Análisis de la sentencia TC/0168/13

 
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"Análisis de la sentencia TC/0168/13"

Nassef Perdomo Cordero

La sentencia TC/0168/13 del 23 de septiembre de 2013 del Tribunal Constitucional (TC) ordena a la Junta Central Electoral (JCE) la desnacionalización de un número indeterminado de ciudadanos dominicanos, que puede ser decenas de miles. Es el resultado del recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto por Juliana Deguis contra una sentencia en amparo que le negaba el derecho a que la JCE le emitiera su acta de nacimiento.

ANTECEDENTES:

Juliana Deguis es una dominicana de ascendencia haitiana nacida en Yamasá en 1984. Desde 2008 ha estado intentando que le emitan un acta de nacimiento para poder declarar a sus hijos. La JCE se ha negado a hacerlo argumentando que sus padres eran inmigrantes extranjeros indocumentados y que, por tanto, a ella no le corresponde la nacionalidad dominicana.

Esto, a pesar de que la Constitución vigente al momento de ella nacer era la de 1966. En esta se establecía el derecho a la nacionalidad para los nacidos en territorio dominicano (ius soli). Las únicas excepciones eran los hijos de diplomáticos y los de extranjeros en tránsito. Evidentemente, esto no incluye a los hijos de extranjeros indocumentados.

Según el reglamento de la Ley de Migración del año de 1939, el tránsito era una estadía temporal de diez días, pasados los cuales esta condición desaparecía. Este fue el régimen jurídico del tránsito hasta que en agosto del año 2004 se promulgó la nueva Ley de Migración. En su artículo 36.10 esta ley intentó redefinir el concepto de tránsito, asimilando a este la condición de extranjero no residente:

Los No Residentes son considerados personas en tránsito, para los fines de la aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la Republica.

Esta es la primera vez, por lo menos desde 1939, que una norma jurídica establece semejante comparación en la República Dominicana.

Poco más de un año después de la promulgación de esta ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió el caso Yean y Bosico v. República Dominicana. En este la Corte IDH estableció que el tránsito no puede ser indefinido.

Esta decisión era considerada vinculante por formar parte del bloque de constitucionalidad. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la Resolución 1920-2003. Uno de sus considerandos establece que:

Atendido, a que la República Dominicana, tiene sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado, el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva o secundaria (énfasis nuestro).

Lamentablemente, la SCJ ignoró sus propias decisiones sobre el bloque de constitucionalidad, con el fin de desconocer la sentencia Yean y Bosico y fallar, como lo hizo en diciembre del mismo 2005, declarando constitucional el mencionado artículo 36.10 de la Ley de Migración. Es importante tomar nota de la fecha, ya que se trata de la primera decisión jurisdiccional con carácter erga omnes que reconoció como válida la equiparación entre "tránsito" y permanencia ilegal en el territorio dominicano.

En este contexto, la JCE dio inicio a un proceso de...

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