Capítulo III. Estado social y democrático de derecho: ¿paradigma constitucional o realidad social?

• Páginas: 93-150
• Autor: Lino Vásquez S.

93

CAPÍTULO III

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO

DE DERECHO: ¿PARADIGMA

CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

3.1. Características

La teoría constitucional contemporánea ha consolidado la

tesis de que la legitimidad del Estado proviene directamente

del respeto de los derechos fundamentales. Esto supone como

bueno y válido que la legitimidad estatal reside en el reconoci-

miento de un conjunto de derechos que imponen límites y vínculos

al poder político78.

¿Cuáles son las características matrices del nuevo paradigma?

Conscientes de estar aun en fase de alumbramiento del Estado

Social y Democrático de Derecho –por decirlo así, y teniendo

en consideración que República Dominicana se incorporó tar-

díamente al proceso– se tendrían como tales, la revalorización

de la persona humana, de los derechos inalienables de que goza,

entre ellos la dignidad humana, como derecho fundamental, y

en su conjunto, el sostenimiento de la legitimidad democrática

dimanante de la parte dogmática de la Carta Sustantiva: no

78 CARBONELL, Miguel y Salazar, Pedro. “Presentación”. En: La Reforma Constitucional

de Derechos Humanos: un nuevo paradigma. UNAM: México, 2011, p. VI.

LINO VÁSQUEZ S.

94

solamente características, sino verdaderos mandatos y exigencias

del Estado Social y Democrático de Derecho79 impulsados por la

interpretación reciente, cuya secuela directa es el redimensiona-

miento de los valores y principios constitucionales, que permean

la actividad socio-jurídica nacional.

A propósito de la crisis, Miuznieks, Comisario de Derechos

Humanos del Consejo de Europa, con motivo de su visita a

España durante 2013, manifestó, en cuanto a las medidas de

autoridad, que las mismas tienen un impacto particularmente

en los derechos fundamentales de los niños y las personas con

discapacidad, así como que la reducción de los presupuestos de

educación, lo que está mellando la igualdad de oportunidades de

los niños y el acceso de estos a una educación de calidad.

Siendo el estado de Bienestar un componente fundamental

de la comunidad europea, autores como López Garrido señalan:

... “De modo que si se empequeñece, en cantidad y calidad,

contamina en lo más profundo al cuerpo social, rompe su cohe-

sión y engendra los cuatro jinetes del Apocalipsis: el desempleo/

subempleo, la pobreza, la desigualdad y la xenofobia”80.

Un informe publicado por Oxfam, titulado “La trampa de

la austeridad” subraya que una de cada diez familias europeas

que se desempeñan laboralmente viven en la pobreza y estas ci-

fras resultan alarmantes en países como Chipre, Irlanda e Italia.

Dicho fenómeno no resulta aislado, también en Estados

Unidos la pobreza ha crecido con especial incidencia en la pobla-

ción afroamericana e hispana, donde se refleja que actualmente

46 millones de personas viven en la pobreza81.

79 FAVOREAU, Louis J. y Francisco Rubio Llorente. “El bloque de constitucionalidad”.

XXIII Revista Chilena de Derecho, 1998, p. 112.

80 LÓP EZ G arr ido , Di ego . La Edad del Hielo. RBA Actualidad: España, 2014, pp. 216-217.

81 Ibídem, p. 221.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

95

La crisis de los años noventa impactó de manera negativa

los índices de crecimiento de los estados y afectó no solo las

economías capitalistas, sino también al bloque socialista, esta

crisis no fue más que el reflejo de la crisis del Estado Social y

Democrático, porque dentro de las funciones del Estado se en-

cuentra la coordinación económica. Esto significa, en términos

económicos, que el Estado a nivel universal cayó en una crisis

fiscal, perdió crédito público y disminuyó su capacidad para

generar ahorros.

En este contexto, como observa Massó Garrote82, los pro-

blemas, dilemas y desafíos en la construcción del Estado Social

son enormes. Este Estado de Bienestar que cristalizó en Europa

ha sido objeto de fuertes crisis en tiempos contemporáneos, lo

cual ha contaminado la propia construcción europea y privado a

sus sistemas constitucionales de una buena parte de su dimensión

social, como hemos visto. En cambio, el constitucionalismo lati-

noamericano apostó hacia la configuración de un nuevo modelo

social constitucional, que permite legitimar los poderes públicos

sobre nuevos fundamentos de equidad, justicia e inclusión social,

pero en contextos socioeconómicos y estatales con grandes debili-

dades y precariedades para dar respuestas eficaces a estos desafíos.

Si nos detenemos a analizar el devenir histórico en Lati-

noamérica, algunos países han sufrido los efectos de modelos

autoritarios e incluso dictatoriales; no pocos líderes han utilizado

argumentos desarrollando algunas medidas de carácter populista

como un mecanismo para predicar estados de bienestar y de esta

manera, exhibir comportamientos antidemocráticos.

Los estados latinoamericanos no surgieron fuertemente

institucionalizados; antes bien, nuestros procesos independen-

tistas dieron origen a administraciones públicas sin posibilidades

82 MASSÓ Garrote, Marcos F, ob. cit., p.2

LINO VÁSQUEZ S.

96

económicas de satisfacer las necesidades de los sistemas presta-

cionales, básicamente controladas por caudillos militares, por

líderes autocráticos e institucionalmente débiles. Enfocándose

más ampliamente el análisis del asunto, se evidencia histórica-

mente la manifestación de cuatro tipos diferentes de estados:

– El Estado oligárquico, revestido de “Estado liberal”, que

tuvo su manifestación desde mediados del siglo XIX (1850/60)

hasta más o menos 1910, se fue estableciendo en la mayoría de

los países de América Latina, generalmente como consecuencia

del triunfo de las fuerzas “liberales” sobre las “conservadoras”.

Sin embargo, la inconsistencia ideológica –particularmente

evidenciada por la producción de hermosas declaraciones y

constituciones sin aplicación práctica–, terminó por hacer que

el “ropaje liberal se convirtiera en andrajos”83;

– El Estado autoritario, con un alto grado de militarización

y autoritarismo hasta emerger modernamente a los ejemplos

antonomásticos de Guatemala, Argentina, Chile, Brasil, El

Salvador y República Dominicana, entre otros;

– El Estado neoliberal, aparece en la última década del siglo

XX, pero promocionado insistentemente desde 1947 por la

Escuela de Chicago (Estados Unidos). Se ha hecho, reiterada y

frecuentemente, un comentario de Von Hayek, quien en una de

sus obras, “Camino de Servidumbre”, lanzó un ataque apasio-

nado contra cualquier limitación a los mecanismos del mercado

por parte del Estado, afirmando que estas precariedades son una

amenaza no solo contra la libertad económica, también contra

la libertad política”84;

83 SPIRITTO, Fernando. “Crecimiento, pobreza y desigualdad en un país petrolero:

Venezuela”. En: JAKOB, Olaf (coord...). Pobreza, Desigualdad de Oportunidad y Políticas

Públicas en América Latina. Botafogo: Brasil, 2012, pp. 159-172.

84 COMBELLAS, Ricardo. Estado de Derecho, Crisis y Renovación. Colección Monografías

Políticas, Editorial Jurídica Venezolana: Caracas, 1982, p. 121.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

97

– El Estado populista, resultado de las graves carencias

políticas, económicas y sociales padecidas por los pueblos

latinoamericanos. De manera particular, México y Venezuela

constituyen estados de ese tipo. A tales efectos, debe observar-

se que la Constitución Federal mexicana, de 5 de febrero de

1917, constituye la primicia en la etapa del “constituciona-

lismo social” en América Latina, “al elevar a nivel de normas

fundamentales los derechos de los… desprotegidos y marginados,

es decir, campesinos y obreros, en sus artículos 27 y 123”85.

La eficacia del Estado Social y Democrático de Derecho

descansa en el pacto tácito entre el Estado y sus ciudadanos.

Los ciudadanos legitiman con su actuación el ejercicio del

poder político al que obedecen, y por su parte, el Estado

ejerce influencia en la actuación de los ciudadanos, que le

obedecen. Coincidiendo con Charry Urueña: “… las fun-

ciones del Estado son funciones de servicio. La razón de ser de

estas funciones es la búsqueda de una existencia digna para cada

ciudadano...”86. Ello implica que función social y poder cons-

tituyen una antinomia, porque cuando el Estado se convierte

en un instrumento de poder deja de merecer la calificación

de social.

Las reformas en América Latina muchas veces constituyen

cambios prácticos muy concretos, que tienen como objetivo

contraponerse a los anteriores líderes, contrarios al que esté

gobernando, como consecuencia de las políticas de alternancia

específica; pero no son reformas de las políticas, pues los meca-

nismos de participación tienen en Latinoamérica una vocación

conservadora y tradicional. La necesidad de las reformas demo-

85 FIX Zamudio. Héctor. La Constitución y el Estado Social de Derecho, Tomo V, UNAM:

México, pp. 73-92.

86 CHARRY Urueña, Juan Manuel, ob. cit., p. 31.

LINO VÁSQUEZ S.

98

cráticas para América Latina deberá permitir, en algunos casos,

superar barreras costumbristas.

El constitucionalismo latinoamericano contemporáneo transi-

ta hacia la construcción de un nuevo modelo social constitucional,

con el objetivo de legitimar los poderes públicos ante los nuevos

retos de equidad, justicia e inclusión social. En América Latina, en

el marco del Estado Social y Democrático de Derecho subyace una

profunda contradicción entre desarrollo y bienestar social, pues se

hace necesario resolver los problemas elementales de pobreza, mar-

ginalidad, desnutrición, muertes infantiles y degradación ambiental.

De esta forma, la Corte Constitucional de Colombia ha

manifestado que el Estado Social de Derecho es precisamente

el Estado de Derecho con aquella mínima realización de los

derechos sociales fundamentales. De forma tal, que este va a la

búsqueda de que la concepción de Estado sea ambiente propicio

para el ejercicio de la libertad y la igualdad real y no formal. Para

esta Corte, la realización de los derechos sociales fundamentales

constituye el parámetro efectivo para mejorar la manifestación

del Estado social de derecho, sin que ello implique la imposición

de un modelo económico o social, y otorgándole preeminencia

al orden social justo y, por supuesto, a la dignidad humana87.

En la actualidad, el Estado Social y Democrático de Derecho

se ha asociado directamente a la actividad de los poderes estatales, de

manera tal que los mismos quedan obligados constitucionalmente

a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas…

(y a) remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”

88

.

87 MOLINA Betancur, Carlos Mario. Corte Constitucional y Estado Social de Derecho,

Universidad de Medellín: Colombia, 2007, p. 19.

88 LOP ERE NA R ota ; D. “La irr eve rsi bi lid ad d e lo s De rec hos Soc ial es” , Aranzadi Doctrinal,

núm. 9, 2012, pp. 11-14.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

99

Aunque estamos familiarizados con las problemáticas

relativas a los derechos sociales existe una seria dificultad para

plantear un debate sincero sobre los mismos. Ello, a pesar de que

se tenga una clara concepción de que “el silencio es cómplice de la

injusticia social” 89.

No cab e dudas de que t ras la consolidación del con stitu-

cionalismo social se puede afirmar el rango constitucional de los

derechos sociales, de forma que participan del llamado estatus de

los derechos fundamentales, en tanto que estos se caracterizan por

ser irrenunciables, inalienables, indisponibles, intransmisible e

inviolables90. Sin embargo, como se ha dicho, el reconocimiento

de los derechos sociales en el rango constitucional no resuelve por

sí mismo los diversos problemas conceptuales y de tutela judicial

efectiva que llevan intrínsecamente. Con vistas a alcanzar su efec-

tivo cumplimiento ha de considerarse el nivel de heterogeneidad

que concurre en la aplicación de los derechos sociales, y su condi-

ción de dependientes, en buen grado, de las ideologías políticas y

valores sociales.

Por supuesto, el garantismo resulta ser clave en el paradig-

ma que se describe en esta obra. Así es, pues poco o nada vale,

en los hechos, lo asegurado por la Constitución, si la persona y

los grupos carecen de acceso –fácil y expedito–, a las acciones

y recursos, deducibles ante tribunales independientes e impar-

ciales que, según la cita de Cea Egaña91 de la obra de Ferrajoli,

“les permitan prevenir o rectificar los atentados en contra de la

dignidad humana y del ejercicio legítimo de los derechos que tal

cualidad única lleva consigo”.

89 CASCAJO Castro, J.L, ob. cit., p. 13.

90 Ibídem, p. 13.

91 CEA Egaña, José Luís. Estado Constitucional de Derecho, nuevo paradigma jurídico, pp.

43-56. El autor cita a FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La Ley del más débil.

Madrid: Trotta, 1999.

LINO VÁSQUEZ S.

