CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

• Páginas: 79-108

Constitución de la República Dominicana

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TÍTULO II

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y

DEBERES FUNDAMENTALES

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

SECCIÓN I

DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es

inviolable desde la concepción hasta la muerte. No po-

drá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún

caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se funda-

menta en el respeto a la dignidad de la persona y se or-

ganiza para la protección real y efectiva de los derechos

fundamentales que le son inherentes. La dignidad del

ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto

y protección constituyen una responsabilidad esencial

de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas

nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma pro-

tección y trato de las instituciones, autoridades y demás

personas y gozan de los mismos derechos, libertades y

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oportunidades, sin ninguna discriminación por razo-

nes de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad,

vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o

losóca, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación

que tienda a quebrantar la igualdad de las domi-

nicanas y los dominicanos, entre quienes no deben

existir otras diferencias que las que resulten de sus

talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder

títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y

administrativas para que la igualdad sea real y efec-

tiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la

discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad

y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se pro-

híbe cualquier acto que tenga como objetivo o resul-

tado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos

fundamentales de mujeres y hombres. Se promove-

rán las medidas necesarias para garantizar la erra-

dicación de las desigualdades y la discriminación

de género;

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5) El Estado debe promover y garantizar la participa-

ción equilibrada de mujeres y hombres en las can-

didaturas a los cargos de elección popular para las

instancias de dirección y decisión en el ámbito pú-

blico, en la administración de justicia y en los orga-

nismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad perso-

nal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguri-

dad personal. Por lo tanto:

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su

libertad sin orden motivada y escrita de juez com-

petente, salvo el caso de agrante delito;

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de

libertad está obligada a identicarse;

3) Toda persona, al momento de su detención, será in-

formada de sus derechos;

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse

de inmediato con sus familiares, abogado o persona

de su conanza, quienes tienen el derecho a ser in-

formados del lugar donde se encuentra la persona

detenida y de los motivos de la detención;

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a

la autoridad judicial competente dentro de las cua-

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82 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

renta y ocho horas de su detención o puesta en li-

bertad. La autoridad judicial competente noticará

al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión

que al efecto se dictare;

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin

las formalidades legales o fuera de los casos previs-

tos por las leyes, será puesta de inmediato en liber-

tad a requerimiento suyo o de cualquier persona;

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la

pena impuesta o dictada una orden de libertad por la

autoridad competente;

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción

sino por su propio hecho;

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad

personal, tienen carácter excepcional y su aplica-

ción debe ser proporcional al peligro que tratan de

resguardar;

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda

que no provenga de infracción a las leyes penales;

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un dete-

nido está obligada a presentarlo tan pronto se lo re-

quiera la autoridad competente;

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 83

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de

cualquier detenido de un establecimiento carcelario

a otro lugar sin orden escrita y motivada de autori-

dad competente;

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por ac-

ciones u omisiones que en el momento de produ-

cirse no constituyan infracción penal o administra-

tiva;

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de

otro;

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no

manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La

ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es

justo y útil para la comunidad y no puede prohibir

más que lo que le perjudica;

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de

seguridad estarán orientadas hacia la reeducación

y reinserción social de la persona condenada y no

podrán consistir en trabajos forzados;

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora estable-

cida por las leyes, la Administración Pública no po-

drá imponer sanciones que de forma directa o sub-

sidiaria impliquen privación de libertad.

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Artículo 41.- Prohibición de la esclavitud. Se prohíben

en todas sus formas, la esclavitud, la servidumbre, la

trata y el tráco de personas.

Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda

persona tiene derecho a que se respete su integridad

física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la

protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o

violación de las mismas. En consecuencia:

1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, tor-

turas o procedimientos vejatorios que impliquen la

pérdida o disminución de su salud, o de su integri-

dad física o psíquica;

2) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en

cualquiera de sus formas. El Estado garantizará me-

diante ley la adopción de medidas necesarias para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la

mujer;

3) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento pre-

vio, a experimentos y procedimientos que no se

ajusten a las normas cientícas y bioéticas inter-

nacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes

o procedimientos médicos, excepto cuando se en-

cuentre en peligro su vida.

