Capítulo II. Estatuto jurídico del tribunal constitucional y de los jueces

• Páginas: 35-62
• Autor: Hermógenes Acosta de los Santos

CAPÍTULO II

ESTATUTO JURÍDICO DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL Y DE LOS JUECES

Noción de estatuto jurídico. Bases jurídicas del estatuto jurídico del Tri-

bunal Constitucional dominicano y de los jueces que lo integran. A. Es-

tatuto jurídico del Tribunal Constitucional Dominicano. 1. Integración

del Tribunal Constitucional dominicano. 2. Designación de los jueces

constitucionales. 3. Mayoría para deliberar y decidir. 4. Renovación de

los jueces del Tribunal Constitucional. 5. Autonomía presupuestaria.

6. Autonomía procedimental del Tribunal Constitucional. 7. Compe-

tencia. B. El estatuto jurídico del juez constitucional dominicano. 1.

Requisitos relacionados con la nacionalidad. 2. La formación jurídica

y la experiencia. 3. Pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 4.

Requisitos respecto de la edad de ingreso y retiro de los jueces. 5. Causas

de ineligibilidad. 6. Juramento. 7. Independencia. 8. Irrecusabilidad. 9.

Responsabilidad civil y penal de los jueces.

Noción de estatuto jurídico

El estatuto jurídico del juez constitucional está constituido

por el conjunto de regulaciones de naturaleza constitucional,

legal especial, legal ordinaria y reglamentaria de orden interno

o externo, que fijan el régimen de integración del órgano, las

calidades, los requisitos y méritos exigidos a sus miembros, así

como las actuaciones, el período, el régimen de permanencia, los

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

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fueros disciplinarios, políticos y penales, la protección política,

las inhabilidades, las incompatibilidades, las garantías y las

prestaciones económicas y asistenciales de los magistrados de un

Tribunal Constitucional, entre otros elementos.18

Para algunos autores, la finalidad de este conjunto de regu-

laciones es asegurar “(…) los más altos grados de independen-

cia, autonomía, dignidad y seguridad de los magistrados o jueces

constitucionales y del tribunal”.19 En cambio, para otros autores,

lo que garantiza dicha regulación es el “(…) mantenimiento de

los principios fundamentales del Estado de derecho y de la de-

mocracia respecto a los temores de todos aquellos que ven al

gobierno de la ley transformarse en el gobierno de los jueces

constitucionales, y a la democracia ceder en favor del paternalis-

mo de la juristocracy”.20

Por nuestra parte, entendemos que el conjunto de normas

que constituyen el estatuto de los jueces constitucionales no son

homogéneas, sino heterogéneas, en la medida que comprende

tanto derechos como obligaciones. De manera que sirve para

generar las condiciones necesarias para que el juez desempeñe

sus funciones con libertad e independencia y, al mismo tiempo,

evitar el abuso, la extralimitación de poderes y garantizar el

cumplimiento de los principios y valores del Estado Social y

Democrático de Derecho.

18 Ortíz Gutiérrez, Julio Cesar, El Estatuto del Juez Constitucional de Colombia, El

Régimen Jurídico de la Corte Constitucional y de sus Magistrados, p. 364

19 Ortiz Gutiérrez ,Julio César, ob. cit., p. 364.

20 Jorg Luther, El Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en la Experiencia Alemana,

p. 660.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

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Bases jurídicas del estatuto jurídico del Tribunal Constitucional

dominicano y de los jueces que lo integran

El estatuto jurídico del Tribunal Constitucional dominicano

y de sus jueces tiene, al igual que ocurre en otros sistemas de

justicia constitucional, fuentes constitucionales y legales21. El

constituyente dominicano dedicó los artículos 184 y siguientes

al Tribunal Constitucional. En el artículo 186 se establece el

número de jueces que integran el tribunal. En el artículo 187

se prevé lo relativo a los requisitos para ser juez del tribunal y la

metodología aplicable para la renovación de la composición de

dicho órgano constitucional.

En torno a los requisitos, se establece que para ser juez

del Tribunal Constitucional se exigen las mismas condiciones

que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, las cuales

están previstas en el artículo 153 de la misma Constitución, de

manera que este texto también forma parte del estatuto del juez

constitucional dominicano.

La otra fuente del referido estatuto jurídico es la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los Pro-

cedimientos Constitucionales. El capítulo II, compuesto por los

artículos del 10 al 25 de esta ley, se dedican al Tribunal Constitu-

cional. Cabe destacar, que en esta normativa se repiten aspectos

21 En el sistema colombiano, por ejemplo, los elementos normativos están en la Carta

Política, en la Ley estatutaria de Administración de Justicia y los decretos-leyes

expedidos por autorización excepcional de la Asamblea Constituyente; así como los

reglamentos de la Corte Constitucional (Véase Julio Cesar Ortíz Gutiérrez, pp. 385-

389). Igualmente, en el sistema de justicia constitucional alemán la fuente normativa

del estatuto del juez constitucional está conformado por la Ley Fundamental, la ley

federal y los reglamentos del Tribunal Constitucional Federal alemán. (Jorg Luther,

ob. cit., pp. 662-663).

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

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tratados por el constituyente, se agregan requisitos para ser juez

y se señalan las circunstancias que impiden a un abogado ser

designado juez del Tribunal Constitucional.

Otras cuestiones que regula esta normativa son las concer-

nientes a las incompatibilidades, los derechos, deberes y la inde-

pendencia.

Expuestas las cuestiones generales que enteceden procedere-

mos a analizar los elementos que constituyen el estatuto jurídico

del Tribunal Constitucional dominicano; así como los relativos

a los jueces que lo integran.