100

De igual manera, existe la obligación, por parte de los

estados, de implementar progresivamente los derechos econó-

micos y culturales, por lo cual pueden ser extraídas algunas

obligaciones concretas, con vistas a su posible sometimiento a

revisión constitucional. En ese sentido, Abramovich, y Courts

Cantón plantean:

(…) la obligación mínima asumida por el Estado al respecto,

es la obligación de no regresividad, es decir, la prohibición de

adoptar políticas y medidas y por ende, de sancionar normas

jurídicas, que empeoren la situación de los derechos económicos,

sociales y culturales de los que gozaba la población al momento de

adoptado el tratado internacional respectivo (…) 92.

Ahora bien, en cuanto a ello, resulta obligado el análisis de

la reversibilidad de las prestaciones relacionadas con los llamados

derechos sociales, lo cuales han sido abordados no exentos de

polémicas matizadas en la doctrina constitucional. De confor-

midad con la misma, Ponce Solé considera que: “… la irreversi-

bilidad en todo caso, por imperativo constitucional, de los derechos

legislativos del orden económico social supondría un inaceptable

vaciamiento del principio de pluralismo político y de la cláusula de

Estado democrático…”, debido a que la misma se convertiría en

un franco obstáculo para impedir la efectiva realización de op-

ciones de configuración social, la cual deberá establecerse en base

a las posibilidades de disponibilidad de los recursos materiales de

la comunidad, por lo que superar las mismas se convierte en una

razón de peso para “corregir” dichas prestaciones93.

92 ABRAMOVICH, Víctor y Christian Courts. “La Interpretación de los Tratados Inter-

nacionales de Derechos Humanos por los órganos Internos en el caso de las obligaciones

estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. En: CANTÓN J.,

Octavio y Santiago Corcuera C. Coordinadores. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ensayos Materiales, Editorial Porrúa: México, 2004, p. 36.

93 PONCE Solé, Juli, ob. cit., pp. 26-27.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

101

En ese sentido, Vaquer, al analizar la anterior cuestión, plan-

tea que el legislador cuenta con un amplio espectro de aprecia-

ción, con el objetivo de revisar, restringir o derogar prestaciones

sociales en el ámbito de los derechos sociales constitucionales,

pero este ámbito de actuación no tiene carácter ilimitado, pues

deberá ejercerse de forma proporcionada, no arbitrariamente y

con razón suficiente94.

En consonancia con este criterio, el Tribunal Constitucio-

nal español, a pesar de no entrar en una consideración específica

del principio de irreversibilidad de los derechos sociales, ha ad-

mitido este criterio con matices. Así, tenemos la jurisprudencia

(STC 81/182/FJ3) subrayando al efecto: “no se puede privar al

trabajador, sin razón suficiente para ello, de las conquistas socia-

les ya conseguidas”, disponiendo que el legislador debe revertir

tal norma para adecuarla a la necesidad del contexto, tomando

en cuenta las condiciones económicas y disponibilidad de los

recursos (SSTC 65/1987 65/1990 y 128/2009).

Este planteamiento introduce al debate un tema controver-

sial, que gira en torno al planteamiento que sostiene que: “(…)

de acuerdo con el principio de distinción funcional existente en

la Constitución, si se invocaran directamente los derechos socia-

les, el poder judicial podría determinar el gasto público en los

diversos sectores y se produciría una invasión judicial indebida

de ámbitos de poder que le son ajenos”95.

Efectivamente, las constituciones establecen como principio

común una distinción de carácter funcional de los poderes públicos,

con el fin de lograr cometidos distintos y un sistema de contención

94 VAQUER, M. citado por Ponce Solé, Juli. El derecho y la (ir) reversibilidad limitada

de los derechos sociales de los ciudadanos. Instituto Nacional de Administración Pública:

España, 2003, p. 28.

95 PONCE Solé, Juli, ob. cit., p. 38.

LINO VÁSQUEZ S.

102

y equilibrio. En este ámbito de actuación, si el Tribunal Constitu-

cional o los tribunales ordinarios actuaran ante los incumplimientos

de los derechos sociales por parte de los otros poderes públicos, se

pudiera considerar que extralimitarían el ejercicio de sus funciones,

como sostiene Ponce, “actuando sin legitimación democrática”,

entrelazando su actuación con aspectos de política económica, los

cuales no entran en el ámbito de su competencia96.

Ponce97 se refiere al núcleo mínimo necesario para la realización

de los derechos sociales, los cuales se encuentran sujetos a tres con-

diciones, a saber: la primera tiene una relación con los conceptos de

condiciones básicas y garantía institucional; en segundo lugar, que

la decisión administrativa haya tomado en cuenta los principios de

proporcionalidad o igualdad y, por último, si tiene lugar una afecta-

ción al mismo, entonces la decisión reguladora es inconstitucional.

Por consiguiente, ha de considerarse la existencia de un “núcleo

mínimo inviolable” por parte del legislador de los derechos sociales,

como señala Cortina: “(…) es urgente determinar en cada Estado

qué necesidades considera lo que algunos llaman un mínimo de-

cente, otros un mínimo absoluto, otros un mínimo razonable, por

debajo del cual no puede quedar ese Estado si pretende legitimidad.

Ese mínimo no compone, no lo pretende tampoco, el bienestar de

los ciudadanos, sino que es una exigencia de justicia (…)”98.

En fin, es rasgo esencial del nuevo paradigma, el rol prota-

gónico, activo o dinámico, de todos los jueces, ya sea en su papel

de control difuso o control concentrado de constitucionalidad

o en todo caso, de garante de los derechos fundamentales, en el

despliegue de las potencialidades humanistas de la Constitución.

96 Ibídem, p. 39.

97 Ibídem, p. 62.

98 CORTINA, Adela, citada por Ponce Solé, Juli. El derecho y la (ir)reversibilidad limitada

de los derechos sociales de los ciudadanos. Instituto Nacional de Administración Pública:

España, 2003, p. 62.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

103

Aunque orientados e impulsados por la jurisprudencia irradiante

del Tribunal encargado de garantizar su supremacía, los jueces,

sin excepción, tienen que pensar y decidir con tal mentalidad

garantista, encuadrándose, como es obvio, en los parámetros

configurados por las sentencias vinculantes de esa magistratura.

Un Estado Social y Democrático de Derecho proporciona

a sus ciudadanos mecanismos efectivos para la solución de con-

flictos, tanto entre ellos como en sus relaciones con la Adminis-

tración. Ese principio general es precisamente el que identifica el

artículo 69 de la Constitución dominicana de 2010, al disponer

como garantía el derecho al recurso para la defensa de los derechos

e intereses individuales, para lo cual debe obviamente reconvertir

en derecho, igualmente, la posibilidad de acceder a la justicia, de

acudir donde los jueces, plantearles el asunto base del conflicto y

obtener y realizar una solución jurídicamente acordada.

De manera tal, que el acceso a la justicia se convierte en un ver-

dadero portal por el que, tras el cumplimiento de requisitos mínimos,

pueden ingresar al sistema (la justicia constitucional, en este caso), los

conflictos cuya tramitación y relevancia lo justifiquen. En cualquier

caso, si no existe una efectiva protección por parte del Estado.

Es tal la importancia y trascendencia del acceso a la justicia

que si no pudiera realizarse en la práctica, la ley perdería toda

vitalidad, toda razón de ser, puesto que acceder a la justicia

implica la posibilidad de reclamo frente a la vulneración de

derechos fundamentales99.

En la justicia constitucional se ha tratado, a partir de

2010, de eliminar las barreras de acceso que puedan enfrentar

las víctimas. El esfuerzo es una continuación de lo que ya se

99 CAPELLETTY, Mauro, El acceso a la justicia. Movimiento mundial para la efectividad

de los derechos. Informe General, Buenos Aires, Colegio de Abogados del Departamento

Judicial de La Plata, 1983, p. 54.

LINO VÁSQUEZ S.

104

estaba haciendo en este campo desde principios del siglo XXI,

respecto del derecho de acceso que debe caracterizar el Estado

Social y Democrático, promoviendo la creación de agencias

de asistencia judicial gratuita100, ampliando los horarios de

acceso ciudadano, permitiendo la acción de amparo contra la

Administración, libre de obstáculos, y cualquier otra exigencia

que pudiera vulnerar este derecho de quienes no tuvieran cómo

hacerlo, entre otras medidas.

No puede establecerse una identificación entre las garantías

procesales básicas, entre las que se cuenta el acceso a un tribunal

de justicia, y el acceso a la justicia como derecho complejo, ins-

trumental y sustantivo a un tiempo. Es por ello que este derecho

es, más que de acceso a los tribunales, un remedio eficaz para un

problema tutelado por el Derecho.

Una política eficaz de acceso a la justicia implica, en conse-

cuencia, crear o fortalecer toda instancia, estatal o comunitaria,

centralizada o descentralizada, que coadyuve a garantizar el

ejercicio de los derechos y que sea capaz de dar respuesta, con

imparcialidad e integridad, a las demandas de las personas, en

especial de aquellas a las cuales se les ha violentado un derecho y

se encuentran en estado de vulnerabilidad. A nuestro juicio, los

estados tienen la obligación de implementar políticas públicas,

orientadas a eliminar los obstáculos de acceso pleno a la justicia.

De donde se acepta, como regla general, que el acceso a la

justicia es un derecho consustancial con los sistemas democrá-

ticos, cuyas pretensiones se fijan en torno a la posibilidad de

subsanación de las vulneraciones de derechos101. En consecuen-

100 Artículo 2, Ley 277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública en “Norma-

tiva procesal penal Dominicana”, Editora Taína: Santo Domingo, 3ra. ed., 2007, p. 378.

101 BIRGIN, Haydée y Beatriz Kohen. Acceso a la Justicia como Garantía de Igualdad.

Buenos Aires: Biblos, 2006, p. 15.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

105

cia, el acceso a la justicia puede ser considerado desde aspectos

diferentes, aunque complementarios, a saber:

- El acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de

acceder al sistema judicial contando con la represen-

tación de abogado, hecho que resulta fundamental en

el camino de convertir un problema de vulneración de

derecho en un reclamo de carácter jurídico;

- La disponibilidad de un buen servicio de justicia, es

decir, que el sistema brinde la posibilidad de obtener un

pronunciamiento judicial en un tiempo prudente;

- La posibilidad de sostener el proceso completo, es decir,

que las personas involucradas no se vean obligadas a

abandonar una acción judicial a lo largo del proceso por

razones ajenas a su voluntad. En este sentido, el sistema

debería proveer los recursos e instrumentos necesarios

para garantizar esta cobertura, en especial para los secto-

res y grupos en desventaja económica y social102.

- El conocimiento de los derechos por parte de los ciu-

dadanos, y la disponibilidad de los medios para poder

ejercer y hacer reconocer esos derechos y, específicamen-

te, la conciencia, los derechos y obligaciones del Estado

para facilitar el acceso a la justicia103.

De manera general, se puede sostener que el derecho de

acceso a la justicia implica la posibilidad de toda persona, con

total independencia de su condición económica, social o de

cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para

formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo

de esos tribunales y, que la resolución pronunciada sea cumplida

y ejecutada.

102 Ídem.

103 Ídem.

LINO VÁSQUEZ S.

106

Villarán, respecto de esta cuestión plantea: “La doctrina

y la jurisprudencia del sistema interamericano de defensa de los

derechos humanos ha propuesto el acceso a la justicia como norma

“ius cogens”, que exige a los Estados tomar previsiones, las que sean

necesarias, para hacerla una garantía efectiva” 104.

Es en este sentido que Alemán identifica al Estado moderno

como una estructura cuya acción, basada estrictamente en las

economías sociales y de mercado con privilegio de la iniciati-

va privada, de manera tal que para poder reconvertirlo en un

“instrumento de justicia social” se debe ejercer “… una cierta

intervención redistributiva de la riqueza y de los recursos, permi-

te corregir los excesos individuales o colectivistas”105.

3.2. Tribunales constitucionales como agentes de cambio

social

En este punto, la acción de control del Tribunal Consti-

tucional puede convertirle en un agente de cambio social, de

concreción de derechos económicos y sociales. A tales efectos,

la expresión “agente de cambio social” se utiliza en este contexto

como resumen terminológico del nuevo paradigma constitucio-

nal resultante del ejercicio del control de la actividad administra-

tiva por la Corporación Constitucional.

En definitiva, se trata de describir la interpretación de la

realidad jurídica para propiciar el acceso a derechos económicos

y sociales y con ello, a introducir en el medio social en el que se

104 VILLARÁN, Susana. “Acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de Derechos

Humanos”. Informe Final del proyecto Lineamientos y buenas prácticas para un adecuado

acceso a la Justicia en las Américas, Organización de Estados Americanos (OEA), Instituto

de Defensa Legal, Consorcio Justicia Viva, Lima, Diciembre, 2007, p. 6.

