Bibliografía

• Páginas: 287-281
• Autor: Hermógenes Acosta de los Santos

Bibliografía

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Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de noviembre de

2012, mediante la cual se validó el referido acuerdo, sentencia

que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las

Salas Reunidas volvieron a ratificar su criterio, según sentencia

No. 6, de 1 de febrero de 2017. Contra esta sentencia se incoó

un nuevo recurso de revisión, el cual fue acogido, en el entendi-

do de que se violó un precedente del Tribunal Constitucional.

Como se aprecia, existe una evidente diferencia de orden

jurídico entre estas dos altas Cortes, la cual debe resolverse, in-

dependientemente de cuál de ellas tenga la razón jurídica, apli-

cando el artículo 184 de la Constitución que establece que las

decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevoca-

bles y constituyen precedentes para todos los poderes públicos.

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lificada como “(…) una flagrante violación al artículo 54.10,

LOTCPC.”382 Sin embargo, nos parece que el pleno de la Su-

prema Corte de Justicia también considera que los jueces deben

motivar sus sentencias, distanciándose solo en lo que concierne

a que todas las sentencias requieren el mismo nivel de motiva-

ción. En cierta medida, a lo que se ha acudido es a la técnica del

distinguishing, la cual consiste, como sabemos, en reconocer el

precedente y abstenerse de aplicarlo en un determinado caso,

dada la particularidad de dicho caso.

En torno a la divergencia relativa a la viabilidad de la renun-

cia de una pensión que tiene su fuente en un contrato privado,

resulta que mientras el Tribunal Constitucional entiende que di-

cha renuncia no es viable, la Suprema Corte de Justicia la admi-

te. Para que se comprenda mejor el diferendo, explicaremos los

aspectos fácticos esenciales del caso concreto. En este sentido, el

conflicto surge con motivo de un contrato de asesoría, en el cual

una empresa asume la obligación, entre otras, de mantener una

pensión en beneficio del asesor. Dicho contrato fue rescindido

antes de la llegada del término, lo cual dio origen a una demanda

laboral, que culminó con un acuerdo, en el cual el asesor recibi-

ría la suma de cuatrocientos veinte y cinco mil dólares america-

nos (US$ 425,000.00), a título de compensación; mientras que

la empresa quedaba liberada de las obligaciones contractuales, en

particular, de la referida pensión.

Sin embargo, el asesor demandó a la empresa nuevamente

y le reclamó el pago de la pensión, en el entendido de que se

trataba de un derecho irrenunciable. Este nuevo litigio terminó

en el Poder Judicial con la sentencia No. 68, dictada por las Salas

382 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p.556.

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radica en que el Tribunal Constitucional considera que todas

las sentencias deben estar rigurosamente motivadas y, en ese

sentido, exige que cumplan con los requisitos siguientes:

“a. Desarrollar de manera sistemática los medios en que

fundamentan sus decisiones; b. Exponer de forma concreta

y precisa cómo se produce la valoración de los hechos, las

pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. Manifestar

las consideraciones pertinentes que permitan determinar los

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;

d. Evitar la mera enunciación de principio o la indicación

de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que

establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción y

e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos

cumpla la función de legitimar de los tribunales frente a la

sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.”380

En cambio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia con-

sidera que el rigor motivacional anterior no debe aplicar para

todos los casos y que, de manera específica, cuando se trata de

una inadmisibilidad la motivación puede ser menos rigurosa.381

Como se advierte, la diferencia de criterio entre las altas

Cortes es evidente, pues mientras el Tribunal Constitucional se-

ñala los requisitos que deben cumplir todas las sentencias para

que estén bien motivadas, el Pleno de la Suprema Corte de Jus-

ticia considera que cuando el tribunal se limita a declarar in-

admisible el recurso, la motivación no tiene que cumplir con

el rigor motivacional señalado por el Tribunal Constitucional.

La posición asumida por la Suprema Corte de Justicia es ca-

380 Sentencia TC/0009/13, de fecha 11 de febrero, párrafo 9.G, pp.12-13.

381 Resolución 14 de marzo de 2013, Exp. No. 2011-4904, Rte. Constructora Malespín,

S.A. y Marcos E. Malespín).

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de decidir nuevamente el caso, que es lo que generalmente ocu-

rre, constituyendo la excepción aquellos casos en que se presen-

tan divergencias entre las dos altas Cortes, divergencias que han

generado conflictos, a algunos de los cuales me refiero a conti-

nuación, para lo cual tomaré de ejemplo la experiencia española,

en razón de que en este sistema se han presentado conflictos muy

notorios entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo

español (en lo adelante TSE) existen divergencias respecto de la

presunción de inocencia; el derecho a la intimidad y el derecho

a la imagen.