A. Estatuto jurídico del Tribunal Constitucional

Dominicano

1. Integración del Tribunal Constitucional dominicano

El Tribunal Constitucional dominicano está integrado por

trece jueces, número que ha sido considerado adecuado, partiendo

de que hay tribunales europeos que tienen una matrícula igual o

superior.22 En torno a la matrícula del tribunal hemos sostenido

que para determinar su racionalidad debemos tomar como

parámetro de comparación a los tribunales constitucionales

del continente americano y no a los tribunales del continente

europeo, ya que, estos últimos tienen competencias que difieren

de las que tienen nuestros tribunales, lo cual se debe a que

funcionan en sociedades distintas. Así, algunos de nuestros

tribunales revisan, a diferencia de lo que ocurre en Europa, las

sentencias dictadas por el juez de amparo. Conviene destacar,

igualmente, que el Tribunal Constitucional conoce los hechos de

22 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., pp. 504-505.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

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la causa cuando ejerce esta competencia, en la misma forma que

lo hacen los tribunales ordinarios.

Es por esta razón que los tribunales de la región están inte-

grados, en general, por un número mínimo de cinco miembros

y un máximo de 9.23 Lo Contrario ocurre en Europa, pues la

matrícula de sus Tribunales Constitucionales oscila entre doce y

dieciséis miembros.24

2. Designación de los jueces constitucionales

La designación de los jueces del Tribunal Constitucional

compete al Consejo Nacional de la Magistratura25. En este

órgano tienen representante los tres poderes del Estado,26 lo

23 El tema relativo a la composición del Tribunal Constitucional dominicano lo abordé

por primera vez en el libro titulado “El Control de Constitucionalidad como Garantía

de la Supremacía de la Constitución”, p.235, obra publicada en octubre de 2010.

Posteriormente, hice un estudio más detallado sobre la cuestión, véase Acosta de los

Santos, Hermógenes “Los defectos de orden normativos del sistema de justicia cons-

titucional dominicano”, Revista Dominicana de Derecho Procesal Constitucional,

Año 3, Núm. 3, julio 2018, pp. 17-22. A ambos trabajos me remito.

24 El Tribunal Constitucional de Austria está integrado por doce jueces titulares y seis

jueces suplentes; el Tribunal Constitucional Federal alemán por dieciséis jueces; el

Tribunal Constitucional de Italia por quince jueces; el Consejo Constitucional francés

por nueve, más los expresidentes quienes pueden integrarse al órgano; el Tribunal

Constitucional de España por doce jueces; el Tribunal Constitucional de Portugal

por trece jueces; el Tribunal Constitucional de Bélgica por doce jueces; el Tribunal

Constitucional de Polonia por doce jueces y el Tribunal Constitucional de Turquía

por quince jueces. Véase Louis Favoreu, Los Tribunales Constitucionales, pp. 44, 63,

85, 102, 114, 127, 132, 137 y 143.

25 Artículo 179.2 de la Constitución dominicana.

26 El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado, según el artículo 178 de la

Constitución, por el Presidente de la República, el Presidente del Senado, un senador

de un partido distinto al que pertenece el Presidente del Senado, el Presidente de la

Cámara de Diputados, un diputado de un partido distinto al que pertenece el Presi-

dente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

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cual provee de legimación indirecta a los jueces, toda vez que

el Presidente de la República y los legisladores miembros de

dicho consejo son elegidos por el voto popular. Sin embargo, los

poderes públicos que participan en la elección de los jueces del

Tribunal Constitucional dominicano no tienen asegurada una

cuota de los jueces en la integración del tribunal, como sí ocurre

en otros sistemas donde funcionan instituciones muy similares

al Consejo Nacional de la Magistratura.

De manera que aunque el Poder Judicial está representado

en el Consejo Nacional de la Magistratura por el Presidente de la

Suprema Corte de Justicia y un juez de dicha corte, no existe una

disposición constitucional ni legal que garantice la escogencia

de un número determinado de jueces de carrera27, como sí

ocurre en Alemania, Chile, Colombia y España, por solo citar

algunos ejemplos.28 Esto constituye un déficit del sistema, pues

resulta de mucha utilidad que para la composición del Tribunal

Constitucional se tome en cuenta una cantidad proporcional y

racional de jueces de carrera, ya que no puede perderse de vista

juez miembro de la Suprema Corte de Justicia, que ejercerá la función de secretario

del Consejo, y, por último, forma parte de este Consejo el Procurador General de

la República.

27 Actualmente, cuatro de los trece jueces del Tribunal Constitucional dominicanos

vienen de la carrera judicial.

28 El Tribunal Constitucional Federal alemán está integrado por dos salas de ocho

miembros cada una y en cada una de estas salas debe elegirse tres miembros de los

tribunales supremos de la Federación. Peter Haberle, El Tribunal Constitucional como

Tribunal Ciudadano, p. 55. En Chile, el Presidente de la República elige tres jueces

del Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional elige tres y la Corte Suprema

también elige tres, según el artículo 92 de la Constitución chilena. En Colombia, el

Senado elige los nueve jueces de ternas presentadas por el Presidente de la República,

la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, según el artículo 239 de la

Constitución colombiana.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

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que este órgano es una verdadera jurisdicción y, en tal calidad,

dicta sentencias, cuya elaboración requiere de destrezas técnicas

que se adquieren en el desempeño de las labores judiciales que

realizan los jueces de carrera.

Volviendo sobre la composición del Consejo Nacional de

la magistratura, actualmente se cuestiona la pertinencia de que

se mantenga en dicha institución al Procurador General de la

República, en razón de que se trata de un funcionario designado

por Decreto del Presidente de la República.29

3. Mayoría para deliberar y decidir

El Tribunal Constitucional requiere de nueve votos para

deliberar y decidir. Este cuórum se considera razonable, pues

se parte de la idea de que el Tribunal puede anular una norma

jurìdica dictada por el Poder Legislativo, órgano que está inte-

grado por más de doscientos legisladores. Otro argumento que

se esgrime en favor del referido cuórum es el relativo a que el

mismo fuerza el consenso y evita que las decisiones sean tomadas

por una mayoría conyuntural.