105 ALEMÁN Peñaranda, Iván. Elementos de un nuevo paradigma constitucional para la

sociedad colombiana. Justicia Juris, Vol. 7, núm. 2, 2011, pp. 67-76.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

107

actúa, una particular forma de entender y explicar el ideal social

institucionalmente propiciado. Esta doctrina ha encontrado

resistencia por parte de la concepción tradicional que emerge de

las escuelas de Montesquieu, sostenida por el criterio del papel

jurídico y no político de los órganos jurisdiccionales.106

La justicia constitucional puede actuar como un agente de

cambio social en dos vertientes, según Sagüés. La primera tiene

lugar cuanto este colegiado “opera como un agente convalidante

del cambio social”. Esta manifestación puede ocurrir de modo

indirecto, en los casos en que la aprobación constitucional de

un cambio social ocurra de modo indirecto o práctico, es decir,

cuando considera que un cambio coincide con la Constitución

o si se abstiene de controlarlo, al clasificarlo de una “cuestión

política no justiciable”107.

La postura anteriormente señalada encuentra su contrapar-

tida en el argumento sostenido por los defensores del rol de los

tribunales como agentes de cambio social, quienes sostienen que:

“han sido los tribunales los que inventaron aquella doctrina y que

elaboran el catálogo de las cuestiones políticas “no justiciables”,

y de las “justiciables”, los que han judicializado muchos espacios

otrora estrictamente “políticos”, con lo que el mapa de las political

questions hoy se encuentra sensiblemente reducido”108.

Los tribunales constitucionales deben ser entendidos como

“agentes de cambio social”, respondiendo en esos términos a las

exigencias sociales de cumplimiento de los postulados y previ-

siones generales de las constituciones, particularmente en lo que

atañe a los asuntos económicos y sociales. En este sentido, estos

106 SAG ÜÉS , Né sto r P. y Li no Vá squ ez S ámu el. “Los Tribunales Constitucionales como Agentes

de Cambio Social”. VII Encuentro de Derecho Procesal Constitucional, Tomo I. Santo

Domingo, R.D.: Comisión Naciona l de Ejecución de la Reforma (CONAEJ), 2011, p. 18.

107 Ibídem, p. 17.

108 Ibídem, p. 20.

LINO VÁSQUEZ S.

108

tribunales realmente enfrentan la avalancha de insatisfacción de

los pueblos respecto de los poderes ejecutivos que no pueden

regular ciertos derechos, cuya insatisfacción genera demandas

concretas, “… alimentadas por un cada vez más expeditivo

derecho procesal constitucional, ante los tribunales, para los

cuales les resulta harto difícil negarse a atenderlas, so pretexto de

abordar temas “políticos no justiciables”109.

Una segunda vertiente de manifestación de la justicia

constitucional como agente de cambio tiene lugar cuando este

órgano actúa como agente promotor o lidera el cambio, ya sea

cultural, económico, religioso, entre otros, adelantándose por la

vía de la jurisprudencia.

La justificación de la necesidad del cambio social implica

que el Tribunal Constitucional juzgue, con la cautela debida, en

el sentido de que la justicia constitucional que produzca dicho

cambio deberá articularlo en la jurisprudencia, pues tal como

expresa Sagüés, “no se trata, por cierto, de declarar utópica y li-

vianamente “derechos imposibles” por el mero hecho de resultar

muy agradables o idealmente perfectos, si luego se carece de los

medios de satisfacerlos, actitud que evidenciaría no un cambio,

sino un verdadero fraude social”110.

Partimos de este enfoque con vistas a la aceptación de la

función del Tribunal Constitucional en el cambio social, ya que

la función constitucional va encaminada a la aplicación de este

derecho a la realidad social. Por ende, la realización del Derecho

Constitucional no es posible sin una clara apertura a la realidad

social. La línea más moderna de la sociología constitucional con-

cibe al mismo bajo el prisma funcional de interpretar el Derecho

con arreglo a unos principios determinados, y la tarea del juez

109 Ibídem, pp. 18-39.

110 Ibídem, p. 28

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

109

constitucional es tener en cuenta, junto a esos fines del Derecho

Constitucional, la forma en que se cumplen en el entramado

social, o la manera en que podrían cumplirse más eficazmente. A

juicio de Sagüés: “La justificación de ese cambio remite al tema

de la legitimidad de las interpretaciones mutativas, en particular

de las operadas más allá, e inclusive, contra constitutionem”111.

A este respecto, Víctor Joaquín Castellanos, sostiene que

desde un punto de vista puramente sociológico, se trata de

involucrar transformaciones que afectan normas, valores,

comportamientos, significados culturales y relaciones sociales.

Esta definición, citada del original “Diccionario de Socio-

logía”, de Gordon E. Marshall adopta una visión amplia de

cambio social, pero remite al cuestionamiento de lo que sean

“normas” y “valores”.

En tal sentido:

(…) la noción de cambio social es la variación de las estructuras

o pilares de la sociedad conformadas por valores, símbolos, pro-

ductos y normas de carácter político, económico, ético y cultural,

que responden al devenir histórico de dicha sociedad o a factores

exógenos, endógenos, demográficos, económicos, tecnológicos,

culturales, ideológicos o una combinación de uno o varios de

estos”. En fin, el cambio social resulta de aquellas decisiones

(…) que han logrado impulsar las diferentes necesidades de

grupos sociales por el respeto y la consagración de la igualdad,

la dignidad humana, la cultura y el libre desarrollo de la per-

sonalidad (…)112.

A este propósito, se replantea la concepción de la función

del juez constitucional, en tanto una vez comprometido con el

carácter pluralista de la sociedad donde ejerce sus funciones, abre

111 SAGÜÉS, Néstor P. y Lino Vásquez Samuel, ob. cit. p. 29.

112 CASTELLANOS, Víctor J., documento en línea: http://tribunalconstitucional.gob.

do/sites/default/files/documentos/Victor%20Joaqu%C3%ADn%20Castellanos.pdf,

consultado en fecha 21 de agosto, 2015.

LINO VÁSQUEZ S.

110

paso a través de su jurisprudencia, a un estadio en el cual, por

un lado, los distintos disensos de la sociedad sean escuchados y,

por el otro, se logre una transición y resolución expedita en la

protección de derechos vulnerados.

3.2.1. Justificación y tipos de cambio social como

paradigma constitucional: nuevos desafíos de

la realidad social

Tal como originalmente lo propuso Koski, de acuerdo a lo

expresado por Sagüés, los cambios sociales que puede introducir

un Tribunal Constitucional… “proceden siempre que la política

y los políticos se muestren impotentes o, simplemente, no están

dispuestos a impulsarlos”113.

Como hemos apuntado, se acepta como válida la concep-

ción de la doctrina de que existen dos formas posibles de cam-

bio: “convalidante” o “de creación”. La primera ocurre cuando

el Tribunal acepta una determinada resolución a un asunto de

particular relevancia, solución ya propiciada por otros poderes

del Estado; la segunda, cuando el Tribunal Constitucional

actúa propiamente, hablando como “agente promotor o induc-

tor” del cambio social de que se trate, lo que ocurre cuando se

propone una solución novedosa o no aceptada o propuesta

con anterioridad.

No obstante, subsiste el cuestionamiento siguiente: ¿Es

jurídicamente válido que el Tribunal Constitucional genere

cambios sociales, aceptando control sobre derechos económicos

y sociales? Más aun, vale cuestionarse acerca de si el cambio

social es “la razón detrás de determinado fallo”, y entonces, el

cambio social parecería ser una causa o razón de la decisión; o si

113 SAGÜÉS, Néstor P., y Lino Vásquez Sámuel, ob. cit.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

111

el cambio social es o no una causa, sino la consecuencia directa

o indirecta de una sentencia.

A título de ejemplo, dentro de las primeras sentencias del

Tribunal Constitucional, durante el año 2012, se destacaron

decisiones que, de una u otra forma, indujeron a un cambio

social. Son las que se describen a continuación:

– Sobre asuntos de familia, TC/0010/12, TC/0012/12.

– Sobre violación a la función social del derecho de pro-

piedad, TC/0036/12.

– Sobre libertad de empresa, TC/0049/2012.

Estas decisiones, conjuntamente con otras relevantes,

adoptadas por el colegiado, se analizan más detenidamente en

el desarrollo del epígrafe, que abarca una aproximación al Estado

Social y Democrático de Derecho en República Dominicana desde

las sentencias del Tribunal Constitucional. No obstante, resulta

obligado en este apartado enunciar las mismas, ya que trazaron

líneas doctrinales en la génesis de la jurisprudencia constitucional.

En ese sentido, merecen además señalarse las sentencias

TC/0093/13, que interpreta la variación unilateral de contratos

de Bienes Nacionales en beneficio de adquirientes de la tercera

edad, y la sentencia TC/0167/13, sobre derecho del Medioam-

biente y los Recursos Naturales, por citar solamente algunas. Vale

destacar que la ratio decidendi de esta última constituye la pri-

mera defensa constitucional de la imposibilidad de explotación

de recursos mineros cuando se produce una grosera afectación al

medio ambiente.

Por otra parte, el principio de igualdad sustancial y el

reconocimiento explícito de derechos sociales se identifican

en la Constitución dominicana: el principio de protección

tanto de la familia (artículo 55) como de las personas mayores

(artículo 57), los discapacitados (artículo 58), los derechos del

LINO VÁSQUEZ S.

112

consumidor o usuario (artículo 53), a la vivienda (artículo 63),

a la seguridad social (artículo 60), a la salud (artículo 61), al

trabajo (artículo 62), a la educación (artículo 63), culturales y

deportivos (sección tercera), colectivos y del medio ambiente

(sección cuarta). Se ha dicho que esos derechos “… cierran el

círculo de un amplísimo elenco de derechos típicos del más

moderno Estado Social”114.

El surgimiento del Estado Constitucional, y su derivado

actual, el Estado Social y Democrático de Derecho, tal como

se configura en la Carta Magna dominicana, fue el resultado

de un proceso histórico, cimentado sobre la base de al menos

tres principios esenciales: la democracia sustancial –o sea, no

la democracia formal o como manifestación de la voluntad de

la mayoría&; el principio democrático,115 como garantía de su

funcionamiento, y fundamento de los poderes del Estado y su

legitimidad; y el principio de la supremacía constitucional, que

gravita unido al principio de igualdad sustancial con el reco-

nocimiento explícito de los derechos sociales y sus garantías de

protección. De esta forma, el modelo de Estado constitucional-

mente aceptado, concibe la Constitución como norma suprema,

creada para operar dentro de un marco de principios y valores

socialmente obligatorios.

Una de las primeras clasificaciones de las constituciones

establece que ellas podían responder a tres tipos esenciales:

114 GONZÁLEZ-Trevijano, Pedro, ob. cit., pp. 86-87.

115 En palabras del doctor Marcos Massó Garrote, la Constitución normativa no se puede

explicar sin el principio democrático, constituido en la base de todo el derecho constitu-

cional. Se caracteriza por su naturaleza dinámica, que evoluciona de forma permanente

y constante, es decir, no es un concepto estático, ni se reduce al modelo de participación

del sufragio, sino que incluye la participación ciudadana en el ejercicio del poder; no

solamente es gobierno de la mayoría. Es, sobre todo, el respeto de los derechos de las mi-

norías. Información obtenida en ocasión de la conferencia dictada por este en la apertura

del Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos en Higüey, celebrada el

sábado 21 de julio de 2018.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

113

Constitución “normativa”, Constitución “nominal” y Cons-

titución “semántica”116. Así, para que un Estado fuera verda-

deramente “constitucional” debía aplicar una “Constitución

normativa”, o sea, debía asimilar y aplicar la Constitución

como norma suprema, vinculante, capaz de regular con efec-

tividad y eficacia el poder público, como lo correspondiente

a la esfera privada.

Todo Estado “constitucional” debe tener una Constitución

“normativa”, como característica distintiva117. Esta comprensión

de la Constitución alude: “(…) no tanto a un conjunto de normas,

sino a un particular documento normativo, que formula y codifica

las normas que ´dan forma´ al Estado”118. Lo anterior hace re-

ferencia a tres acepciones más de lo que deba considerarse una

Constitución: formal –referida a forma del Estado–, material

–que provee las reglas de funcionamiento del régimen político–,

y como límite al poder político –que crea un ordenamiento tal

que el poder político queda limitado por normas y reglas, y en el

que la libertad ciudadana resulta protegida–.

Es así que, la Constitución tal como actualmente se en-

tiende el concepto, plantea a la jurisdicción constitucional la

necesidad de una interpretación acorde con el interés general

o “bien común”. Por ello, para promover, proteger o aupar ese

bien común, es aceptable, en principio, que el Tribunal Consti-

tucional se comporte como un agente de cambio social.

Como ya hemos dicho, las aportaciones teóricas princi-

pales de los referidos estudios se concretan en la definición

116 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución, Madrid: Ed. Ariel (traducción de

Gallego Anabitarte), 1983, p. 158.

117 GUASTINI, Riccardo. “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso

italiano”. En: CARBONELL, M. (coord.). Neoconstitucionalismo(s). Porrúa: México,

2003, pp. 161-176.

