Capítulo II. El control preventivo de los tratados internacionales

• Páginas: 131-147
• Autor: Hermógenes Acosta de los Santos

CAPÍTULO II

EL CONTROL PREVENTIVO DE LOS

TRATADOS INTERNACIONALES

Sumario: 1. La legitimación. 2. Efectos de la decisión del Tribunal

Constitucional. 3. Importancia del control preventivo de los tratados

internacionales

El control preventivo de constitucionalidad se implementa

en pocos países, pues en la mayoría de los sistemas rige el control

a posteriori. En el caso del sistema dominicano, entendemos que

esta modalidad de control nunca existió; sin embargo, antes de

la entrada en vigencia de la actual Constitución, una parte de la

doctrina sostuvo que los presidentes de las Cámaras del Congreso

estaban facultados para accionar en inconstitucionalidad contra

los proyectos de leyes.179 En el artículo 185.2 de la Constitución

se consagra el control preventivo de constitucionalidad, pero

solo respecto de los tratados internacionales, con lo cual el

constituyente dominicano siguió la tendencia imperante en el

179 Sobre el debate suscitado en torna a la existencia del control preventivo en nuestro

sistema, véase Acosta de los Santos, Hermógenes, ob. cit., pp. 243-253.

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Derecho Comparado, pues son muchos los países que cuentan

con un mecanismo similar.

1. La legitimación

La legitimación en esta modalidad de control de constitu-

cionalidad debe abordarse de una manera particular, porque a

diferencia de lo que ocurre con el control de constitucionali-

dad de las normas jurídicas, en esta no se plantea un cuestio-

namiento de constitucionalidad, es decir, que este control tiene

una configuración diferente, ya que “su objeto no es, o no tiene

porqué ser, exactamente impugnatorio”, pues “La finalidad es

comprobar si existe obstáculo constitucional a la prestación del

consentimiento a un tratado internacional.”180 Ciertamente, el

Presidente de la República no impugna el tratado internacional,

sino que lo somete ante el Tribunal Constitucional para que este

revise su conformidad con la Constitución. De hecho, en la ex-

periencia dominicana, lo que generalmente hace el Presidente

de la República es defender, vía el consultor jurídico del Poder

Ejecutivo, el tratado internacional. Se trata de una defensa na-

tural y muy obvia, porque sería un contrasentido que impugne

un instrumento internacional firmado por el o su representante.

Según la Suprema Corte de Justicia corresponde al Presidente

de la República someter ante el Tribunal Constitucional el

tratado internacional para la revisión constitucional, antes de

someterlo a ratificación ante el Congreso Nacional.181

180 Pérez Tremsp, Pablo, Los procesos constitucionales. La experiencia española, editora

Palestra, Lima, Perú, 2006, p. 91.

181 SCJ. Sentencia No. 8, 22 de septiembre, 2010, BJ. 1198, p. 50 Citada por Acosta

de los Santos, Hermógenes, ob. cit., pp. 253-254.

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Este criterio jurisprudencial no es compartido por una

parte de la doctrina, la cual considera que el control preventivo

de los tratados ha sido instaurado para la salvaguarda de la

Constitución, razón por la cual entiende que no solo el Presidente

de la República tiene interés en el control de constitucionalidad

del tratado, sino todos los órganos que intervienen en el proceso

de normativización de dicho instrumento. En este sentido, se

plantea que el Congreso Nacional puede solicitar al Tribunal

Constitucional la revisión constitucional antes de ratificarlo.182

En este mismo orden, se considera que puede ser muy útil para

la conversación constitucional y para ayudar a que el Tribunal

Constitucional tome una mejor decisión que la mayoría de una

de las Cámaras del Congreso pueda impugnar el tratado y que

los amigos de la corte tengan la oportunidad de opinar.183

Respecto de la conveniencia de que el amicus curiae (amigo

de la corte) opine, se trata de un planteamiento doctrinal

compartido por el Tribunal Constitucional, en razón de que, en

su Reglamento Jurisdiccional , aprobado por el pleno celebrado

el 14 de diciembre de 2014 se prevé la indicada figura en la

materia que nos ocupa.