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Artículo 43.- Derecho al libre desarrollo de la per-

sonalidad. Toda persona tiene derecho al libre desa-

rrollo de su personalidad, sin más limitaciones que

las impuestas por el orden jurídico y los derechos de

los demás.

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor perso-

nal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se ga-

rantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada,

familiar, el domicilio y la correspondencia del indivi-

duo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y

a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los

viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme

a la ley. Por tanto:

1) El hogar, el domicilio y todo recinto privado de

la persona son inviolables, salvo en los casos que

sean ordenados, de conformidad con la ley, por au-

toridad judicial competente o en caso de agrante

delito;

2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la infor-

mación y a los datos que sobre ella o sus bienes

reposen en los registros ociales o privados, así

como conocer el destino y el uso que se haga de

los mismos, con las limitaciones jadas por la ley.

El tratamiento de los datos e informaciones per-

sonales o sus bienes deberá hacerse respetando

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los principios de calidad, licitud, lealtad, seguri-

dad y nalidad. Podrá solicitar ante la autoridad

judicial competente la actualización, oposición al

tratamiento, recticación o destrucción de aquellas

informaciones que afecten ilegítimamente sus de-

rechos;

3) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia,

documentos o mensajes privados en formatos físico,

digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán

ser ocupados, interceptados o registrados, por or-

den de una autoridad judicial competente, median-

te procedimientos legales en la sustanciación de

asuntos que se ventilen en la justicia y preservando

el secreto de lo privado, que no guarde relación con

el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto

de la comunicación telegráca, telefónica, cablegrá-

ca, electrónica, telemática o la establecida en otro

medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez

o autoridad competente, de conformidad con la ley;

4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informacio-

nes de carácter ocial que recaben las autoridades

encargadas de la prevención, persecución y castigo

del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados

a los registros públicos, a partir de que haya interve-

nido una apertura a juicio, de conformidad con la ley.

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Artículo 45.- Libertad de conciencia y de cultos. El Es-

tado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con

sujeción al orden público y respeto a las buenas cos-

tumbres.

Artículo 46.- Libertad de tránsito. Toda persona que se

encuentre en territorio nacional tiene derecho a transi-

tar, residir y salir libremente del mismo, de conformi-

dad con las disposiciones legales.

1) Ningún dominicano o dominicana puede ser pri-

vado del derecho a ingresar al territorio nacional.

Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mis-

mo, salvo caso de extradición pronunciado por au-

toridad judicial competente, conforme la ley y los

acuerdos internacionales vigentes sobre la materia;

2) Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el te-

rritorio nacional, en caso de persecución por razo-

nes políticas. Quienes se encuentren en condiciones

de asilo gozarán de la protección que garantice el

pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con

los acuerdos, normas e instrumentos internacionales

suscritos y raticados por la República Dominicana.

No se consideran delitos políticos, el terrorismo, los

crímenes contra la humanidad, la corrupción admi-

nistrativa y los delitos transnacionales.

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Artículo 47.- Libertad de asociación. Toda persona tie-

ne derecho de asociarse con nes lícitos, de conformi-

dad con la ley.

Artículo 48.- Libertad de reunión. Toda persona tiene

el derecho de reunirse, sin permiso previo, con nes lí-

citos y pacícos, de conformidad con la ley.

Artículo 49.- Libertad de expresión e información.

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus

pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio,

sin que pueda establecerse censura previa.