Sobre esta cuestión, hemos señalado que se trata de

un cuórum muy elevado y que no se justifica, sobre todo en

sistemas que, como los nuestros, el Tribunal Constitucional no

solo conoce de acciones de inconstitucionalidad, sino también

de las revisiones de las sentencias que dictan en atribuciones de

amparo los tribunales de primera instancia, el Tribunal Superior

29 Es oportuno señalar que el Presidente de la República tiene un voto de calidad,

cuestión relevante, pues el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por

ocho miembros, es decir, por un número par, lo cual puede dar lugar a que, ocasio-

nalmente, la votación pueda estar empatada cuatro a cuatro.

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

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Administrativo y el Tribunal Superior Electoral. Hay que

destacar, que cuando el tribunal revisa una sentencia de amparo

asume un rol muy parecido al de los tribunales ordinarios, en

razón de que conoce de los hechos de la causa cuando revoca la

sentencia recurrida.

En esta materia, como se comprenderá, no existe holgura

para el consenso, sino que urge una decisión respaldada por la

mayoría, pues no puede perderse de vista que la cuestión discu-

tida concierne a la protección de derechos fundamentales. Esto

es lo que explica que en nuestra región los tribunales estén divi-

didos en salas, contrario a lo que ocurre con el nuestro, que todo

lo decide el pleno.30

Coincidiendo con esta línea doctrinal se afirma que el he-

cho de que el Tribunal Constitucional tenga una matrícula tan

alta y que para deliberar y decidir requiera un cuorúm tan ele-

vado tiene dos órdenes de dificultades, consistente en que: “En

primer lugar tenemos el problema de la construcción del con-

senso para decidir. Recordemos que las materias sobre las que

versan las competencia del TC son altamente controvertidas y

que, en muchos casos incitan a una radical polarización de las

posiciones encontradas en el debate. Pensemos, por ejemplo, en

temas como el aborto, o el tratamiento de los incentivos que dis-

pensa el Estado a determinados credos religiosos, o en el debate

sobre el alcance de las competencias del propio TC para incidir,

a través de sus decisiones en las políticas públicas para la realiza-

30 Humberto Nogeueira Alcalá, Justicia, Tribunales Constitucionales en América del Sur,

pp. 226-230. Citado por Hermógenes Acosta de los Santos, “Los defectos de orden

normativos del sistema de justicia constitucional dominicano”, Revista Dominicana

de Derecho Procesal Constitucional, Año 3, Núm. 3, julio 2018, p. 19.

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Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

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ción de los derechos sociales fundamentales, por solo mencionar

algunos temas especialmente problemáticos. La construcción de

la mayoría simple ya se presenta como difícil de alcanzar en estos

casos. Imagínese cómo se potencia esa dificultad a consecuencia

del mandato constitucional que requiere una mayoría calificada

de más de dos tercios para la toma de decisiones. El otro aspecto

problemático es que como la Constitución dispone, sin brecha

para excepciones, que en el TC “las decisiones se adoptarán con

una mayoría calificada de nueve o más miembros”, en todos los

casos en que sea apoderado, y para la decisión incluso de la ad-

misibilidad de las acciones, el tribunal deberá sesionar bajo la

modalidad de Corte Plena con lo cual, la siempre ventajosa di-

visión y especialización en salas, en aras de hacer más eficiente

y expedito el trabajo, se esfuma sin apelaciones. El resultado de

lo anterior será un proceso de dilación que redundará en una

merma considerable del despacho y, en consecuencia, en un obs-

táculo para la realización de una justicia constitucional pronta y

cumplida.”31

Compartimos en toda su extensión los criterios anterio-

mente expuestos, en particular, lo que tiene que ver con las ne-

fastas consecuencias que derivan del hecho de haber estructura-

do un Tribunal Constitucional de trece jueces, sin división en

salas y de la exigencia de un cuórum tan agravado para decidir.

Sobre este tema escribí antes y después de la aprobación de la

Ley No. 137-11, así como antes y después de que el Tribunal

Constitucional comenzara a funcionar.32

31 Rodríguez Gómez, Cristóbal, ob. cit., pp. 403-404.

32 Acosta de los Santos, Hermógenes, El control de constitucionalidad como garantía

de la supremacía de la Constitución, Universidad APEC, Santo Domingo, República

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

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4. Renovación y prohibición de reelección de los jueces del

Tribunal Constitucional

La duración en el cargo de juez es de nueve años, período

durante el cual es inamovible33. Sin embargo, los jueces deben

permanecer en sus funciones hasta que sean sustituidos, aunque

haya vencido su período34. Esta previsión tiene la finalidad de

“(…) evitar disfuncionalidad en un órgano cuyas decisiones

requieren mayoría agravada y previendo posibles demoras en la

renovación de los cargos (…)”.35

Se trata de una disposición atinada, porque no se puede

perder de vista que la elección de los jueces de un tribunal

constitucional tiene implicaciones de naturaleza política,

realidad que dificulta y retarda dicha elección.

Lo expuesto en el párrafo anterior se evidenció en la

primera experiencia de renovación del Tribunal, pues la misma

se concretizó un año después de vencido el período para el cual

fueron elegidos cuatro de sus jueces.36

Dominicana, Editora Búho, 2010, pp. 234-240. Véase, igualmente, Acosta de los

Santos, “Los defectos normativos del sistema de justicia constitucional dominicano.

En Revista Dominicana de Derecho Procesal Constitucional, año 3, Número 3,

2018, pp. 17-32.

33 Artículo 187 de la Constitución

34 Párrafo del artículo 18, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional

y sobre los Procedimientos Constitucionales.