La apertura en materia de control constitucional siempre

es útil, pero seguimos pensando que no debe perderse de vista

que esta modalidad de control de constitucionalidad difiere del

182 Perd omo C orde ro, Nasse f, “L a Sup rem acía Cons tit ucio nal y Tratad os In tern aci onal es

Aproximación a los Efectos del Control Previo de la Constitucionalidad de Tratados

Internacionales en República Dominicana”. En Ferrer Mac-Gregor, y Jorge Prats,

Eduardo, coordinadores, VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Constitucional

Procesal Constitucional Dominicano, tomo II, Comisionado de Apoyo a la Refor-

ma y Modernización de la Justicia, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

Constitucional, (IIDPC), Santo Domingo, República Dominicana, 2011, p. 389.

183 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p.537.

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control de constitucionalidad de las normas jurídicas, pues este

último supone un cuestionamiento constitucional, lo que no

ocurre en el control preventivo de constitucionalidad, ya que el

Presidente de la República no impugna el tratado internacional,

sino que lo somete ante el Tribunal Constitucional para que este

revise su conformidad con la Constitución.

Una legitimación amplia en la forma que se prevé para el

control a posteriori no tendría mucha incidencia en un sistema

control preventivo de tratados internacionales que, como el

nuestro, es preceptivo, lo que implica que no existe la posibilidad

de que un solo tratado pueda ser ratificado sin un previo examen

de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.

Así las cosas, no parece existir necesidad de que otros órganos o

personas física tengan legitimación en la materia.184

Por esta razón, entendíamos que era conveniente que en la

ley de la jurisdicción constitucional se estableciera que el control

preventivo de los tratados internacionales difería de la acción en

184 Massó Garrote, Marcos Francisco, considera que parece existir una incoherencia

inexplicable reconocer legitimación solo al Presidente de la República para promo-

ver el control preventivo de los Tratados Internacionales como se desprende de la

interpretación del artículo 57 de la Ley 137-11, dado el hecho de que el parámetro

para accionar en inconstitucionalidad a posteriori es bastante amplio. A su juicio la

restricción consagrada en el indicado artículo 57 neutraliza el potencial del control

preventivo. Si embargo, al mismo tiempo entiende que “En el modelo dominicano

este criterio restrictivo y unipersonal de la legitimación se atenúa al ser un instrumento

procesal obligatorio y no potestativo del Presidente de la República que, en todo caso,

ante la firma de cualquier Tratado Internacional deberá someter automáticamente

al TC. “El control previo de los tratados internacionales”. En Ferrer Mac-Gregor,

y Jorge Prats, Eduardo, coordinadores, VII Encuentro Iberoamericano de Derecho

Constitucional Procesal Constitucional Dominicano, tomo II, Comisionado de

Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Instituto Iberoamericano de

Derecho Procesal Constitucional, (IIDPC), Santo Domingo, República Dominicana,

2011, pp. 509-510.

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inconstitucionalidad, por tratarse de un trámite administrativo

que debía agotar el Presidente de la República para que el trata-

do pudiera ser ratificado por el Congreso Nacional.185 Tal plan-

teamiento, así como el criterio establecido en la sentencia de la

Suprema Corte de Justicia comentada, se refleja en el contenido

del artículo 55 de la Ley 137-11, pues en este texto se consagra

que: “Previo a su aprobación por el Congreso Nacional, el Presi-

dente de la República someterá los tratados internacionales sus-

critos al Tribunal Constitucional, a fin de que este ejerza sobre

ellos el control previo de constitucionalidad”.

Aquí de lo que se trata es de que el constituyente pone a

cargo del Presidente de la República la obligación de solicitar

al Tribunal Constitucional que verifique la compatibilidad del

tratado internacional con la Constitución. De manera que “(…)

si el Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional un tratado

internacional para ser ratificado, sin que previamente se haya

verificado su conformidad con la Constitución, dicho tratado

no debe ser ratificado y el Poder Legislativo tiene la facultad

de devolverlo al Poder Ejecutivo para que el Presidente de la

República cumpla con el trámite constitucional.”186

En esta misma línea doctrinal se considera que la Suprema

Corte de Justicia actuó de manera lógica y coherente con el

proceso de adopción de los tratados internacionales previsto en

la Constitución en los artículos 26.1, 26.2, 93.1.1, y 128.1.d.187

Opinión que compartimos al igual que otros autores quienes

185 Acosta de los Santos, Hermógenes, ob. cit., p.253.

186 Acosta de los Santos, Hermógenes, ob. cit., p.253.

187 Valera Montero, Miguel Aníbal, Jurisprudencia Constitucional del Poder Judicial,

(1910-2012), Librería Jurídica Internacional, Santo Domingo República Domini-

cana, 2013, p. 864.