118 Ídem.

LINO VÁSQUEZ S.

114

de las dos grandes tendencias con las que pueden actuar los

tribunales constitucionales cuando se convierten en agentes o

motores de cambio social: la convalidante y la promotora o

inductora del cambio.

En este punto, conviene indicar algunas consideraciones de

la tesis que plantea Ferrajoli en su obra Poderes Salvajes119. En

efecto, se plantea un asunto clave para entender y explicar ade-

cuadamente la posibilidad de que los tribunales constitucionales

se conviertan o actúen como agentes de cambio social.

A partir de la definición de la “esfera de lo indecidible”, Ferra-

joli concluye que ya no es posible para un gobierno democrático,

ni siquiera cuando la mayoría lo acepta, restringir los derechos

fundamentales. De ello resulta que los derechos fundamentales

confluyen en una transformación decisiva del sistema democrá-

tico, de manera que permitan a las instancias de interpretación y

aplicación de esos derechos convalidar un cambio social e introdu-

cir una interpretación tal que modifique el ordenamiento, siempre

que con ello se evite la vulneración de tales derechos.

Al referirse a la “esfera de lo indecidible” de Ferrajoli, Sagüés

aborda la teoría negativa del cambio social para explicar que

existe una doctrina adicionalmente aceptada, que sustenta las

cuestiones políticas no justiciables o political questions, dentro

del “quehacer constitucional”, en donde ciertas áreas están

reservadas a los poderes clásicamente políticos (Ejecutivo y Le-

gislativo), que no deben estar sometidas al escrutinio judicial de

constitucionalidad: la guerra, la paz, planificación económica…

etcétera. Para Sagüés y Ferrajoli, cada vez es más reducida la

lista de cuestiones políticas no justiciables, al menos cuando se

refieren a derechos fundamentales.

119 FERRAJOLI, Luigi. Poderes salvajes: crisis de la democracia constitucional. Trotta: Ma-

drid, 2011.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

115

Se advierten rápidamente dos elementos principales en la

definición de Sagüés, con la que por cierto, él mismo termi-

na en desacuerdo en el análisis de la tesis negativa: en primer

lugar, la Constitución-contrato es una superación del modelo

tradicionalmente aceptado de Constitución-promesa, y en se-

gundo lugar, ahora se acepta que la Constitución sea reclamable

y exigible ante los tribunales; incluso hay casos en los que la

misma Carta Política programa cambios sociales contunden-

tes, al consagrar nuevos derechos fundamentales de manera

explícita, o incluso se obliga a la jurisdicción constitucional a

aceptar derechos no consagrados taxativamente en la norma, por

aplicación de la teoría que ve en la consagración de los derechos

fundamentales una cláusula abierta, que no existe enumeración

para su validez –derechos fundamentales implícitos–.

Otros aspectos valiosos del tema se relacionan con la

conceptualización de las políticas públicas como “conjuntos de

acciones y decisiones coherentes, racionalmente adoptadas por

los poderes públicos”, usualmente bajo coordinación con actores

sociales (como exige la doctrina de “gobernanza”), como forma

de resolver o atender a la solución de necesidades sociales plan-

teadas por grupos de individuos en relación con la protección

progresiva de sus derechos. A esos fines de solución y satisfacción,

el Estado destina, a través de políticas creadas al efecto, recursos

humanos, técnicos, físicos o económicos.

Sin embargo, la conceptualización tradicional de que las

políticas públicas conciernen de manera principal al ámbito

“íntimo” o “propio” de la administración pública, diseñadas y

ejecutadas por técnicos y especialistas en diferentes materias, y

que estos tienen el deber de analizar la relación costo-beneficio

de dichas políticas sin atender particularmente al ámbito jurídi-

co, y especialmente sin considerar el ámbito constitucional de

tales políticas, justifica la esencia de la doctrina que propone un

LINO VÁSQUEZ S.

116

enfoque integral de análisis de los derechos (dimensión jurídica)

vinculados con las políticas públicas y con derechos de carácter

prestacional, como son parte de los identificados por Sagüés en

su obra citada: vivienda y salud, sobre todo.

Este tratamiento doctrinal sobre el enfoque de derechos en

el diseño de las políticas públicas evidencia, necesariamente, un

sesgo en las doctrinas jurídicas que induce la consideración de

los derechos fundamentales en el contexto de un marco cons-

titucionalizado, orientado al bienestar social y a la vigencia de

la supremacía constitucional como elementos necesarios para la

realización plena del Estado Social y Democrático de Derecho

descrito por la Carta Magna en su artículo 7.

En consecuencia, el hecho de que el desarrollo de la teoría

constitucional ha implicado la necesidad de que la dimensión

jurídica y constitucional de las políticas públicas deba realizarse

a la luz de la creciente incidencia que ha tenido la jurispruden-

cia constitucional en el ámbito del comportamiento adminis-

trativo, gubernamental o público, sobre todo cuando se trata

de garantizar el reconocimiento de derechos fundamentales

de particular naturaleza social, como la salud, la vivienda y el

trabajo, entre otros. La interpretación constitucional resulta así

inescindible del desarrollo, en tanto y cuanto fija patrones in-

terpretativos que promueven la satisfacción de los presupuestos

necesarios para el ejercicio de las libertades y la protección de

derechos de grupos vulnerables.

La relación de soporte mutuo entre los derechos fundamen-

tales, la interpretación constitucional y las políticas públicas debe

ser entendida como una de las manifestaciones esenciales del

paradigma o realidad social del Estado Social y Democrático de

Derecho y de la doble dimensión de los derechos fundamentales,

pues este tipo de Estado se caracteriza porque la jurispruden-

cia constitucional abre posibilidades para reducir la constante

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

117

y lamentable brecha entre lo normativo y lo fáctico, entre lo

propuesto o prometido y lo realmente aplicado.

En definitiva, se impone el juicio de que el Estado Social es

una superación evolutiva del Estado liberal al que la Constitución

dominicana apuesta, “su alcance, es decir, la profundidad de la so-

cialización que presupone depende de su plasmación constitucional

y legal y de la realidad de cada país dispuesto a instaurarlo…” 120.

Del anterior análisis importa retener y reiterar que la

República Dominicana vive la eclosión constitucional de

los derechos sociales con el vigor y las mismas características

de buena parte de los países de América Latina que la ha

recogido, a su vez, con ansias de superación de Europa. La

peculiaridad de América Latina es que el impulso viene de

las reformas constitucionales y los tribunales constitucionales.

Por su parte, en Europa, la propulsión viene de la mano con

la doctrina, que afortunadamente, en la actualidad mira hacia

el neoconstitucionalismo latinoamericano, cuyos procesos de

reforma se inspiraron no solamente en su historia y mode-

los propios, sino que apuestan por la superación del Estado

Democrático “liberal” por el Estado Social y Democrático

de Derecho, como instrumento de concretización social del

nuevo paradigma constitucional.

Como hemos visto, este nuevo paradigma, que replantea los

derechos sociales, se asienta en el contenido esencial irradiante

de la dignidad humana y se incardina en los principios de indi-

visibilidad, interdependencia, igual valor, igual jerarquía, igual

exigibilidad, igual justiciabilidad, igual protección, universali-

dad, naturaleza colectiva e individual121.

120 GONZÁLEZ-Trevijano, Pedro, ob. cit., pp. 86-87.

121 LÓP EZ G arr ido , Di ego . “L a Di men sió n Pol íti co C ons tit uci ona l de los de rech os eco nó-

micos y sociales. Segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional: Los

LINO VÁSQUEZ S.

118

En consecuencia, en la República Dominicana se ha

roto el muro entre los derechos civiles y los derechos sociales,

reconociéndole su carácter fundamental con todos sus me-

canismos de garantías, ejemplarizado en la Constitución de

2010, una de las mayores transformaciones constitucionales

que haya experimentado el mundo occidental en el siglo XXI,

y que al instaurar el Tribunal Constitucional, ha iniciado un

proceso de interpretación progresiva del contenido esencial

de esos derechos.

En ese contexto, la cláusula del Estado Social y Democráti-

co de Derecho, como instrumento de concretización del nuevo

paradigma constitucional del Estado dominicano, plantea un

modelo constitucional con envoltura social, es decir, un modelo

eficaz que responde a las demandas ciudadanas de realización de

derechos sociales y que, al propio tiempo, da legitimidad a los

contenidos esenciales de la Carta Política, como una norma de

valor formal y de contenido material.

El modelo por igual, maximiza las facultades jurisdiccionales

de los jueces para llenar las lagunas de desarrollo normativos de los

derechos sociales, pudiendo adoptar de oficio las medidas requeri-

das para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de

estos derechos, se plantea como una de las soluciones posibles de

responder a cualquier omisión, dando respuesta e impulso argu-

mentativo, tanto a nivel sustantivo como procesal, en las acciones

de amparo que, en procura de concreción planteen los ciudadanos

como vía de acceso al nuevo paradigma constitucional.

En ese sentido, en respuesta a este paradigma, la jurispru-

dencia del Tribunal Constitucional se inscribe en el arsenal de

derechos económicos y sociales y su exigibilidad en el estado social y democrático de derecho,

Santo Domingo, 2014, disponible en: https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/

media/14453/ponencia_diego_lopez.pdf, consultado en fecha 3 de septiembre de 2018.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

119

la jurisprudencia latinoamericana, que se ha auxiliado de los

principios constitucionales de interpretación de la Constitución

y los denominados juicios de ponderación, dictando precedentes

vinculantes en materia de amparo, protegiendo derechos sociales

o mínimos vitales tales como el derecho a la vivienda, a la edu-

cación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, entre otros, en

algunos de los cuales el Tribunal Constitucional dominicano ha

tenido experiencia.

Lo anterior presupone una delimitación racional de lo

exigible en sede constitucional, y aquello que para su materia-

lización necesita de respuestas presupuestarias que le permitan

atender las demandas sociales. En este caso, el examen del juez

constitucional debe ser creativo, en procura de la supremacía

constitucional; así las cosas, cuando se plantea ante la jurisdic-

ción constitucional, por vía de acción de tutela, un problema

de morosidad o incumplimiento presupuestal del Estado,

amparado en una decisión favorable, su incumplimiento no es

una premisa aconsejable, en tanto los fallos de los tribunales

constitucionales deben ser respetados, protegidos y asegurados,

pues están revestidos de la fuerza vinculante para todos los

poderes públicos.

El problema de la inejecución de las sentencias constitu-

cionales no solo comporta un debate doctrinal, sino también,

y sobre todo, un problema práctico. Esto es, la capacidad del

Tribunal para poder llevar, al terreno de los hechos, la decisión

expuesta en términos concretos en su fallo…122. Lo anterior

supone materializar los derechos fundamentales en el orden

previsto en el artículo 184 de la Constitución, cuya ejecución

se efectiviza en los artículos 50 y 89, numerales 3, 4 y 5 de la

122 CANALES Cama, Carolina y otros. La Sentencia Constitucional en el Perú. Zevallos

Gerardo Eto Cruz (coordinador). Editorial Adrus: Arequipa-Perú, 2010, p.127.

LINO VÁSQUEZ S.

120

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Procedimientos Constitucionales.

En interés de la materialización del Estado Constitucional

de Derecho en la República Dominicana, toma valor el im-

pulso de un conjunto de normas tendentes a hacer efectivo el

nuevo paradigma. Tal es el caso de la Ley núm. 107-13 sobre

los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Admi-

nistración y de Procedimiento Administrativo, que constituye

el marco legal que regula la relación de los ciudadanos con la

administración. El legislador dispuso que en un Estado Social

y Democrático de Derecho, los ciudadanos no están sometidos

a lo que disponga la Administración de manera irracional. Por

consiguiente, los ciudadanos están dotados de dignidad huma-

na, y son entes activos del interés general, por lo que dejan de

ser destinatarios de actos y disposiciones administrativas, así

como de bienes y servicios públicos, para adquirir una posición

central en el análisis y evaluación de las políticas públicas y de

las decisiones administrativas.

La referida norma administrativa está impregnada de obli-

gaciones a cargo de la administración en favor del administrado,

asumiendo primacía aquel postulado que refiere el deber en sus

actuaciones de lo más favorable para el administrado, dotándolo

de esta manera de las herramientas jurídicas efectivas para que

este último pueda esperar, incluso exigir de la administración un

trato justo, equitativo e igualitario, como elemento esencial del

Estado Social y Democrático de Derecho.

Dentro de las herramientas de que disponen los ciudadanos

frente a la administración pública se identifican entre otras: el

derecho a formular alegaciones en cualquier momento del pro-

cedimiento administrativo, derecho a interponer quejas, derecho

a opinar acerca del funcionamiento de los servicios a cargo de la

Administración, reclamaciones y recursos ante la Administra-

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

121

ción, y el derecho a interponer recursos ante la autoridad judicial

sin necesidad de agotar la vía administrativa previa.