1) Toda persona tiene derecho a la información. Este

derecho comprende buscar, investigar, recibir y di-

fundir información de todo tipo, de carácter públi-

co, por cualquier medio, canal o vía, conforme de-

terminan la Constitución y la ley;

2) Todos los medios de información tienen libre acceso

a las fuentes noticiosas ociales y privadas de inte-

rés público, de conformidad con la ley;

3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del

periodista están protegidos por la Constitución y la

ley;

4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectica-

ción cuando se sienta lesionada por informaciones

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difundidas. Este derecho se ejercerá de conformi-

dad con la ley;

5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de to-

dos los sectores sociales y políticos a los medios de

comunicación propiedad del Estado.

Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá res-

petando el derecho al honor, a la intimidad, así como

a la dignidad y la moral de las personas, en especial la

protección de la juventud y de la infancia, de conformi-

dad con la ley y el orden público.

SECCIÓN II

DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Artículo 50.- Libertad de empresa. El Estado reconoce

y garantiza la libre empresa, comercio e industria. To-

das las personas tienen derecho a dedicarse libremente

a la actividad económica de su preferencia, sin más li-

mitaciones que las prescritas en esta Constitución y las

que establezcan las leyes.

1) No se permitirán monopolios, salvo en provecho del

Estado. La creación y organización de esos mono-

polios se hará por ley. El Estado favorece y vela por

la competencia libre y leal y adoptará las medidas

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90 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos

y restrictivos del monopolio y del abuso de posición

dominante, estableciendo por ley excepciones para

los casos de la seguridad nacional;

2) El Estado podrá dictar medidas para regular la eco-

nomía y promover planes nacionales de competiti-

vidad e impulsar el desarrollo integral del país;

3) El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo

y la forma que determine la ley, cuando se trate de

explotación de recursos naturales o de la prestación

de servicios públicos, asegurando siempre la exis-

tencia de contraprestaciones o contrapartidas ade-

cuadas al interés público y al equilibrio medioam-

biental.

Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado recono-

ce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad

tiene una función social que implica obligaciones. Toda

persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de

sus bienes.

1) Ninguna persona puede ser privada de su propie-

dad, sino por causa justicada de utilidad pública

o de interés social, previo pago de su justo valor,

determinado por acuerdo entre las partes o senten-

cia de tribunal competente, de conformidad con lo

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 91

establecido en la ley. En caso de declaratoria de Es-

tado de Emergencia o de Defensa, la indemnización

podrá no ser previa;

2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acce-

so a la propiedad, en especial a la propiedad inmo-

biliaria titulada;

3) Se declara de interés social la dedicación de la tierra

a nes útiles y la eliminación gradual del latifundio.

Es un objetivo principal de la política social del Es-

tado, promover la reforma agraria y la integración

de forma efectiva de la población campesina al pro-

ceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y

la cooperación para la renovación de sus métodos

de producción agrícola y su capacitación tecnológi-

ca;

4) No habrá conscación por razones políticas de los

bienes de las personas físicas o jurídicas;

5) Sólo podrán ser objeto de conscación o decomiso,

mediante sentencia denitiva, los bienes de perso-

nas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que

tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra

el patrimonio público, así como los utilizados o pro-

venientes de actividades de tráco ilícito de estu-

pefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a

Constitución de la República Dominicana

92 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

la delincuencia transnacional organizada y de toda

infracción prevista en las leyes penales;

6) La ley establecerá el régimen de administración y

disposición de bienes incautados y abandonados en

los procesos penales y en los juicios de extinción de

dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 52.- Derecho a la propiedad intelectual. Se re-

conoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva

de las obras cientícas, literarias, artísticas, invenciones

e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distin-

tivos y demás producciones del intelecto humano por

el tiempo, en la forma y con las limitaciones que esta-

blezca la ley.

Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona

tiene derecho a disponer de bienes y servicios de cali-

dad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre

el contenido y las características de los productos y ser-

vicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas

establecidas por la ley. Las personas que resulten lesio-

nadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala cali-

dad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas

conforme a la ley.