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de manera categórica afirman que: “es importante que solo el

Presidente de la Nación pueda someter el convenio a revisión del

TC”, ya que ello deviene acorde con su potestad de llevar a cabo

la política exterior del país”.188

En definitiva, como lo que se plantea con el control preventivo

del tratado no es un cuestionamiento de constitucionalidad,

entendemos que el trámite previsto por el constituyente concierne

agotarlo de manera exclusiva al Presidente de la República.

2. Efectos de la decisión del Tribunal Constitucional

En el artículo 57 de la Ley 137-11 se establece que la de-

cisión del Tribunal Constitucional es vinculante para el Con-

greso Nacional y para el Poder Ejecutivo. Esta previsión es una

repetición de lo establecido en el artículo 184, texto en el que

se consagra el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal

Constitucional. Esto implica, en términos prácticos y concre-

tos, que cuando el tratado es declarado inconstitucional el Poder

Ejecutivo no puede requerir su ratificación y en caso de que se

hiciere el Congreso Nacional no debe ratificarlo.

De manera que ante tal eventualidad, el Estado tiene “(…)

dos alternativas: modificar su Constitución o simplemente

no ratificar el instrumento internacional.”189 Además de estas

dos alternativas se plantea una tercera que es la renegociación

188 Bazán, Víctor, “Panorama del control de constitucionalidad de los tratados interna-

cionales en algunos espacios jurídicos latinoamericanos”. En Revista Dominicana

de Derecho Procesal Constitucional, Año 3, Núm. 3, 2018, p. 108.

189 Acosta de los Santos, Hermógenes, “Implicaciones del control de constitucionalidad

de los tratados internacionales”. En Revista Gaceta Judicial, No. 262, septiembre,

2008, pp. 58-59.

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del tratado190, lo cual comparto, porque en algunos casos esto

es viable.

Ahora bien, en el supuesto en que el tratado se haya decla-

rado conforme con la Constitución se aplica el párrafo único del

referido artículo 57, en el cual se establece que no puede impug-

narse el tratado respecto de los motivos valorados por el Tribunal

Constitucional. En aplicación de este texto, la admisibilidad de

una eventual acción en inconstitucionalidad está condicionada a

que el accionante invoque motivos diferentes a los valorados por

el Tribunal Constitucional.

En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia anterior-

mente comentada, el alto tribunal sostuvo que la decisión del

Tribunal Constitucional en la materia que nos ocupa tiene “(…)

efectos erga omnes; excluyendo la posibilidad de que una vez ra-

tificado un tratado internacional pueda ser atacado por la vía de

la acción en inconstitucionalidad”. Este criterio jurisprudencial

se aleja de la disposición que regula la materia, ya que el pá-

rrafo del artículo 57 de la Ley 137-11 lo que prohíbe es que el

tratado internacional declarado conforme con la Constitución

sea cuestionado ante cualquier tribunal, incluyendo el Tribunal

Constitucional, por los mismos motivos que se valoraron pre-

ventivamente. 191 Ciertamente, que lo decidido por la Suprema

Corte de Justicia va más allá de la previsión del artículo 57, pero

no se debe perder de vista que el criterio jurisprudencial se esta-

bleció antes de que existiera el indicado texto, pues la sentencia

de referencia es de fecha 22 de septiembre de 2010 y la Ley 137-

11 es de 13 de junio.

