Capítulo III. Derecho dominicano

• Páginas: 51-68
• Autor: Minerva Mirabal

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El principio de la irretroactividad en

la República Dominicana. Diferencias

con el derecho francés. Nuestra

jurisprudencia

Es rigurosamente preciso advertir que la regla de la no

retroactividad de la ley no es igual en nuestro país a la que rige en

Francia, pues, si bien aquí se ha reproducido el artículo segundo

del Código Civil Francés, la situación está regulada, además, por

un texto de alcance ilimitado: el artículo 47 de la Constitución.

Este precepto dice así: “Art. 47.- Las leyes no tienen efecto

retroactivo, sino en el caso de que sean favorables al que está

subjúdice o cumpliendo condena”.

Como ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia en su

sentencia del 9 de Noviembre de 1908 (B. J. No. 1, Págs. 2 y 3),

que es, cronológicamente hablando, la primera sentencia dictada

por este alto tribunal, en sus atribuciones de Corte de Casación:

“Es un principio constitucional de la República que sus leyes han

de ser esencialmente irretroactivas, de modo que ellas no tienen

fuerza ni eficacia, después de promulgadas y publicadas, sino en

lo que respecta al porvenir”. Sin embargo “este principio admite

excepciones cuando las leyes sean favorables al que se halla bajo

la acción de la justicia represiva, o al que fue definitivamente

condenado por ésta”. De lo que se infiere que este principio y sus

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excepciones son una regla constitucional impuesta al legislador,

regla que limita su poder de legislar, y de la que no es posible

prescindir absolutamente, porque su capacidad y atribuciones

están determinadas por la misma Constitución.

Dejamos, pues, sentado el principio incontrovertible de

que entre nosotros no podría el legislador dictar una ley que

rigiese el pasado, porque el principio de la irretroactividad debe

ser respetado tanto por los jueces encargados de aplicar las leyes

como por el Congreso. Pero si el juez ha de tomarla como regla de

interpretación, siendo tan frecuentes las situaciones cuyas raíces

se prolongan en el pasado, ha menester un criterio de distinción

para establecer los límites de la irretroactividad. ¿Cuándo puede

decirse justamente que una ley obra sobre el pasado? ¿Dónde

comienza la retroactividad? ¿Dónde termina?.

Nuestra jurisprudencia, presionada por las necesidades

imperiosas de la práctica, ha ido elaborando un sistema cuyas

soluciones expondremos a continuación, tomando como guía

los principios más acordes de la doctrina francesa que estudiamos

en el capítulo II de esta tesis.

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Aplicación a las leyes

del derecho público.

El derecho penal

Como la excepción contenida en el artículo 47 de la

Constitución se refiere al Derecho Penal, podríamos creer

que únicamente a este derecho alude la prohibición, pero el

principio abarca todo el derecho en general. Sin embargo; es

preciso consignar que al tratarse de la ley penal el principio se

hace más rígido en su aplicación A partir de la Declaración de

los Derechos del Hombre, todas las legislaciones de los distintos

países han acogido entre sus preceptos el que consagra el aforismo

“Nullun delito, nulae poena sine lege”, que cobra mayor arraigo

desde el movimiento iniciado por Beccaria, y que se encuentra

reproducido en el Art. 4 de nuestro Código Penal.

La finalidad perseguida por el legislador al establecer el

principio de la irretroactividad de la ley, fue indudablemente

proteger y garantizar a las personas de la repercusión perjudicial

que pudiera una ley surtir sobre su pasado, y al no querer

privarle de los beneficios futuros, que pudiera traerle una nueva

ley, es comprensible y justificable la excepción contenida en

dicho principio.

Hay un ejemplo muy interesante en una sentencia de la

Corte de Apelación de Santo Domingo, del 26 de Mayo de

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1911, acerca de la aplicación de este principio. Se refiere a un

asesinato, que de acuerdo a la Constitución del año 1905, que

regía en la época de su comisión, se castigaba con la pena de

muerte; posteriormente la Constitución de 1907 garantizó

la inviolabilidad de la vida y proclamó la irretroactividad

de esa disposición para todos los que estuviesen subjúdice o

cumpliendo condena; pero en la época del juicio definitivo

regía la Constitución de 1908 que había restablecido la pena

de muerte para los casos de asesinato. En la especie a que

nos referimos se aplicó al reo la pena más benigna es decir, la

legislación intermedia que era la más favorable para él.