Por otro lado, la Ley regula la evacuación de normas, planes

y reglamentos, destacándose el derecho de la participación ciu-

dadana como elemento sustancial de la buena gobernanza o de

la buena administración, esto se traduce al unísono en el ánimo

del legislador de promover el respeto por el administrado, de sus

opiniones y su participación activa.

Se distingue que el principio de la buena administración

constituye una doble vía, debido a que la Administración tiene

sus funciones garantistas y ejecutoras, pero solo funciona de ma-

nera efectiva en virtud de la participación activa del administrado.

El Tribunal Constitucional dominicano se ha pronunciado

en esta materia en la sentencia TC/0322/14, estableciendo que

todo procedimiento administrativo debe alcanzar su finalidad de

garantizar la efectividad de los servicios públicos o actividades

de interés general. Esta doctrina otorgó vigencia anticipada a la

Ley núm. 107-13, y en ese sentido, dispuso que la misma debía

considerarse, en relación a la buena administración, como un

instrumento dimanante de las obligaciones puestas a cargo de

la Administración Pública por la Constitución de la República.

Asimismo, el Tribunal Constitucional se refirió al principio

de eficacia administrativa, de celeridad y pronta respuesta, consi-

derando que la celeridad y razonabilidad en el cumplimiento de

los plazos por parte de la administración resultan fundamentales

para dar respuesta a la solicitud de un particular y este, a su vez,

pueda utilizar los mecanismos puestos a su disposición, dentro de

un plazo razonable.

Además, estableció que las instituciones públicas se en-

cuentran obligadas a ofrecer una pronta respuesta –positiva o

negativa– debidamente motivada a los ciudadanos que se dirigen

a solicitar un servicio.

LINO VÁSQUEZ S.

122

Otra sentencia relevante en materia administrativa es la

TC/0234/15, que siguiendo la línea jurisprudencial fijada por la

sentencia de la Corte Constitucional de Colombia123, consideró

que el debido proceso administrativo implica la sumisión de la

administración a la Constitución y a las leyes, no solo ante la

presencia de conflictos que se diriman en sede contenciosa-admi-

nistrativa, sino que la misma se hace extensiva a todo el ejercicio

que debe desarrollar la administración pública con vistas a la

realización de sus objetivos y fines estatales, ello implica que la

misma ampara todas las manifestaciones en cuanto a la debida

formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten

los particulares, y a los procesos que ejecute la administración,

con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos.

Esta línea del Constitucional tuvo su punto de partida en

sentencias previas, tales como las TC/0011/14, TC/0220/14 y

TC/0226/14, en las cuales estableció que las garantías de tutela

judicial efectiva y debido proceso, lejos de desaparecer o inutili-

zarse al tratarse de un proceso administrativo, mantienen pleno

vigor y benefician el fortalecimiento de los procesos.

La mencionada decisión constitucional TC/0203/13,

dispone que en un Estado Social y Democrático de Derecho,

es función esencial del Estado la protección efectiva de los de-

rechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención

de aquellos medios que le faciliten perfeccionarse de manera

igualitaria, equitativa y progresiva en el marco tanto de libertad

individual como de justicia social, compatibles con el llamado

orden público, el bienestar general y los derechos de todos y

todas, lo que es posible según esta jurisprudencia: “Cuando se

123 Colombia. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 500/11 de fecha 29 de junio

de 2011. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-500-11.

htm, consultada en fecha 8/9/2018.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

123

cuenta con una administración pública cuya actuación se encuentre

sujeta a los principios de legalidad, eficacia, jerarquía, objetividad,

igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación”.

Es necesario promover en la República Dominicana, desde

el punto de vista académico, las bases sociales y conceptuales de

la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, que

como hemos apuntado, se traduce en un instrumento eficaz que

responda las demandas ciudadanas de exigibilidad de los dere-

chos sociales y que al propio tiempo, marche hacia la legitimidad

de los contenidos esenciales de la carta política, como una norma

de valor formal y de contenido material.

Es imperativo crear mecanismos de responsabilidad insti-

tucional en el ámbito de los poderes públicos, en procura de la

satisfacción material de los derechos sociales, prestacionales o

mínimos vitales, tales como el derecho a la vivienda, a la educa-

ción, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, entre otros, que

garanticen concreción presupuestaria progresiva, que permitan

atender las demandas sociales, disminuyendo a su vez la pobreza,

la exclusión social y la marginalidad.

En otro caso, conviene crear espacios de reflexión permanen-

te en sede constitucional para garantizar una delimitación racional

de lo exigible, y aquello que para su materialización necesita de

respuestas presupuestarias que permitan atender las demandas

sociales, incardinado a un examen jurisdiccional inteligente y

creativo, en búsqueda constante de la supremacía constitucional

y la obligación de cumplimiento de lo decidido por parte de la

administración, evitando el incumplimiento de las sentencias.

El examen jurídico del paradigma constitucional del Estado

Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana,

inevitablemente implica reflexionar acerca del sistema de justicia

constitucional, en relación con los cambios que se vienen produ-

ciendo en la sociedad dominicana. Así, el Derecho Constitucio-

LINO VÁSQUEZ S.

124

nal en nuestro país, como en todo Estado Social y Democrático

de Derecho, no tiene carácter estático y su aplicación posee un

contenido histórico y sociopolítico.

Se cuestiona si efectivamente, el paradigma constitucional

es un modelo o ideal que proporciona un contexto para el

desarrollo de las diferentes teorías y explicaciones diversas, que

posibiliten la concreción del catálogo de derechos económicos y

sociales. En la sociología constitucional, este paradigma se con-

vierte en una aproximación procesal a partir de la construcción

e interpretación de las relaciones sociales enfocadas a la acción.

Esto significa que la realidad social y el Derecho Constitucional

deben abordarse desde una perspectiva funcional.

En la concreción del Estado Social y Democrático de

Derecho de la República Dominicana, la idea del paradigma

constitucional como un arquetipo se comprende cuando la

comunidad de intérpretes, operadores jurídicos y actores del

sistema de justicia hacen referencia a una cierta visión social o

modelo de producción, aplicación e interpretación del Derecho

Constitucional observable. Con esto se entiende que el Derecho

Constitucional debe reflejar, al menos en este estadio, la realidad

social en la justa dimensión de los derechos fundamentales y su

disposición para los ciudadanos.

El concepto de paradigma constitucional en la República

Dominicana está relacionado con seis pilares fundamentales:

la supremacía constitucional, la dignidad humana, el trabajo,

la soberanía, los derechos fundamentales, y la separación e

independencia de los poderes públicos. Por consiguiente, su

materialización es vinculante al derecho a la igualdad como un

cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de cada

esfera de actividad de los individuos en la sociedad, destinada a

evitar interferencias en el cumplimiento de los mismos, de mane-

ra que se pueda unificar el esfuerzo colectivo por concretizarlos.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

125

Vale decir que este modelo constitucional resulta ineficaz si no

es interpretado y observado por los actores sociales; por lo tanto,

se hace preciso que el orden tenga la cualidad de estar fundado

en las propias actuaciones de la comunidad. Este paradigma debe

responder a las exigencias de la sociedad dominicana, y que busque,

además, “asegurar que los poderes constituidos desarrollen sus funciones

con arreglo al principio de corrección funcional, es decir, sin interferir

con las competencias de otros, pero, a su vez, entendiendo que todos

ejercen una función complementaria en la consolidación de la fuerza

normativa de la Constitución, como Norma Suprema del Estado” 124.

Ello supone que no puede existir contradicción desde el punto de

vista racional entre ese paradigma y las aspiraciones sociales.

En consecuencia, el Estado Social y Democrático de Derecho

debe reconocer la necesidad de regular, ordenar e institucionalizar

ese modelo constitucional como el orden axiológico y de valores

que encuentra una expresión suprema de las necesidades básicas

de la población en un contexto de desarrollo. En este orden, se

da una evolución en el campo de los derechos fundamentales,

producto del desarrollo económico, político, social y cultural

con trascendencia en el ámbito del Derecho Constitucional.

Los estudiosos del tema plantean que en el nuevo Estado

Constitucional de Derecho, la justicia social es una respuesta a

una de las aspiraciones fundamentales de la sociedad dominica-

na. Sin embargo, cuando nos referimos al paradigma constitu-

cional del Estado Social y Democrático en nuestra sociedad, es

necesario hacer mención de los cambios que se van produciendo

en el orden legal, que nos conducen a una de las antinomias

del Derecho Constitucional que debe servir a un propósito de

124 GAR CÍA Bel aún de, Dom ing o y o tro s. La Sentencia Constitucional en el Perú. ¿Zevallos?

Gerardo Eto Cruz (coordinador). IV Apéndice del Informe al Pleno del Tribunal Constitu-

cional sobre los proyectos de ley que modifican algunas de sus funciones. Arequipa-Perú,

2010, Editorial Adrus, p. 276.

LINO VÁSQUEZ S.

126

certeza, seguridad, y a la necesidad de continuar fortaleciendo

el papel del órgano de justicia constitucional como agente de

cambio social ante las eventuales faltas de concreción respecto al

desarrollo de algunos derechos fundamentales.

Al paradigma constitucional del Estado Social y Democráti-

co de Derecho le compete, esencialmente, la misión de conciliar

lo que se presenta en apariencia como irreconciliable. Superar,

por un lado, los antagonismos históricos en la interpretación de

estos derechos, y por otro lado, concretizar, como hemos dicho,

el derecho a la dignidad humana como estándar para alcanzar

el disfrute pleno de los derechos fundamentales, tomando en

consideración las circunstancias concretas de cada caso, en tanto

confluyen intereses del individuo e intereses de la sociedad. En

este contexto, los principales ámbitos en los que se ha fijado

jurisprudencia constitucional en estos siete años de labor pro-

ductiva, han sido: derecho a la educación, derechos colectivos y

difusos, derecho al medio ambiente, derecho a la salud, derecho

de propiedad, derecho a la propiedad intelectual, derecho del

consumidor, derecho de la familia, protección de las personas

menores de edad, protección de las personas con discapacidad,

derecho a la seguridad social, protección de las personas de la

tercera edad, derecho al trabajo y derecho a la vivienda.

Como hemos apuntado, en la República Dominicana, este

paradigma se convierte en una guía o modelo de acción que

parte de la asunción de nuevos retos y tareas en el ejercicio de la

función jurisdiccional. Esta idea de paradigma constitucional no

se agota en la labor de interpretación del Tribunal Constitucio-

nal, sino que esta concepción del Estado Social y Democrático

de Derecho debe integrar a todos los actores públicos y privados

de la sociedad dominicana en la labor de pedagogía constitucio-

nal que, con gran acierto, impulsa ese órgano para impactar la

conciencia ciudadana, la administración pública y la justicia.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

127

En la consolidación de este Estado de Derecho en

República Dominicana resulta un imperativo la expresión

de la voluntad política de los actores sociales y el Estado, a

través de políticas públicas instrumentales; pero también en

la creación de las condiciones para el fortalecimiento de una

conciencia social de las vías efectivas para el ejercicio de los

derechos sociales. Así expresó Milton Ray Guevara: “El Tri-

bunal Constitucional, por sí solo, no va a lograr la generación

de una cultura constitucional que nos haga progresar como

sociedad y como Estado”125.

Por consiguiente, cabe reiterar que los cambios sociales

conducen inevitablemente a modificaciones en las formas de

aplicación e interpretación constitucional que irradian los de-

rechos fundamentales, y sus efectos producen transformaciones

sociales. Por ello, el Derecho Constitucional debe necesariamente

adaptarse al constante cambio de las relaciones sociales, que no

solo se traduzca en el valor de la norma formal positiva, sino que

ante una anómala situación social, se deriven respuestas efectivas

en favor de los individuos de esa sociedad.

3.3. Aproximación al Estado Social y Democrático

de Derecho en República Dominicana desde las

sentencias del Tribunal Constitucional

Tal como hemos apuntado, en suma, la Constitución

normativa de 2010 es la norma en que descansa el entramado

jurídico dominicano. Por consiguiente, en ella se potencializa

la noble tarea de armonizarlo, partiendo de los principios,

valores y reglas que se incorporan en su contenido sustancial

125 RAY Guevara, Milton. Presidente del Tribunal Constitucional de la República Domi-

nicana. Discurso en la Audiencia Solemne de fecha 24 de enero de 2018.

LINO VÁSQUEZ S.

128

y vinculan a los particulares como a los poderes públicos con

eficacia general y directa.

Desde esta perspectiva, su máximo intérprete, el Tribunal

Constitucional, ejerce una intensa labor creativa de concreción

de los derechos sociales, en tanto derechos fundamentales con

fisonomía propia, que privilegian la dignidad humana como

eje vertebrador del Estado Social Democrático de Derecho,

que como hemos dicho, se fundamenta: “(…) en el respeto a

la dignidad de la persona y se organiza para la protección real

y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes.

La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su

respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de

los poderes públicos”.