35 Eduardo Jorge Prats, Ob. Cit. p. 508.

36

La primera renovación de jueces debió hacerse a finales de diciembre de 2017 y, sin em-

bargo, la misma se llevó a cabo un año más tarde, en diciembre de 2018. En este sentido,

cuatro jueces que, por excepción, fueron elegidos por un período de seis años permane-

cieron en el cargo durante siete años. Esta es una muestra contundente de la pertinencia

de que los jueces se mantengan en sus funciones hasta que sean sustituidos, aunque estén

vencidos sus períodos, como lo establece el párrafo del artículo 18, de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los Procedimient os Constitucionales.

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Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

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Por otra parte, la designación de los jueces es por un único

período de nueve años y se prohíbe la reelección, salvo aquellos que

en calidad de reemplazante hayan ocupado el cargo por un período

menor de cinco años. Respecto de la renovación, esta debe hacerse

cada tres años de manera parcial, con la finalidad de evitar que el

Tr i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l t e n g a q u e s e s i o n a r c o n u n a m a t r í c u l a d e

jueces completamente nueva cada vez que se venza el período, lo

que ocurre en los sistemas donde se prevé una renovación total.

Las previsiones indicadas en el párrafo anterior no fueron

aplicadas a la primera composición del Tribunal Constitucional,

en virtud de un mandato expreso del constituyente, según el cual:

Para garantizar la renovación gradual de la matrícula del

Tribunal Constitucional, por excepción de lo dispuesto

en el artículo 187 sus primeros integrantes treces jueces se

sustituirán en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco, a

los seis, nueve y doce años de ejercicio, respectivamente,

mediante un procedimiento aleatorio. Los primeros cuatro

jueces salientes, por excepción, podrán ser considerados

para un único nuevo período.37

De la lectura del texto constitucional trasnscrito se advierte

que, por una parte, que un grupo de cuatro jueces de la primera

composición fue designado por un período de seis años: otro

grupo de cuatro jueces, por un período de nueve años y un

grupo de cinco jueces, por un período de doce años. Por otra

parte, a los jueces elegidos por seis años no se les prohibió

aspirar a un nuevo período38. Estas excepciones se establecieron,

37 Disposición transitoria decimonovena.

38 A finales del año pasado el Consejo Nacional de la Magistratura llevó a cabo un

proceso de evaluación con la finalidad de renovar a los cuatro magistrados que

fueron elegidos por un período de seis años. Ninguno de esos jueces se sometieron

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

46

como de manera expresa se indica en el texto transcrito, para

garantizar la renovación parcial de la matrícula del tribunal. Esta

justificación me parece muy válida, aunque creo que hubiera

sido más cónsono con la Constitución, y se hubiera logrado el

mismo objetivo, eligiendo seis jueces por seis años y los restantes

siete por nueve años.39

La prohibición de la reelección y la renovación parcial

son previsiones muy bien valoradas por la doctrina. En efecto,

sobre la prohibición de la reelección se afirma que “Nos parece

conveniente, más aún, necesario, para la independencia del

Tribunal y la adecuada imparcialidad de los magistrados, la regla

de la no reelección para el período inmediatamente siguiente, sin

excepciones.”40 En esta misma línea de pensamiento se sostiene

que “La posibilidad de reelección, -es fácil advertirlo- será siempre

ocasión para despertar apetencias de continuidad que colocan a

quien las tiene, más en la lógica de satisfacerlas que en la de llevar

a cabo su misión como parte del TC. El cabildeo político, la

posibilidad de transacciones, de generación de lealtades a quienes

puedan dar satisfacción a la apetencia de continuidad termina,

con el tiempo, erosionando la institucionalidad del órgano.”41

En defensa de la conveniencia de la prohibición de reelec-

ción de los jueces también se afirma que la misma fortalece tan-

to la independencia del juez constitucional como su imparciali-

dad. En este sentido, se argumenta que si bien la reelección de

al proceso de evaluación, a pesar de que constitucionalmente estaban habilitados

para hacerlo.

39 Acosta de los Santos, Hermógenes, El control de constitucionalidad como garantía

de la supremacía de la Constitución, pp. 236-237.

40 Nogueira Alcalá, Humberto, ob. cit., p. 232.

41 Rodríguez Gómez, Cristóbal, ob. cit., p. 409.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

47

los jueces no afecta necesariamente la imparcialidad, la misma

“(…) puede comprometer la confianza en ella, especialmente

en aquellos casos donde pudiera dar lugar a amenazas políticas

explícitas”.42

Sobre el tema existen opiniones más firmes y radicales, pues

se sostiene que la no reelección impide :

(…) que las decisiones de la Corte Constitucional sirvan

para asegurar lealtades y compromisos con los órganos

que participan en la designación de los magistrados y en

la integración de esa Corte; con ella se asegura el deber de

actuación absolutamente imparcial respecto de los organismos

que participan en dichos procesos, y no da oportunidad de

satisfacer las aspiraciones en materia de políticas del Poder

Ejecutivo ni de los partidos políticos. Además, con esta se

asegura la movilidad de las doctrinas y de las escuelas de

pensamiento jurídico y su renovación. Con ello se busca una

sintonía regular y periódica con la dinámica de las fuerzas

sociales y políticas que se expresan dentro del régimen

constitucional.43

Compartimos el planteamiento anterior, ya que si existiera

la posibilidad de reelección, el juez constitucional pudiera verse

tentado a permanecer en el órgano, situación que lo coloca en

un estado de vulnerabilidad frente a quienes tienen la potestad

de garantizarle más de un período.

Volviendo sobre renovación parcial, respecto de la misma se

plantea, lo cual compartimos, que se trata de una técnica que evita

los cambios bruscos de las líneas jurisprudenciales y que, por otra

parte, los jueces de nuevo ingreso se benefician de la memoria

42 Jorg Luther, ob. cit. p. 680.

43 Julio César Ortiz Gutiérrez, ob. cit. p. 404.

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

48

institucional que tienen los que llegaron primero al tribunal. Así

mismo, los antiguos pueden modificar su razonamiento o enfoque

metodológico en contacto con los magistrados más nuevos.44

La renovación parcial es, sin dudas, una previsión muy posi-

tiva, pues cambiar la totalidad de los jueces cada cierto tiempo,

supone comenzar de cero cada vez que se produzca una renova-

ción, lo cual va en detrimento de la eficiencia del órgano, ya que

no tiene la oportunidad de acumular las experiencias necesarias

para mejorar sus decisiones en lo cuantitavo y lo cualitativo.