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Procedimiento y competencia

Las leyes que determinan el procedimiento y la competencia

se aplican a todos los juicios a partir de su promulgación.

Hay que tener en cuenta que el procedimiento por razón

de su naturaleza no es ni puede ser simultáneo sino sucesivo,

pertenece al pasado y al porvenir: compuesto de muchos actos

que se hacen sucesivamente y a diferentes intervalos, pertenece

al pasado respecto de los actos que han precedido a la nueva ley

que muda la forma de proceder, y al porvenir, por aquellos que

deben subseguirla. Así que no puede la ley, sin hacerse retroactiva,

declarar nulos los actos anteriores de un proceso que se inició con

arreglo a la ley precedente. Sin embargo, como la ley tiene a su

disposición el porvenir, no está siempre obligada a mantener los

efectos de esos actos, y es necesario distinguir bajo este aspecto los

actos que están ya consumados de aquellos actos que se encuentran

simplemente iniciados. Si los actos están en este último caso,

puede la nueva ley cambiar la dirección o giro que debían tener

de acuerdo con la ley antigua, y además que el procedimiento

entablado antes de su publicación se continúe por otros jueces o

en forma diferente. Pero en el primer caso, es decir, cuando los

actos están consumados, no podrá desestimarlos la nueva ley ni

aniquilar los efectos que hubieran tenido bajo la ley anterior.

A este respecto se puede citar la Jurisprudencia del

9 de Noviembre de 1908 (B. J. No. 1 Pág. 2 y 3) de la cuál

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hablábamos anteriormente. En ella se estableció, que la Ley

de Organización Judicial, no era aplicable a una sentencia

que de acuerdo al sistema Judicial que rigió antes de su

promulgación había adquirido la autoridad de la cosa juzgada.

Este criterio ha sido confirmado posteriormente por una

sentencia del 13 de Octubre de 1954 (B. J. No. 531 Pág. 2079)

con arreglo al considerando que dice así: “que es de principio que

las sentencias de los tribunales que han adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada dentro de un régimen legal

establecido no pueden ser impugnadas por ningún recurso que

sea instituido con posterioridad; que tal principio, consagrado en

ciertos aspectos en la Constitución de la República, es esencial y

fundamental para mantener la seguridad jurídica de las situaciones

que determinan las decisiones judiciales contra la eventualidad de

un cambio de legislación y de los criterios jurisprudenciales; que

en el fondo este principio no es sino una consecuencia lógica del

principio de la irretroactividad de la ley, establecido expresamente

por el artículo 42 de la Constitución y que ya había proclamado

este alto tribunal, en su sentencia del 9 de Noviembre del 1908,

en el primer recurso de casación que le fue sometido después de

establecerse dicho recurso en la República”.

En una sentencia del 21 de Diciembre de 1935, (B. J. No.

305 Pág. 494 y siguientes) se estableció que “si la ley nueva que

modifica los requisitos necesarios a la validez de una acción en

justicia, es aplicable a los hechos anteriores a su publicación,

ello no puede implicar que esa aplicación se realice cuando la

ley no ha sido obligatoria sino después de comenzado el litigio,

ni mucho menos cuando ello tiene lugar después que el asunto

se encuentre en estado de ser fallado”. En esta sentencia se ha

hecho aplicación del principio de que los jueces tienen que fallar

los asuntos en el estado en que se les presenta.

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Aplicación a los actos jurídicos.

Efectos de los contratos.

El contrato de trabajo

Las condiciones de validez, formas o medios de prueba de un

acto jurídico, deben apreciarse únicamente según la ley en vigor

el día en que haya sido celebrado y no según las leyes posteriores;

sería injusto reprochar a las partes por no haber observado una

ley que no existía aún. Este principio se aplica especialmente

respecto de los contratos. Desde el momento en que se ha

formado el vínculo del contrato, resultan para los contrayentes

derechos y obligaciones que las leyes posteriores no pueden ya

quitarles, su validez o su nulidad intrínseca depende únicamente

de la ley bajo cuya égida fue formulado. Por consiguiente, si fue

válido en su principio, ya no puede anularse bajo el pretexto de

que una ley posterior vino a establecer condiciones nuevas que

no se observaron en él, y por el contrario, si en principio fue

nulo ya no puede validarse so-pretexto de que la ley posterior

viene a declarar inútil una condición que faltó en el acto de su

celebración.

