Capítulo III. La tutela de los derechos fundamentales. El procedimiento de amparo, tutela constitucional o protección como medio de tutela de los derechos laborales fundamentales

Páginas141-200
AutorOscar Hernández Álvarez
141
CAPÍTULO III
LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO, TUTELA
CONSTITUCIONAL O PROTECCIÓN COMO MEDIO
DE TUTELA DE LOS DERECHOS LABORALES
FUNDAMENTALES.
SUMARIO: I. La Tutela de los derechos fundamentales. II. El
procedimiento de amparo, tutela o protección como medio de
tutela de los derechos fundamentales. III. Antecedentes históricos
del amparo. IV. Naturaleza Jurídica. V. Características VI.
Competencia jurisdiccional. VII. Sujetos. VIII. Procedimiento IX.
El amparo en materia laboral. X. Acciones procesales especiales
para atender determinados casos de infracción a derechos laborales.
XI. Conclusiones.
I. La tutela de los derechos fundamentales.
36. Dada la trascendencia de los derechos fundamentales,
los ordenamientos jurídicos suelen establecer mecanismos espe-
ciales para su tutela. Fernando Marques Rivas dice:
“El simple reconocimiento o positivización de los derechos funda-
mentales no es garantía de su cumplimiento y efectividad, para
que no se queden como simples buenos deseos, es necesario que el
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
142
ordenamiento jurídico les dote de garantías tanto normativas,
procesales e institucionales.”130
La garantía normativa por excelencia está dada por la incor-
poración de los derechos fundamentales en la constitución. Para
que tal garantía exista efectivamente, debe tratarse, por una par-
te, de una norma codif‌icable por el legislador ordinario y, por la
otra, de un ordenamiento jurídico que contemple un adecuado
sistema jurisdiccional de control de la constitucionalidad. Este
sistema debería contemplar preferiblemente tanto el control
concentrado, generalmente reservado al tribunal constitucional
o sala constitucional de más alto tribunal, con competencia para
declarar la nulidad de cualquier acto, público o privado, como
el control difuso, que corresponde a todos los jueces, quienes,
al decidir un caso particular, pueden, para ese caso, desaplicar
una norma por considerarla contraria a la constitución. Las
garantías procesales están constituidas por los medios específ‌icos
que el ordenamiento jurídico contempla para que un ciudadano
que considera que un determinado acto, público o privado,
viola un derecho fundamental del cual es titular, pueda accionar
judicialmente para lograr la restitución de la situación jurídica
infringida y la eventual reparación de los daños que experimentó
como consecuencia de esa violación
Las garantías institucionales están constituidas por los
medios de autocontrol de la constitucionalidad de sus autos que
corresponden a las propias instituciones públicas, las cuales, sin
necesidad de esperar intervención judicial, pueden desechar una
determinada actividad por ser contraria a la constitución.
130 Fernando MARQUES RIVAS, Los derechos fundamentales en el constitucionalis-
mo contemporáneo, en Revista Ex lege electrónica, Año 3, Nº 16, México, 2013
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
143
II. El procedimiento de amparo, tutela o protección
como medio de tutela de los derechos fundamen-
tales.
37. Entre las garantías constitucionales procesales de los
derechos fundamentales, el procedimiento conocido más gene-
ralmente como amparo merece especial referencia. De acuerdo
con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela:
“el amparo constitucional es una acción de carácter extraordina-
rio, por lo que su procedencia está limitada sólo a casos en los que
sean violados a los solicitantes de manera directa, inmediata y
f‌lagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo
restablecimiento no existan las vías procesales ordinarias, ef‌icaces,
idóneas y operantes”131.
Mario Pasco Cosmópolis releva que
“la acción de amparo o tutela es deliberadamente desigual destinada
a salvaguardar los derechos supremos que dimanan de la Carta
constitucional, tiene un carácter marcadamente tutelar (de allí
su nombre en Colombia) y está conf‌igurada por un trámite lineal
expresamente sencillo, expeditivo y pretendidamente célere.”132
En América Latina varias constituciones consagran el
amparo, el cual en Colombia se denomina tutela, en Ecuador
y Chile protección y en Brasil mandado de segurança. Las cons-
tituciones de Bolivia (Art. 128.7 y 129) y de México (Arts. 106
y 107) no se limitan a consagrar la acción, sino que establecen
procedimientos para su tramitación. Por el contrario otras
constituciones proclaman, en términos más o menos amplios,
131 Sentencia Nº 80 del 9 de marzo de 2000.WWW.TSJ.GOV.VE
132 Mario PASCO COSMÓPOLIS, ob. cit. en la nota 28.
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
144
el derecho de los ciudadanos a accionar el amparo en caso
de violación de sus derechos constitucionales y dejan el tema
procedimental a la determinación del legislador ordinario. Tal
es el caso de las constituciones de Argentina (Art. 43), Brasil
(Art. 5 XIX y XXI), II, Colombia (Art. 86), Costa Rica (Art.