5. Autonomía presupuestaria

La autonomía presupuestaria y administrativa del Tribunal

Constitucional está prevista de manera muy lacónica en el artí-

culo 184 de la Constitución, pues se limita a indicar, en su parte

in fine, que este órgano constitucional “Gozará de autonomía

presupuestaria y administrativa”. Por otra parte, en el 118 de la

Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedi-

mientos Constitucionales se consagra que: “El proyecto del pre-

supuesto anual del Tribunal Constitucional es presentado ante

el Poder Ejecutivo dentro del plazo que establece la ley sobre

la materia. Es incluido en el Proyecto de Presupuesto General

del Estado y es sustentado por el Presidente del Tribunal ante el

Congreso Nacional.”

El texto transcrito anteriormente tiene una gran importan-

cia, pues en el se consagran elementos que crean las condiciones

objetivas para exigir el cumplimiento de la previsión constitu-

cional relativa a la autonomía presupuestaria. Esto así, porque la

44 Nogueira Alcalá, Humberto, ob. cit., p. 231.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

49

norma legal indicada establece, por una parte, que el proyecto de

presupuesto anual del Tribunal Constitucional es presentado al

Poder Ejecutivo, sin indicar quien lo elabora y presenta, pero que

resulta lógico entender que la elaboración corresponde a los téc-

nicos del tribunal y la presentación al presidente de este órgano.

Por otra parte, el texto consagra que el proyecto se incluye

en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado Na-

cional, esta previsión es trascendental, toda vez que al indicar

que el proyecto se incluirá en la referida ley de presupuesto

proscribe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo modifi-

que, de manera que el presupuesto elaborado por el Tribunal

Constitucional debe llegar íntegro al Congreso Nacional, que

es el único órgano facultado para modificarlo, ya sea reducien-

do o aumentando su monto. El texto, finalmente, habilita al

presidente del Tribunal Constitucional para que se presente al

Congreso Nacional a sustentar el presupuesto elaborado por

los técnicos del tribunal. Hasta la fecha, no se ha hecho uso de

este importante mecanismo.

De lo anterior resulta que en nuestro sistema existe la base

constitucional y legal para que el Tribunal Constitucional actúe

con autonomía presupuestaria y administrativa. Esta autonomía

tiene un estrecho vínculo con la independencia del órgano, aun-

que no garantiza este principio, pues, como se afirma, “La inde-

pendencia del juez resulta de la suma de un conjunto de factores

que abarcan los criterios considerados para la designación en el

cargo, la garantía de la permanencia en el cargo por el tiempo

constitucionalmente estipulado, más allá de las veleidades po-

líticas, entre otros importantes aspectos.”45 A estos factores ha-

45 Rodríguez Gómez, Cristóbal, ob. cit., p. 395.

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

50

bría que agregar otros relacionados con las cualidades éticas y

profesionales de cada uno de los integrantes del órgano, ya que,

en definitiva, la independencia del órgano se construye con el

aporte que hace cada juez.

6. Autonomía procedimental del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ejerce sus funciones sometido

únicamente a la Constitución, a las normas que integran el blo-

que de constitucionalidad, a su Ley Orgánica y a los reglamen-

tos internos.46 Por otra parte, tiene autonomía y potestad regla-

mentaria.47 En este sentido, puede “considerarse propietario del

procedimiento constitucional”, teniendo como único límite el

respeto de la Constitución.48

En el ejercicio de las potestades señaladas, el Tribunal Consti-

tucional aplicó el principio de autonomía procesal en la sentencia

TC/003 9/12, de fecha 13 de septiemb re.49 Mediante esta sen-

tencia el tribunal resolvió las imprevisiones de que adolece la Ley

núm. 137-11, en materia de demanda en suspensión, las cuales

son muy significativas, pues el único texto que se refiere a la mate-

ria es el artículo 54.1 de la referida ley, texto en el que el legislador

se limita a indicar que el recurso de revisión constitucional de de-

cisiones jurisdiccionales no tiene efectos suspensivos, pero que el

Tribunal Constitucional tiene la facultad de ordenar la suspensión

de la ejecución de la sentencia recurrida a pedimento de parte.

46 Artículo 3 de la Ley núm. 137-1, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Proce-

dimientos Constitucionales.

47 Artículos1 y 4 Ley núm. 137-1, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Proce-

dimientos Constitucionales.

48 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit. p. 513.

49 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit. p. 513.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

51

Este principio también ha sido implementado en otras

sentencias. Así, en la sentencia TC/0015/12 se estableció que

el recurso denominado “tercería” por la parte, realmente era un

recurso de revisión, porque la recurrente fue parte en el proceso

del cual surgió la sentencia recurrida. En igual sentido, en la

TC/0038/12 el Tribunal interpretó el artículo 54.5 y 54.7 de la

referida Ley Núm. 137-11, en el sentido de que en materia de

revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, la admisi-

bilidad y el fondo de dicho recurso debían resolverse mediante

una sola sentencia y no mediante dos decisiones como se consa-

gra en los indicados textos. Esta interpretación se sustentó en el

principio de celeridad y de economía procesal.

Cabe señalar, igualmente, la sentencia TC/0041/12, me-

diante la cual fue resuelta una laguna que acusaba el artículo 103

de la indicada Ley núm. 137-11, ya que si bien el mismo pro-

híbe la interposición de una segunda acción de amparo respecto

de una misma cuestión, no indica la sanción procesal aplicable.