Es así que en la indicada labor de concreción y producción

de normas, el Tribunal Constitucional dominicano ha dictado

un arsenal de precedentes vinculantes que abordan y protegen

una buena parte del catálogo de derechos sociales que, en sínte-

sis, se expresan de la manera siguiente:

3.3.1. Libertad de empresa

Con relación a la libertad de empresa, el Tribunal Consti-

tucional, en la sentencia TC/0049/12, al referirse a la solicitud

de suspensión provisional de ejecución de las resoluciones No.

2-II-2011-RTD64, de fecha 17 de mayo de 2011, dictada por

la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad, y la

No. 000017, del 30 de mayo de 2011, emitida por el ministerio

de Salud Pública, que prohíben la venta a granel de agua para el

consumo humano, dispuso que:

“Es obvio, entonces, que ninguna persona o institución podría

válidamente distribuir agua potable sin contar con el correspon-

diente permiso del referido ministerio. Por tanto se puede afirmar

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

129

que la restricción o prohibición en los términos más categóricos

es posible, mas no resulta jurídica ni legalmente aceptable que

pueda ser dispuesta de manera general e indiscriminada, porque

de hacerlo así se comprometen y afectan derechos fundamentales,

tales como el derecho a la libre empresa y el derecho social de acceso

al agua potable que la Carta Sustantiva pone su materialización

a cargo del Estado.

El derecho a la libertad de empresa, consagrado en el artículo 50

de la Constitución de la República, puede ser conceptualizado

como la prerrogativa que corresponde a toda persona de dedicar

bienes o capitales a la realización de actividades económicas den-

tro del marco legal del Estado y en procura de obtener ganancias

o beneficios lícitos (…)”.

Otro precedente que aborda este derecho está contenido

en la sentencia TC/0148/13, que conoció la acción directa de

inconstitucionalidad contra el artículo 43 de la Ley núm. 253-

12, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del

Estado, para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible,

de fecha 9 de noviembre de 2012, que a juicio del demandante,

vulneraba los artículos 50 y 110 de la Constitución de la Re-

pública, referidos a la libertad de empresa e irretroactividad de

la ley. A tenor de esta decisión, el TC se pronunció al respecto,

disponiendo que:

“El legislador ordinario, al establecer en el artículo 43 de la Ley

núm. 253-12, de (9) de noviembre de dos mil doce (2012),

que las empresas sujetas a un régimen fiscal especial - tal como

acontece con la empresa accionante que se prevalece del régimen

de exenciones instituido en la Ley núm. 28-01- fungirán como

agentes de retención del pago de los impuestos que corresponden

a sus clientes, no transgredió el derecho a la libertad de empresa

de la accionante, pues el Congreso, en ejercicio de ese poder de

configuración en materia impositiva, determinó la conveniencia

de instituir a las empresas vendedoras de servicios o productos

como agentes de retención del ITBIS y del impuesto selectivo al

LINO VÁSQUEZ S.

130

consumo que deben pagar sus clientes, como sujetos pasivos de esa

obligación tributaria, garantizándose con dicha modalidad evitar

la evasión impositiva de los deudores tributarios y aumentando

la eficacia de la recaudación de los tributos, que están orientados

por ley a satisfacer las necesidades del servicio público y los fines

esenciales del Estado.

Por lo que, al adoptarse esa modalidad tributaria no se afectó el

derecho a la libertad de empresa de la accionante, ya que dicha

medida no le impide a la misma dedicar bienes o capitales a

la realización de la actividad económica de su elección, pues el

sujeto obligado a tributar no es dicha empresa, sino la clientela

de la misma, que no goza, en su condición de consumidor, de

los beneficios fiscales establecidos en la Ley núm. 28-01, a las

empresas situadas en las provincias fronterizas. Por esta razón, el

presente medio de inconstitucionalidad debe ser denegado”.

Igualmente, el Tribunal Constitucional estableció, en la

sentencia TC/0280/14 que la regulación por parte del Estado en

distintas áreas de la economía no supone la violación al derecho

de libertad de empresa. Dicho criterio emana de las sentencias

TC/0027/12 y TC/0001/14, que establecen:

“Respecto del alegato de violación a la libertad de empresa y a la

prohibición de monopolios, es el criterio de este tribunal que no se

evidencia tal violación, por cuanto a nadie se le ha impedido rea-

lizar la actividad económica de que se trata, sino que el Estado, a

través de la resolución de marras, entre otras cosas lo que ha hecho es

condicionar la venta directa de combustibles a particulares no deta-

llistas, esto es, regular las actividades comerciales entre los detallistas

de combustible y los distribuidores. Tal accionar tiene su sustento

jurídico en las disposiciones del artículo 221 de la Constitución

y en el artículo 2B letra g) de la Ley No. 290-66, de fecha 30 de

junio de 1966, y su reglamento de aplicación No.186-66, del 26

de octubre del año 1966, pues las facultades reglamentarias de la

administración pública autorizan al Estado a intervenir, incluso

dictando normas que garanticen la libre competencia y los niveles

de precio, sin que ello implique violación a la libertad de empresa”.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

131

Es así que se protege la libertad de empresa frente a la in-

tervención reguladora del Estado, bajo el respeto de los límites

constitucionales establecidos en el propio ordenamiento jurídico,

al establecer que:

“De esta manera, la intervención reguladora debe hacerse

contemplando los límites constitucionales consistentes en una:

i) regulación mediante ley; ii) no puede afectar el contenido

esencial de la libertad de empresa; iii) debe obedecer a motivos

adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida

disposición, es decir, obedecer a criterios de razonabilidad. En la

especie, contrario al planteamiento de la accionante, el hecho de

que la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley núm. 139-

11 prohíba temporalmente la concesión de nuevas licencias a las

bancas de lotería y apuesta deportivas no impide necesariamente la

incursión de nuevos comerciantes en este negocio, toda vez que les

será posible adquirir licencias que han estado operando con ante-

rioridad a la ley impugnada, más bien se trata de una restricción

transitoria, justificada en un interés general como es la necesidad de

un incremento recaudatorio del Estado para una mayor inversión

en el sector educativo, que es uno de los componentes estratégicos

del desarrollo económico y social. De modo que la medida está en

consonancia con la noción de justicia social y de igualdad aplicada

a la libertad de empresa que inspira los principios rectores del

régimen económico p revisto en e l artículo 2 17 de la Con stitución”.

3.3.2. Derecho de propiedad

Respecto al derecho de propiedad, el Tribunal se ha pronun-

ciado, entre otras, en las sentencias TC/0010/12, TC/0022/12,

TC/0036/12, TC/0088/13 y TC/0093/12, así como en la

TC/0017/13, TC/0070/13, TC/0079/13, TC/0102/13,

TC/0109/13, TC/0137/13, TC/0147/13 y TC/0185/13, en los

términos siguientes:

Es preciso señalar que el derecho de propiedad puede ser definido,

de manera general, como el derecho exclusivo de usar un bien,

LINO VÁSQUEZ S.

132

de disponer del mismo, así como de aprovecharse de los benefi-

cios que este produzca. Colateralmente, este derecho implica la

exclusión de los no propietarios del disfrute o aprovechamiento

sobre el mismo.

En la sentencia TC/0036/12, el Tribunal estableció que el

decreto del poder Ejecutivo núm. 144-98, de fecha 27 de abril

de 1998, que crea e integra la Comisión Nacional de Titulación

resulta aplicable a las porciones de terreno asignadas por el

Instituto Agrario Dominicano (IAD), que: “(…) tiene el objeto

de evitar las desinformaciones, tráfico de influencia y en fin errores

que afecten su esencia, la justeza y la transparencia con que se debe

realizar el proceso de titulación definitiva”, y en consecuencia,

dispuso que:

Lejos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) poder reducir

la extensión superficial del terreno asignado a un parcelero que

demuestre haber operado el mismo de manera eficiente, cuanto

establece la referida Ley de Reforma Agraria es que todo el que se

haya conducido de esta forma podría solicitarle tierras adicionales

y dicho Instituto “tendrá autoridad para asignarlas”, de confor-

midad con su artículo 41, modificado por la antes indicada Ley

No. 55-97.

En la referida decisión, el Colectivo Constitucional dispuso

que la promoción de la reforma agraria y la integración de forma

efectiva de la población campesina al desarrollo nacional es un

objetivo principal de la política social del Estado, como se esta-

blece en el artículo 51 de la Constitución, que en su numeral 2

establece, como deber del Estado, promover: “de acuerdo con la

ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria

titulada”, es responsabilidad de las autoridades del Instituto Agrario

Dominicano (IAD), lejos de entorpecer el proceso de titulación

definitiva de un asentado, motorizarlo y actuar de manera diligente

para que se cumpla con el mandato constitucional.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

133

3.3.3. Derecho a la propiedad intelectual

El derecho de propiedad intelectual es abordado por el Tri-

bunal en la Sentencia TC/0072/12, en los términos siguientes:

“La materia relacionada con este convenio ha sido objeto de

regulación respecto a los derechos de libre empresa, competencia

desleal y propiedad intelectual a los que República Dominicana,

otorga protección constitucional. En este sentido, el artículo 52

de la Constitución establece lo siguiente: “Derecho a la propiedad

intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad ex-

clusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e

innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás

producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y

con las limitaciones que establezca la ley”.

La adopción de este convenio, al formar parte de nuestro derecho

interno, en virtud del mecanismo de reconocimiento y aplicación

de las normas de derecho internacional, implica que el órgano

de control somete su adhesión a los limites señalados para la

regulación interna de los derechos fundamentales de conformidad

con los artículos 74.2 y 40.15 de la Constitución, en el sentido

a que los mismos solo pueden regularse a través de leyes; que estas

no pueden afectar su núcleo esencial de forma que se desfigure el

derecho, observando los principios de razonabilidad e igualdad

de los ciudadanos y que solo pueden regular lo que es justo y útil

para la comunidad y prohibir solo lo que le perjudica”.

3.3.4. Derechos de la familia

La sentencia TC/0012/12 estableció que las parejas o

uniones de hecho están protegidas por la Constitución y no

deben ser sujetas a discriminación, siempre y cuando cumplan

requisitos mínimos para su reconocimiento; en consecuencia,

ordenó a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas hacer efec-

tivo a Lauriana Villar su derecho a pensión, en su condición

de conviviente sobreviviente de José Agustín Jiminián. Para

ello, este colectivo anuló el artículo 252 de la Ley Núm. 873,

LINO VÁSQUEZ S.

134

Orgánica de las Fuerzas Armadas, que disponía: “La viuda solo

tendrá derecho a pensión cuando el matrimonio haya durado un

año por lo menos, salvo el caso de que tenga hijos del causante o

que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las

causales del artículo 247”, y estableció que para su interpretación

conforme a la Constitución, la redacción del mismo debía ser

la siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un

matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos

un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o

que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las

causales del artículo 247”, pues su anterior redacción transgredía

la Constitución, particularmente los principios relativos a la

igualdad, la dignidad humana y la familia.

En la citada decisión, el Tribunal ratifica el criterio adopta-

do por la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia del 17 de

octubre de 2001 para el reconocimiento de la unión consensual

en los términos siguientes:

(…) se considera prevista, considerada o aceptada por el legislador

en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio

que debe ser admitido, en los casos como el de la especie, siempre

y cuando esa unión se encuentre revestida de las características si-

guientes: a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo,

una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en

los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se

traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las

basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad

legal de la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y

duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión

presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de

parte de los dos iguales o nexos formales de matrimonio con otros

terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación

monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de

hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aun cuando haya cesado

esa condición por la disolución posterior de vínculo matrimonial

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

135

de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera

persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos

personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin

estar casados entre (…)

Otra sentencia dictada por el Tribunal Constitucional,

en el ámbito de protección de los derechos de la familia, es la

TC/0236/17, que dejó sin efecto la medida disciplinaria que

prohibía a la esposa del recurrente visitarlo en el centro peniten-

ciario recluido. Al resolver este recurso, ese colegiado reconoció

que la visita conyugal a los centros de reclusión penitenciaria se

enmarca dentro del catálogo de derechos fundamentales con-

templados en la Constitución, y que esa medida inobservó las

reglas del debido proceso y tutela judicial efectiva, vulnerando el

derecho fundamental a la familia y a la igualdad.

En efecto, el Tribunal Constitucional, mediante el fallo

citado, consideró que:

(…) La Constitución dominicana reconoce y garantiza una serie

de derechos fundamentales a todos los ciudadanos en condición

de igualdad; ahora bien, el ejercicio de estos derechos podría ser

restringido o imposibilitado a determinados grupos de indivi-

duos, que debido a la especial situación en la que se encuentran

no podrán ejercitar ciertos derechos en las mismas condiciones,

como es el caso de las personas condenadas a prisión, y que se

encuentran cumpliendo la misma en un centro penitenciario,

los cuales se encuentran expresamente condicionados por el

contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley

penitenciaria (…)

Este criterio parte del reconocimiento de la doctrina com-

parada, que clasifica los derechos fundamentales de los internos

en tres grupos:

(i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y

directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y

LINO VÁSQUEZ S.