En torno a la presunción de inocencia, el conflicto concier-

ne a que el TSE considera que la valoración de la prueba es una

materia de su exclusiva competencia, doctrina que el TCE no

comparte.378 Respecto del tema del derecho a la intimidad y a

la imagen, la diferencia radica en que mientras el TSE privilegia

la protección del derecho a la información, el TCE privilegia la

protección al derecho a la intimidad y a la imagen.379

Entre el Tribunal Constitucional dominicano y la Suprema

Corte de Justicia también existe divergencia respecto de temas

como la motivación de la sentencia y la viabilidad de la renuncia

a una pensión que tiene su fuente en un contrato privado. En

lo que concierne a la motivación de la sentencia la diferencia

378 Véase sentencia TSC 31-1981, 28 de julio, citada por José Luis González Monte, ob.

cit., p. 4151. En esta sentencia el TCE anula una sentencia del Tribunal Supremo,

en la cual se había validado una condenada que se sustentaba únicamente en las

declaraciones hechas por el imputado ante la policía y que no fue ratificado en el

ámbito jurisdiccional. Para el TCE esta única prueba no es suficiente para superar el

principio de presunción de inocencia.

379 La discrepancia respecto del derecho a la intimidad y la imagen se suscitó en el co-

nocido caso Presler, resuelto definitivamente mediante la STC 186-2001, de 17 de

diciembre.

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5.6.2. Efectos de la sentencia respecto del órgano que dictó

la sentencia recurrida

Cuando el recurso se declara inadmisible o se rechaza, los

efectos son muy obvios y no generan dificultades, porque senci-

llamente la sentencia del Tribunal Constitucional le pone fin al

litigio. La situación es distinta si la sentencia recurrida es anu-

lada, caso en el cual el expediente se devuelve a la secretaría del

tribunal que dictó la misma. Evidencia de la complejidad a la

que nos referimos lo constituye el hecho de que en principio

pudiera pensarse que el tribunal que dictó la sentencia anulada

tiene la obligación de decidir el litigio de manera diferente, pero

no siempre ocurre esto.

Piénsese, por ejemplo, que cuando se anula una sentencia

por carencia de motivación, el tribunal que dictó la sentencia

anulada puede reforzar la motivación y mantener el dispositivo de

la sentencia. La situación es distinta cuando se inaplica una norma

considerada inconstitucional y el Tribunal Constitucional anula

dicha sentencia, pues en una especie como esta resulta inevitable

la modificación del dispositivo de la sentencia anulada, ya que

en la nueva sentencia que se dicte hay que rechazar la excepción

de inconstitucionalidad, siguiendo el criterio establecido por el

Tribunal Constitucional y conocer del fondo del litigio. Algo

similar ocurriría si la anulación de la sentencia se fundamenta

en la violación de un precedente del Tribunal Constitucional,

pues en este caso lo decidido sobre el litigio tendría que ser

reformulado para que sea coherente con el precedente violado.

En otro orden, lo decidido por el Tribunal Constitucional

vincula al Poder Judicial y, en particular, al órgano que dictó

la sentencia anulada. Lo anterior supone que el órgano judicial

debe tomar en cuenta el precedente constitucional al momento

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g. Anulación de la sentencia por violación de un preceden-

te del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional

anuló la sentencia No.06, dictada por el pleno de la Suprema

Corte de Justicia, en fecha 1 de febrero de 2017, mediante

la sentencia TC/0271/18, de 23 de agosto, en el entendido

de que la alta Corte desconoció el precedente establecido

en la sentencia TC/0375/16, de fecha 11 de agosto. En esta

última sentencia el tribunal estableció que no era viable la

renuncia a una pensión, aunque la fuente de la misma fuere

un contrato privado.

consecuencia, a juicio de esta sede constitucional, este error no le es imputable a la

parte recurrente, sino a la Suprema Corte de Justicia que procedió a aplicar la Ley

núm.10-15, en lugar de la ley que se encontraba vigente, al momento del depósito

del recurso de casación. Además, tampoco consideró el carácter de urgencia o el plazo

perentorio para el depósito del indicado recurso, a los fines de validar su depósito

ante la Oficina de Ser vicios Judiciales de Atención Permanente. Por tanto, dada la

aplicabilidad del principio pro actione o favor actionis el cual impide interpretaciones

desfavorables en perjuicio del recurrente ante una omisión o falta que no le es atribui-

ble3, el Tribunal Constitucional considera válido el depósito del indicado recurso de

casación ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Este criterio

se sustenta en las disposiciones del reglamento previamente citado, las cuales indican

que dicho recurso debió de ser recibido por la Secretaría General de la Suprema Corte

de Justicia al día siguiente y dentro del plazo previsto por la ley. En consecuencia,

este colegiado no verifica el incumplimiento por parte del recurrente a las disposi-

ciones previstas en el artículo 418 del Código Procesal Penal. g. En relación con la

validez de los recursos depositados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención

Permanente, conviene señalar el criterio esgrimido por el Tribunal Constitucional

mediante la Sentencia TC/0063/14, en la cual dictaminó lo siguiente: El Tribunal

Constitucional considera que el recurso de apelación que nos ocupa fue interpuesto dentro

del plazo previsto en la ley y que el recurrente no tenía la posibilidad de depositarlo ante

la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en razón de que se encontraba

cerrada por haber concluido las labores del día. Ante tal circunstancia, el recurrente no

tenía otra alternativa que depositarlo en la Oficina de Atención Permanente, órgano que

funciona las 24 horas del día, precisamente para atender los casos de urgencia como el

que nos ocupa”. (Véase fundamentos jurídicos 10.e, f, g, pp.14-16).