Razón por la cual el tribunal estableció que la sanción proceden-

te era la inadmisión.

7. Competencia

Sobre la competencia del Tribunal Constitucional aquí

nos limitamos a indicar las materias que conoce, ya que más

adelante se dedica un capítulo a cada uno de los procesos

constitucionales. Las materias que conoce el tribunal son las

siguientes: a) acciones directas de inconstitucionalidad; b)

control preventivo de los tratados internacionales; c) conflictos

de competencia; d) revisión de sentencias dictadas en materia de

amparo; e) revisión de sentencias dictadas en cualquier materia a

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

52

condición de que hayan adquirido la autoridad irrevocable de la

cosa juzgada y cumplan con los demás requisitos previstos en la

ley, y f) cualquier otra materia que le asigne la ley.50

B. El estatuto jurídico del juez constitucional dominicano

El estatuto del juez constitucional dominicano es, en sentido

general, muy parecido al de los demás tribunales constitucionales.

En este sentido, las disposiciones constitucionales y legales que rigen

la materia se refieren a los requisitos que debe reunir los abogados

que aspiran a desempeñar la función, las causas de ineligibilidad, las

garantías que faciliten el desempeño de la función, formalidad para

asumir la función y lo relativo al régimen de la responsabilidad pe-

nal y civil. A cada uno de estos aspectos me refiero a continuación.

1. Requisitos relacionados con la nacionalidad

El candidato debe ser dominicano de origen o de naci-

miento. Tal requisito cierra la posibilidad de que un dominica-

no por adopción o por naturalización pueda ser juez del Tribu-

nal Constitucional.

En otros sistemas donde existe un requisito similar, la

doctrina entiende que lo que se procura es rodear al cargo de

magistrado de los mayores niveles de confianza por parte de la

población y de los actores del régimen político nacional.51 En este

sentido, se afirma que “(…) los temas de lo que se debe ocupar

la Corte Constitucional en lo que está presente el más alto nivel

50 Artículo 185 de la Constitución dominicana y 53 y 94 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

51 Ortiz Gutiérrez, Julio César, ob. cit. p. 394.

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Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

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nacional exigen eliminar cualquier elemento de desconfianza

que podría generar la condición de extranjero del magistrado,

así este sea colombiano por adopción o nacionalizado”.52

Compartimos los planteamientos señalados en el párrafo

anterior, pues es indiscutible que las cuestiones que resuelven los

tribunales constitucionales son de gran trascendencia y, como tales,

deben estar a cargo de dominicanos de origen o de nacimiento.

2. La formación jurídica y la experiencia

La exigencia de formación jurídica, que no es muy rigurosa

en el contexto nacional, obedece a que los jueces de un tribunal

constitucional tienen que resolver cuestiones jurídicas complejas,

para lo cual se requiere conocer las ciencias jurídicas y tener una

práctica profesional considerable. En particular, se exige ser

abogado y haber ejercido como mínimo durante doce años.

3. Pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos

Este requisito es aplicable a toda persona que pretenda

ejercer cualquier función pública, pues se entiende que alguien

que ha perdido los referidos derechos no está apto para ser

servidor público y menos aun cuando se trata del ejercicio de

una función que consiste en la interpretación de la Constitución.

4. Requisito respecto de la edad de ingreso y retiro de los

jueces

La edad mínima de ingreso al Tribunal Constitucional es de

35 años, no solo porque así se dispone para los integrantes de la

52 Ortiz Gutiérrez, Julio César, ob. cit. p. 394.

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Suprema Corte de Justicia53, sino también porque se previó, de

manera expresa, para los miembros del Tribunal Constitucional54.

En torno a la edad de retiro, para los jueces de la Suprema Corte

de Justicia es voluntario a los 70 años, obligatorio a los 75 años,

según se consagra en la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial.55

En principio, la referida normativa debió aplicarse a los

jueces del Tribunal Constitucional, sin embargo, el legislador

previó un estatuto distinto para estos, ya que estableció que una

persona que haya cumplido 75 años no puede ser elegido juez del

Tribunal Constitucional.56 Esta previsión puede ser interpretada

en el sentido de que el texto solo prohíbe el ingreso al tribunal

una vez cumplida dicha edad.57 Otra interpretación, más acorde

con la finalidad y la lógica del requisito objeto de análisis, sería

considerar que quienes tengan la indicada edad no pueden ser

elegidos ni permanecer en el Tribunal Constitucional.

Ambas interpretaciones tienen sustento en el derecho

comparado. Así, en el sistema colombiano los jueces permane-

cen en su cargo hasta el vencimiento del período de ocho años

para el cual fueron elegidos, aunque superen la edad de retiro

53 En el artículo 153.1 de la Constitución se establece como requisito para ingresar a

la Suprema Corte de Justicia tener más de 35 años.

54 Artículo 13.5 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Procesos Constitucionales, modificado por la Ley núm. 145-11, de 4 de julio. En

los sistemas de justicia constitucional se establece una edad mínima para ingresar al

Tribunal Constitucional, pero existen casos excepcionales, como el sistema colom-

biano, en los cuales no se exige, aspecto de dicho sistema que ha recibido críticas de

la academia y la doctrina. (Julio César Ortiz Gutiérrez, ob. cit. p. 595).

55 Artículo 56, párrafo V, de la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial, de 11 de agosto

56 Artículo 13.5 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Proced imientos Constitu cionale s, modifica do por la Ley núm. 145-11 , de 4 de julio.

