Anexo

• Páginas: 229-282
• Autor: Rafael Díaz Filpo

ANEXO

Cuadro comparativo de las reservas de ley contenidas en las

constituciones española y dominicana.

Reservas de Ley

en la Constitución española Reservas de ley

en la Constitución dominicana

Artículo 11.1. La nacionalidad es-

pañola se adquiere, se conserva y se

pierde de acuerdo con lo estableci-

do por la ley.

Artículo 9. Territorio nacional.

El territorio d e República Dominicana e s in-

alienable. Está conformado por: (1) La par-

te oriental de la isla de Santo Domingo, sus

islas adyacentes y el conjunto de elementos

naturales de su geomorfología marina (…)

(2) El mar territorial, el suelo y subsuelo ma-

rinos correspondientes. La extensión del mar

territorial, sus líneas de base, zona contigua,

zona económica exclusiva y la plataforma

continental serán establecidas y reguladas

por la ley orgánica o por acuerdos de delimi-

tación de fronteras marinas, en los términos

más favorables permitidos por el Derecho del

Mar. (3) El espacio aéreo sobre el territorio

nacional, el espectro electromagnético y el

espacio donde este actúa. La ley regulará el

uso de estos espacios de conformidad con las

normas del derecho internacional.

230

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 3. (2) Las demás lenguas

españolas serán también oficiales

en las respectivas Comunidades

Autónomas de acuerdo a sus Es-

tatutos

Artículo 12. División político

administrativa.

Para el gobierno y la administración del Es-

tado, el territorio de la República se divide

políticamente en un distrito nacional y en

las regiones, provincias y municipios que las

leyes determinen. Las regiones estarán con-

formadas por las provincias y municipios

que establezca la ley.

Artículo 4. Los estatutos podrán

reconocer banderas y enseñas pro-

pias de las Comunidades Autóno-

mas. Estas se utilizarán junto a la

bandera de España en sus edificios

públicos y actos oficiales.

Artículo 15. Párrafo.

Las cuencas altas de los ríos y las zonas de

biodiversidad endémica, nativa y migratoria,

son objeto de protección especial por parte

de los poderes públicos para garantizar su

gestión y preservación como bienes funda-

mentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagu-

nas, playas y costas nacionales pertenecen al

dominio público y son de libre acceso, ob-

servándose siempre el respeto al derecho de

propiedad privada. La ley regulará las con-

diciones, formas y servidumbres en que los

particulares accederán al disfrute o gestión

de dichas áreas.

Artículo 6. Su creación y el ejerci-

cio de su actividad son libres den-

tro del respeto a la Constitución y

a la Ley.

Artículo 16. Áreas protegidas.

La vida silvestre, las unidades de conserva-

ción que conforman el Sistema Nacional de

Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies

que contiene, constituyen bienes patrimo-

niales de la Nación y son inalienables, in-

embargables e imprescriptibles. Los límites

de las áreas protegidas sólo pueden ser re-

ducidos por ley con la aprobación de las dos

terceras partes de los votos de los miembros

de las cámaras del Congreso Nacional.

231

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 8. (2) Una ley orgánica

regulará las bases de la organiza-

ción militar conforme a los prin-

cipios de la presente Constitución.

Artículo 17. Aprovechamiento de los

recursos naturales.

Los yacimientos mineros y de hidrocarbu-

ros y, en general, los recursos naturales no

renovables, sólo pueden ser explorados y

explotados por particulares, bajo criterios

ambientales sostenibles, en virtud de las

concesiones, contratos, licencias, permisos

o cuotas, en las condiciones que determine

la ley. Los particulares pueden aprovechar

los recursos naturales renovables de manera

racional con las condiciones, obligaciones y

limitaciones que disponga la ley. En conse-

cuencia: (1) Se declara de alto interés públi-

co la exploración y explotación de hidrocar-

buros en el territorio nacional y en las áreas

marítimas bajo jurisdicción nacional. (2) Se

declara de prioridad nacional y de interés

social la reforestación del país, la conserva-

ción de los bosques y la renovación de los re-

cursos forestales. (3) Se declara de prioridad

nacional la preservación y aprovechamiento

racional de los recursos vivos y no vivos de

las áreas marítimas nacionales, en especial el

conjunto de bancos y emersiones dentro de

la política nacional de desarrollo marítimo.

(4) Los beneficios percibidos por el Estado

por la explotación de los recursos naturales

serán dedicados al desarrollo de la Nación

y de las provincias donde se encuentran, en

la proporción y condiciones fijadas por ley.

Artículo 13.1 Los extranjeros goza-

rán en España de las libertades públi-

cas que garantiza el presente Título

en los términos que establezcan los

tratados y la ley”

Artículo 18. Nacionalidad.

Son dominicanas y dominicanos: (…) (3) Las

personas nacidas en territorio nacional, con

excepción de los hijos e hijas de extranjeros

miembros de legaciones diplomáticas y consu-

lares, de extranjeros que se hallen en tránsito o

residan ilegalmente en territorio dominicano.

232

RAFAEL DÍAZ FILPO

Se considera persona en tránsito a toda extran-

jera o extranjero definido como tal en las leyes

dominicanas. (…) (5) Quienes contraigan ma-

trimonio con un dominicano o dominicana,

siempre que opten por la nacionalidad de su

cónyuge y cumplan con los requisitos estable-

cidos por la ley. (…) (7) Las personas natura-

lizadas, de conformidad con las condiciones y

formalidades requeridas por la ley.

Artículo 13. (1) Los extranjeros go-

zarán en España de las libertades pú-

blicas que garantiza el presente título

en los términos que establezcan los

tratados de la ley. (2) Solamente los es-

pañoles serán titulares de los derechos

reconocidos e n el artículo 23, salvo lo

que, atendiendo a criterios de recipro-

cidad, pueda establecerse por tratado

o ley para el derecho de sufragio activo

y pasivo en las elecciones municipales.

(3) La extradición solo se concederá

en cumplimiento de un tratado o de

la ley, atendiendo al principio de re-

ciprocidad. Quedan excluidos de la

extradición los delitos políticos, no

considerándose como tales los actos

de terrorismo. (4) La ley establecerá

los términos en que los ciudadanos

de otros países y los apátridas podrán

gozar del derecho de asilo en España.

Artículo 19. Naturalización.

Las y los extranjeros pueden naturalizarse con-

forme a la ley. La ley regulará otras limitaciones

a las personas naturalizadas

Artículo 13.3 La extradición sólo se

concederá en cumplimiento de un

tratado o de una ley, atendiendo al

principio de reciprocidad. Quedan

excluidos de la extradición los delitos

políticos, no considerándose como

tales los actos de terrorismo.

Artículo 22. Derechos de ciudadanía.

Son derechos de ciudadanas y ciudadanos: (…)

(3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, le-

gislativa y municipal, en las condiciones fijadas

por esta Constitución y las leyes. (4) Formular

peticiones a los poderes públicos para solicitar

medidas de interés público y obtener respuesta

de las autoridades en el término establecido por

las leyes que se dicten al respecto.

233

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 13.4 La ley establecerá los

términos en que los ciudadanos de

otros países y los apátridas podrán

gozar del derecho de asilo en Es-

paña”.

Artículo 25. Régimen de extranjería.

Extranjeros y extranjeras tienen en Repú-

blica Dominicana los mismos derechos y

deberes que los nacionales, con las excepcio-

nes y limitaciones que establecen esta Cons-

titución y las leyes; en consecuencia: (…)

(2) Tienen la obligación de registrarse en el

Libro de Extranjería, de acuerdo con la ley.

Artículo 16.1 Todos tienen dere-

cho a la vida y a la integridad física

y moral, sin que, en ningún caso,

puedan ser sometidos tortura ni a

penas o tratos inhumanos o degra-

dantes. Queda abolida la pena de

muerte, salvo lo que puedan dis-

poner las leyes penales para tiempo

de guerra.

Artículo 36. Reglamentación de los

símbolos patrios.

La ley reglamentará el uso de los símbolos

patrios y las dimensiones de la bandera na-

cional y del escudo nacional.

Artículo 17.1 Toda persona tiene

derecho a la libertad y a la segu-

ridad. Nadie puede ser privado de

su libertad, sino con la observancia

de lo establecido en este ar tículo y

en los casos y en la forma previstos

en la ley.

Artículo 42. Derecho a la integridad

personal.

Toda persona tiene derecho a que se respe-

te su integridad física, psíquica, moral y a

vivir sin violencia. Tendrá la protección del

Estado en casos de amenaza, riesgo o viola-

ción de las mismas. En consecuencia: (…)

(2) Se condena la violencia intrafamiliar y de

género en cualquiera de sus formas. El Esta-

do garantizará mediante ley la adopción de

medidas necesarias para prevenir, sancionar

y erradicar la violencia contra la mujer.

234

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 17.3 Toda persona dete-

nida debe ser informada de forma

inmediata, y de modo que le sea

comprensible, de sus derechos y de

las razones de su detención, no pu-

diendo ser obligada a declarar. Se

garantiza la asistencia de abogado

al detenido en las diligencias poli-

ciales y judiciales, en los términos

que la ley establezca.

Artículo 44. Derecho a la intimidad y el

honor personal.

Toda persona tiene derecho a la intimidad.

Se garantiza el respeto y la no injerencia en

la vida privada, familiar, el domicilio y la co-

rrespondencia del individuo. Se reconoce el

derecho al honor, al buen nombre y a la pro-

pia imagen. Toda autoridad o particular que

los viole está obligado a resarcirlos o reparar-

los conforme a la ley. Por tanto: (1) El hogar,

el domicilio y todo recinto privado de la per-

sona son inviolables, salvo en los casos que

sean ordenados, de conformidad con la ley,

por autoridad judicial competente o en caso

de flagrante delito. (2) Toda persona tiene el

derecho a acceder a la información y a los

datos que sobre ella o sus bienes reposen en

los registros oficiales o privados, así como

conocer el destino y el uso que se haga de

los mismos, con las limitaciones fijadas por

la ley. El tratamiento de los datos e informa-

ciones personales o sus bienes deberá hacerse

respetando los principios de calidad, licitud,

lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solici-

tar ante la autoridad judicial competente

la actualización, oposición al tratamiento,

rectificación o destrucción de aquellas infor-

maciones que afecten ilegítimamente sus de-

rechos. (3) Se reconoce la inviolabilidad de

la correspondencia, documentos o mensajes

privados en formatos físico, digital, electró-

nico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser

ocupados, interceptados o registrados, por

orden de una autoridad judicial competente,

mediante procedimientos legales en la sus-

tanciación de asuntos que se ventilen en la

justicia y preservando el secreto de lo priva-

do, que no guarde relación con el correspon-

diente proceso. Es inviolable el secreto de la

235

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

comunicación telegráfica, telefónica, cablegrá-

fica, electrónica, telemática o la establecida en

otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas

por juez o autoridad competente, de conformi-

dad con la ley. (4) El manejo, uso o tratamien-

to de datos e informaciones de carácter oficial

que recaben las autoridades encargadas de la

prevención, persecución y castigo del crimen,

sólo podrán ser tratados o comunicados a los

registros públicos, a partir de que haya inter-

venido una apertura a juicio, de conformidad

con la ley.

Artículo 17.4 La ley regulará un

procedimiento de hábeas corpus

para producir la inmediata puesta a

disposición judicial de toda persona

detenida ilegalmente. Asimismo, por

ley se determinará el plazo máximo

de duración de la prisión provisional.

Artículo 46. Libertad de tránsito.

Toda persona que se encuentre en territorio

nacional tiene derecho a transitar, residir y salir

libremente del mismo, de conformidad con las

disposiciones legales. (1) Ningún dominicano o

dominicana puede ser privado del derecho a in-

gresar al territorio nacional. Tampoco puede ser

expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de

extradición pronunciado por autoridad judicial

competente, conforme la ley y los acuerdos in-

ternacionales vigentes sobre la materia.

Artículo 18.4 La ley limitará el uso

de la informática para garantizar el

honor y la intimidad personal y fa-

miliar de los ciudadanos y el pleno

ejercicio de sus derechos.

Artículo 47. Libertad de asociación.

Toda persona tiene derecho de asociarse con

fines lícitos, de conformidad con la ley.

Artículo 19. Los españoles tienen

derecho a elegir libremente su resi-

dencia y a circular por el territorio

nacional. Asimismo, tienen derecho

a entrar y salir libremente de España

en los términos que la ley establezca.

Este derecho no podrá ser limitado

por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 48. Libertad de reunión.

Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin

permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de

conformidad con la ley.

236

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 20.1. Se reconocen y

protegen los derechos: (…) (d) A

comunicar o recibir libremente in-

formación veraz por cualquier me-

dio de difusión. La ley regulará el

derecho a la cláusula de conciencia

y al secreto profesional en el ejerci-

cio de estas libertades.

Artículo 49. Libertad de expresión e infor-

mación.

Toda persona tiene derecho a expresar li-

bremente sus pensamientos, ideas y opi-

niones, por cualquier medio, sin que pueda

establecerse censura previa. (1) Toda per-

sona tiene derecho a la información. Este

derecho comprende buscar, investigar, re-

cibir y difundir información de todo tipo,

de carácter público, por cualquier medio,

canal o vía, conforme determinan la Cons-

titución y la ley. (2) Todos los medios de

información tienen libre acceso a las fuen-

tes noticiosas oficiales y privadas de interés

público, de conformidad con la ley. (3) El

secreto profesional y la cláusula de con-

ciencia del periodista están protegidos por

la Constitución y la ley. (4) Toda persona

tiene derecho a la réplica y rectificación

cuando se sienta lesionada por informacio-

nes difundidas. Este derecho se ejercerá de

conformidad con la ley. (5) La ley garantiza

el acceso equitativo y plural de todos los

sectores sociales y políticos a los medios de

comunicación propiedad del Estado.

Párrafo. El disfrute de estas libertades se

ejercerá respetando el derecho al honor, a

la intimidad, así como a la dignidad y la

moral de las personas, en especial la pro-

tección de la juventud y de la infancia, de

conformidad con la ley y el orden público.

237

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 20.3 La ley regulará la or-

ganización y el control parlamentario

de los medios de comunicación social

dependientes del Estado o de cual-

quier ente público y garantizará el

acceso a dichos medios de los grupos

sociales y políticos significativos, res-

petando el pluralismo de la sociedad

y de las diversas lenguas de España.

Artículo 50. Libertad de empresa.

El Estado reconoce y garantiza la libre empresa,

comercio e industria. Todas las personas tienen

derecho a dedicarse libremente a la actividad

económica de su preferencia, sin más limitacio-

nes que las prescritas en esta Constitución y las

que establezcan las leyes. (1) No se permitirán

monopolios, salvo en provecho del Estado. La

creación y organización de esos monopolios se

hará por ley. El Estado favorece y vela por la

competencia libre y leal y adoptará las medidas

que fueren necesarias para evitar los efectos no-

civos y restrictivos del monopolio y del abuso

de posición dominante, estableciendo por ley

excepciones para los casos de la seguridad na-

cional. (…) (3) El Estado puede otorgar conce-

siones por el tiempo y la forma que determine la

ley, cuando se trate de explotación de recursos

naturales o de la prestación de servicios públi-

cos, asegurando siempre la existencia de con-

traprestaciones o contrapartidas adecuadas al

interés público y al equilibrio medioambiental.

Artículo 20.4 Estas libertades tienen

su límite en el respeto a los derechos

reconocidos en este Título, en los

preceptos de las leyes que lo desarro-

llen y, especialmente, en el derecho

al honor, a la intimidad, a la propia

imagen y a la protección de la juven-

tud y de la infancia.

Artículo 51. Derecho de propiedad.

El Estado reconoce y garantiza el derecho de

propiedad. La propiedad tiene una función

social que implica obligaciones. Toda persona

tiene derecho al goce, disfrute y disposición

de sus bienes. (1) Ninguna persona puede ser

privada de su propiedad, sino por causa justi-

ficada de utilidad pública o de interés social,

previo pago de su justo valor, determinado por

acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal

competente, de conformidad con lo estableci-

do en la ley. En caso de declaratoria de Estado

de Emergencia o de Defensa, la indemnización

podrá no ser previa. (2) El Estado promoverá,

de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad,

en especial a la propiedad inmobiliaria titulada.

238

RAFAEL DÍAZ FILPO

(…) (5) Sólo podrán ser objeto de confiscación

o decomiso, mediante sentencia definitiva, los

bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales

o extranjeras, que tengan su origen en actos ilí-

citos cometidos contra el patrimonio público, así

como los utilizados o provenientes de actividades

de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas o relativas a la delincuencia trans-

nacional organizada y de toda infracción prevista

en las leyes penales; La ley establecerá el régimen

de administración y disposición de bienes incau-

tados y abandonados en los procesos penales y en

los juicios de extinción de dominio, previstos en

el ordenamiento jurídico. (6) La ley establecerá

el régimen de administración y disposición de

bienes incautados y abandonados en los procesos

penales y en los juicios de extinción de dominio,

previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 23. (2) Asimismo, tienen

derecho a acceder a condiciones de

igualdad a las funciones y cargos pú-

blicos, con los requisitos que señalen

las leyes.

Artículo 52. Derecho a la propiedad intelec-

tual.

Se reconoce y protege el derecho de la propie-

dad exclusiva de las obras científicas, literarias,

artísticas, invenciones e innovaciones, deno-

minaciones, marcas, signos distintivos y de-

más producciones del intelecto humano por el

tiempo, en la forma y con las limitaciones que

establezca la ley.

Artículo 24.2 Asimismo, todos tienen

derecho al jue z ordinario predetermi-

nado por la ley, a la defensa y a la asis-

tencia de letrado, a ser informados de

la acusación formulada contra ellos, a

un proceso público sin dilaciones in-

debidas y con todas las garantías, a uti-

lizar los medios de prueba pertinentes

para su defensa, a no declarar contra sí

mismos, a no confesarse culpables y a

la presunción de inocencia.

Artículo 53. Derechos del consumidor.

Toda persona tiene derecho a disponer de bienes

y servicios de calidad, a una información obje-

tiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las

características de los productos y servicios que

use o consuma, bajo las previsiones y normas

establecidas por la ley. Las personas que resulten

lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios

de mala calidad, tienen derecho a ser compensa-

das o indemnizadas conforme a la ley.

239

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 24. (párrafo) La ley regulará

los casos en que, por razón de paren-

tesco o de secreto profesional, no se

estará obligado a declarar sobre he-

chos presuntamente delictivos.

Artículo 55. Derechos de la familia.

La familia es el fundamento de la sociedad

y el espacio básico para el desarrollo integral

de las personas. Se constituye por vínculos

naturales o jurídicos, por la decisión libre de

un hombre y una mujer de contraer matri-

monio o por la voluntad responsable de con-

formarla. (…) (2) El Estado garantizará la

protección de la familia. El bien de familia es

inalienable e inembargable, de conformidad

con la ley. (3) El Estado promoverá y pro-

tegerá la organización de la familia sobre la

base de la institución del matrimonio entre

un hombre y una mujer. La ley establecerá

los requisitos para contraerlo, las formalida-

des para su celebración, sus efectos persona-

les y patrimoniales, las causas de separación

o de disolución, el régimen de bienes y los

derechos y deberes entre los cónyuges. (4)

Los matrimonios religiosos tendrán efectos

civiles en los términos que establezca la ley,

sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados

internacionales. (5) La unión singular y es-

table entre un hombre y una mujer, libres de

impedimento matrimonial, que forman un

hogar de hecho, genera derechos y deberes

en sus relaciones personales y patrimoniales,

de conformidad con la ley. (…) (8) Todas las

personas tienen derecho desde su nacimien-

to a ser inscritas gratuitamente en el registro

civil o en el libro de extranjería y a obtener

los documentos públicos que comprueben

su identidad, de conformidad con la ley.

(…) (10) El Estado promueve la paternidad

y maternidad responsables. El padre y la

240

RAFAEL DÍAZ FILPO

madre, aun después de la separación y el

divorcio, tienen el deber compartido e irre-

nunciable de alimentar, criar, formar, edu-

car, mantener, dar seguridad y asistir a sus

hijos e hijas. La ley establecerá las medidas

necesarias y adecuadas para garantizar la

efectividad de estas obligaciones. (…) (12)

El Estado garantizará, mediante ley, políticas

seguras y efectivas para la adopción.

Artículo 25. (1). Nadie puede ser

condenado o sancionado por ac-

ciones u omisiones que al momen-

to de producirse no constituya un

delito, falta o infracción adminis-

trativa, según la legislación vigente

de aquel momento. (2). El conde-

nado a pena de prisión que estu-

viere cumpliendo la misma gozará

de derechos fundamentales de este

capítulo, a excepción de los que se

vean expresamente limitados por

el contenido del fallo condenato-

rio, el sentido de la pena y la ley

penitenciaria.

Artículo 61. Derecho a la salud.

Toda persona tiene derecho a la salud inte-

gral. En consecuencia: (…) (2) El Estado ga-

rantizará, mediante legislaciones y políticas

públicas, el ejercicio de los derechos econó-

micos y sociales de la población de menores

ingresos y, en consecuencia, prestará su pro-

tección y asistencia a los grupos y sectores

vulnerables; combatirá los vicios sociales con

las medidas adecuadas y con el auxilio de las

convenciones y las organizaciones interna-

cionales.

241

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 27.7 Los profesores, los

padres y, en su caso, los alumnos,

intervendrán en el control y gestión

de todos los centros sostenidos por la

Administración con fondos públicos,

en los términos que la ley establezca.

Artículo 62. Derecho al trabajo.

El trabajo es un derecho, un deber y una fun-

ción social que se ejerce con la protección y

asistencia del Estado. Es finalidad esencial

del Estado fomentar el empleo digno y remu-

nerado. Los poderes públicos promoverán el

diálogo y concertación entre trabajadores, em-

pleadores y el Estado. En consecuencia: (…)

(4) La organización sindical es libre y demo-

crática, debe ajustarse a sus estatutos y ser com-

patible con los principios consagrados en esta

Constitución y las leyes. (5) Se prohíbe toda

clase de discriminación para acceder al empleo

o durante la prestación del servicio, salvo las

excepciones previstas por la ley con fines de

proteger al trabajador o trabajadora. (6) Para

resolver conflictos laborales y pacíficos se reco-

noce el derecho de trabajadores a la huelga y de

empleadores al paro de las empresas privadas,

siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la

cual dispondrá las medidas para garantizar el

mantenimiento de los servicios públicos o los

de utilidad pública. (7) La ley dispondrá, se-

gún lo requiera el interés general, las jornadas

de trabajo, los días de descanso y vacaciones,

los salarios mínimos y sus formas de pago, la

participación de los nacionales en todo trabajo,

la participación de las y los trabajadores en los

beneficios de la empresa y, en general, todas las

medidas mínimas que se consideren necesarias

a favor de los trabajadores, incluyendo regula-

ciones especiales para el trabajo informal, a do-

micilio y cualquier otra modalidad del trabajo

humano. El Estado facilitará los medios a su

alcance para que las y los trabajadores puedan

242

RAFAEL DÍAZ FILPO

adquirir los útiles e instrumentos indispensa-

bles a su labor. (…) (10) Es de alto interés la

aplicación de las normas laborales relativas a la

nacionalización del trabajo. La ley determinará

el porcentaje de extranjeros que pueden prestar

sus servicios a una empresa como trabajadores

asalariados.

Artículo 27.9 Los poderes públicos

ayudarán a los centros docentes que

reúnan los requisitos que la ley esta-

blezca.

Artículo 63. Derecho a la educación.

Toda persona tiene derecho a una educación

integral, de calidad, permanente, en igualdad

de condiciones y oportunidades, sin más li-

mitaciones que las derivadas de sus aptitudes,

vocación y aspiraciones. En consecuencia:

(…) (3) El Estado garantiza la educación

pública gratuita y la declara obligatoria en el

nivel inicial, básico y medio. La oferta para el

nivel inicial será definida en la ley. La educa-

ción superior en el sistema público será finan-

ciada por el Estado, garantizando una distri-

bución de los ecursos proporcional a la oferta

educativa de las regiones, de conformidad con

lo que establezca la ley. (…) (7) El Estado debe

velar por la calidad de la educación superior y

financiará los centros y universidades públi-

cos, de conformidad con lo que establezca la

ley. Garantizará la autonomía universitaria y la

libertad de cátedra. (8) Las universidades esco-

gerán sus directivas y se regirán por sus pro-

pios estatutos, de conformidad con la ley. (…)

(10) La inversión del Estado en la educación,

la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y

sostenida, en correspondencia con los niveles

de desempeño macroeconómico del país. La

ley consignará los montos mínimos y los por-

centajes correspondientes a dicha inversión. En

ningún caso se podrá hacer transferencias de

243

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

fondos consignados a financiar el desarrollo de

estas áreas. (11) Los medios de comunicación

social, públicos y privados, deben contribuir a

la formación ciudadana. El Estado garantiza

servicios públicos de radio, televisión y redes

de bibliotecas y de informática, con el fin de

permitir el acceso universal a la información.

Los centros educativos incorporarán el cono-

cimiento y aplicación de las nuevas tecnologías

y de sus innovaciones, según los requisitos que

establezca la ley. (12) El Estado garantiza la

libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa

privada en la creación de instituciones y servi-

cios de educación y estimula el desarrollo de la

ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley.

Artículo 27.10 Se reconoce la auto-

nomía de las universidades, en los

términos que la ley establezca.

Artículo 64. Derecho a la cultura.

Tod a pe r s o n a t i e n e de r e c h o a pa r t i c i p a r y ac -

tuar con libertad y sin censura en la vida cul-

tural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de

los bienes y servicios culturales, de los avances

científicos y de la producción artística y litera-

ria. El Estado protegerá los intereses morales y

materiales sobre las obras de autores e inven-

tores. En consecuencia: (…) (4) El patrimonio

cultural de la Nación, material e inmaterial, está

bajo la salvaguarda del Estado que garantizará

su protección, enriquecimiento, conservación,

restauración y puesta en valor. Los bienes del pa-

trimonio cultural de la Nación, cuya propiedad

sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado,

son inalienables e inembargables y dicha titula-

ridad, imprescriptible. Los bienes patrimoniales

en manos privadas y los bienes del patrimonio

cultural subacuático serán igualmente protegi-

dos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley

regulará la adq uisición de los mismos.

244

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 28.1 Todos tienen derecho

a sindicarse libremente. La ley podrá

limitar o exceptuar el ejercicio de este

derecho a las Fuerzas o Institutos ar-

mados o a los demás Cuerpos some-

tidos a disciplina militar y regulará

las peculiaridades de su ejercicio para

los funcionarios públicos. La liber-

tad sindical comprende el derecho a

fundar sindicatos y a afiliarse al de su

elección, así como el derecho de los

sindicatos a formar confederaciones

y a formar organizaciones sindica-

les internacionales o a afiliarse a las

mismas. Nadie podrá ser obligado a

afiliarse a un sindicato.

Artículo 65. Derecho al deporte.

Toda persona tiene derecho a la educación

física, al deporte y la recreación. Correspon-

de al Estado, en colaboración con los centros

de enseñanza y las organizaciones deportivas,

fomentar, incentivar y apoyar la práctica y di-

fusión de estas actividades. Por tanto: (1) El

Estado asume el deporte y la recreación como

política pública de educación y salud y garan-

tiza la educación física y el deporte escolar en

todos los niveles del sistema educativo, confor-

me a la ley. (2) La ley dispondrá los recursos,

estímulos e incentivos para la promoción del

deporte para todos y todas, la atención integral

de los deportistas, el apoyo al deporte de alta

competición, a los programas y actividades de-

portivas en el país y en el exterior.

Artículo 28.2 Se reconoce el derecho

a la huelga de los trabajadores para la

defensa de sus intereses. La ley que

regule el ejercicio de este derecho

establecerá las garantías precisas para

asegurar el mantenimiento de los ser-

vicios esenciales de la comunidad.

Artículo 66. Derechos colectivos y difusos.

El Estado reconoce los derechos e intereses co-

lectivos y difusos, los cuales se ejercen en las

condiciones y limitaciones establecidas en la

ley.

Artículo 29.1 Todos los españoles

tendrán el derecho de petición indi-

vidual y colectiva, por escrito, en la

forma y con los efectos que determi-

ne la ley.

Artículo 68. Garantías de los derechos funda-

mentales.

La Constitución garantiza la efectividad de los

derechos fundamentales, a través de los meca-

nismos de tutela y protección, que ofrecen a la

persona la posibilidad de obtener la satisfacción

de sus derechos, frente a los sujetos obligados

o deudores de los mismos. Los derechos funda-

mentales vinculan a todos los poderes públicos,

los cuales deben garantizar su efectividad en los

términos establecidos por la presente Constitu-

ción y por la ley.

245

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 29.2 Los miembros de las

fuerzas o institutos armados o de los

cuerpos sometidos a disciplina mili-

tar podrán ejercer este derecho solo

individualmente y con arreglo a lo

dispuesto en su legislación específica.

Artículo 69. Tutela judicial efectiva y debido

proceso.

Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e

intereses legítimos, tiene derecho a obtener la

tutela judicial efectiva, con respeto del debido

proceso que estará conformado por las garan-

tías mínimas que se establecen a continuación:

(…) (2) El derecho a ser oída, dentro de un

plazo razonable y por una jurisdicción compe-

tente, independiente e imparcial, establecida

con anterioridad por la ley.

Artículo 30.2 La ley fijará las obli-

gaciones militares de los españoles y

regulará, con las debidas garantías, la

objeción de conciencia, así como las

demás causas de exención del servicio

militar obligatorio, pudiendo impo-

ner, en su caso, una prestación social

sustitutoria.

Artículo 71. Acción de hábeas corpus.

Toda persona privada de su libertad o amena-

zada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irra-

zonable, tiene derecho a una acción de hábeas

corpus ante un juez o tribunal competente,

por sí misma o por quien actúe en su nombre,

de conformidad con la ley, para que conozca

y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y

sumaria, la legalidad de la privación o amenaza

de su libertad.

Artículo 30.4 Mediante ley podrán

regularse los deberes de los ciudada-

nos en los casos de grave riesgo, ca-

tástrofe o calamidad pública.

Artículo 72. Acción de amparo.

Toda persona tiene derecho a una acción de

amparo para reclamar ante los tribunales, por sí

o por quien actúe en su nombre, la protección

inmediata de sus derechos fundamentales, no

protegidos por el hábeas corpus, cuando resul-

ten vulnerados o amenazados por la acción o la

omisión de toda autoridad pública o de parti-

culares, para hacer efectivo el cumplimiento de

una ley o acto administrativo, para garantizar

los derechos e intereses colectivos y difusos.

De conformidad con la ley, el procedimiento

es preferente, sumario, oral, público, gratuito y

no sujeto a formalidades.

246

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 31.3 Sólo podrán estable-

cerse prestaciones personales o pa-

trimoniales de carácter público con

arreglo a la ley.

Artículo 74. Principios de reglamentación e

interpretación.

La interpretación y reglamentación de los de-

rechos y garantías fundamentales, reconocidos

en la presente Constitución, se rigen por los

principios siguientes: (…) (2) Sólo por ley, en

los casos permitidos por esta Constitución,

podrá regularse el ejercicio de los derechos y

garantías fundamentales, respetando su conte-

nido esencial y el principio de razonabilidad.

Artículo 31. (3) Solo podrán estable-

cerse prestaciones personales o pa-

trimoniales de carácter público con

arreglo a la ley. Este articulado está

repetido

Artículo 75. Deberes fundamentales.

Los derechos fundamentales reconocidos en

esta Constitución determinan la existencia de

un orden de responsabilidad jurídica y moral,

que obliga la conducta del hombre y la mu-

jer en sociedad. En consecuencia, se declaran

como deberes fundamentales de las personas

los siguientes: (…) (4) Prestar ser vicios para el

desarrollo, exigible a los dominicanos y domi-

nicanas de edades comprendidas entre los die-

ciséis y veintiún años. Estos servicios podrán

ser prestados voluntariamente por los mayores

de veintiún años. La ley reglamentará estos ser-

vicios. (…) (6) Tributar, de acuerdo con la ley

y en proporción a su capacidad contributiva,

para financiar los gastos e inversiones públicas.

Es deber fundamental del Estado garantizar la

racionalidad del gasto público y la promoción

de una administración pública eficiente.

Artículo 32.2 La ley regulará las for-

mas de matrimonio, la edad y capa-

cidad para contraerlo, los derechos y

deberes de los cónyuges, las causas de

separación y disolución y sus efectos.

Artículo 77. Elección de las y los legisladores.

La elección de senadores y diputados se hará por

sufragio universal directo en los términos que

establezca la ley. (…) (3) Los cargos de senador

y diputado son incompatibles con otra función

o empleo público, salvo la labor docente. La ley

regula el régime n de otras incompatibil idades.

247

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 33.2 La función social de es-

tos derechos delimitará su contenido,

de acuerdo con las leyes.

Artículo 81. Representación y composición.

La Cámara de Diputados estará compuesta de

la siguiente manera: (1) Ciento setenta y ocho

diputadas o diputados elegidos por circuns-

cripción territorial en representación del Dis-

trito Nacional y las provincias, distribuidos en

proporción a la densidad poblacional, sin que

en ningún caso sean menos de dos los repre-

sentantes por cada provincia. (2) Cinco dipu-

tadas o diputados elegidos a nivel nacional por

acumulación de votos, preferentemente de par-

tidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen

obtenido escaños y hayan alcanzado no menos

de un uno por ciento (1 %) de los votos válidos

emitidos. La ley determinará su distribución.

(3) Siete diputadas o diputados elegidos en

representación de la comunidad dominicana

en el exterior. La ley determinará su forma de

elección y distribución.

Artículo 33.3 Nadie podrá ser priva-

do de sus bienes y derechos sino por

causa justificada de utilidad pública o

interés social, mediante la correspon-

diente indemnización y de conformi-

dad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 90. Bufetes directivos de las cámaras.

El 16 de agosto de cada año el Senado y la

Cámara de Diputados elegirán sus respectivos

bufetes directivos, integrados por un presiden-

te, un vicepresidente y dos secretarios. (…)

(2) Cada cámara designará sus funcionarios,

empleados administrativos y auxiliares de con-

formidad con la Ley de Carrera Administrativa

del Congreso Nacional.

Artículo 34.1 Se reconoce el derecho

de fundación para fines de interés ge-

neral, con arreglo a la ley.

Artículo 93. Atribuciones.

El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en re-

presentación del pueblo, le corresponden en

consecuencia: (1) Atribuciones generales en

materia legislativa:

248

RAFAEL DÍAZ FILPO

a) Establecer los impuestos, tributos o contri-

buciones generales y determinar el modo de su

recaudación e inversión.

b) Conocer de las observaciones que el Poder

Ejecutivo haga a las leyes.

c) Disponer todo lo concerniente a la conser-

vación de monumentos y al patrimonio histó-

rico, cultural y artístico.

d) Crear, modificar o suprimir regiones, provin-

cias, municipios, distritos municipales, secciones

y parajes y determinar todo lo concerniente a

sus límites y organización, por el procedimiento

regulado en esta Constitución y previo estudio

que demuestre la conveniencia política, social y

económica justificativa de la modificación.

e) Autorizar al presidente de la República a de-

clarar los estados de excepción a que se refiere

esta Constitución.

f) Establecer las normas relativas a la migración

y el régimen de extranjería.

g) Votar anualmente la Ley de Presupuesto Ge-

neral del Estado, así como aprobar o rechazar

los gastos extraordinarios para los cuales solici-

te un crédito el Poder Ejecutivo.

h) Legislar cuanto concierne a la deuda pública

y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos

firmados por el Poder Ejecutivo, de conformi-

dad con esta Constitución y las leyes.

i) Aprobar o desaprobar los contratos que le

someta el presidente de la República, de con-

formidad con lo que dispone el artículo 128,

numeral 2), literal d), así como las enmiendas o

modificaciones posteriores que alteren las con-

diciones originalmente establecidas en dichos

contratos al momento de su sanción legislativa.

k) Aprobar o desaprobar los tratados y conven-

ciones internacionales que suscriba el Poder

Ejecutivo.

249

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

l) Declarar por ley la necesidad de la Refor-

ma Constitucional;

m) Conceder honores a ciudadanas y ciu-

dadanos distinguidos que hayan prestado

reconocidos servicios a la patria o a la hu-

manidad.

n) Conceder autorización al presidente de la

República para salir al extranjero cuando sea

por más de quince días.

ñ) Decidir el traslado de la sede de las cá-

maras legislativas por causa de fuerza mayor

o por otras circunstancias debidamente mo-

tivadas.

o) Conceder amnistía por causas políticas.

p) Legislar acerca de toda materia que no sea

de la competencia de otro poder del Estado

y que no sea contraria a la Constitución.

q) Pronunciarse a través de resoluciones

acerca de los problemas o las situaciones de

orden nacional o internacional que sean de

interés para la República.

Artículo 35. (2) La ley regulará un

estatuto de los trabajadores. Artículo 97. Iniciativa legislativa popular.

Se establece la iniciativa legislativa popular

mediante la cual un número de ciudadanos

y ciudadanas no menor del dos por ciento

(2 %) de los inscritos en el registro de elec-

tores, podrá presentar proyectos de ley ante

el Congreso Nacional. Una ley especial esta-

blecerá el procedimiento y las restricciones

para el ejercicio de esta iniciativa.

250

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 36. La ley regulará las

peculiaridades propias del régimen

jurídico de los colegios profesiona-

les y el ejercicio de las profesiones

tituladas. La estr uctura interna y

el funcionamiento de los colegios

deberán ser democráticos.

Artículo 112. Leyes orgánicas.

Las leyes orgánicas son aquellas que por

su naturaleza regulan los derechos funda-

mentales, la estructura y organización de

los poderes públicos, la función pública, el

régimen electoral, el régimen económico

financiero, el presupuesto, planificación e

inversión pública, la organización territorial,

los procedimientos constitucionales, la segu-

ridad y defensa, las materias expresamente

referidas por la Constitución y otras de igual

naturaleza. Para su aprobación o modifi-

cación requerirán del voto favorable de las

dos terceras partes de los presentes en ambas

cámaras.

Artículo 37. (1) La ley garantizará

el derecho a la negociación colecti-

va laboral entre los representantes

de los trabajadores y empresarios,

así como la fuerza vinculante de

los convenios.

Artículo 113. Leyes ordinarias.

Las leyes ordinarias son aquellas que por su

naturaleza requieren para su aprobación la

mayoría absoluta de los votos de los presen-

tes de cada cámara.

Artículo 37. (2) Se reconoce el

derecho de los trabajadores y em-

presarios a adoptar medidas de

conflicto colectivo. La ley que re-

gule el ejercicio de este derecho,

sin perjuicio de las limitaciones

que puedan establecer, incluirá las

garantías precisas para asegurar el

funcionamiento de los ser vicios

esenciales de la comunidad.

Artículo 115. Regulación de procedimien-

tos de control y fiscalización.

La ley regulará los procedimientos reque-

ridos por las cámaras legislativas para el

examen de los informes de la Cámara de

Cuentas, el examen de los actos del Poder

Ejecutivo, las invitaciones, el juicio político

y los demás mecanismos de control estable-

cidos por esta constitución.

251

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 39. (2) Los poderes públi-

cos aseguran, asimismo, la protec-

ción integral de los hijos, iguales

éstos ante la ley con independen-

cia de su filiación, y de las madres,

cualquiera que sea su estado civil.

La ley posibilitará la investigación

de la paternidad.

Artículo 128. Atribuciones del presidente

de la República.

La o el presidente de la República dirige la

política interior y exterior, la administración

civil y militar, y es la autoridad suprema de

las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y

los demás cuerpos de seguridad del Estado.

(…) (3) Como Jefe de Estado y de Gobierno

le corresponde: a) Designar, con la aproba-

ción del Senado de la República, los emba-

jadores acreditados en el exterior y los jefes

de misiones permanentes ante organismos

internacionales, así como nombrar los de-

más miembros del cuerpo diplomático, de

conformidad con la Ley de Servicio Exterior,

aceptarles sus renuncias y removerlos.

Artículo 43. (2) Compete a los po-

deres públicos organizar y tutelar

la salud pública a través de medi-

das preventivas y de las prestacio-

nes y ser vicios necesarios. La ley

establecerá los derechos y deberes

de todos al respecto.

Artículo 134. Ministerios de Estado.

Para el despacho de los asuntos de gobierno

habrá los ministerios que sean creados por

la ley

Artículo 45. (3) Para quienes vio-

len lo dispuesto en el apartado

anterior, en los términos que la ley

fije se establecerán sanciones pena-

les o, en su caso, administrativas,

así como la obligación de reparar

el daño causado.

Artículo 136. Atribuciones.

La ley determinará las atribuciones de los

ministros y viceministros.

252

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 46. Los poderes públi-

cos garantizarán la conservación

y promoverán el enriquecimiento

del patrimonio histórico, cultural

y artístico de los pueblos de Espa-

ña y de los bienes que lo integran,

cualquiera que sea su régimen jurí-

dico y su titularidad. La ley penal

sancionará los atentados contra

este patrimonio.

Artículo 138. Principios de la Administra-

ción Pública.

La Administración Pública está sujeta en su

actuación a los principios de eficacia, jerar-

quía, objetividad, igualdad, transparencia,

economía, publicidad y coordinación, con

sometimiento pleno al ordenamiento jurídi-

co del Estado. La ley regulará: (1) El esta-

tuto de los funcionarios públicos, el acceso

a la función pública con arreglo al mérito

y capacidad de los candidatos, la formación

y capacitación especializada, el régimen de

incompatibilidades de los funcionarios que

aseguren su imparcialidad en el ejercicio de

las funciones legalmente conferidas. (2) El

procedimiento a través del cual deben pro-

ducirse las resoluciones y actos administra-

tivos, garantizando la audiencia de las per-

sonas interesadas, con las excepciones que

establezca la ley.

Artículo 51. (2) Los poderes pú-

blicos promoverán la información

y la educación de los consumi-

dores y usuarios, fomentarán sus

organizaciones y oirán a éstas las

cuestiones que puedan afectar a

aquéllos, en los términos que la ley

establezca. (3) En el marco de lo

dispuesto por los apartados ante-

riores, la ley regulará el comercio

interior y el régimen de autoriza-

ción de productos comerciales.

Artículo 141. Organismos autónomos y

descentralizados.

La ley creará organismos autónomos y

descentralizados en el Estado, provistos de

personalidad jurídica, con autonomía admi-

nistrativa, financiera y técnica. Estos orga-

nismos estarán adscritos al sector de la admi-

nistración compatible con su actividad, bajo

la vigilancia de la ministra o ministro titular

del sector. La ley y el Poder Ejecutivo regu-

larán las políticas de desconcentración de los

servicios de la Administración Pública.

253

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 52. La ley regulará las or-

ganizaciones profesionales que con-

tribuyan a la defensa de los intereses

económicos que les sean propios. Su

estructura interna y funcionamiento

deberán ser democráticos.

Artículo 143. Régimen estatutario.

La ley determinará el régimen estatutario re-

querido para la profesionalización de las dife-

rentes instituciones de la Administración Pú-

blica.

Artículo 51. (3) Los derechos y li-

bertades reconocidos en el Capítulo

segundo del presente título vinculan

a todos los poderes públicos. Solo por

ley, que en todo caso deberá respetar

su contenido esencial, podrá regularse

el ejercicio de tales derechos y liberta-

des, que se tutelarán de acuerdo con lo

previsto en el artículo 161, 1, a).

Artículo 144. Régimen de compensación.

Ningún funcionario o empleado del Estado

puede desempeñar, de forma simultánea, más

de un cargo remunerado, salvo la docencia. La

ley establecerá las modalidades de compensa-

ción de las y los funcionarios y empleados del

Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y

características de la prestación del servicio.

Artículo 53. (1). Solo por ley, que en

todo caso deberá respetar su conteni-

do esencial, podrá regularse, el ejer-

cicio de tales derechos y libertades,

que se tutelarán de acuerdo con los

previsto en el artículo 161.1 a). (3) El

reconocimiento, el respeto y la pro-

tección de los principios reconocidos

en el Capítulo tercero informarán la

legislación positiva, la práctica judi-

cial y la actuación de los poderes pú-

blicos. Sólo podrán ser alegados ante

la Jurisdicción ordinaria de acuerdo

con lo que dispongan las leyes que los

desarrollen.

Artículo 146. Proscripción de la corrupción.

Se condena toda forma de corrupción en los

órganos del Estado. En consecuencia: (…) (3)

Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por

la ley, la declaración jurada de bienes de las y

los funcionarios públicos, a quienes correspon-

de siempre probar el origen de sus bienes, antes

y después de haber finalizado sus funciones o

a requerimiento de autoridad competente.

(4) A las personas condenadas por delitos de

corrupción les será aplicada, sin perjuicio de

otras sanciones previstas por las leyes, la pena

de degradación cívica, y se les exigirá la resti-

tución de lo apropiado de manera ilícita. (5)

La ley podrá disponer plazos de prescripción

de mayor duración que los ordinarios para los

casos de crímenes de corrupción y un régimen

de beneficios procesales restrictivo.

254

RAFAEL DÍAZ FILPO

STC. 284/00 de 27 de noviembre

(carácter subsidiario de amparo)… el

carácter subsidiario de la jurisdicción

de amparo, se hace preciso recordar

que entre los requisitos que se exigen

para poder acudir a esta sede jurisdic-

cional, y como el primero de ellos,

figura el agotamiento de todos los re-

cursos utilizables dentro de la vía ju-

dicial [art. 44.1 a)]. Debe tenerse en

presente que el art. 53.2 Ce atribuye

la tutela de los derechos fundamen-

tales, primariamente, a los tribunales

ordinarios.

… de suerte cuando aquellas vías

no han sido recorridas el recurso de

amparo resultará inadmisible. ¿recu-

rridas?

… garantizar la correcta articulación

entre este Tribunal y los órganos inte-

grantes del Poder Judicial, a quienes

primeramente corresponde la repa-

ración de las posibles lesiones de de-

rechos invocadas por los ciudadanos,

de manera que la jurisdicción cons-

titucional, solo puede intervenir una

vez que, intentada dicha reparación,

la misma no se ha producido.

255

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 54. Una ley orgánica re-

gulará la institución del Defensor

del Pueblo, como alto comisiona-

do de las Cortes Generales, desig-

nado por estas para la defensa de

los derechos comprendidos en este

título, a cuyo efecto podrá super-

visar la actividad de la Adminis-

tración, dando cuenta a las Cortes

Generales.

Artículo 147. Finalidad de los servicios

públicos.

Los servicios públicos están destinados a sa-

tisfacer las necesidades de interés colectivo.

Serán declarados por ley. En consecuencia:

(…) (3) La regulación de los servicios públi-

cos es facultad exclusiva del Estado. La ley

podrá establecer que la regulación de estos

servicios y de otras actividades económicas

se encuentre a cargo de organismos creados

para tales fines.

Artículo 55. (2) “Una ley orgánica

podrá determinar la forma y los ca-

sos en los que, de forma individual

y con la necesaria intervención

judicial y el adecuado control par-

lamentario, los derechos reconoci-

dos en los artículos 17, apartado

2, y 18, apartados 2 y 3, pueden

ser suspendidos para personas de-

terminadas, en relación con las

investigaciones correspondientes a

la actuación de bandas armadas o

elementos terroristas.

Párrafo. La utilización injustifi-

cada o abusiva de las facultades

reconocidas en dicha ley orgánica

producirá responsabilidad penal,

como violación de los derechos y

libertades reconocidos por las le-

yes.

Artículo 150. Carrera judicial.

La ley regulará el estatuto jurídico de la ca-

rrera judicial, el ingreso, formación, ascen-

so, promoción, desvinculación y retiro del

juez, con arreglo a los principios de mérito,

capacidad y profesionalidad; así como el

régimen de jubilaciones y pensiones de los

jueces, funcionarios y empleados del orden

judicial. Párrafo I. La ley también regulará

la Escuela Nacional de la Judicatura, que

tendrá por función la formación inicial de

los y las aspirantes a jueces, asegurando su

capacitación técnica.

256

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 57. (5) Las abdicaciones

y renuncias y cualquier duda de

hecho o de derecho que ocurra en

el orden de sucesión a la Corona

se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 151. Independencia del Poder

Judicial.

Las y los jueces integrantes del Poder Judi-

cial son independientes, imparciales, res-

ponsables e inamovibles y están sometidos

a la Constitución y a las leyes. No podrán

ser removidos, separados, suspendidos, tras-

ladados o jubilados, sino por alguna de las

causas establecidas y con las garantías previs-

tas en la ley. (1) La ley establecerá el régimen

de responsabilidad y rendición de cuentas de

jueces y funcionarios del Poder Judicial. El

servicio en el Poder Judicial es incompatible

con cualquier otra función pública o priva-

da, excepto la docente.

Sus integrantes no podrán optar por ningún

cargo electivo público, ni participar en acti-

vidad político partidista. (2) La edad de reti-

ro obligatoria para los jueces de la Suprema

Corte de Justicia es de setenta y cinco años.

Para los demás jueces, funcionarios y em-

pleados del Poder Judicial se establecerá de

acuerdo con la ley que rige la materia.

Artículo 62. Corresponde al Rey:

(…) (f) Expedir decretos acorda-

dos con el Consejo de Ministros,

conferir los empleos civiles y mili-

tares y conceder honores y distin-

ciones con arreglo a las leyes. (…)

(i) Ejercer el derecho de gracia con

arreglo a la ley, que no podrá auto-

rizar indultos generales.

Artículo 152. Integración.

La Suprema Corte de Justicia es el órgano

jurisdiccional superior de todos los orga-

nismos judiciales. Estará integrada por no

menos de dieciséis jueces y podrá reunirse,

deliberar y fallar válidamente con el quórum

determinado por la ley que establece su or-

ganización. Estará dividida en salas, de con-

formidad con la ley.

257

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 63. (2) Ejercer el derecho

de gracia con arreglo a la ley, que

no podrá autorizar indultos gene-

rales.

Artículo 154. Atribuciones.

Corresponde exclusivamente a la Suprema

Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás

atribuciones que le confiere la ley: (…) (4)

Designar, de conformidad con la Ley de

Carrera Judicial, los jueces de las cortes de

apelación o sus equivalentes, de los juzgados

de primera instancia o sus equivalentes, los

jueces de la instrucción, los jueces de paz y

sus suplentes, los jueces de cualesquier otros

tribunales del Poder Judicial creados por la

Constitución y las leyes.

Artículo 68. (1) El Congreso se

compone de un mínimo de 300 y

un máximo de 400 diputados, ele-

gidos por sufragio universal, libre,

igual, directo y secreto, en los tér-

minos que establezca la ley.

Artículo 155. Integración.

El Consejo del Poder Judicial estará integra-

do de la forma siguiente: (1) El presidente

de la Suprema Corte de Justicia, quien lo

presidirá. (2) Un juez de la Suprema Corte

de Justicia, elegido por el pleno de la misma.

(3) Un juez de Corte de Apelación o su equi-

valente, elegido por sus pares. (4) Un juez de

Primera Instancia o su equivalente, elegido

por sus pares. (5) Un juez de Paz o su equi-

valente, elegido por sus pares. Párrafo I. Los

integrantes de este consejo, con excepción

del presidente de la Suprema Corte de Jus-

ticia, permanecerán en estas funciones por

cinco años, cesarán en el ejercicio de sus fun-

ciones jurisdiccionales mientras sean miem-

bros de dicho consejo y no podrán optar por

un nuevo período en el consejo.

Párrafo II. La ley definirá el funcionamiento

y organización de este consejo.

258

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 68. (2) La circunscrip-

ción electoral es la provincia. Las

poblaciones de Ceuta y Melilla

estarán representadas cada una de

ellas por un diputado. La ley dis-

tribuirá el número total de diputa-

dos, asignando una representación

mínima inicial a cada circunscrip-

ción y distribuyendo los demás en

proporción a la población.

Artículo 156. Funciones.

El Consejo del Poder Judicial es el órgano

permanente de administración y disciplina

del Poder Judicial. Tendrá las siguientes fun-

ciones: (1) Presentar al pleno de la Suprema

Corte de Justicia los candidatos o candi-

datas para nombramiento, determinación

de jerarquía y ascenso de los jueces de los

diferentes tribunales del Poder Judicial, de

conformidad con la ley. (…) (8) Las demás

funciones que le confiera la ley.

Artículo 68. (5) Son electores y

elegibles todos los españoles que

estén en pleno uso de sus derechos

políticos.

Párrafo. La ley reconocerá y el Es-

tado facilitará el ejercicio del dere-

cho de sufragio a los españoles que

se encuentren fuera del territorio

de España.

Artículo 157. Cortes de apelación.

Habrá las cortes de apelación y sus equiva-

lentes que determine la ley, así como el nú-

mero de jueces que deban componerlas y su

competencia territorial.

Artículo 69. (1). El Senado es la

Cámara de representación territo-

rial. (2) En cada provincia se elegi-

rán cuatro Senadores por sufragio

universal, libre, igual, directo y se-

creto por los votantes de cada una

de ellas, en los términos que señale

una ley orgánica.

Artículo 158. Requisitos. Para ser juez de

una corte de apelación se requiere: (1) Ser

dominicano o dominicana. (2) Hallarse en

el pleno ejercicio de los derechos civiles y

políticos. (3) Ser licenciado o doctor en De-

recho. (4) Pertenecer a la carrera judicial y

haberse desempeñado como juez de Primera

Instancia durante el tiempo que determine

la ley.

259

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 70. (1) La ley electoral

determinará las causas de inelegi-

bilidad e incompatibilidad de los

diputados y senadores, que com-

prenderán, en todo caso:

a) A los componentes del Tribunal

Constitucional.

b) A los altos cargos de la Admi-

nistración del Estado que determi-

ne la ley, con la excepción de los

miembros del Gobierno.

c) Al defensor del pueblo.

d) A los magistrados, jueces y fisca-

les en activo.

e) A los militares profesionales y

miembros de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad y Policía en ac-

tivo.

f) A los miembros de las Juntas

Electorales.

(2). La validez de las actas y cre-

denciales de los miembros de

ambas cámaras estará sometida al

control judicial, en los términos

que establezca la ley electoral.

Artículo 159. Atribuciones.

Son atribuciones de las cortes de apelación:

(1) Conocer de las apelaciones a las senten-

cias, de conformidad con la ley. (2) Conocer

en primera instancia de las causas penales

seguidas a jueces de primera instancia o sus

equivalentes, procuradores fiscales, titula-

res de órganos y organismos autónomos y

descentralizados del Estado, gobernadores

provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y

de los municipios. (3) Conocer de los demás

asuntos que determinen las leyes.

Artículo 76. (2) Será obligatorio

comparecer a requerimiento de las

cámaras. La ley regulará las sancio-

nes que puedan imponerse por in-

cumplimiento de esta obligación.

Artículo 160. Juzgados de primera

instancia.

Habrá los juzgados de primera instancia o

sus equivalentes, con el número de jueces y

la competencia territorial que determine la

ley.

260

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 81. (1) Son leyes orgáni-

cas las relativas al desarrollo de los

derechos fundamentales y de las

libertades públicas, las que aprue-

ben los Estatutos de Autonomía

y el régimen electoral general y

las demás previstas en la Consti-

tución. (2) La aprobación, modi-

ficación o derogación de las leyes

orgánicas exigirá mayoría absoluta

del Congreso, en una votación fi-

nal sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 161. Requisitos.

Para ser juez de primera instancia se re-

quiere: (1) Ser dominicano o dominicana.

(2) Hallarse en el pleno ejercicio de los de-

rechos civiles y políticos. (3) Ser licenciado

o doctor en Derecho. (4) Pertenecer a la ca-

rrera judicial y haberse desempeñado como

juez de paz durante el tiempo que determine

la ley.

Artículo 82. (1). Las Cortes Gene-

rales podrán delegar en el Gobier-

no la potestad de dictar normas

con rango de ley sobre materias

determinadas no incluidas en el

artículo anterior. (2) La delegación

legislativa deberá otorgarse me-

diante una ley de bases cuando su

objeto sea la formación de textos

articulados o por una ley ordinaria

cuando se trate de refundir varios

textos legales en uno solo. (3).

La delegación legislativa habrá de

otorgarse al Gobierno de forma

expresa para materia concreta y de

fijación del plazo para su ejercicio.

La delegación se agota por el uso

que de ella haga el Gobierno me-

diante la publicación

Artículo 162. Juzgados de paz.

La ley determinará el número de juzgados

de paz o sus equivalentes, sus atribuciones,

competencia territorial y la forma como es-

tarán organizados.

261

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 87. (3) Una ley orgánica

regulará las formas de ejercicio y

requisitos de la iniciativa popular

para la presentación de proposicio-

nes de ley. En todo caso se exigirán

no menos de 500,000 firmas acre-

ditadas. No procederá dicha ini-

ciativa en materias propias de ley

orgánica, tributarias o de carácter

internacional, ni en lo relativo a la

prerrogativa de gracia.

Artículo 164. Integración.

La Jurisdicción Contencioso Administrativa

estará integrada por tribunales superiores

administrativos y tribunales contencioso-

administrativos de primera instancia. Sus

atribuciones, integración, ubicación, com-

petencia territorial y procedimientos serán

determinados por la ley. Los tribunales su-

periores podrán dividirse en salas y sus deci-

siones son susceptibles de ser recurribles en

casación.

Artículo 92. (3) Una ley orgánica

regulará las condiciones y el pro-

cedimiento de las distintas moda-

lidades de referéndum previstas en

esta Constitución.

Artículo 166. Procurador General

Administrativo.

La Administración Pública estará represen-

tada permanentemente ante la Jurisdicción

Contencioso Administrativa por el procura-

dor general administrativo y, si procede, por

los abogados que esta designe. El procurador

general administrativo será designado por el

Poder Ejecutivo. La ley regulará la represen-

tación de los demás órganos y organismos

del Estado.

Artículo 93. Mediante la ley or-

gánica se podrá autorizar la cele-

bración de tratados por los que

se atribuya a una organización o

institución internacional el ejerci-

cio de competencias derivadas de

la Constitución. Corresponde a

las Cortes Generales o al Gobier-

no, según los casos, la garantía del

cumplimiento de estos tratados y

de las resoluciones emanadas de los

organismos internacionales o su-

pranacionales titulares de la cesión.

Artículo 168. Jurisdicciones especializadas.

La ley dispondrá de la creación de juris-

dicciones especializadas cuando así lo re-

quieran razones de interés público o de

eficiencia del servicio para el tratamiento

de otras materias.

262

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 98. (1) El Gobierno se com-

pone del presidente, de los vicepresi-

dentes, en su caso, de los ministros y

de los demás miembros que establez-

ca la ley.

Artículo 169.

Párrafo I.

En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio

Público garantizará los derechos fundamenta-

les que asisten a ciudadanos y ciudadanas, pro-

moverá la resolución alternativa de disputas,

dispondrá la protección de víctimas y testigos y

defenderá el interés público tutelado por la ley.

Párrafo II.

La ley regulará el funcionamiento del sistema

penitenciario bajo la dirección del Ministerio

Público u otro organismo que a tal efecto se

constituya.

Artículo 98. (4) La ley regulará el

estatuto e incompatibilidades de los

miembros del Gobierno.

Artículo 171. Designación y requisitos.

El presidente de la República designará al pro-

curador general de la República y la mitad de

sus procuradores adjuntos. Para ser procurador

general de la República o adjunto se requieren

los mismos requisitos que para ser juez de la

Suprema Corte de Justicia. La ley dispondrá la

forma de designación de los demás integrantes

del Ministerio Público.

Artículo 103. (2) Los órganos de la

Administración del Estado son crea-

dos, regidos y coordinados de acuer-

do con la ley.

Artículo 172. Integración e incompatibili-

dades.

El Ministerio Público está integrado por el

procurador general de la República, quien lo

dirige, y por las y los demás representantes es-

tablecidos por la ley.

Párrafo I. El Ministerio Público estará repre-

sentado ante la Suprema Corte de Justicia por

el procurador general de la República y por las

y los procuradores adjuntos, de conformidad

con la ley. Su representación ante las demás ins-

tancias judiciales será dispuesta por ley.

263

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 103. (3) La ley regulará el

estatuto de los funcionarios públi-

cos, el acceso a la función pública de

acuerdo con los principios de mérito

y capacidad, las peculiaridades del

ejercicio de su derecho a sindicación,

el sistema de incompatibilidades y las

garantías para la imparcialidad en el

ejercicio de sus funciones.

Artículo 173. Sistema de carrera.

El Ministerio Público se organiza conforme a

la ley, que regula su inamovilidad, régimen dis-

ciplinario y los demás preceptos que rigen su

actuación, su escuela de formación y sus órga-

nos de gobierno, garantizando la permanencia

de sus miembros de carrera hasta los setenta y

cinco años.

Artículo 104. (2) Una ley orgánica

determinará las funciones, principios

básicos de actuación y estatutos de las

Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 174. Integración.

El órgano de gobierno interno del Ministerio

Público es el Consejo Superior del Ministerio

Público, el cual estará integrado de la manera

siguiente: (1) El procurador general de la Re-

pública, quien lo presidirá. (2) Un procurador

adjunto del procurador general de la República

elegido por sus pares. (3) Un procurador gene-

ral de Corte de Apelación elegido por sus pares.

(4) Un procurador fiscal o su equivalente ele-

gido por sus pares. (5) Un fiscalizador elegido

por sus pares.

Párrafo. La ley definirá el funcionamiento y

organización de este consejo.

Artículo 105. La ley regulará: (a) La

audiencia de los ciudadanos, directa-

mente o a través de las organizaciones

y asociaciones reconocidas por la ley,

en el procedimiento de elaboración

de las disposiciones administrativas

que les afecten. (b) El acceso de los

ciudadanos a los archivos y registros

administrativos, salvo en lo que afec-

te a la seguridad y defensa del Estado,

la averiguación de los delitos y la inti-

midad de las personas.

Artículo 175. Funciones.

Las funciones del Consejo Superior del Minis-

terio Público son las siguientes: (…) (5) Tras-

ladar a representantes del Ministerio Público,

provisional o definitivamente, de una jurisdic-

ción a otra cuando sea necesario y útil al servi-

cio, con las condiciones y garantías previstas en

la ley, con excepción de las y los procuradores

adjuntos del procurador general de la Repúbli-

ca. (…) (7) Las demás funciones que le con-

fiera la ley.

264

RAFAEL DÍAZ FILPO

(c) El procedimiento a través del

cual deben producirse los actos

administrativos, garantizando,

cuando proceda, la audiencia del

interesado.

Artículo 106. (2) Los particulares,

en los términos establecidos por la

ley, tendrán derecho a ser indem-

nizados por toda lesión que sufran

en cualquiera de sus bienes y dere-

chos, salvo en los casos de fuerza

mayor, siempre que la lesión sea

consecuencia del funcionamiento

de los servicios públicos.

Artículo 176. Defensa pública.

El servicio de defensa pública es un órgano

del sistema de justicia dotado de autonomía

administrativa y funcional, que tiene por

finalidad garantizar la tutela efectiva del de-

recho fundamental a la defensa en las distin-

tas áreas de su competencia. El servicio de

defensa pública se ofrecerá en todo el terri-

torio nacional atendiendo a los criterios de

gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia

y calidad, para las personas imputadas que

por cualquier causa no estén asistidas por

abogado. La Ley de Defensa Pública regirá

el funcionamiento de esta institución.

Artículo 107. El Consejo de Esta-

do es el supremo órgano consulti-

vo del Gobierno. Una ley orgánica

regulará su composición y compe-

tencia.

Artículo 185. Atribuciones.

El Tribunal Constitucional será competen-

te para conocer en única instancia: (…) (4)

Cualquier otra materia que disponga la ley.

Artículo 116. (1) Una ley orgánica

regulará los estados de alarma, de

excepción y de sitio, y las compe-

tencias y limitaciones correspon-

dientes.

Artículo 189. Regulación del Tribunal.

La ley regulará los procedimientos constitu-

cionales y lo relativo a la organización y al

funcionamiento del Tribunal Constitucio-

nal.

265

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 117. (2) Los jueces y magis-

trados no podrán ser separados, sus-

pendidos, trasladados ni jubilados,

sino por alguna de las causas y con las

garantías previstas en la ley.

Artículo 191. Funciones esenciales.

La función esencial del defensor del pueblo es

contribuir a salvaguardar los derechos funda-

mentales de las personas y los intereses colecti-

vos y difusos establecidos en esta Constitución

y las leyes, en caso de que sean violados por

funcionarios u órganos del Estado, por presta-

dores de servicios públicos o particulares que

afecten intereses colectivos y difusos. La ley

regulará lo relativo a su organización y funcio-

namiento.

Artículo 117. (3) El ejercicio de la

potestad jurisdiccional en todo tipo

de procesos, juzgando y haciendo eje-

cutar lo juzgado, corresponde exclu-

sivamente a los juzgados y tribunales

determinados por las leyes, según las

normas de competencia y procedi-

miento que las mismas establezcan.

Artículo 194. Plan de ordenamiento territo-

rial.

Es prioridad del Estado la formulación y eje-

cución, mediante ley, de un plan de ordena-

miento territorial que asegure el uso eficiente

y sostenible de los recursos naturales de la Na-

ción, acorde con la necesidad de adaptación al

cambio climático.

Artículo 117. (4) Los juzgados y tri-

bunales no ejercerán más funciones

que las señaladas en el apartado an-

terior y las que expresamente les sean

atribuidas por ley en garantía de cual-

quier derecho.

Artículo 195. Delimitación territorial.

Mediante ley orgánica se determinará el nom-

bre y los límites de las regiones, así como de

las provincias y de los municipios en que ellas

se dividen.

Artículo 117. (5) El principio de

unidad jurisdiccional es la base de la

organización y funcionamiento de los

tribunales. La ley regulará el ejercicio

de la jurisdicción militar en el ámbito

estrictamente castrense y en los su-

puestos de estado de sitio, de acuerdo

con los principios de la Constitución.

Artículo 196. La región.

La región es la unidad básica para la articula-

ción y formulación de las políticas públicas en

el territorio nacional. La ley definirá todo lo

relativo a sus competencias, composición, or-

ganización y funcionamiento y determinará el

número de estas.

266

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 119. La justicia será gratui-

ta cuando así lo disponga la ley y, en

todo caso, respecto de quienes acre-

diten insuficiencia de recursos para

litigar.

Artículo 197.- La provincia.

La provincia es la demarcación política in-

termedia en el territorio. Se divide en mu-

nicipios, distritos municipales, secciones y

parajes. La ley definirá todo lo relativo a su

composición, organización y funcionamien-

to y determinará el número de estas.

Artículo 120. Las actuaciones judi-

ciales serán públicas, con las excep-

ciones que prevean las leyes de pro-

cedimiento.

Artículo 198. Gobernador civil.

El Poder Ejecutivo designará en cada pro-

vincia un gobernador civil, quien será su

representante en esa demarcación. Para ser

gobernador civil se requiere ser dominicano

o dominicana, mayor de veinticinco años de

edad y estar en pleno ejercicio de los dere-

chos civiles y políticos. Sus atribuciones y

deberes serán determinados por la ley.

Artículo 121. Los daños causados

por error judicial, así como los que

sean consecuencia del funcionamien-

to anormal de la administración de

justicia, darán derecho a una indem-

nización a cargo del Estado, confor-

me a la ley.

Artículo 199. Administración local.

El Distrito Nacional, los municipios y los

distritos municipales constituyen la base

del sistema político administrativo local.

Son personas jurídicas de derecho público,

responsables de sus actuaciones, gozan de

patrimonio propio, de autonomía presu-

puestaria, con potestad normativa, adminis-

trativa y de uso de suelo, fijadas de manera

expresa por la ley y sujetas al poder de fisca-

lización del Estado y al control social de la

ciudadanía, en los términos establecidos por

esta Constitución y las leyes.

267

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 122. (1) La ley orgánica del

poder judicial determinará la consti-

tución, funcionamiento y gobierno

de los juzgados y tribunales, así como

el estatuto jurídico de los jueces y

magistrados de carrera, que forma-

rán un cuerpo único, y del personal

al servicio de la administración de

justicia.

Artículo 200. Arbitrios municipales.

Los ayuntamientos podrán establecer arbi-

trios en el ámbito de su demarcación que

de manera expresa establezca la ley, siempre

que los mismos no colidan con los impuestos

nacionales, con el comercio intermunicipal

o de exportación, ni con la Constitución o

las leyes. Corresponde a los tribunales com-

petentes conocer las controversias que surjan

en esa materia.

Artículo 122. (2) El Consejo Gene-

ral del Poder Judicial es el órgano de

gobierno del mismo. La ley orgánica

establecerá su estatuto y el régimen

de incompatibilidades de sus miem-

bros y sus funciones, en particular en

materia de nombramientos, ascensos,

inspección y régimen disciplinario.

Artículo 202. Representantes locales.

Los alcaldes o alcaldesas del Distrito Nacio-

nal, de los municipios, así como las y los di-

rectores de los distritos municipales son los

representantes legales de los ayuntamientos y

de las juntas municipales. Sus atribuciones y

facultades serán determinadas por la ley.

Artículo 122. (3) El Consejo Gene-

ral del Poder Judicial estará integrado

por el presidente del Tribunal Supre-

mo, que lo presidirá, y por veinte

miembros nombrados por el rey por

un periodo de cinco años. De estos,

doce entre jueces y magistrados de

todas las categorías judiciales, en los

términos que establezca la ley orgáni-

ca; cuatro a propuesta del Congreso

de los diputados, y cuatro a propues-

ta del Senado, elegidos en ambos ca-

sos por mayoría de tres quintos de sus

miembros, entre abogados y otros ju-

ristas, todos ellos de reconocida com-

petencia y con más de quince años de

ejercicio en su profesión.

Artículo 203. Referendo, plebiscitos e inicia-

tiva normativa municipal.

La Ley Orgánica de la Administración Local

establecerá los ámbitos, requisitos y condicio-

nes para el ejercicio del referendo, plebiscito y

la iniciativa normativa municipales con el fin

de fortalecer el desarrollo de la democracia y

la gestión local.

268

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 123. (2) El presidente del

Tribunal Supremo será nombrado

por el rey, a propuesta del Consejo

General del Poder Judicial, en la for-

ma que determine la ley.

Artículo 204. Transferencia de competencias

a los municipios.

El Estado propiciará la transferencia de com-

petencias y recursos hacia los gobiernos loca-

les, de conformidad con esta Constitución y la

ley. La implementación de estas transferencias

conllevará políticas de desarrollo institucional,

capacitación y profesionalización de los recur-

sos humanos.

Artículo 124. (3) La ley regulará el

estatuto orgánico del Ministerio Fis-

cal.

Artículo 205. Ejecución presupuestaria mu-

nicipal.

Los ayuntamientos del Distrito Nacional, de los

municipios y las juntas de distritos municipales

estarán obligados, tanto en la formulación como

en la ejecución de sus presupuestos, a formular,

aprobar y a mantener las apropiaciones y las ero-

gaciones destinadas a cada clase de atenciones y

servicios, de conformidad con la ley.

Artículo 125. Los ciudadanos podrán

ejercer la acción popular y participar

en la administración de justicia me-

diante la institución del jurado, en la

forma y con respecto a aquellos pro-

cesos penales que la ley determine, así

como en los tribunales consuetudina-

rios y tradicionales.

Artículo 207. Obligación económica de los

municipios.

Las obligaciones económicas contraídas por

los municipios, incluyendo las que tengan el

aval del Estado, son de su responsabilidad, de

conformidad con los límites y condiciones que

establezca la ley.

Artículo 126. La policía judicial de-

pende de los jueces, de los tribunales

y del Ministerio Fiscal en sus fun-

ciones de averiguación del delito y

descubrimiento y aseguramiento del

delincuente, en los términos que la

ley establezca.

Artículo 210. Referendos.

Las consultas populares mediante referendo

estarán reguladas por una ley que determinará

todo lo relativo a su celebración, con arreglo a

las siguientes condiciones: (1) No podrán tra-

tar sobre aprobación ni revocación de mandato

de ninguna autoridad electa o designada. (2)

Requerirán de previa aprobación congresual

con el voto de las dos terceras partes de los pre-

sentes en cada cámara.

269

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 127. (1) Los jueces y ma-

gistrados así como los fiscales, mien-

tras se hallen en activo, no podrán

desempeñar otros cargos públicos,

ni pertenecer a partidos políticos o

sindicatos. La ley establecerá el sis-

tema y modalidades de asociación

profesional de los jueces, magistrados

y fiscales.

Artículo 214. Tribunal Superior Electoral.

El Tribunal Superior Electoral es el órgano

competente para juzgar y decidir con carácter

definitivo sobre los asuntos contencioso- elec-

torales y estatuir sobre los diferendos que sur-

jan a lo interno de los partidos, agrupaciones

y movimientos políticos o entre estos. Regla-

mentará, de conformidad con la ley, los proce-

dimientos de su competencia y todo lo relativo

a su organización y funcionamiento adminis-

trativo y financiero.

Artículo 127. (2) La ley establecerá el

régimen de incompatibilidades de los

miembros del poder judicial, que de-

berá asegurar la total independencia

de los mismos.

Artículo 219. Iniciativa privada.

Párrafo. Cuando el Estado enajene su partici-

pación en una empresa, podrá tomar las medi-

das conducentes a democratizar la titularidad

de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores,

a las organizaciones solidarias y de trabajado-

res, condiciones especiales para acceder a dicha

propiedad accionaria. La ley reglamentará la

materia.

Artículo 128. (2) Se reconoce la ini-

ciativa pública en la actividad econó-

mica. Mediante ley se podrá reservar

al sector público recursos o servicios

esenciales, especialmente en caso de

monopolio y asimismo acordar la in-

tervención de empresas cuando así lo

exigiere el interés general.

Artículo 220. Sujeción al ordenamiento jurí-

dico.

En todo contrato del Estado y de las personas

de derecho público con personas físicas o jurí-

dicas extranjeras domiciliadas en el país, debe

constar el sometimiento de estas a las leyes y

órganos jurisdiccionales de la República. Sin

embargo, el Estado y las demás personas de

derecho público pueden someter las contro-

versias derivadas de la relación contractual a

jurisdicciones constituidas en virtud de trata-

dos internacionales vigentes. Pueden también

someterlas a arbitraje nacional e internacional,

de conformidad con la ley.

270

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 129. (1) La ley establece-

rá las formas de participación de

los interesados en la seguridad so-

cial y en la actividad de los organis-

mos públicos cuya función afecte

directamente a la calidad de la vida

o al bienestar general.

Artículo 221. Igualdad de tratamiento.

Con las limitaciones establecidas en esta

Constitución y las leyes. La ley podrá conce-

der tratamientos especiales a las inversiones

que se localicen en zonas de menor grado de

desarrollo o en actividades de interés nacio-

nal, en particular las ubicadas en provincias

fronterizas.

Artículo 131. (1) El Estado, me-

diante ley, podrá planificar la ac-

tividad económica general para

atender a las necesidades colec-

tivas, equilibrar y armonizar el

desarrollo regional y sectorial y

estimular el crecimiento de la ren-

ta y de la riqueza y su más justa

distribución.

Artículo 226. Designación de autoridades

monetarias.

El gobernador del Banco Central y los

miembros de designación directa de la Jun-

ta Monetaria serán nombrados por el Poder

Ejecutivo, de conformidad con la ley. Du-

rante el tiempo de su designación solo po-

drán ser removidos por las causales previstas

en la misma.

Artículo 131. (2) El Gobierno ela-

borará los proyectos de planifica-

ción, de acuerdo con las previsio-

nes que le sean suministradas por

las Comunidades Autónomas y el

asesoramiento y colaboración de

los sindicatos y otras organizacio-

nes profesionales, empresariales y

económicas. A tal fin se constituirá

un Consejo, cuya composición y

funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 230. Fuerza legal y liberatoria de

la unidad monetaria.

Solo tendrán circulación legal y fuerza libe-

ratoria los billetes emitidos y las monedas

acuñadas por el Banco Central, bajo la ga-

rantía ilimitada del Estado y en las propor-

ciones y condiciones que señale la ley.

271

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 132.1 La ley regulará el ré-

gimen jurídico de los bienes de do-

minio público y de los comunales,

inspirándose en los principios de

inalienabilidad, imprescriptibilidad e

inembargabilidad, así como su desa-

fectación.

Artículo 232. Modificación del régimen de la

moneda o de la banca.

Por excepción a lo dispuesto en el artículo 112

de esta Constitución, la modificación del régi-

men legal de la moneda o de la banca, requerirá

apoyo de las dos terceras partes de la totalidad

de los miembros de una y otra cámara legislati-

va, a menos que haya sido iniciada por el Poder

Ejecutivo, a propuesta de la Junta Monetaria o

con el voto favorable de esta, en cuyo caso se

regirá por las disposiciones relativas a las leyes

orgánicas.

Artículo 132.2 Son bienes de do-

minio público estatal los que deter-

mine la ley y, en todo caso, la zona

marítimo-terrestre, las playas, el mar

territorial y los recursos naturales de

la zona económica y la plataforma

continental.

Artículo 234. Modificación del presupuesto.

El Congreso podrá incluir nuevas partidas y

modificar las que figuren en el proyecto de Ley

de Presupuesto General del Estado o en los

proyectos de ley que eroguen fondos sometidos

por el Poder Ejecutivo, con el voto de las dos

terceras partes de los presentes de cada cámara

legislativa.

Párrafo. Una vez votada la Ley de Presupuesto

General del Estado, no podrán trasladarse re-

cursos presupuestarios de una institución a otra

sino en virtud de una ley que, cuando no sea

iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el

voto de las dos terceras partes de los presentes

en cada cámara legislativa.

Artículo 132.3 Por ley se regularán

el Patrimonio del Estado y el Patri-

monio Nacional, su administración,

defensa y conservación.

Artículo 236. Validez erogación.

Ninguna erogación de fondos públicos será

válida, si no estuviere autorizada por la ley y

ordenada por funcionario competente.

272

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 133.1 La potestad origina-

ria para establecer los tributos co-

rresponde exclusivamente al Estado,

mediante ley.

Artículo 239. Vigencia Ley de Presupuesto.

Cuando el Congreso no haya aprobado el pro-

yecto de Ley de Presupuesto General del Esta-

do a más tardar al 31 de diciembre, regirá la

Ley de Presupuesto General del Estado del año

anterior, con los ajustes previstos en la Ley Or-

gánica de Presupuesto, hasta tanto se produzca

su aprobación.

Artículo 133.2 Las Comunidades

Autónomas y las Corporaciones lo-

cales podrán establecer y exigir tribu-

tos, de acuerdo con la Constitución

y las leyes.

Artículo 241. Estrategia de desarrollo.

El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo

Económico y Social y a los partidos políticos,

elaborará y someterá al Congreso Nacional una

estrategia de desarrollo, que definirá la visión

de la Nación para el largo plazo. El proceso de

planificación e inversión pública se regirá por

la ley correspondiente.

Artículo 133. (3) Todo beneficio fis-

cal que afecte a los tributos del Estado

deberá establecerse en virtud de ley.

Artículo 244. Exenciones de Impuestos y

transferencias de derechos.

Los particulares solo pueden adquirir, median-

te concesiones que autorice la ley o contratos

que apruebe el Congreso Nacional, el derecho

de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule

la concesión o el contrato y cumpliendo con

las obligaciones que la una y el otro les impon-

gan, de exenciones, exoneraciones, reducciones

o limitaciones de impuestos, contribuciones o

derechos fiscales o municipales que inciden en

determinadas obras o empresas hacia las que

convenga atraer la inversión de nuevos capi-

tales para el fomento de la economía nacional

o para cualquier otro objeto de interés social.

La transferencia de los derechos otorgados me-

diante contratos estará sujeta a la ratificación

por parte del Congreso Nacional.

273

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 133. (4) Las administra-

ciones públicas sólo podrán con-

traer obligaciones financieras y

realizar gastos de acuerdo con las

leyes.

Artículo 245. Sistema de contabilidad.

El Estado dominicano y todas sus institu-

ciones, sean autónomas, descentralizadas o

no, estarán regidos por un sistema único,

uniforme, integrado y armonizado de conta-

bilidad, cuyos criterios fijará la ley.

Artículo 134. (4) Si la Ley de Pre-

supuestos no se aprobara antes del

primer día del ejercicio económico

correspondiente, se considerarán

automáticamente prorrogados los

Presupuestos del ejercicio anterior

hasta la aprobación de los nuevos.

Artículo 246. Control y fiscalización de

fondos públicos.

El control y fiscalización sobre el patrimo-

nio, los ingresos, gastos y uso de los fondos

públicos se llevará a cabo por el Congreso

Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contra-

loría General de la República, en el marco de

sus respectivas competencias, y por la socie-

dad a través de los mecanismos establecidos

en las leyes.

Artículo 134. (7) La Ley de Pre-

supuestos no puede crear tributos.

Podrá modificarlos cuando una ley

tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 247. Control interno.

La Contraloría General de la República es el

órgano del Poder Ejecutivo rector del con-

trol interno, ejerce la fiscalización interna y

la evaluación del debido recaudo, manejo,

uso e inversión de los recursos públicos y

autoriza las órdenes de pago, previa com-

probación del cumplimiento de los trámites

legales y administrativos, de las instituciones

bajo su ámbito, de conformidad con la ley.

274

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 135. (2) El Estado y las

Comunidades Autónomas no

podrán incurrir en un déficit es-

tructural que supere los márgenes

establecidos, en su caso, por la

Unión Europea para sus estados

miembros.

Párrafo. Una ley orgánica fijará el

déficit estructural máximo permi-

tido al Estado y a las Comunida-

des Autónomas, en relación con su

producto interior bruto. Las en-

tidades locales deberán presentar

equilibrio presupuestario.

Artículo 249. Requisitos.

Para ser miembro de la Cámara de Cuentas

se requiere ser dominicano o dominicana

en el pleno ejercicio de los derechos civi-

les y políticos, ser de reconocida solvencia

ética y moral, haber cumplido la edad de

treinta años, acreditar título universitario y

estar habilitado para el ejercicio profesional,

preferiblemente en las áreas de contabilidad,

finanzas, economía, derecho o afines, y las

demás condiciones que determine la ley.

Artículo 135. (3) El Estado y las

Comunidades Autónomas habrán

de estar autorizados por ley para

emitir deuda pública o contraer

crédito.

Artículo 251. Consejo Económico y Social.

La concertación social es un instrumento

esencial para asegurar la participación or-

ganizada de empleadores, trabajadores y

otras organizaciones de la sociedad en la

construcción y fortalecimiento permanen-

te de la paz social. Para promoverla habrá

un Consejo Económico y Social, órgano

consultivo del Poder Ejecutivo en materia

económica, social y laboral, cuya confor-

mación y funcionamiento serán estableci-

dos por la ley.

275

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 135. (5) Una ley orgáni-

ca desarrollará los principios a que

se refiere este artículo, así como la

participación, en los procedimien-

tos respectivos, de los órganos de

coordinación institucional entre

las administraciones públicas en

materia de política fiscal y finan-

ciera. En todo caso, regulará: (a)

La distribución de los límites de

déficit y de deuda entre las distin-

tas administraciones públicas, los

supuestos excepcionales de supe-

ración de los mismos y la forma

y plazo de corrección de las des-

viaciones que sobre uno pudieran

producirse. (b) La metodología

y el procedimiento para el cálcu-

lo del déficit estructural. (c) La

responsabilidad de cada Admi-

nistración Pública en caso de in-

cumplimiento de los objetivos de

estabilidad presupuestaria.

Artículo 253. Carrera militar.

El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y

demás aspectos del régimen de carrera mi-

litar de los miembros de las Fuerzas Arma-

das se efectuará sin discriminación alguna,

conforme a su ley orgánica y leyes comple-

mentarias.

Se prohíbe el reintegro de sus miembros,

con excepción de los casos en los cuales la

separación o retiro haya sido realizada en

violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas

Armadas, previa investigación y recomen-

dación por el ministerio correspondiente,

de conformidad con la ley.

Artículo 136. (4) Una ley orgánica

regulará la composición, organiza-

ción y funciones del Tribunal de

Cuentas.

Artículo 254. Competencia de la jurisdic-

ción militar y régimen disciplinario.

La jurisdicción militar solo tiene competen-

cia para conocer de las infracciones militares

previstas en las leyes sobre la materia. Las

Fuerzas Armadas tendrán un régimen dis-

ciplinario militar aplicable a aquellas faltas

que no constituyan infracciones del régimen

penal militar.

276

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 140. La Constitución ga-

rantiza la autonomía de los munici-

pios. Estos gozarán de personalidad

jurídica plena. Su gobierno y admi-

nistración corresponde a sus respec-

tivos Ayuntamientos, integrados por

los alcaldes y los concejales. Los con-

cejales serán elegidos por los vecinos

del municipio mediante sufragio uni-

versal, igual, libre, directo y secreto,

en la forma establecida por la ley. Los

alcaldes serán elegidos por los conce-

jales o por los vecinos. La ley regulará

las condiciones en las que proceda el

régimen del concejo abierto.

Artículo 256. Carrera policial.

El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y

demás aspectos del régimen de carrera poli-

cial de los miembros de la Policía Nacional se

efectuará sin discriminación alguna, conforme

a su ley orgánica y leyes complementarias. Se

prohíbe el reintegro de sus miembros, con ex-

cepción de los casos en los cuales el retiro o

separación haya sido realizado en violación a

la Ley Orgánica de la Policía Nacional, previa

investigación y recomendación del ministerio

correspondiente, de conformidad con la ley.

Artículo 141. (1) La provincia es

una entidad local con personalidad

jurídica propia, determinada por la

agrupación de municipios y división

territorial para el cumplimiento de

las actividades del Estado. Cualquier

alteración de los límites provinciales

habrá de ser aprobada por las Cortes

Generales mediante ley orgánica.

Artículo 257. Competencia y régimen disci-

plinario.

La jurisdicción policial solo tiene competencia

para conocer de las infracciones policiales pre-

vistas en las leyes sobre la materia. La Policía

Nacional tendrá un régimen disciplinario po-

licial aplicable a aquellas faltas que no consti-

tuyan infracciones del régimen penal policial.

Artículo 142. Las haciendas locales

deberán disponer de los medios su-

ficientes para el desempeño de las

funciones que la ley atribuye a las

corporaciones respectivas y se nutri-

rán fundamentalmente de tributos

propios y de participación en los del

Estado y de las Comunidades Autó-

nomas.

Artículo 261. Cuerpos de seguridad pública o

de defensa.

El Congreso Nacional, a solicitud del presi-

dente de la República, podrá disponer, cuando

así lo requiera el interés nacional, la formación

de cuerpos de seguridad pública o de defensa

permanentes con integrantes de las Fuerzas Ar-

madas y la Policía Nacional que estarán subor-

dinados al ministerio o institución del ámbito

de sus respectivas competencias en virtud de la

ley. El sistema de inteligencia del Estado será

regulado mediante de la ley.

277

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 144. Las Cortes Genera-

les, mediante ley orgánica, podrán,

por motivos de interés nacional:

(a) Autorizar la constitución de

una comunidad autónoma cuan-

do su ámbito territorial no supere

el de una provincia y no reúna las

condiciones del apartado 1 del ar-

tículo 143. (b) Autorizar o acordar,

en su caso, un Estatuto de autono-

mía para territorios que no estén

integrados en la organización pro-

vincial. (c) Sustituir la iniciativa de

las Corporaciones locales a que se

refiere el apartado 2 del artículo

143.

Artículo 270. Convocatoria Asamblea Na-

cional Revisora.

La necesidad de la reforma constitucional se

declarará por una ley de convocatoria. Esta

ley, que no podrá ser observada por el Poder

Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asam-

blea Nacional Revisora, contendrá el objeto

de la reforma e indicará el o los artículos de

la Constitución sobre los cuales versará.

Artículo 147. (3) La reforma de

los Estatutos se ajustará al procedi-

miento establecido en los mismos

y requerirá, en todo caso, la apro-

bación por las Cortes Generales,

mediante ley orgánica.

Artículo 277. Decisiones con autoridad de

la cosa irrevocablemente juzgada.

Todas las decisiones judiciales que hayan ad-

quirido la autoridad de la cosa irrevocable-

mente juzgada, especialmente las dictadas en

ejercicio del control directo de la constitu-

cionalidad por la Suprema Corte de Justicia,

hasta el momento de la proclamación de la

presente Constitución, no podrán ser exa-

minadas por el Tribunal Constitucional y las

posteriores estarán sujetas al procedimiento

que determine la ley que rija la materia.

278

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 149 (1) El Estado tiene

competencia exclusiva sobre las si-

guientes materias:

(…)

6.ª Legislación mercantil, penal y

penitenciaria; legislación procesal,

sin perjuicio de las necesarias especia-

lidades que en este orden se deriven

de las particularidades del derecho

sustantivo de las Comunidades Au-

tónomas.

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio

de su ejecución por los órganos de las

Comunidades Autónomas.

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de

la conservación, modificación y desa-

rrollo por las Comunidades Autóno-

mas de los derechos civiles, forales o

especiales, allí donde existan.

En todo caso, las reglas relativas a la

aplicación y eficacia de las normas

jurídicas, relaciones jurídico-civiles

relativas a las formas de matrimo-

nio, ordenación de los registros e

instrumentos públicos, bases de las

obligaciones contractuales, normas

para resolver los conflictos de leyes

y determinación de las fuentes del

derecho, con respeto, en este último

caso, a las normas de derecho foral o

especial.

9.ª Legislación sobre propiedad inte-

lectual e industrial.

(…)

12.ª Legislación sobre pesas y medi-

das, determinación de la hora oficial.

Decimosexta disposición.

La ley que regulará la organización y adminis-

tración general del Estado dispondrá lo relativo

a los ministerios a los que se refiere el artícu-

lo 134 de esta Constitución. Esta ley deberá

entrar en vigencia a más tardar en octubre de

2011, con el objetivo de que las nuevas dispo-

siciones sean incorporadas en el Presupuesto

General del Estado para el siguiente año.

279

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

(…)

17.ª Legislación básica y régimen

económico de la Seguridad Social,

sin perjuicio de la ejecución de sus

servicios por las Comunidades Au-

tónomas.

18.ª Las bases del régimen jurídico de

las Administraciones públicas y del ré-

gimen estatutario de sus funcionarios

que, en todo caso, garantizarán a los

administrados un tratamiento común

ante ellas; el procedimiento adminis-

trativo común, sin perjuicio de las

especialidades derivadas de la organiza-

ción propia de las Comunidades Autó-

nomas; legislación sobre expropiación

forzosa; legislación básica sobre contra-

tos y concesiones administrativas y el

sistema de responsabilidad de todas las

Administracio nes públicas.

(…)

22.ª La legislación, ordenación y

concesión de recursos y aprovecha-

mientos hidráulicos cuando las aguas

discurran por más de una Comuni-

dad Autónoma, y la autorización de

las instalaciones eléctricas cuando su

aprovechamiento afecte a otra Co-

munidad o el transporte de energía

salga de su ámbito territorial.

23.ª Legislación básica sobre protec-

ción del medio ambiente, sin perjuicio

de las facultades de las Comunidades

Autónomas de est ablecer n ormas adi-

cionales de protección. La legislación

básica sobre montes, aprovechamien-

tos forestales y vías pecuarias.

280

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 150. (1) Las Cortes Genera-

les, en materias de competencia esta-

tal, podrán atribuir a todas o a alguna

de las Comunidades Autónomas la

facultad de dictar, para sí mismas,

normas legislativas en el marco de los

principios, bases y directrices fijados

por una ley estatal. Sin perjuicio de

la competencia de los tribunales, en

cada ley marco se establecerá la mo-

dalidad del control de las Cortes Ge-

nerales sobre estas normas legislativas

de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150. (2) El Estado podrá

transferir o delegar en las Comuni-

dades Autónomas, mediante ley or-

gánica, facultades correspondientes a

materia de titularidad estatal que por

su propia naturaleza sean susceptibles

de transferencia o delegación. La ley

preverá en cada caso la correspon-

diente transferencia de medios finan-

cieros, así como las formas de control

que se reserve el Estado.

Artículo 150. (3) El Estado podrá

dictar leyes que establezcan los prin-

cipios necesarios para armonizar las

disposiciones normativas de las Co-

munidades Autónomas, aun en el

caso de materias atribuidas a la com-

petencia de éstas, cuando así lo exija

el interés general. Corresponde a las

Cortes Generales, por mayoría abso-

luta de cada Cámara, la apreciación

de esta necesidad.

281

LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMÉRICA

Artículo 157. (1) Los recursos de las

Comunidades Autónomas estarán

constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcial-

mente por el Estado, recargos sobre

impuestos estatales y otras participa-

ciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y

contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de

Compensación Interterritorial y otras

asignaciones con cargo a los presu-

puestos generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su

patrimonio e ingresos de derecho

privado.

e) El producto de las operaciones de

crédito.

3. Mediante ley orgánica podrá regu-

larse el ejercicio de las competencias

financieras enumeradas en el prece-

dente apartado 1, las normas para

resolver los conflictos que pudieran

surgir y las posibles formas de cola-

boración financiera entre las Comu-

nidades Autónomas y el Estado.

Artículo 161. El Tribunal Constitucio-

nal tiene jurisdicción en todo el terri-

torio español y es competente para co-

nocer: (…) (b) Del recurso de amparo

por violación de los derechos y liberta-

des referidos en el artículo 53, 2, de esta

Constitución, en los casos y formas que

la ley establezca. (…) (d) De las demás

materias que le atribuyan la Constitu-

ción o las leyes orgánicas.

282

RAFAEL DÍAZ FILPO

Artículo 162. (1) Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de in-

constitucionalidad, el presidente del

Gobierno, el defensor del pueblo, 50

diputados, 50 senadores, los órganos

colegiados ejecutivos de las Comuni-

dades Autónomas y, en su caso, las

Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de am-

paro, toda persona natural o jurídica

que invoque un interés legítimo, así

como el defensor del pueblo y el Mi-

nisterio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica

determinará las personas y órganos

legitimados.

Artículo 163. Cuando un órgano

judicial considere, en algún proce-

so, que una norma con rango de ley,

aplicable al caso, de cuya validez de-

penda el fallo, pueda ser contraria a

la Constitución, planteará la cuestión

ante el Tribunal Constitucional en

los supuestos, en la forma y con los

efectos que establezca la ley, que en

ningún caso serán suspensivos.

Cuarta disposición adicional. En

las Comunidades Autónomas donde

tengan su sede más de una audiencia

territorial, los Estatutos de Autono-

mía respectivos podrán mantener las

existentes, distribuyendo las compe-

tencias entre ellas, siempre de con-

formidad con lo previsto en la Ley

Orgánica del Poder Judicial y dentro

de la unidad e independencia de este.