48), Ecuador (Art. 88), Guatemala (Art. 256), Honduras, (Art.
183), Nicaragua (Art..45), Paraguay (Art. 134) Perú (Art. 200)
y Venezuela (Art. 27).
III. Antecedentes históricos del amparo.
38. Humberto Nogueira Alcala señala que los primeros
antecedentes del amparo:
“se encuentran en Roma, a través del Interdicto de “Homine libero
exhibendo” consagrado en el título XXIX, libro XLIII del Digesto,
el cual concedía a todo hombre libre, púber o impúber, varón o
mujer, estuviera o no sujeto a potestad ajena, recurrir al Pretor, el
cual resolvía por edicto ordenar a quién tuviere ilegalmente a otra
persona exhibirla ante él (exhibe al hombre libre que retienes con
dolo malo)”. 133
Varios autores citan como antecedente histórico de nuestro
actual amparo a las instituciones medievales aragonesas. Las cró-
nicas hablan de unos pactos de Sobrarbe, celebrados para resolver
conf‌lictos en el monarca y los nobles, en los cuales se estableció
la obligación del rey de jurar los fueros antes de ser coronado
como tal. Las crónicas señalan que con base en tales pactos se
creó, en 1215 la f‌igura del Justicia Mayor, encargado de velar
el cumplimiento de los fueros. Este funcionario conocía de las
133 Humberto NOGUEIRA ALCALA “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile
con información comparativa de América del Sur: Evolución y Situación Actual”,
Revista Jurídica del Perú, Revista N° 13.
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
145
denuncias de incumplimiento de los fueros y tenía competencia
para amparar al denunciante en el ejercicio de sus derechos, pu-
diendo dejar sin efecto los actos de las autoridades, incluyendo al
Rey, que violasen los fueros y leyes. Ignacio Burgos señala:
“Uno de los fueros que más signif‌icación tiene para la antecedencia
hispánica de algunas de nuestras garantías individuales, es sin duda
el llamado Privilegio General que en el reino de Aragón expidió don
Pedro III en el año de 1348, estatuto que ya consagraba derechos
fundamentales en favor del gobernado oponibles a las arbitrarieda-
des del poder público en lo que concierne a la libertad personal. Las
garantías de seguridad jurídica que dicho fuero general contenía en
benef‌icio de dicha libertad, se hacían respetar a través de distintos
medios procesales que él mismo instituía y los cuales se conocen
con el nombre de “procesos forales”, constituyendo algunos de ellos
verdaderos antecedentes o precedentes hispánicos de nuestro juicio
de amparo.”134
Los antecedentes más claros del actual amparo hay que bus-
carlos en el derecho inglés. La famosa Carta Magna, acordada
como solución a complejos conf‌lictos entre nobles normandos
e ingleses y entre el Rey y los nobles, fue promulgada por el Rey
Juan Sin Tierra en 1215. En este documento se establece que
un súbdito no puede ser detenido, expulsado o despojado de
sus propiedades sin que exista una justif‌icación acreditada en un
juicio público y conforme a la ley, sin que la sola voluntad de una
autoridad pueda constituir causa justif‌icante de la detención. En
1640 se dicta la Ley de Habeas Corpus y en 1649 se dicta otra ley
en la cual se establecen los procedimientos necesarios para que la
persona agraviada pueda accionar para lograr su libertad. Estos
procedimientos tienen similitud con los que aplican actualmen-
te en los juicios de amparo. En la demanda el solicitante del
134 Ignacio BURGOA, El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México, 1983 p. 58
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
146
habeas corpus debía basarse en motivos razonables y acompañar
pruebas del agravio que había sufrido. El funcionario que había
ordenado el acto objeto del recurso estaba obligado a presentar
la persona detenida ante el Tribunal y debía rendir a éste un
informe sobre la situación planteada, estableciéndose fuertes
multas para quienes incluyesen falsedades en dicho informe. El
Tribunal, actuando sumariamente, debía decidir la solicitud,
otorgando el habeas corpus en aquellos casos en los cuales se
hubiese demostrado que la detención no estaba justif‌icada.