La ley No. 637 sobre la transcripción obligatoria, dice en

su Art. 4to. “Ningún acto entre vivos traslativo de propiedad

que no esté transcrito, salvo los especificados en el Art. 2do. de

la presente ley será invocable en los tribunales, ni en ninguna

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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oficina pública y su validez estará en suspenso, mientras no sea

sometido a la formalidad de la transcripción”. El Código Civil

nos enseña que la venta es perfecta entre las partes, desde que

ellas están de acuerdo acerca de la cosa y del precio; he aquí,

pues, dos disposiciones inconciliables. Podemos decir que esta

ley es retroactiva puesto que se aplica a los actos celebrados con

anterioridad a su promulgación. Estos actos eran válidos de

acuerdo a la legislación anterior, y de acuerdo a la nueva ley “su

validez estará en suspenso” Pero a pesar de las críticas que se

han hecho a este artículo el legislador se ha justificado por la

necesidad de obligar por todos los medios posibles a resolver unan

situación caótica que confrontaba el país en razón de los diversos

factores mesológicos que hacían necesaria la transcripción.

Como decíamos anteriormente, los efectos de los contratos

están regidos por la ley en vigor en la época en que han sido

celebrados y están al abrigo de un cambio de legislación;

estos efectos dependen exclusivamente de la voluntad de

los contratantes, aún cuando no haya sido expresamente

manifestada. La ley no es aquí supletiva, sino interpretativa

de la voluntad, en el sentido de que cuando las partes no han

determinado completamente los efectos que deba producir su

contrato, se reputa que se han de referir sobre este punto. Esta

ley no puede ser evidentemente sino la que existía en la época

del contrato; ella es la que debe ser aplicada sin que sea menester

preocuparse por una ley posterior que haya venido a regular tales

efectos de una manera diferente. Hacerlos regir por ésta última,

sería sustituir por una nueva convención la que las partes habían

entendido hacer, y despojarlos al mismo tiempo de verdaderos

derechos adquiridos.

Con esta solución están la mayoría de los autores franceses y

Josserand se expresa en los siguientes términos: “aquí la regla de la

no retroactividad de las leyes encuentra su expresión en la breve

El principio de la irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dominicana

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y equitativa fórmula tempus regit actum”. La jurisprudencia

francesa sigue también este criterio: “Req. 9 marzo 1819, S. 19.

1. 303.- Req. 29 de marzo 1876, D. 76. 1. 493.- Civ. 21 de julio

1885, S. 85. 1. 500; D. 86. 1. 336; Nancy - 9 de mayo 1896, S.

98. 2. 281 y nota, D. 97. 2. 129, nota de Capitant. Req. 13 de

febrero 1899. S. 99. 1. 244.

Nuestra jurisprudencia en ese sentido se ha mostrado muy

liberal; influida por las modernas ideas del Derecho Laboral

avanza en su sentencia del 5 de septiembre de 1952 (B. J. No.

506 Pág. 1649 y siguientes) “que si los efectos de un contrato

son regidos en principio por la ley existente en el momento de

la formación del contrato, tal principio deja de tener aplicación

cuando, como en un contrato de trabajo, una ley regula de

una manera distinta en un interés social, los efectos de una

convención; que en semejante caso, la aplicación inmediata de la

ley nueva a la situación surgida con posterioridad a su aplicación,

y sin perjuicio de los derechos adquiridos, está de acuerdo con el

principio de la no retroactividad de la ley”.

A primera vista, esta sentencia nos parece bastante

criticable si consideramos el contrato de trabajo como un

contrato cualquiera; pero si se consideró como tal en la época

de la redacción del Código Civil, en nuestros días el trabajo está

considerado como una función social, como el único recurso,

el medio de vida de que dispone la clase más numerosa de la

sociedad; prueba de esto es que en la reforma constitucional

de 1942 se declaró explícitamente que la ley puede, según lo

requiere el interés general, reglamentar todas las condiciones

del trabajo, y tomar todas las medidas de protección y asistencia

que el Estado considere necesarias en favor de los trabajadores.

De manera que si hoy se sigue llamando “contrato de trabajo”,

no se encuentra sometido al estatuto jurídico del contrato

en general; y la ley tiene un papel preponderante en su

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reglamentación, sin que nadie pueda quejarse con justicia, ni

alegar derechos adquiridos frente a modificaciones sobrevenidas

posteriormente a cualquier contrato, porque el interés general

no puede quedar subordinado a los intereses particulares, según

lo expresa claramente nuestra Constitución.