Artículo 54.- Seguridad alimentaria. El Estado promo-

verá la investigación y la transferencia de tecnología

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 93

para la producción de alimentos y materias primas de

origen agropecuarios, con el propósito de incrementar

la productividad y garantizar la seguridad alimentaria.

Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el

fundamento de la sociedad y el espacio básico para el

desarrollo integral de las personas. Se constituye por

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de

un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por

la voluntad responsable de conformarla.

1) Toda persona tiene derecho a constituir una familia,

en cuya formación y desarrollo la mujer y el hom-

bre gozan de iguales derechos y deberes y se deben

comprensión mutua y respeto recíproco;

2) El Estado garantizará la protección de la familia. El

bien de familia es inalienable e inembargable, de

conformidad con la ley;

3) El Estado promoverá y protegerá la organización de

la familia sobre la base de la institución del matri-

monio entre un hombre y una mujer. La ley estable-

cerá los requisitos para contraerlo, las formalidades

para su celebración, sus efectos personales y patri-

moniales, las causas de separación o de disolución,

el régimen de bienes y los derechos y deberes entre

los cónyuges;

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4) Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles

en los términos que establezca la ley, sin perjuicio

de lo dispuesto en los tratados internacionales;

5) La unión singular y estable entre un hombre y una

mujer, libres de impedimento matrimonial, que for-

man un hogar de hecho, genera derechos y debe-

res en sus relaciones personales y patrimoniales, de

conformidad con la ley;

6) La maternidad, sea cual fuere la condición social o

el estado civil de la mujer, gozará de la protección

de los poderes públicos y genera derecho a la asis-

tencia ocial en caso de desamparo;

7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su

personalidad, a un nombre propio, al apellido del

padre y de la madre y a conocer la identidad de los

mismos;

8) Todas las personas tienen derecho desde su naci-

miento a ser inscritas gratuitamente en el registro

civil o en el libro de extranjería y a obtener los docu-

mentos públicos que comprueben su identidad, de

conformidad con la ley;

9) Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen igua-

les derechos y deberes y disfrutarán de las mismas

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 95

oportunidades de desarrollo social, espiritual y físi-

co. Se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de

la liación en los registros civiles y en todo docu-

mento de identidad;

10) El Estado promueve la paternidad y maternidad

responsables. El padre y la madre, aun después de

la separación y el divorcio, tienen el deber com-

partido e irrenunciable de alimentar, criar, formar,

educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos

e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y

adecuadas para garantizar la efectividad de estas

obligaciones;

11) El Estado reconoce el trabajo del hogar como activi-

dad económica que crea valor agregado y produce

riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará

en la formulación y ejecución de las políticas públi-

cas y sociales;

12) El Estado garantizará, mediante ley, políticas segu-

ras y efectivas para la adopción;

13) Se reconoce el valor de los jóvenes como actores es-

tratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado

garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus de-

rechos, a través de políticas y programas que asegu-

ren de modo permanente su participación en todos

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96 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su

capacitación y su acceso al primer empleo.

Artículo 56.- Protección de las personas menores de

edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar

el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán

la obligación de asistirles y protegerles para garantizar

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de

sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitu-

ción y las leyes. En consecuencia:

1) Se declara del más alto interés nacional la erradi-

cación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o

violencia contra las personas menores de edad. Los

niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el

Estado contra toda forma de abandono, secuestro,

estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física,

sicológica, moral o sexual, explotación comercial,

laboral, económica y trabajos riesgosos;

2) Se promoverá la participación activa y progresiva

de los niños, niñas y adolescentes en la vida fami-

liar, comunitaria y social;

3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de

desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de

las familias y la sociedad, creará oportunidades para

estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta.

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 97

Artículo 57.- Protección de las personas de la tercera

edad. La familia, la sociedad y el Estado concurrirán

para la protección y la asistencia de las personas de la

tercera edad y promoverán su integración a la vida ac-

tiva y comunitaria. El Estado garantizará los servicios

de la seguridad social integral y el subsidio alimentario

en caso de indigencia.