Es de destacar que en América Latina la institución del
amparo ha tenido gran raigambre en México. Fue establecida
por primera vez en la Constitución del Estado de Yucatán en
1841, fue incorporada al acta constitutiva y de reformas de 1847
y f‌inalmente adoptada por la Constitución federal de 1857.
En 1868 se dictó una Ley Orgánica Constitucional sobre el
Juicio de Amparo. Desde mediados del siglo XIX se produjeron
sentencias decretando amparos. A lo largo de los siglos XX y
XXI ha habido una abundante jurisprudencia y doctrina en la
materia, y el amparo constituye una práctica recurrente en el
foro mexicano.
En la actualidad el amparo está consagrado en la mayoría
de las constituciones latinoamericanas y en varios países en los
que no está establecido constitucionalmente lo está en leyes
especiales.
IV. Naturaleza Jurídica.
39. Uno de los aspectos más debatidos en la doctrina sobre
el amparo es el de su naturaleza jurídica. Los autores discuten
sobre si el amparo es una acción, una garantía, un recurso o un
juicio. Quienes dicen que se trata de una acción destacan que
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
147
el amparo es un medio procesal que conf‌iere a los ciudadanos el
derecho de poner en movimiento el aparato jurisdiccional para
lograr la restitución de derechos fundamentales que le han sido
vulnerados. Otros autores lo calif‌ican como un recurso procesal
mediante el cual los ciudadanos pueden lograr la anulación de
un acto que vulnera sus derechos. Hay quienes sostienen que
es una garantía en el sentido de que es un medio constitucional
legalmente establecido para proteger el cumplimiento de los
derechos fundamentales del ciudadano. En f‌in, otros autores
pref‌ieren destacar que el amparo es un juicio intentado por
quien ha visto infringido sus derechos en contra de quien los
infringió. Como veremos de seguida, las legislaciones de los
distintos países latinoamericanos son diferentes en cuanto a
la calif‌icación de la naturaleza del amparo, optando por una
u otra de las anteriores concepciones y en algunos casos, em-
pleándolas indistintamente.
En algunos países el amparo está concebido como una
acción. Es el caso de Argentina (Art. 43 C.N.), Bolivia (Art.
128 C.N.), Colombia (Art. 86 C.N.), Ecuador (Art. 88 C.N.),
El Salvador (Art. 12 de la Ley de Procedimientos Constitu-
cionales), Perú (Art. 200 C.N.), República Dominicana (Art.
72 C.N. y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales), Uruguay (Ley 16.011
Acción de Amparo) y Venezuela (Art. 27 C.N. y Art. 2 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Consti-
tucionales) que, de manera expresa, calif‌ican al amparo como
una acción.
En Guatemala (Art. 1 Ley de Amparo, Exhibición Personal
y de Constitucionalidad) y Honduras (Art. 182 C.N.), el ampa-
ro está concebido como una garantía, pero en Honduras la Ley
sobre Justicia Constitucional habla indistintamente del amparo
como una garantía y como una acción.
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
148
En México el amparo está diseñado como un juicio especial
de protección a los derechos constitucionales.
En otros países, como el caso de Costa Rica (Art. 48 C.N8 y
Título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), Nicaragua
(Arts. 45 y 188 C.N. y Art. 3 Ley de Amparo), está establecido
como un recurso. En Chile el Art. 20 C.N. concibe el amparo
como un recurso de protección de las garantías constitucio-
nales, pero el artículo 1 del Auto de la Corte Suprema, sobre
tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías
constitucionales habla indistintamente de acción o recurso de
protección, siendo mayor la confusión en Panamá, en donde
la Constitución y el Código Judicial hablan indistintamente de
recurso, acción y garantía para referirse al amparo. En Paraguay
el Código Procesal Civil (Título II) habla de juicio y de acción.
En Venezuela, como se ha dicho, el amparo está establecido
como una acción contra cualquier acto de entidades públicas
o de particulares que vulneren derechos constitucionales, pero
también se puede ejercer contra una sentencia que incurra en tal
supuesto, lo que pudiera dar pie a sostener que es a la par una
acción y un recurso.