136

legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo

encontramos derechos como la libre locomoción y los derechos

políticos, como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables,

conformados por los derechos fundamentales de la persona privada

de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos se derivan

directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos:

el derecho a la vida y el derecho al debido proceso; por último, (iii)

se encuentran los derechos restringidos o limitados por la espe-

cial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello

se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado

y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles.

Si bien la decisión plantea que las personas privadas de

libertad están limitadas en el ejercicio de su derecho a la in-

timidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre

desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la educación, su

legitimidad se sujeta al respeto de los principios de razonabili-

dad y proporcionalidad.

Igualmente, se refiere al régimen de visitas de las personas

privadas de libertad y la distingue entre las visitas familiares y las

visitas íntimas o conyugales, y al respecto estableció que:

(…) De la lectura del artículo 35 de la Ley núm. 224, se

verifica la importancia que la misma le concede al derecho de

familia, concretándose en la posibilidad de visitas que pueden

recibir con regularidad las personas que se encontraren restrin-

gidas en su libertad, al establecer: “Los reclusos podrán recibir,

con la frecuencia que determinen los reglamentos, visitas de

sus parientes...”.

En la decisión de referencia, el Tribunal Constitucional

reconoce la función del Estado en la protección de la familia

como garantía constitucional para la conservación familiar, con

independencia de la situación en la cual se encuentre el indivi-

duo, máxime si está recluido en un centro penitenciario, pues

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

137

la unidad familiar constituye un elemento fundamental para su

adecuada resocialización. De tal manera que una vez recuperada

la libertad, el reintegro a la sociedad debe realizarse en circuns-

tancias propicias, tanto para el buen desarrollo de los fines de la

familia, como para la satisfacción de los derechos de cada uno de

sus miembros.

Así, estimó que la visita conyugal durante el período de

reclusión correccional tiene la consideración de derecho funda-

mental, debido a su indisoluble vínculo con aquellos derechos

fundamentales a la intimidad personal y familiar, el libre desa-

rrollo de la personalidad y a los derechos sexuales y reproductivos,

que son determinantes en el proceso de resocialización, aunque

admite que su ejercicio puede ser susceptible de regulación, con

el objetivo de preservar la seguridad, salubridad, disciplina en el

recinto, pero en ningún caso, suspendido.

3.3.5. Protección de las personas menores de edad

La Sentencia TC/0058/13 se refiere a la protección de las

personas menores de edad y al derecho a la educación en los

siguientes términos:

A tono con lo anterior, el artículo 56 de la Constitución de la

República dispone acerca de la protección de las personas menores

de edad, estableciendo que la familia, la sociedad y el Estado

harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente,

tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos

fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. Y preci-

samente, uno de los derechos fundamentales que le asiste a todo

niño, niña y adolescente es el derecho a la educación.

En ese orden de ideas, la educación representa un bien de interés

general y colectivo, que cumple con una función social, a diferencia

de los objetivos que se persiguen con las transacciones comerciales en

el mercado económico, razón por la cual no puede pretenderse, tal

LINO VÁSQUEZ S.

138

como lo propone la parte accionante, trasladar y aplicar el conte-

nido de la libertad de mercado o empresa al caso de la prestación

del servicio de la educación privada con fines de lucro, aduciendo

el ejercicio de una libertad exenta del control estatal.

3.3.6. Protección de las personas con discapacidad o

con capacidades diversas:

En la sentencia TC/0203/13 el Tribunal Constitucional

aplica el principio de progresividad de los derechos económicos,

sociales y culturales frente al desempleo, la vejez, la discapaci-

dad o la enfermedad. Al respecto, estableció que el derecho a

la seguridad social, en especial de las personas envejecientes y

que poseen alguna discapacidad, está revestido de la fuerza que

le confiere el texto constitucional que lo hace de cumplimiento

obligatorio, máxime porque el derecho a la seguridad social responde

también al principio de progresividad consagrado en el artículo 8 de

la Constitución.

En este caso, al tratarse de un amparo solicitado por una

persona de avanzada edad y, además, discapacitada, el TC acogió

el “principio de la protección reforzada”126, desarrollado por la

Corte Constitucional de Colombia, cuya obligatoriedad se hace

imperativa por disposición de los artículos 58 y 60 de la Consti-

tución dominicana.

3.3.7. Derecho a la educación

La trascendental sentencia TC/0184/13 protege el sagrado

derecho a la educación. Al examinar que en la especie no existían

circunstancias excepcionales que justificasen el mantenimiento

126 Colombia. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T 431-11, del diecinueve

(19) de mayo de dos mil once (2011), disponible en línea: http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2011/T-431-11.htm, consultado en fecha 15/9/2018.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

139

de la cancelación de las matrículas de las menores de edad en el

centro educativo objeto del recurso, al respecto estableció que:

(…) contrario a esto, cuanto resulta coherente con los principios

pro homine, pro libertatis, en consonancia con el interés superior

de los niños, niñas y adolescentes, es que dichas menores sean

amparadas y reintegradas al centro educativo de referencia, si

sus padres entienden que resulta oportuna y conveniente para el

bien de las niñas el retirarlas del colegio en que se encuentran

matriculadas en la actualidad, siendo así garantizado de manera

efectiva su derecho fundamental de acceso a la educación y el

debido proceso que les asiste, sin restricción ni discriminación de

ningún género.

Es oportuno destacar que la misma ratifica el criterio del

Tribunal Constitucional establecido en la sentencia núm.

TC/0058/13, que establece:

(…) en el plano internacional, es de importancia destacar que

República Dominicana es signataria de la Convención contra la

Discriminación en la Educación, suscrita en París en diciembre

de mil novecientos sesenta (1960), y ratificada por el Congreso

Nacional el treinta (30) de agosto de mil novecientos setenta y

siete (1977), por medio de la cual los Estados miembros se com-

prometían a promover la igualdad de acceso a la escuela y de

trato en los centros educativos. Esta convención sostiene que la

selección de alumnos y la expulsión basadas en sus características

individuales o de sus familias son obstáculos para avanzar en la

calidad de la educación (...).

Asimismo, este derecho ha sido abordado en la sentencia

TC/0058/13, en los términos siguientes:

(…) la educación representa un bien de interés general y colectivo,

que cumple con una función social, a diferencia de los objetivos

que se persiguen con las transacciones comerciales en el mercado

económico, razón por la cual no puede pretenderse, tal como lo

propone la parte accionante, trasladar y aplicar el contenido de la

LINO VÁSQUEZ S.

140

libertad de mercado o empresa al caso de la prestación del servicio

de la educación privada con fines de lucro, aduciendo el ejercicio

de una libertad exenta del control estatal.

Igualmente, en la sentencia TC/0123/13, estableció que:

El derecho fundamental que se violaría, en la eventualidad de

que el Ministerio de Educación implementare la referida circular,

es el de la educación, un derecho que es, al mismo tiempo, indi-

vidual y de segunda generación. Dada la naturaleza del indicado

derecho fundamental, su protección, en caso de violación, solo

puede ser reclamada por su titular.

3.3.8. Derecho a la vivienda

Sobre la protección del derecho a la vivienda de los enve-

jecientes, resulta emblemática la sentencia TC/0093/12, que

declaró no conforme con la Constitución el artículo 1, específi-

camente los literales a), en cuanto a la edad límite de setenta (70)

años para el pago total de las cuotas convenidas en los proyectos

de viviendas sociales del Estado; y el c); así como el párrafo único

del artículo 2 del decreto No. 452-02 del poder Ejecutivo, que

modifica los poderes otorgados al administrador general de Bie-

nes Nacionales, en lo que se refiere a proyectos de viviendas (pago

y exoneraciones de viviendas), por transgredir el principio de

irretroactividad de las normas jurídicas instituido en el artículo

110 de la Constitución. Las citadas disposiciones establecían:

Artículo 1.- Se modifican todos los poderes otorgados a la fecha, a

los Administradores Generales de Bienes Nacionales que se refieren

a los proyectos de viviendas en el sentido siguiente: a) El periodo

establecido para cubrir el pago de todas las cuotas de cualquier

casa o apartamento asignada por el Estado, no excederá de 30

años, a partir de la fecha del poder correspondiente, debiendo

tener el beneficiario como límite, la edad de setenta (70) años

para el último pago; c) La tasa de interés moratorio, equivalente

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

141

al pago de interés por atraso de una cuota será igual a la tasa de

interés que cobre el Banco de Reservas de la República Domini-

cana, a los préstamos del Gobierno Central o de cualquier otra

entidad pública.

Artículo 2.- Todas las casas o apartamentos promovidas y asigna-

das por el Estado se consideran bienes de familia, en tal sentido

deben estar ocupadas por el beneficiario y su familia.

Párrafo.- Todas las casas o apartamentos que a la fecha estén

arrendados o utilizados por otra persona que no sean sus benefi-

ciarios, le serán reasignadas a los ocupantes actuales.

A los efectos del control concentrado de constitucionalidad

contra las disposiciones del citado decreto, el órgano de justicia

constitucional estableció que el contrato de venta de viviendas

de interés social tiene un carácter de naturaleza mixta, sujeto a

un régimen especial, en razón de que las viviendas enajenadas

son bienes del dominio privado del Estado, cuya venta –si bien

contempla aspectos regulados por el derecho civil– requiere ade-

más, la autorización del Congreso Nacional, cuando el monto

del inmueble supere determinada suma (artículo 93.1.k de la

Constitución).

Al tenor de esta sentencia, el Tribunal interpretó la natura-

leza de la función social del derecho a la vivienda, concretizado

a través de la realización de los contratos de vivienda de interés

social, atendiendo a que:

(….) Dichas condiciones de accesibilidad a la propiedad de las

viviendas de interés social revisten, por la naturaleza prestacional

del derecho a la vivienda digna como derecho social, de una

protección jurídica especial -respecto de otros derechos funda-

mentales–sustentada esencialmente sobre la base del principio de

progresividad y la cláusula de no retroceso en materia de derechos

económicos, sociales y culturales que impide a las instituciones del

Estado desmejorar las condiciones originalmente preestablecidas

salvo razones rigurosamente justificadas.

LINO VÁSQUEZ S.

142

Por igual, la corporación de justicia constitucional asume el

criterio desarrollado en la jurisprudencia constitucional compa-

rada sobre el principio de progresividad de los derechos sociales,

económicos y culturales:

(…) La denominada cláusula de no retroceso en materia de

derechos económicos, sociales y culturales, supone que una vez

logrados ciertos avances en la concreción de los derechos econó-

micos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo

o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser

desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justi-

ficativa por las autoridades competentes… En ciertos casos el

mandato de progresividad y la prohibición de medidas regresivas

puede estar en estrecha conexión con el principio de confianza

legítima, pues en última instancia ambos presentan un elemento

común cual es el respeto por parte de las autoridades estatales del

marco jurídico o fáctico previamente creado para la satisfacción

de derechos prestacionales (…)127.

En ese sentido, el ejercicio por parte de las autoridades estatales

de facultades excepcionales (cláusulas exorbitantes) que, por razones

de orden público impliquen la modificación de las condiciones

que se encuentran preestablecidas jurídicamente para el acceso

de derechos sociales, y especialmente el derecho a la vivienda

digna, además de estar justificada –no solamente por motivos de

orden público o interés social–:

(…), no deben restringir, limitar o dificultar gravemente ni el

acceso, ni el disfrute de la titularidad o ejercicio de los llamados

derechos de segunda generación (derechos económicos, sociales y

culturales). Esto último se corresponde con la letra y espíritu

de los artículos 2.1 y 5.2 del Pacto Internacional de los

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) de Naciones

127 Colombia. Corte Constitucional, sentencia. T-1318/05 de fecha 14 de diciembre de

2005, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-1318-05.

htm, consultada en fecha 28/08/2018.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

143

Unidas y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos (Pacto de San José, 1969), ambos ratificados por

el Congreso Nacional el cuatro (4) y el veintiuno (21) de enero

de mil novecientos setenta y ocho (1978), respectivamente, y que

constituyen normas jurídicas de orden constitucional de confor-

midad con las disposiciones del artículo 74.3 de la Constitución

de la República.

En una efectiva protección de este derecho social, el TC ad-

virtió que la modificación unilateral que fue introducida por el

literal a), del artículo 1, del Decreto No. 452-02 a los contratos

de viviendas de interés social, mediante el cual los beneficiarios

deberán tener como límite para el pago de las cuotas fijadas, la

edad de setenta años, constituye una disposición discriminato-

ria que perjudica a las personas envejecientes, por consiguiente,

contraria a la obligación constitucional que tiene el Estado

de proteger a las personas de la tercera edad (artículo 57 de la

Constitución de la República), en consonancia con el artículo

10 de la Ley No. 352-98, de fecha 15 de agosto de 1998, sobre

Protección de la Persona Envejeciente.