Artículo 58.- Protección de las personas con discapaci-

dad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce

de todos los derechos humanos y libertades fundamen-

tales de las personas con discapacidad, en condiciones

de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de

sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positi-

vas necesarias para propiciar su integración familiar, co-

munitaria, social, laboral, económica, cultural y política.

Artículo 59.- Derecho a la vivienda. Toda persona tie-

ne derecho a una vivienda digna con servicios básicos

esenciales. El Estado debe jar las condiciones necesa-

rias para hacer efectivo este derecho y promover planes

de viviendas y asentamientos humanos de interés so-

cial. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada

es una prioridad fundamental de las políticas públicas

de promoción de vivienda.

Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona

tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el

Constitución de la República Dominicana

98 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar

el acceso universal a una adecuada protección en la enfer-

medad, discapacidad, desocupación y la vejez.

Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene

derecho a la salud integral. En consecuencia:

1) El Estado debe velar por la protección de la salud

de todas las personas, el acceso al agua potable, el

mejoramiento de la alimentación, de los servicios

sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamien-

to ambiental, así como procurar los medios para la

prevención y tratamiento de todas las enfermeda-

des, asegurando el acceso a medicamentos de cali-

dad y dando asistencia médica y hospitalaria gra-

tuita a quienes la requieran;

2) El Estado garantizará, mediante legislaciones y po-

líticas públicas, el ejercicio de los derechos económi-

cos y sociales de la población de menores ingresos y,

en consecuencia, prestará su protección y asistencia

a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los

vicios sociales con las medidas adecuadas y con el

auxilio de las convenciones y las organizaciones in-

ternacionales.

Artículo 62.- Derecho al trabajo. El trabajo es un dere-

cho, un deber y una función social que se ejerce con la

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 99

protección y asistencia del Estado. Es nalidad esencial

del Estado fomentar el empleo digno y remunerado.

Los poderes públicos promoverán el diálogo y concer-

tación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En

consecuencia:

1) El Estado garantiza la igualdad y equidad de muje-

res y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo;

2) Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni

obligarles a trabajar contra su voluntad;

3) Son derechos básicos de trabajadores y trabaja-

doras, entre otros: la libertad sindical, la seguri-

dad social, la negociación colectiva, la capacita-

ción profesional, el respeto a su capacidad física

e intelectual, a su intimidad y a su dignidad per-

sonal;

4) La organización sindical es libre y democrática,

debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con

los principios consagrados en esta Constitución y

las leyes;

5) Se prohíbe toda clase de discriminación para acce-

der al empleo o durante la prestación del servicio,

salvo las excepciones previstas por la ley con nes

de proteger al trabajador o trabajadora;

Constitución de la República Dominicana

100 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

6) Para resolver conictos laborales y pacícos se reco-

noce el derecho de trabajadores a la huelga y de em-

pleadores al paro de las empresas privadas, siempre

que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá

las medidas para garantizar el mantenimiento de

los servicios públicos o los de utilidad pública;

7) La ley dispondrá, según lo requiera el interés ge-

neral, las jornadas de trabajo, los días de descan-

so y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas

de pago, la participación de los nacionales en todo

trabajo, la participación de las y los trabajadores

en los benecios de la empresa y, en general, todas

las medidas mínimas que se consideren necesarias

a favor de los trabajadores, incluyendo regulacio-

nes especiales para el trabajo informal, a domicilio

y cualquier otra modalidad del trabajo humano. El

Estado facilitará los medios a su alcance para que

las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e

instrumentos indispensables a su labor;

8) Es obligación de todo empleador garantizar a sus

trabajadores condiciones de seguridad, salubridad,

higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Esta-

do adoptará medidas para promover la creación de

instancias integradas por empleadores y trabajado-

res para la consecución de estos nes;

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 101

9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y

suciente que le permita vivir con dignidad y cu-

brir para sí y su familia necesidades básicas mate-

riales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago

de igual salario por trabajo de igual valor, sin dis-

criminación de género o de otra índole y en idénti-

cas condiciones de capacidad, eciencia y antigüe-

dad;

10) Es de alto interés la aplicación de las normas labora-

les relativas a la nacionalización del trabajo. La ley

determinará el porcentaje de extranjeros que pue-

den prestar sus servicios a una empresa como tra-

bajadores asalariados.

Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tie-

ne derecho a una educación integral, de calidad, per-

manente, en igualdad de condiciones y oportunidades,

sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes,

vocación y aspiraciones. En consecuencia:

1) La educación tiene por objeto la formación integral

del ser humano a lo largo de toda su vida y debe

orientarse hacia el desarrollo de su potencial creati-

vo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conoci-

miento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes

y valores de la cultura;

Constitución de la República Dominicana

102 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

2) La familia es responsable de la educación de sus in-

tegrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educa-

ción de sus hijos menores;

3) El Estado garantiza la educación pública gratuita

y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y

medio. La oferta para el nivel inicial será denida

en la ley. La educación superior en el sistema públi-

co será nanciada por el Estado, garantizando una

distribución de los recursos proporcional a la ofer-

ta educativa de las regiones, de conformidad con lo

que establezca la ley;

4) El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la

educación general, el cumplimiento de sus nes y la

formación moral, intelectual y física del educando.

Tiene la obligación de ofertar el número de horas

lectivas que aseguren el logro de los objetivos edu-

cacionales;

5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente

como fundamental para el pleno desarrollo de la edu-

cación y de la Nación dominicana y, por consiguiente,

es su obligación propender a la profesionalización, a la

estabilidad y dignicación de los y las docentes;

6) Son obligaciones del Estado la erradicación del

analfabetismo y la educación de personas con ne-

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 103

cesidades especiales y con capacidades excepcio-

nales;

7) El Estado debe velar por la calidad de la educación

superior y nanciará los centros y universidades

públicas, de conformidad con lo que establezca la

ley. Garantizará la autonomía universitaria y la li-

bertad de cátedra;

8) Las universidades escogerán sus directivas y se re-

girán por sus propios estatutos, de conformidad con

la ley;

9) El Estado denirá políticas para promover e incen-

tivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la

innovación que favorezcan el desarrollo sostenible,

el bienestar humano, la competitividad, el fortale-

cimiento institucional y la preservación del medio

ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones

privadas que inviertan a esos nes;

10) La inversión del Estado en la educación, la ciencia

y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en

correspondencia con los niveles de desempeño ma-

croeconómico del país. La ley consignará los mon-

tos mínimos y los porcentajes correspondientes

a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer

transferencias de fondos consignados a nanciar el

desarrollo de estas áreas;

Constitución de la República Dominicana

104 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

11) Los medios de comunicación social, públicos y pri-

vados, deben contribuir a la formación ciudadana. El

Estado garantiza servicios públicos de radio, televi-

sión y redes de bibliotecas y de informática, con el

n de permitir el acceso universal a la información.

Los centros educativos incorporarán el conocimiento

y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus inno-

vaciones, según los requisitos que establezca la ley;

12) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, recono-

ce la iniciativa privada en la creación de instituciones

y servicios de educación y estimula el desarrollo de

la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley;

13) Con la nalidad de formar ciudadanas y ciudada-

nos conscientes de sus derechos y deberes, en todas

las instituciones de educación pública y privada,

serán obligatorias la instrucción en la formación so-

cial y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los

derechos y garantías fundamentales, de los valores

patrios y de los principios de convivencia pacíca.