190 Perdomo Cordero, Nassef, ob. cit., p. 390.

191 Valera Montero, Miguel Valerio, ob. cit., p. 865.

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Igualmente, se sostiene que no es razonable que se

prohíba cuestionar el tratado por motivos que no fueron

valorados por el Tribunal Constitucional, ya que, por una

parte, no existe posibilidad de hacer un análisis profundo de

constitucionalidad por la vía del control preventivo y, por otra

parte, el artículo 31, párrafo I, de la Ley 137-11, texto que

es de aplicación general, permite al Tribunal Constitucional

cambiar sus precedentes, a condición de que argumente

rigurosamente dicho cambio.192 En adición a lo anterior, se

afirma que la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica

y la responsabilidad internacional no son razones suficientes

para mantener una violación constante a la supremacía

constitucional.193

Comparto la tesis anterior, porque aunque la lógica de

controlar la constitucionalidad de manera preventiva es evitar

los trastornos que genera en las relaciones internacionales la

declararatoria de inconstitucionalidad de un tratado después de

entrado en vigencia,194 no menos cierto es que en un Estado

de Derecho Constitucional no es tolerable la permanencia de

una norma contraria a la Constitución, pues esto constituye una

devaluación de un principio fundamental del sistema, como lo

es la supremacía de la Constitución.

192 Valera Montero, Miguel Valerio, ibidem, p. 866.

193 Valera Montero, Miguel Valerio, ob. cit., p. 867.

194 Véase Pérez Tremps, Pablo, ob. cit., p. 91. Este autor sostiene que, aunque el control

preventivo tenga su lógica el deseo de evitar los efectos que en el ámbito internacional

puede comportar la declaración de inconstitucionalidad de un tratado ya incorporado

al ordenamiento, el control previo no excluye la posibilidad de controlar a posteriori

los tratados internacionales, sea mediante recurso de inconstitucionalidad, sea me-

diante una cuestión de inconstitucionalidad.” (p. 91).

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Sin embargo, pienso que la viabilidad del control a posteriori

del tratado internacional, cuando se cumple la condición indicada,

no debería fundamentarse en el artículo 31, párrafo I, de la Ley

137-11, que consagra la facultad que tiene el tribunal para variar sus

precedentes, pues los cambios de precedente no operan respecto del

mismo caso, sino respecto de un caso nuevo, de manera que el cam-

bio de precedente no puede afectar al mismo caso en que este se es-

tableció. Me parece que el fundamento debe ser el artículo 44 de la

Ley 137-11, en el cual se establece que la sentencia que deniegue la

acción en inconstitucionalidad no adquiere autoridad de cosa juzga-

da, lo cual implica que queda abierto una posterior acción contra la

misma norma y, en este caso, contra el mismo tratado internacional.

En otro orden, parte de la doctrina defiende el control a pos-

teriori de los tratados internacionales sin condicionamiento, en el

entendido de que la seguridad que se pretende salvaguardar con el

control a priori no justifica la prohibición del control a posteriori

del tratado. En este sentido, se sostiene que dicha prohibición no

es compatible con la figura de la inconstitucionalidad sobreveni-

da, consistente en que siendo la Constitución la norma suprema

del ordenamiento, si ella cambia, forzosamente varía el resto del

derecho y que, además, dicha prohibición impediría adaptar la

Constitución a la evolución social.195 Comparto, en parte esta te-

sis, ya que, como muy bien se ha indicado, la proclamación de

una nueva Constitución puede convertir normas constitucionales

en inconstitucionales; el mismo fenómeno se puede producir a

consecuencia de la evolución social. Sin embargo, pienso que, de

producirse dichos fenómenos, lo más viable es que el país recurra

a la figura de la denuncia o renegociación del tratado.

195 Perdomo Cordero, Nassef, ob. cit., pp. 390-391.

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3. Importancia del control preventivo de los tratados

internacionales

El sentido común indica que los vicios de inconstituciona-

lidad de una norma debieran subsanarse desde el primer mo-

mento en que se tiene conocimiento de los mismos. Desde esta

óptica, parecería conveniente consagrar el control preventivo de

las leyes con la finalidad de que los legisladores que advirtieran

un vicio de inconstitucionalidad pudieran accionar antes de que

el proyecto de ley aprobado se convierta en norma obligatoria.

Este sistema existe en algunos países, aunque con matices en

cada uno ellos.

Así, por ejemplo, en Francia es preceptivo el control pre-

ventivo de los reglamentos internos del Parlamento y las leyes

orgánicas, por lo cual el Primer Ministro tiene la obligación de

remitir al Consejo Constitucional los proyectos aprobados para

que sea revisada su constitucionalidad antes de la promulgación.

En cambio, respecto de las demás leyes dicho control es faculta-

tivo y puede requerirlo el Presidente de la República, el Primer

Ministro y sesenta diputados o sesenta senadores.196

Este modelo de control preventivo fue seguido por España,

en la medida que existió, aunque solo de manera facultativa,

respecto de las leyes orgánicas, los estatutos autonómicos y los

tratados internacionales. Sin embargo, en la actualidad solo se

contempla en lo que concierne a los tratados internacionales,

196 El control preventivo de las leyes orgánicas y los estatutos autonómicos fue abolido

mediante la ley 4-85, mediante la cual se derogó el artículo 79 de la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional español, respecto de los tratados internacionales se mantiene

el control preventivo, según el artículo 95.2 de la Constitución y el artículo 78 la

indicada ley. Véase Pérez Tremps, Pablo, ob. cit., p. 90. Véase, igualmente, Acosta de

los Santos, Hermógenes, ob. cit., pp. 104-107.

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pues en las demás materias fue abolido, porque en la práctica las

leyes de mayor relevancia para el sistema eran cuestionadas antes

de ser aprobadas, es decir, preventivamente, lo cual se interpretó

como una interferencia en la labor del Parlamento.197

Otro sistema paradigmático de control preventivo de cons-

titucionalidad es el costarricense, en el que existe la consulta le-

gislativa y el veto presidencial. La primera la puede ejercer un

grupo de diez diputados y la segunda el Presidente de la Repú-

blica. Este control es preceptivo respecto de la reforma constitu-

cional, la reforma de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y

de los Tratados Internacionales.198

El panorama anterior nos revela que existe una tendencia a

mantener el control preventivo respecto de los tratados interna-

cionales. Sin embargo, parte de la doctrina nacional considera

que este proceso constitucional carece de importancia. Esta tesis

se sustenta en que el proceso constitucional que nos ocupa es un

“ejercicio burocrático inútil que carga tanto el proceso de apro-

bación de estos como al Tribunal Constitucional”;199 realidad

que se ha revelado en la práctica, ya que el Tribunal Constitu-

cional se limita a examinar aspectos muy puntuales relacionados

con las obligaciones o deberes asumidos por el Estado.200

La tesis anterior es respaldada por quienes consideran que

siguiendo la regulación prevista sobre la materia en la Ley 137-11,

no existe posibilidad de hacer un control de constitucionalidad

riguroso y exhaustivo.201 Al respecto se invocan varias razones,

197 Véase Acosta de los Santos, Hermógenes, ob. cit., pp. 107-108.

198 Véase Acosta de los Santos, Hermógenes, ob. cit., pp. 110-113.

199 Valera Montero, Miguel Valerio, ob. cit., p. 867.

200 Valera Montero, Miguel Valerio, ob. cit., p. 868.

201 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p.539.

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las cuales sintetizamos a continuación: a) el Presidente de la

República no facilita la labor del tribunal, porque no consulta ni

pregunta sobre la constitucionalidad del tratado; b) el tribunal

aprecia in abstracto la constitucionalidad, sin tener la oportunidad

de ver operando in concreto al tratado, lo cual dificulta su tarea

de defender la Constitución.202

En torno a los cuestionamientos formulados respecto de la

utilidad e importancia del control preventivo, coincidimos en

algunos aspectos. En este sentido, entendemos que el control

preventivo del tratado tendría mayor eficacia si se diera el debate

que se propone. Pienso, igualmente, que el hecho de que el control

de constitucionalidad se realice antes de la implementación del

tratado dificulta advertir todas las implicaciones que tendría el

mismo para los intereses del país.

Sin embargo, si bien es cierto que los referidos elementos

pueden dificultar la labor del Tribunal Constitucional, también

es cierto que los mismos no impiden que en cada caso se pueda

determinar si el tratado colide con principios y valores esenciales

de la Constitución. Esto es lo mínimo que se puede esperar

de un Tribunal Constitucional, independientemente de que el

Presidente de la República formule o no dudas.

Es probable que en algunas de las primeras sentencias

dictadas en la materia el examen de constitucionalidad realizado

no satisfaga las expectativas de la doctrina, pero en la generalidad

de los casos se hace un examen exhaustivo del tratado. Hay dos

decisiones del Tribunal Constitucional que constituyen evidencia

de la necesidad e importancia del control preventivo de los

tratados internacionales, me refiero a la sentencia TC/0037/12,

202 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p.537.

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de fecha 7 de septiembre y la sentencia TC/0325/15, de fecha

25 de septiembre. Mediante la primera se declaró contrario a

la Constitución “El Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el

Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la

República Dominicana”, de fecha 29 de noviembre de 2011,

porque en el mismo se consagraba un concepto restringido del

territorio, ya que dicho concepto excluía el espacio aéreo, lo

cual el Tribunal Constitucional interpretó como una violación

al principio constitucional de la soberanía. De manera precisa,

el Tribunal Constitucional estableció que: “En conclusión, la

inclusión en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno

de la República de Colombia y el Gobierno de la República

de un concepto restringido de territorio y que no abarca el

reconocimiento de que el Estado tiene “soberanía” plena en el

espacio aéreo situado sobre su territorio, limita el ejercicio pleno

de la soberanía consagrado en la Constitución Dominicana y

por tanto lo contradice.”

En la segunda sentencia, se declaró inconstitucional el

“Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en

la República Dominicana”, intervenido entre el Gobierno de

la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos

de América, en fecha veinte (20) de enero de dos mil quince

(2015). Este acuerdo tiene un nivel de complejidad superior

al anterior, porque su objetivo es de difícil comprensión y,

además, por las prerrogativas y privilegios que se le reconocía

al “personal de los Estados Unidos” y a los “contratistas de los

Estados Unidos”; privilegios y prerrogativas que sintetizamos a

continuación, para luego explicar los argumentos desarrollados

por el Tribunal Constitucional para justificar la declaratoria de

inconstitucionalidad del referido acuerdo.

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

144

Previo a referirme a los privilegios y prerrogativas reconocidos

en el acuerdo “al personal de los Estados Unidos” y a los “contra-

tistas de los Estados Unidos”, nos parece importante establecer

el significado de estas expresiones, las cuales aparecen definidas

en el acuerdo. Según el artículo II.1 se considera “personal de los

Estados Unidos” a los miembros de las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos y a los funcionarios civiles del departamento de

Defensa de los Estados Unidos que se encuentren temporalmente

en territorio dominicano. Mientras que según el artículo II.2. se

considera “contratistas de los Estados Unidos” a las compañías y

firmas que no son de la República Dominicana, y sus empleados

que no son nacionales de la República Dominicana, bajo contrato

con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que estén

temporalmente presentes en la República Dominicana en cone-

xión con actividades en el marco del presente Acuerdo.

Respecto de los privilegios y derechos reconocidos en el

acuerdo, los más relevantes son los siguientes: a) “El personal

de los Estados Unidos” tendrá privilegios e inmunidades equi-

valentes a los que tienen el personal administrativo y técnico de

una misión diplomática (artículo III del acuerdo); b) Derecho a

usar armas y uniforme militar en el territorio nacional (artículo

IV del acuerdo); c) Las embarcaciones y vehículos del Departa-

mento de Defensa de los Estados Unidos podrán entrar, salir y

moverse libremente en el territorio nacional (artículo IX.1 del

acuerdo); d)“Las aeronaves y embarcaciones del Gobierno de los

Estados Unidos estarán libres de inspección y abordaje” (IX.5

del acuerdo); e) El Departamento de Defensa de los Estados

Unidos tiene derecho a usar a título gratuito todo el espectro ra-

dioeléctrico de la República Dominicana (artículo XII del acuer-

do); f) Las partes renuncian a reclamar reparación por los daños

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

145

y perjuicios que causen los militares y civiles de ambas partes.