57 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., pp. 506-507.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

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de sesenta y cinco años.58 Mientras que el sistema alemán, los

jueces cesan en sus funciones desde la fecha en que cumplen

68 años, que es la edad de jubilación que se prevé en dicho sis-

tema, independientemente de que no haya vencido su período

de doce años.59

5. Causas de ineligibilidad

El legislador contempla cuatro causas de inelegibilidad, las

cuales son las siguientes: a. los miembros del Poder Judicial o

del Ministerio Público que hayan sido destituidos por infracción

disciplinaria, durante los diez años siguientes de la destitución;

b. los abogados inhabilitados en el ejercicio de sus funciones, por

decisión irrevocable legalmente pronunciada, mientras esta dure;

c. quienes hayan sido condenados penalmente, por infracciones

dolosas o inintencionales, mientras dure la inhabilitación, y d.

quienes hayan sido declarados en estado de quiebra, durante los

cinco años siguientes a la declaratoria.60

58 En el sistema colombiano los jueces son elegidos por un período de 8 años y no existe

una edad límite de retiro, como sí existe para otros magistrados. En efecto, en el

artículo 233 de la Ley estatutaria de Administración de Justicia se establece que uno

de los requisitos para la permanencia en el cargo de los jueces de las llamadas Altas

Cortes está condicionado a que observen buena conducta, rendimiento satisfacto-

rio y no haber llegado a la edad de retiro, que es de sesenta y cinco años. La Corte

Constitucional estableció mediante sentencia que lo relativo a la edad de retiro no

se le aplica a los jueces de esa corte y que, en consecuencia, estos jueces permanecen

en sus cargos hasta que se venzan los ocho años para los cuales fueron elegidos,

independientemente de que hayan cumplido la referida edad de retiro. La Corte

Constitucional se fundamentó en que cuando ella fue creada en la Constitución de

1991, la referida ley no existía. (Véase Julio César Ortiz Gutiérrez, ob. cit. p. 396).

59 Jorg Luther, ob. cit, p. 680.

60 Artículo 14 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Procedimientos Constitucionales.

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

56

Como se aprecia, aquellos profesionales del derecho respecto

de los cuales se verifique una de las causales indicadas no puede

ser elegido juez del Tribunal Constitucional, prohibición que

se justifica, porque, como ya hemos indicado, la función del

juez constitucional debe estar desprovista de cualquier viso de

desconfianza y cuestionamiento.

6. Juramento

El juez constitucional dominicano tiene la obligación de

prestar juramento ante el Consejo Nacional de la Magistratura,

previo a tomar posesión del cargo.61 Sin embargo, no existe un

texto legal ni constitucional en el cual se indique el contenido

de dicho juramento. Lo anterior constituye una falencia que no

se corresponde con la solemnidad de un acto de esta naturaleza.

Efectivamente, la Constitución dominicana solo previó el

contenido del compromiso que deben asumir el Presidente de

la República y el Vicepresidente antes de tomar posesión del

cargo ante la Asamblea Nacional. En este orden, los referidos

funcionarios deben expresar lo siguiente: “Juro ante Dios y ante

el pueblo, por la Patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir

la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender

su independencia respetar los derechos y las libertades de los

ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi

cargo”.62

Los últimos cuatro jueces que integraron el Tribunal Cons-

titucional fueron juramentados en los términos siguientes: “Ju-

61 Artículo 15 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Procedimientos Constitucionales.

62 Artículo 127 de la Constitución dominicana.

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Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

57

ran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor respetar y ha-

cer respetar la Constitución y las leyes de la República y ceñirse y

respetar también la ley, los reglamentos y las funciones del cargo

que ponemos en sus manos. Si así lo hacen que Dios y el pueblo

os premien por ello. Si no lo hacen, que la patria lo demande”.

A estas palabras los juramentados respondieron : “Sí, juramos”.

Como se advierte, el contenido del juramento tiene una no-

toria influencia religiosa. En este orden, nos preguntamos sobre

lo que ocurriría si un magistrado tuviere una religión distinta a

la católica o fuere ateo y se negara a jurar por Dios. La respuesta

a esta cuestión requiere de un análisis del principio del libre de-

sarrollo de la personalidad y de la libertad de culto, análisis que

desborda el objeto de estudio de este trabajo. Sin embargo, me

parece oportuno indicar que en otros sistemas, como el alemán,

la cuestión está resuelta, pues “La invocación de Dios puede ser

sustituida por otras fórmulas religiosas equivalentes o incluso

puede ser omitida por completo”63.

Algo parecido ocurre en el sistema colombiano, ya que en

este, aunque no existe una previsión legislativa como la alemana,

en la práctica la cuestión está resuelta; esto así, porque un aboga-

do elegido como juez de la Corte Constitucional prestó juramento

ante el Presidente de la República y empleó invocaciones laicas

como fundamento de sus compromisos frente al encargo consti-

tucional y se apartó de la admonición hecha por el Presidente de

la República, lo cual no fue obstáculo para que asumiera el cargo.64

63 Jorg Luther, ob. cit. p. 671. En el sistema alemán, el contenido del juramento es el

siguiente: “Como juez justo juro en todo momento salvaguardar fielmente la Ley

Fundamental y de cumplir a conciencia, con mis deberes de juez frente a cualquiera.

¡Que sea verdad y que Dios me ayude!”.

64 Ortiz Gutiérrez, Julio César, ob. cit. p. 399.

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS

58

Un elemento muy peculiar que acusa el sistema colombiano

en materia de juramento, es que el mismo puede ser presta-

do ante el Presidente de la República o ante dos testigos. Esto

ocurrió relativamente reciente con un magistrado de la Suprema

Corte de Justicia de ese país, en razón de que el Presidente de

la República se negó a hacerlo invocando que dicho magistrado

había alcanzado la edad de retiro.65

7. Independencia

En la referida Ley núm. 137-11 se consagran varias dispo-

siciones que tienen la finalidad de garantizar la independencia

de los jueces del Tribunal Constitucional. En este orden, el juez

debe dedicarse de manera exclusiva a la función, por lo cual no

puede desempeñar cargos públicos ni privados, ni ejercer ningu-

na otra profesión u oficio.66 La única excepción a esta prohibi-

ción es que puede dedicarse a la docencia.