Al respecto, cabe destacar que desde la doctrina se plantea

la irreversibilidad de los derechos sociales, como un elemento

sustancial del canon neoconstitucional que privilegia el princi-

pio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad de

la administración pública. A tales efectos, con base en el artí-

culo 47 de la Ley 137-11, el Tribunal Constitucional dictó en

la especie, una sentencia interpretativa del tipo reductora que

instrumentalizó en los términos siguientes:

Al resultar inconstitucional esa limitación establecida en la parte

in fine del literal a), del artículo 1 del Decreto sometido al examen

de inconstitucionalidad y no el texto íntegro de ese literal, procede

declarar su nulidad mediante la modalidad de una sentencia

reductora, la cual es conceptualizada en el derecho constitucional

comparado de la siguiente manera: “Las sentencias reductoras:

LINO VÁSQUEZ S.

144

Son aquellas que señalan que una parte (frases, palabras, líneas,

etc.) del texto cuestionado es contraria a la Constitución, y ha

generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción

excesiva y desmesurada (…) En ese contexto, la sentencia ordena

una restricción o acortamiento de la “extensión” del contenido

normativo de la ley impugnada. Dicha reducción se produce en el

ámbito de su aplicación a los casos particulares y concretos que se

presentan en la vía administrativa o judicial.” Dicha reducción

se produce en el ámbito de su aplicación a los casos particulares

y concretos que se presentan en la vía administrativa o judicial”

(Sentencia N. 004-2004-CC/TC de fecha 31 de diciembre del

2004 del Tribunal Constitucional de Perú). Esta modalidad de

sentencia es permitida en el derecho constitucional dominicano,

en virtud de las disposiciones del párrafo III, del artículo 47 de

la Ley No. 137-11, que le permite al Tribunal Constitucional

adoptar cualquier modalidad de sentencia “… admitida en la

práctica constitucional comparada”.

3.3.9. Derecho a la seguridad social

Respecto al derecho a la seguridad social, resulta oportuno

destacar que en la citada sentencia TC/0203/13, el colectivo

constitucional acoge el principio de la protección reforzada y

amparó los derechos de una persona de la tercera edad que,

por demás, se encontraba discapacitada, beneficiándole de una

pensión por discapacidad; la misma dispone que:

El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, como

tal inherente a la persona, y es, asimismo, un derecho prestacional,

en la medida en que implica un derecho a recibir prestaciones del

Estado.

El derecho a la seguridad social constituye la garantía del derecho

a vivir una vida digna frente al desempleo, la vejez, la discapa-

cidad o la enfermedad. Sin embargo, el derecho a la seguridad

social se sustenta en los principios de universalidad y solidaridad,

y puede ser reivindicado mediante la acción de amparo; los jueces

deben ponderar las particularidades de cada caso concreto.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

145

3.3.10. Derecho al trabajo

Refiriéndose al derecho al trabajo, la sentencia TC/0096/12,

establece lo siguiente:

Nuestra Carta Magna consigna que el trabajo es un derecho

económico y social que tiene un doble objetivo: por un lado, ejerce

una función social que procura el bienestar de la sociedad; por

el otro, cumple una función personal que persigue proporcionar

bienestar propio al ciudadano, permitiéndole satisfacer sus ne-

cesidades y disponer de poder adquisitivo en la sociedad donde

se desenvuelve. Siendo esto así, una de las consecuencias directas

que se desprende de este derecho es que el trabajo realizado por

el ciudadano sea retribuido de forma efectiva, oportuna, justa y

equitativa.

En un Estado social y democrático de derecho lograr efectividad

constituye una de las funciones esenciales en el cumplimiento y

protección de los derechos y las garantías fundamentales a favor

de sus ciudadanos. En este sentido, al momento en que el señor

Belisario Martínez Hernández no recibe la correspondiente re-

muneración por el trabajo realizado, se le restringió su derecho a

recibir el salario, situación que entraña violación a otros derechos

y garantías, y una discriminación, puesto que los demás conceja-

les, sí reciben sus remuneraciones.

Asimismo, es destacable la sentencia TC/0833/17 que, al

conocer de la desvinculación –por conveniencia– de la Admi-

nistración Pública del señor Héctor Cabrera estableció que:

“(…) constituye una acción arbitraria de la autoridad haberle

desvinculado de su trabajo mientras se encontraba de licencia mé-

dica tras haber sufrido un accidente laboral privándole de percibir

su salario, lo que lo coloca en un estado de desprotección absoluta

que debió ser amparado.

Además, señaló el Tribunal que: “(…) la existencia del Estado

Social y Democrático de Derecho contradice la vigencia de prácticas

autoritarias, pues han de prevalecer los derechos fundamentales, a

LINO VÁSQUEZ S.

146

propósito del derecho del debido proceso, de aquellas personas que

prestan servicios a la Administración Pública”.

3.3.11. Derecho a la salud

El Tribunal Constitucional ha considerado, mediante la ya

comentada jurisprudencia TC/0049/12, que:

(….) Los sistemas de abastecimiento de agua potable son con-

siderados parte integral de los servicios de salud que los Estados

tienen que proporcionar a toda la población, bajo el entendido

de que este “(...) es un recurso natural limitado y un bien público

fundamental para la vida y la salud” (Observación general No.

15 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, año 2002).

En esta materia también se destaca la sentencia TC/0482/16,

en la que el colegiado constitucional estableció que el impe-

dimento de tener acceso al agua potable afecta el derecho a la

salud que se encuentra directamente relacionado con el derecho

a la dignidad humana, previsto en el artículo 38 de la Constitu-

ción… En efecto, cuando se limita o restringe el derecho de acceso

al agua se restringe de forma directa el derecho a la salud, lo cual a

su vez constituye una violación al derecho a tener una vida digna.

Este criterio se consolida en la sentencia TC/0289/16, que

dispuso:

La protección especial que dispensa el constituyente dominicano,

según el texto constitucional transcrito, se corresponde con la

importancia que tiene este derecho, ya que de su disfrute depende

la vida y, en consecuencia, todos los demás derechos; por estas

razones, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoce

como un derecho humano, mediante la Resolución núm. 64/292,

dictada en la 108 sesión plenaria, celebrada el veintiocho (28) de

julio de dos mil diez (2010). En efecto, en el artículo 1 de dicha

resolución se establece que se “reconoce que el derecho al agua

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

147

potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el

pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

3.3.12. Derecho a la cultura

La sentencia TC/0208/14 establece el derecho a la cultura

como límite del derecho de propiedad, al conocer de la solicitud

de anulación del Oficio núm. DNPM/RSGP-075/12, emitido

por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental que

ordenaba la suspensión de los trabajos de restauración de un

inmueble ubicado dentro de los límites del Centro Histórico

de Santiago, en razón de que el recurrente no cumplió con los

requisitos establecidos en la Ley núm. 318, sobre el Patrimonio

Cultural de la Nación de 1968, modificada por la Ley núm.

41-00 del 6 de junio del 2000. En efecto, dispuso que:

(…) el derecho de propiedad consagrado en el artículo núm. 51 de

la Constitución, si bien este derecho tiene un carácter erga omnes,

cuando se trata de bienes inmuebles que se encuentran situados

dentro de los límites designados como patrimonio cultural de la

nación, el derecho de propiedad es limitado, ya que la propia

carta sustantiva en el artículo núm. 64, numeral 4, expresa que:

“El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está

bajo la salvaguarda del Estado que garantizara su protección, en-

riquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor”. En

ese sentido, el inmueble, objeto de la restauración o remodelación,

entra dentro de esta categoría.

(…) el derecho de propiedad inmobiliaria se preserva íntegro y el

titular del mismo conserva bajo su imperio los atributos que de él

derivan, solo que por el efecto de la aplicación de la Constitución

de la República y la ley existen regulaciones que procuran, bajo la

inspiración del supremo interés que reviste el patrimonio cultural

de la Nación, proteger y conservar la expresión arquitectónica de

las mejoras edificadas sobre dichos bienes, toda vez que dichas

mejoras están ubicadas en el Centro Histórico del municipio San-

tiago de los Caballeros. De ahí que el goce, disfrute y disposición

LINO VÁSQUEZ S.

148

de la propiedad no resultan afectados, con lo cual no se vulnera el

derecho fundamental invocado.

Por otra parte, la sentencia TC/0758/17 protege el dere-

cho a la preservación del patrimonio cultural como derecho

colectivo de todos los dominicanos, bajo la salvaguarda del

Estado. La misma suspende la ejecución de una decisión en

materia de amparo que ordenaba medidas que restringían y

regulaban el desenvolvimiento del carnaval de La Vega, cuya

justificación:

“(…) radica en que el carnaval vegano es un patrimonio cultural

de la nación (…). En ese sentido, es una obligación del Estado

conservar el desarrollo y montaje del carnaval vegano, ya que este

evento cultural tiene un alcance no solo nacional, sino también

internacional, y su limitación afecta los derechos colectivos de

todos los dominicanos, así como de todos los extranjeros que se

dan cita en dicha actividad”.

3.3.13. Derecho al medio ambiente

Con relación a este derecho, en la sentencia TC/0167/13,

que resuelve el conflicto generado por la exploración puesta en

ejecución por la empresa Falconbridge Dominicana, S.A. (Xs-

trata Nickel Falcondo), con miras a la explotación de minerales

en Loma Miranda y la resistencia de técnicos, ecologistas y

entidades de la sociedad civil que entendieron que los efectos del

impacto ambiental conspirarían contra el desarrollo sostenible

de la zona y el país, el TC realizó un juicio de ponderación de

los derechos fundamentales a la libre empresa y al trabajo, frente

a derechos e intereses colectivos y difusos referidos a la preserva-

ción del medio ambiente y los recursos naturales, y al respecto,

estableció que:

(…) al tener los derechos de libre empresa y el derecho al trabajo

componentes individuales frente al derecho colectivo y difuso

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

PARADIGMA CONSTITUCIONAL O REALIDAD SOCIAL?

149

que representan las medidas para la preservación del medio

ambiente, el cual, como indicamos antes, tiene además un

alcance supranacional, los dos primeros derechos deben ceder

en su ámbito de protección frente al último siempre y cuando

quede evidenciado que una actuación particular pueda tener

o tenga un efecto adverso e irreversible en el mantenimiento

del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación a largo

plazo de los particulares pudiere arriesgar la seguridad y la

subsistencia de seres humanos.

En consecuencia, el colegiado puso de manifiesto la impor-

tancia y necesidad del desarrollo medio ambiental sostenible,

pues aun cuando una actividad de esta magnitud represente

grandes riquezas que favorezcan el desarrollo económico, la

protección y conservación del medio ambiente entraña tomar en

cuenta los efectos devastadores que con frecuencia se producen.

Es por ello que:

(…) las medidas destinadas a la preservación del medio ambien-

te, al tener un alcance general que traspasa el ámbito nacional,

por propugnar, como parte del sostenimiento ecológico del pla-

neta, la protección de los recursos eco sistémicos, hidrológicos y

de biodiversidad existentes en cada Estado, la misma deviene

en configurar la existencia de un derecho colectivo y difuso que

tiene un alcance supranacional, que encierra el compromiso de

que cada nación le otorgue preponderancia a la aplicabilidad

de la misma en aquellos casos en que una actividad pueda o esté

afectando de forma negativa ese sostenimiento, o ponga en riesgo

el resguardo ecológico del país.

Asimismo, el Tribunal destacó que:

“Resulta incontrovertible hoy por hoy que las evaluaciones

relativas al impacto del medio ambiente constituyen una útil

herramienta técnica aplicable a todos los países. Con las mismas

se procura demostrar que en determinadas actividades vinculadas

se cumplen las normas medioambientales vigentes y se adoptan

LINO VÁSQUEZ S.

150

las providencias orientadas para reducir a su mínima expresión,

aquellas que resultan inevitables”.

Por igual, la sentencia TC/0021/17 protege el medio am-

biente, al confirmar la decisión de paralizar la instalación de un

aserradero en el Parque Nacional “Juan Bautista Pérez Rancier”,

de Valle Nuevo, previendo serios daños a esa área protegida, el

irremisible deterioro del ecosistema, y salvaguardando la hidro-

grafía de la isla, que representa el 80 % de los ríos del país, al

determinar:

(…) que ha quedado plenamente comprobado que con el hecho

de instalar un aserradero en el Parque Nacional “Juan Bautista

Pérez Rancier», de Valle Nuevo (municipio Constanza, provincia

La Vega) –zona protegida como reserva científica desde 1983,

y como parque nacional desde 1996–, se estaría vulnerando la

protección del antes referido derecho colectivo y del medio am-

biente consagrado en el artículo 66 de nuestra Carta Sustantiva,

en vista del inminente y grave riesgo que pende sobre dicha área

protegida ante la inaudita posibilidad de que se instale en ella

un aserradero.