativa. Que prohíbe el amparo contra sentencias. En este
modelo se ubican Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.
b) Tesis permisiva débil. Que plantea la posibilidad de residenciar
amparos contra sentencias, pero en forma excepcional, y siempre
y cuando se den determinados presupuestos. En este modelo se
encuentran los casos de Perú, Venezuela, Guatemala, Honduras,
Colombia; Brasil solo lo plantea si no existe algún recurso contra
la sentencia.
c) Tesis permisiva fuerte. Aquí, es factible plantear acciones de amparo
contra todo tipo de sentencias, y ello ocurre en México y España.
A todo ello, bien puede señalarse que, a caballo entre la tesis per-
232
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Amparo en Latinoamérica
misiva débil y fuerte, existe una mixtura en la dinámica jurisdiccional,
donde Perú reclamaría dicho status, dado que la propia legislación
(Código Procesal Constitucional, artículo 4) permite el amparo contra
resoluciones que afectan la tutela procesal efectiva; expresión esta que,
a la postre, permite, vía el amparo, controlar constitucionalmente el
debido proceso y la tutela judicial efectiva.
El amparo en Iberoamérica, como se podrá apreciar, constituye una
institución en tierra fértil, y dependerá de los órganos jurisdiccionales
dinamizarlo bajo los marcos de una judicatura garantista y no restricti-
va, en la tutela de los derechos básicos de la persona.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex