Las garantías procesales constitucionales

 
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"Las garantías procesales constitucionales"

Wanda Perdomo

Del amparo constitucional;

Se denomina amparo constitucional a la acción que tiene por objeto proteger a toda persona de cualquier hecho acto u omisión que lesione o amenace con lesionar un derecho constitucionalmente protegido, con excepción de la libertad física o corporal, que se encuentra protegida por el hábeas corpus.

Antecedentes;

En Hispanoamérica, la institución tiene sus antecedentes en México, nación que por efectos de su cercanía con los Estados Unidos estuvo impregnada desde temprano de los derechos individuales enarbolados por la Revolución francesa y del principio de la supremacía de la Constitución desarrollado por el Juez Marshall en la famosa sentencia Marbury vs Madison de finales del siglo XVIII en los Estados Unidos. México ya consagraba el Amparo en su Constitución de Yucatán de 1840, como recurso tutelar de todo hecho, acto o lesión a un derecho constitucional, a ser aplicado por el Poder Judicial. En México, el juicio de amparo no solamente incluye la protección a los derechos constitucionalizados sino también la acción para anular cualquier disposición contraria a la Constitución y el hábeas corpus.

De México, la institución del amparo constitucional se extendió a otros países de la región, como Brasil, Venezuela Argentina y Colombia, hasta ser declarado en la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1948 y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José, Costa Rica, de fecha 22 de noviembre de 1969 (Convención Americana de Derechos Humanos), ratificado por nuestro Congreso Nacional por Resolución 739 promulgada en fecha 25 de diciembre de 1977. En Europa, el amparo tiene sus antecedentes en la Constitución austríaca de 1920, secundada por la Constitución alemana.

La creacion y evolución de la figura del amparo en Latinoamérica es muy interesante. En Argentina, el amparo fue primeramente creado por la jurisprudencia, que entendió que la libertad física no era el único derecho fundamental que merecía protección, y en consecuencia otorgó la protección del amparo al resto de los derechos consagrados en la Constitución. En el litigio planteado por Don Angel Siri, Director de un periódico clausurado sin que mediare orden de autoridad competente, la Suprema Corte de Justicia de Argentina, cambiando la jurisprudencia hasta la fecha, admitió el recurso de amparo interpuesto y pronunció:

"las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la constitución e independientemente de las leyes regla mentarzas:" no son, como puede creerse, las declaraciones, derechos y garantías, simples fórmulas retóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significacion de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina..."

Más adelante, dicha Corte Suprema reiteraba el principio a propósito de la acción de amparo interpuesta por la firma Samuel Kot S.R.L. En ocasión de la ocupación ilegal de sus instalaciones por parte de un grupo de obreros, que dicha Corte declaró violatoria del derecho de propiedad y de la libertad de empresa. lo novedoso en la especie es que la Corte admitió por primera vez que el amparo es igualmente admisible contra violaciones cometidas por particulares, siempre que se tratase de derechos constitucionalizados, sosteniendo que la distinción no es esencial, puesto que existe una l[arantía tácita o implicita que protege los diuersos aspectos de la libertad de modo que no es posible excluir a priori la restricción que venga de personas privadas".

El espaldarazo definitivo al establecimiento de la figura del amparo constitucional lo proporciona su inserción en la Convención de Derechos Humanos de la ONU de 1948 y en el denominado Pacto de San J osé o Pacto de Derechos Civiles y Políticos o Convención Americana de Derechos Humanos, de fecha 22 de noviembre de 1969, que en la República Dominicana fue aprobada por el Congreso Nacional por Resolución No. 739, promulgada el 25 de diciembre de 1977 (G.O. 9460):

El artículo 25.1 de dicho Tratado Internacional dispone que:

"toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"

En virtud de que el artículo 3, párrafo final, de nuestra Constitución expresa "La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional General y Americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado ... ", el amparo pasó a ser parte de nuestro Derecho Positivo, con categoría constitucional.

Sin embargo, el amparo no nace de inmediato a la vida jurídica dominicana puesto que no existía un procedimiento definido para interponerlo. En fecha 24 de febrero de 1999, nuestra Suprema Corte de Justicia estableció un procedimiento sumario y sencillo para la interposición de la acción de amparo. Así resuelve en su parte dispositiva lo siguiente:

"Primero: Declarar que el recurso de amparo previsto en el...

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