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Prescripción

Como la prescripción mientras no está cumplida, es

solamente una simple esperanza en el tiempo futuro, parece

que una nueva ley que se diere después de haberse iniciado,

y antes de haberse cumplido, pueda mudarla y modificarla,

sin que por eso se diga que es retroactiva, puesto que no hay

todavía un derecho adquirido.

Sin embargo nuestro legislador, aplicando el principio de

que las leyes no tienen efecto retroactivo, estableció una serie

de disposiciones transitorias para reglamentar la aplicación de

la ley 585, de fecha 24 de octubre de 1941, que redujo los

plazos de la prescripción. Esta ley dispuso que los plazos de las

prescripciones ya empezadas al momento de su promulgación,

debían computarse de acuerdo a las disposiciones del Código

Civil, y lo que faltaba se reduciría de acuerdo a los preceptos

de la nueva ley.

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La capacidad y el estado de las personas

La capacidad y el estado de las personas están siempre en

el dominio de la ley, porque estando subordinadas al interés

general, pueden siempre ser modificadas por el legislador en

razón de las alteraciones de las costumbres y de las nuevas

necesidades de la sociedad.

Las leyes pueden aumentar o restringir la capacidad de las

personas, de manera que por efecto de una ley nueva pueda

una persona que era capaz para tal o cual acto hacerse incapaz;

en este caso hay que distinguir entre los actos anteriores a la

nueva ley y los que tuvieron lugar posteriormente, los primeros

seguirán siendo válidos, decidir otra cosa sería traicionar

la confianza que hemos puesto en la ley, cuya autoridad se

quebrantaría. Pero respecto a los actos futuros la ley nueva

será aplicable inmediatamente porque la capacidad no es

una propiedad privada sino que se fija soberanamente por el

legislador. Puede darse el caso inverso de que un incapaz pueda

volverse capaz por la voluntad del legislador. En este orden de

ideas podemos citar la ley 390, del 18 de Diciembre de 1940,

que concedió “a la mujer, soltera o casada, plena capacidad

para el ejercicio de todos los derechos y funciones civiles, en

iguales condiciones que el hombre”, y cuyas disposiciones de

acuerdo al artículo II “son enteramente aplicables a las mujeres

casadas anteriormente a su promulgación”.

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En relación con el estado podemos citar la Resolución No.

3874 del Congreso Nacional, de fecha 10 de julio de 1954,

que puso en vigor el Concordato. Esta Resolución establece

la indisolubilidad del matrimonio religioso. Naturalmente,

los matrimonios religiosos contraídos anteriormente, admiten

el divorcio, porque ya existe un contrato realizado sobre cuya

validez no tiene el Concordato ningún efecto retroactivo.

Pero donde se ha concentrado el interés acerca del problema

de la irretroactividad de la ley entre nosotros, y donde existen las

decisiones judiciales más importantes y características, es en lo

que respecta a la filiación natural, que por la promulgación de la

ley 985, del 31 de Agosto de 1945, ha sido una de las cuestiones

más controvertidas.

Planiol cita la ley del 16 de Noviembre de 1912, que

autorizó en varios casos importantes la investigación judicial

de la paternidad natural. Se aplica, dice también a los hijos

nacidos antes de su promulgación, pues no hizo sino autorizar la

prueba de un hecho permanente (una relación de parentesco) y

no podía el padre tener un derecho adquirido para permanecer

desconocido y conservar indefinidamente el beneficio de una ley

abrogada. Este es el criterio de la jurisprudencia francesa.

Nuestra jurisprudencia ha seguido esta orientación al aplicar

la ley 985, del 31 de Agosto de 1945, que es una reproducción

en algunos aspectos de la ley francesa de 1912. En una

sentencia del 17 de marzo de 1954 (B. J. No. 524, página 478 y

siguiente), nuestra Suprema Corte de Justicia determinó, que la

regularización de un status natural, existente antes y después de

la vigencia de la ley, no era efecto retroactivo sino una aplicación

instantánea de dicha ley, “que salvo reservas o prohibiciones

expresas las leyes nuevas se aplican inmediatamente y rigen aún las

situaciones establecidas o las relaciones jurídicas formadas desde

antes de su promulgación, pero que subsigan a ésta”, y establece,

El principio de la irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dominicana

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siguiendo las pautas de nuestra legislación de origen, que el padre

no puede alegar un derecho adquirido a la no declarabilidad de

su paternidad en favor del hijo natural, si se prueba la realidad

del vínculo correspondiente, y con mayor razón, en el caso de

los herederos, su situación respecto al de cujus tampoco puede

constituir un derecho adquirido, puesto que su vínculo, es

en el fundamento natural, de la misma fuerza que el del hijo

natural; “que calificar una situación tal como derecho adquirido

constituye una confusión acerca de lo que es realmente éste”, y

lo define como “el que reúne los atributos de una prerrogativa

completa, definida y absoluta conferida por la ley”.