Por otra parte, el juez del Tribunal Constitucional no puede

defender o asesorar ninguna causa jurídica, pública o de forma

privada, salvo los casos previstos en el Código de Procedimiento

Civil. Tampoco puede optar por un cargo electivo público ni

participar en actividades político-partidistas.67

Los textos anteriormente indicados tienen la finalidad de

“(…) preservar la independencia e imparcialidad de los jueces

del Tribunal Constitucional así como el adecuado desempeño de

65 Ortiz Gutiérrez, Julio César, ob. cit., p. 399.

66 Artículo 16 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre

los Procedimientos Constitucionales.

67 Artículo 17 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre

los Procedimientos Constitucionales.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

59

sus funciones jurisdiccionales”. Sobre este particular, la doctrina

indica que:

Aunque la LOTC no lo dice expresamente, se infiere que la

dedicación exclusiva a que se refiere el artículo 16 impide

a los jueces de Tribunal Constitucional ocupar empleo en

toda clase de personas físicas o jurídicas, pública o privadas,

sean con o sin fines de lucro, estén retribuidos o no. La

LOTC busca la desvinculación total, por imposición de la

apariencia de imparcialidad exigible, y a tenor de la exclusi-

va dedicación y única retribución.68

Las previsiones anteriores contribuyen, sin dudas, a que los

jueces del Tribunal Constitucional actúen con independencia

e imparcialidad, en la medida que lo alejan de actividades que

puedan distraerlos de su función esencial y generarle vínculos

y relaciones que puedan incidir en las opiniones que emitan

respecto de los casos que lleguen al Tribunal.

Sin embargo, no podemos perder de vista que las referidas

previsiones no pueden, por sí solas, asegurar la independencia e

imparcialidad de los jueces del Tribunal Constitucional.

8. Irrecusabilidad

La recusación de los jueces está prohibida.69 Esta prohibición

tiene la finalidad de preservar “(…) la capacidad del Tribunal Cons-

titucional de poder reunirse válidamente, sin exponerse a recusacio-

nes alegres e infundadas tendentes a evitar que se configure el quó-

rum para deliberar y la mayoría agravada requerida para decidir.”70

68 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit. p. 509.

69 Art. 28 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los

Procedimientos Constitucionales.

70 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit. p. 511.

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60

Estamos en presencia de una previsión que tiene mucho

sentido en nuestro sistema, porque el cuórum para deliberar

y decidir es muy elevado, pues se requiere, como ya se

indicó, un mínimo de nueve jueces a favor de un total de

trece. Además, es importante tomar en consideración que los

jueces no tienen suplentes. Estos dos elementos convierten a

la figura de la recusación en una vía idónea para que la parte

que no tiene interés en que se conozca el proceso inhabilite

a un número de jueces que impida la formación del cuórum

mínimo.

Sin embargo, al prohibirse la recusación, la única garantía

que queda para garantizar la imparcialidad de los jueces es la

inhibición, la cual es muy débil, porque depende de la voluntad

y el buen juicio de cada magistrado. Por ende, se corre el riesgo

de que un juez participe en un proceso, a pesar de que existan

razones poderosas para que se inhiba.

Por esta razón, soy partidario de que se consagre la figura

de la recusación y se establezcan mecanismos que eviten las

recusaciones temerarias, como puede ser prohibir que se recuse

a más de seis jueces en cada caso y disminuir a siete jueces el

cuórum para que el Tribunal Constitucional decida en esta

materia. Este mecanismo permitiría rechazar oportunamente las

recusaciones temerarias.

9. Responsabilidad civil y penal de los jueces

El juez del Tribunal Constitucional tiene la misma respon-

sabilidad civil y penal que tienen los jueces del Poder Judicial.71

71 Artículo 25 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Procedimientos Constitucionales.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO

Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

61

Por su parte, la regulación de la responsabilidad civil está con-

templada en el Código de Procedimiento Civil.72

El juez constitucional, al igual que el ordinario, compromete

su responsabilidad administrativa, civil y penal, cuando incurre

en dolo, fraude o concusión, sea durante el proceso o sea en

el momento que decide. Dicha responsabilidad se tipifica,

igualmente, cuando expresamente lo contemple la ley o cuando

se incurra en denegación de justicia.73

La competencia para conocer la demanda en responsabilidad

civil le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, cuando el

demandado sea uno sus integrantes, o cuando se trate de un juez

del Tribunal Constitucional.74. Respecto de la responsabilidad

penal, la competencia corresponde a la Suprema Corte de Justicia,

según se indica en el artículo 154.1 de la Constitución, texto en

el cual se establece que: “Corresponde a la Suprema Corte de

Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la

ley: 1) Conocer en única instancia de las causas penales seguidas

al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores,

diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal

Constitucional;(…)”. Sin embargo, según la Resolución núm.

72 Artículos 505-516 del Código de Procedimiento Civil.

73 Artículo 505 Código de Procedimiento Civil.

74 Originalmente esta competencia correspondía a una comisión ad-hoc designada por

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia e integrada por dos jueces de dicho tribunal

y un abogado; según el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, pero en la

actualidad corresponde al pleno de la Suprema Corte de Justicia, dado que dicho

texto fue modificado por el artículo 164 de la Ley de Organización Judicial No.

821, de 21 de noviembre de 1927, modificada por la Ley No. 294 de 1 de junio

de 1940. Véase Froilan, Tavares, Elementos de Derecho Procesal Civil, volumen II,

Santo Domingo, República Dominicana, pp. 324-325. Revisada y puesta al día, por

Froilán J.R Tavares y Margarita A. Tavares, 2010.

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0004-2020, dictada el 28 de enero por el pleno de dicha corte, la

referida competencia le corresponde a la Sala Penal y lo decidido

por esta es susceptible de casación. Como puede advertirse, el

referido criterio jurisprudencia tiene la finalidad de salvaguardar

el derecho constitucional al recurso.