Por mi parte, pienso que el amparo es una acción, porque le
da a los ciudadanos que vieren infringidos sus derechos constitu-
cionales el derecho a acudir ante los organismos jurisdiccionales
para obtener su restitución y no un recurso, porque éstos se dan
en el contexto de un proceso para obtener la modif‌icación de
una decisión tomada en el mismo y el amparo puede intentarse
cuando no exista un proceso abierto. Por otra parte el amparo
está concebido como una garantía de los derechos constituciona-
les. En f‌in, cuando se intenta un amparo se inicia un juicio entre
el querellante y el querellado. Por todo lo expuesto, evitando
estas discusiones doctrinales, pref‌iero referirme al amparo como
un medio procesal concedido a los ciudadanos que consideren
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
149
vulnerados sus derechos constitucionales para que acudan ante
los órganos jurisdiccionales a f‌in de pedir su restitución. Bien se
considere una acción, un juicio, un recurso o una garantía, el
amparo es, en todo caso, un medio procesal, un instrumento que
permite que el ciudadano actué jurisdiccionalmente en defensa
de sus derechos.
V. Características.
40. La doctrina y la jurisprudencia son abundantes en cuan-
to a la determinación de las características propias del amparo.
Trataré de hacer un resumen simplif‌icado de tales características,
tomando en cuenta las distintas manifestaciones del amparo en
el Derecho Comparado, debiendo observar que no en todos los
países se presentan de la misma manera las mismas características.
1. El amparo es un medio procesal rápido y ef‌icaz, que
se tramita en forma gratuita, breve y sumaria. En este
sentido se pronuncian expresamente las normativas
de Argentina (Art. 43 C.N.); Bolivia (Art. 3 Código
Procesal Constitucional); Brasil (Art. 17 Lei Nº 1.533
mandado de segurança); Colombia (Arts. 83 C.N. y 1
Ley de Acción de Tutela); Ecuador (Art. 8 Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucio-
nal); Guatemala (Art. 5 Ley de Amparo, Exhibición
Personal y Constitucionalidad); Honduras (Art. 45 Ley
sobre Justicia Constitucional); Panamá (Arts. 50 C.N.
y 2615 Código Judicial); Perú (Arts. III, y Disposición
Final Quinta del Código Procesal Constitucional);
República Dominicana (Arts. 72 C.N. y 7 y 66 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales) y Venezuela (Arts.
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
150
27 C.N. y 16 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales).
2. Es un medio procesal de naturaleza extraordinaria. En
consecuencia:
2.1. Tiene carácter subsidiario. Sólo procede cuando no
exista una acción ordinaria con ef‌icacia suf‌iciente para
restablecer el derecho constitucional vulnerado. En este
sentido se pronuncian expresamente las normativas
de Argentina (Arts. 43 C.N. y 2 Ley 16986); Bolivia
(Arts. 129 C.N. y 54 Código Procesal Constitucional);
Brasil (Art. 5 Lei Nº 1.533 mandado de segurança);
Colombia (Arts. 83 C.N. y 6 Ley de Acción de Tutela);
El Salvador (Art. 12 Ley de Procesos Constitucionales);
Nicaragua (Arts. 44 y 46 de Ley de Amparo); Paraguay
(Art. 134 C.N.); Perú (Arts. 1; 5.2 y 38 Código Pro-
cesal Constitucional); República Dominicana (Art.
70 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales); Uruguay (Art. 2
Ley 16.011 de Acción de Amparo) y Venezuela (Art. 5
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales).
2.2. En la mayoría de los países tiene un objeto limi-
tado: restituir al agraviado en el disfrute y ejercicio
pleno de sus derechos constitucionales vulnerados. Por
eso se dice que tiene una naturaleza restablecedora. En
principio el juez de amparo no debería conocer el fondo
del asunto, ni acordar indemnizaciones, sino limitarse
a determinar si el querellado ha sido vulnerado en sus
derechos constitucionales, y, en caso af‌irmativo, a res-
tituirle a la mayor brevedad en el disfrute y ejercicio de
tales derechos. Si el Juez de amparo entrase a decidir el
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
151
fondo del asunto, si debiese considerar la procedencia
y el monto de posibles indemnizaciones, el análisis del
caso le llevaría más tiempo del que requiere la decisión
del amparo como medio expedito e inmediato para la
restitución de los derechos constitucionales vulnerados.