En una sentencia posterior, del 22 de Diciembre del 1956 (B.

J. No. 556, página 9417 y siguientes) se estatuyó “que en materia de

reconocimiento judicial, la mera reunión de las condiciones que la

ley señala para la declaración del reconocimiento, no constituyen

la posesión de un derecho adquirido, siendo preciso para que esto

ocurra que se pruebe y reconozca en justicia la existencia de tales

condiciones; que es a esta prueba judicial a lo que se opone la

ley 3945, del 23 de Septiembre de 1954, que esta ley ha debido

ser aplicada inmediatamente, sin que esta aplicación pueda ser

calificada de retroactiva, ya que no viene a destruir ningún derecho

adquirido sino a lo sumo simples expectativas o cuando más,

derechos puramente potenciales que estaban pendientes de una

comprobación judicial futura que no puede realizarse por haberlo

prohibido la ya citada ley 3945. Es decir, que la declaración judicial

de paternidad organizada por el artículo 7°. De la ley 985 del 31

de Agosto de 1945, estando subordinada a las contingencias de un

cambio de legislación al ser modificada por la ley 3945 de 1954

que restringe cuando se trata de hijos adulterinos del padre, los

casos en que se permitía la declaración judicial de paternidad; esta

ley, repetimos, rige en vista de su aplicación inmediata, aún las

demandas intentadas antes de su promulgación.

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Sucesiones. Medida de la reserva

hereditaria y de la cuota disponible

La ley del tiempo en que se abre una sucesión es la única

que determina quienes son los que deben recoger la herencia,

y cuál es el derecho de cada uno de los llamados en los bienes

de que se compone. Así pues, la esperanza que pudieran haber

concebido a la herencia otras personas en virtud de una ley

anterior, quedaría desvanecida con la publicación de la nueva

ley, porque tal esperanza no constituía un derecho adquirido;

un candidato a una sucesión no es aún un heredero. Más, si una

nueva ley publicada después de la muerte del de cujus prescribiese

otra forma o modo de hacer la aceptación, o la liquidación o

partición de la herencia, la nueva ley sería y no la antigua, la que

habría de servir de regla para la realización de estos actos.

Hay una jurisprudencia muy interesante al respecto; por

sentencia del 17 de Marzo de 1953 (B. J. No. 512, página

416) la Suprema Corte de Justicia estableció “que en materia

de sucesión es la legislación que está en vigor en la época de

la muerte del de cujus la que decidirá definitivamente sobre el

orden sucesoral y la distribución de los bienes; que si el cambio

de legislación interviene antes de la apertura de la sucesión, los

que tenían vocación sucesoral al amparo de la ley antigua, no

pueden invocar el principio de la irretroactividad porque la ley

nueva no afecta intereses que para sus titulares, constituyan

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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derechos adquiridos en virtud de la ley precedente, sino simples

expectativas que han podido ser arruinadas, ya que un candidato

a una sucesión no es aún un heredero”.

En esa misma sentencia se estableció, con respecto a la

reserva sucesoral y a la cuota disponible, que es la ley vigente en

el momento de la apertura de la sucesión la que debe aplicarse

en estos casos. Que una ley nueva puede aumentar, restringir o

abolir dichas reservas, por tratarse de un derecho de sucesión

incierto, y no de un derecho adquirido que esté al abrigo de los

cambios ulteriores de legislación.

Por aplicación de esos principios se resolvió que como

el artículo 1098 del Código Civil, que instituye una reserva

hereditaria, estaba sujeto a un cambio de legislación, y que por

lo tanto era la nueva ley vigente en el momento de la apertura de

la sucesión de la cual se trataba, la que debía regir los derechos

de los herederos, quienes no podían ya intentar al tenor del

artículo 1098 de dicho Código, la acción en reducción de las

liberalidades consentidas en favor del segundo cónyuge, por

haber expirado el plazo señalado por el referido texto legal.