(artículo XIII de acuerdo) y g) Las reclamaciones de terceros se

resolverán de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos y, en

tal sentido, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos

instalará una oficina en el territorio de la República Dominicana

que se encargará de recibir y garantizar el procesamiento y solu-

ción de las reclamaciones. (artículo XIII del acuerdo)

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el refe-

rido acuerdo, como indicamos anteriormente, en razón de que

su contenido era contrario “(…) a la inviolabilidad de la sobe-

ranía y al principio de no intervención y que, además, suponen

un riesgo para la seguridad nacional, constituiría una violación

a la supremacía de la Constitución consagrada en el artículo 6

de dicho texto sustantivo (…)”. 203 El tribunal estableció, igual-

mente, que el acuerdo limita “(…) el ejercicio de la soberanía

nacional y suponen una injerencia por tiempo indeterminado

de cuerpos militares extranjeros en el territorio nacional, y a la

vez que su contenido en toda su extensión genera privilegios a

favor del Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos, más allá de las previsiones y posibilidades que

consagra la Constitución de la República, todo esto obviando la

reciprocidad que debe estar presente en las convenciones inter-

nacionales; este órgano constitucional determina que procede

declarar la no conformidad con la Constitución dominicana del

indicado acuerdo.”204

Entendemos que declarar inconstitucional a posterioris un

acuerdo de tan complejo por su dimensión política y militar,

203 Véase el párrafo 11.13 del acuerdo.

204 Véase párrafo 11.14 del acuerdo.

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como el que nos ocupa, generaría gravísimas tensiones en las

relaciones diplomáticas de los países partes. Pero, la inviabilidad

del control a posterioris no radica solo en los trastornos indica-

dos, sino también en que en materia de tratados internacionales

esta modalidad no logra el objetivo perseguido, la expulsión de

la norma del ordenamiento, en razón de que, aunque este sea

declarado inconstitucional el Estado mantiene sus obligaciones,

so pena de ser sancionado económica, moral y políticamente en

el orden internacional. Esto así, porque un Estado no puede in-

vocar disposiciones de derecho interno como justificación del

incumplimiento de un tratado,205 a menos que la disposición

interna concierna a la competencia para celebrar el tratado y que

la violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia

fundamental de derecho interno.206

En esta línea de pensamiento, el control preventivo es vis-

to como una técnica novedosa y relevante que evita, como ya

hemos indicado, que el Estado comprometa su responsabilidad

internacional por la puesta en vigor de un tratado internacional

contrario a la Constitución luego de su puesta en vigor.207 Se

argumenta, igualmente, que se trata de un mecanismo que tiene

una gran utilidad, pues “(…) permite compaginar la supremacía

constitucional con la responsabilidad internacional del Estado,

205 En el artículo 27 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de

mayo de 1969, entrado en vigor, el 23 de enero de 1980, se establece que: “Una

parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del

incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 46.”

206 Artículo 46 del referido Convenio de Viena.

207 Rodríguez, Cristóbal, “Comentario al Título VII de la Constitución”. En Villaverde

Gómez, Carlos y Díaz, María Dolores, Constitución Comentada, Fundación Insti-

tucionalidad y Justicia, Santo, República Dominicana, 2015, p. 401.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

147

ya que impide contraer con otros sujetos de Derecho Interna-

cional compromisos que sean contrarios a la Norma Fundamen-

tal.”208

La razón anterior es la que ha motivado a muchos países a

mantener el control preventivo de los tratados internacionales,

pues a través de esta modalidad de control se pueden evitar los

trastornos que en el orden de las relaciones internacionales se

generan cuando el control se hace a posteriori. Se trata, sin dudas,

de un modelo que tiene una funcionalidad indiscutible y que es

superior al control represivo, 209 porque si el tratado internacional

resultare inconstitucional el Estado puede promover una reforma

constitucional, cuando se trate de un tratado que sea vital para

los intereses del país.210

208 Pérez Tremps, Pablo, ob. cit., p. 91.

209 Massó Garrote, Marcos Francisco, ob. cit., p. 500.

210 Acosta, Hermógenes, ob. cit., p.109; Rodríguez, Cristóbal, ob. cit., p. 401.