SECCIÓN III

DE LOS DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

Artículo 64.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene

derecho a participar y actuar con libertad y sin censura

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 105

en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y dis-

frute de los bienes y servicios culturales, de los avances

cientícos y de la producción artística y literaria. El Es-

tado protegerá los intereses morales y materiales sobre

las obras de autores e inventores. En consecuencia:

1) Establecerá políticas que promuevan y estimulen,

en los ámbitos nacionales e internacionales, las di-

versas manifestaciones y expresiones cientícas, ar-

tísticas y populares de la cultura dominicana e in-

centivará y apoyará los esfuerzos de personas, insti-

tuciones y comunidades que desarrollen o nancien

planes y actividades culturales;

2) Garantizará la libertad de expresión y la creación

cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad

de oportunidades y promoverá la diversidad cultu-

ral, la cooperación y el intercambio entre naciones;

3) Reconocerá el valor de la identidad cultural, indivi-

dual y colectiva, su importancia para el desarrollo

integral y sostenible, el crecimiento económico, la

innovación y el bienestar humano, mediante el apo-

yo y difusión de la investigación cientíca y la pro-

ducción cultural. Protegerá la dignidad e integridad

de los trabajadores de la cultura;

4) El patrimonio cultural de la Nación, material e in-

material, está bajo la salvaguarda del Estado que

Constitución de la República Dominicana

106 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

garantizará su protección, enriquecimiento, conser-

vación, restauración y puesta en valor. Los bienes

del patrimonio cultural de la Nación, cuya propie-

dad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Esta-

do, son inalienables e inembargables y dicha titula-

ridad, imprescriptible. Los bienes patrimoniales en

manos privadas y los bienes del patrimonio cultural

subacuático serán igualmente protegidos ante la ex-

portación ilícita y el expolio. La ley regulará la ad-

quisición de los mismos.

Artículo 65.- Derecho al deporte. Toda persona tiene

derecho a la educación física, al deporte y la recreación.

Corresponde al Estado, en colaboración con los centros

de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomen-

tar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas

actividades. Por tanto:

1) El Estado asume el deporte y la recreación como po-

lítica pública de educación y salud y garantiza la

educación física y el deporte escolar en todos los ni-

veles del sistema educativo, conforme a la ley;

2) La ley dispondrá los recursos, estímulos e incenti-

vos para la promoción del deporte para todos y to-

das, la atención integral de los deportistas, el apoyo

al deporte de alta competición, a los programas y

actividades deportivas en el país y en el exterior.

Constitución de la República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 107

SECCIÓN IV

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

Y DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado

reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos,

los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones

establecidas en la ley. En consecuencia protege:

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fau-

na y la ora;

2) La protección del medio ambiente;

3) La preservación del patrimonio cultural, histórico,

urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.

Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Consti-

tuyen deberes del Estado prevenir la contaminación,

proteger y mantener el medio ambiente en provecho de

las presentes y futuras generaciones. En consecuencia:

1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo indivi-

dual como colectivo, al uso y goce sostenible de los

recursos naturales; a habitar en un ambiente sano,

ecológicamente equilibrado y adecuado para el de-

sarrollo y preservación de las distintas formas de

vida, del paisaje y de la naturaleza;

Constitución de la República Dominicana

108 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción,

tenencia, comercialización, transporte, almacena-

miento y uso de armas químicas, biológicas y nu-

cleares y de agroquímicos vedados internacional-

mente, además de residuos nucleares, desechos tó-

xicos y peligrosos;

3) El Estado promoverá, en el sector público y priva-

do, el uso de tecnologías y energías alternativas no

contaminantes;

4) En los contratos que el Estado celebre o en los per-

misos que se otorguen que involucren el uso y ex-

plotación de los recursos naturales, se considerará

incluida la obligación de conservar el equilibrio

ecológico, el acceso a la tecnología y su transferen-

cia, así como de restablecer el ambiente a su estado

natural, si éste resulta alterado;

5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán

los factores de deterioro ambiental, impondrán las

sanciones legales, la responsabilidad objetiva por

daños causados al medio ambiente y a los recursos

naturales y exigirán su reparación. Asimismo, coo-

perarán con otras naciones en la protección de los

ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y te-

rrestre.