Por eso, en la mayoría de los países el juez de amparo se
limita a precisar si existe una violación de un derecho
constitucional y, en ese caso, a restituir la situación
jurídica infringida. Las partes conservan el derecho a
acudir ante la justicia ordinaria para que ésta resuelva
la totalidad de sus pretensiones. Así, por ejemplo, si un
empleador despide a un dirigente sindical que goza de
inamovilidad por alegar que ha cometido una falta grave
y si este trabajador no puede lograr mediante la justicia
ordinaria la inmediata restitución de la situación jurídi-
ca infringida e intenta un amparo, el juez, al determinar
que se ha infringido un derecho constitucional, debe
ordenar inmediatamente la restitución del trabajador a
su empleo, sin entrar a analizar si efectivamente cometió
o no una falta. Esta sentencia de amparo no impide que
el empleador acuda a la justicia ordinaria para solicitar
que se le autorice el despido con vista a la falta grave
alegada, la cual debe probar, así como tampoco impide
que, a su vez, el trabajador acuda a la justicia ordinaria
para exigir el pago de indemnizaciones por el daño que
con su acto antijurídico le haya causado el empleador,
el cual debe probar. El carácter restitutorio del amparo
está establecido expresamente en las normativas de
Bolivia (Art. 57 Código Procesal Constitucional);
Costa Rica (Art. 49 Ley de Jurisdicción Constitucio-
nal); Chile (Art. 20 C.N.); El Salvador (Art. 35 Ley de
Procesos Constitucionales); Guatemala (Art. 265 C.N.
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
152
y 4 Ley de Amparo; Exhibición Personal y Constitucio-
nalidad.); Honduras (Art.183.1 C.N.); México (Arts.
107 II C.N. y 73 Ley de Amparo); Nicaragua (Arts. 45
C.N. y 44 y 46 Ley de Amparo); Perú (Art. 1 Código
Procesal Constitucional) y República Dominicana (Art.
91 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales).
Por el contrario, en Colombia se prevé que en algunos
casos la sentencia de amparo pueda condenar a indem-
nizaciones y costas (Art. 25 Ley de Acción de Tutela),
lo cual está previsto de manera similar en Ecuador (arts.
17,18 y 19 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional).
2.3. En la mayoría de los países el amparo procede
cuando se haya violado una norma constitucional
de manera directa, inmediata y clara. En esos países
el juez de amparo no puede conocer de los casos de
violaciones de normas legales o reglamentarias. En este
sentido se pronuncian expresamente las normativas de
Colombia (Art. 86 C.N.); Costa Rica (Arts. 48 C.N. y
1 Ley de Jurisdicción Constitucional); Chile (Art. 20
C.N.); Ecuador (Arts. 88 C.N. y 39 Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional);
El Salvador (Art. 12 Ley de Procesos Constitucionales);
Honduras (Art. 46 Ley sobre Justicia Constitucional);
México (Arts. 107 I y 1 Ley de Amparo); Nicaragua
(Arts. 188 C.N. y 3 Ley de Amparo); Panamá (Arts. 50
C.N. y 2615 Código Judicial); Perú (Arts. 200 C.N.
y 41 Código Procesal Constitucional); Uruguay (Art.1
Ley 16.011 de Acción de Amparo) y Venezuela (Art. 27
C.N.) Por el contrario, en Argentina (Art. 43 C.N.);
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
153
Bolivia (Art. 128 C.N,) y Guatemala (Art. 265 C.N.),
se permite el amparo por la violación de derechos esta-
blecidos en las leyes. En el caso argentino es procedente
incluso por la violación de derechos consagrados en
tratados internacionales. En Brasil el “mandado de
securança” (equivalente al amparo) se concede para
proteger “direito líquido e certo,” sin referirse al origen
normativo de tal derecho (Art. 5 LIXI C.N.).
2.4. En materia de amparo la cosa juzgada tiene
efectos limitados. La institución de la cosa juzgada es
fundamental para la seguridad jurídica de la sociedad.
El principio general es que una vez que se produzca
una sentencia def‌initivamente sobre un determinado
caso, el mismo no puede ser objeto de un nuevo juicio,
pues de lo contrario podría abrirse una interminable
cadena de procesos, lo cual podría desestabilizar el
sistema judicial. Por cuanto en la mayoría de las legis-
laciones el amparo tiene un objeto delimitado, cual es
el de constatar si el querellante ha sido vulnerado en
el disfrute y ejercicio de un derecho constitucional, y,
en caso af‌irmativo, restituirle en el mismo, la sentencia
dictada en el juicio de amparo causa cosa juzgada re-
lativa, pues, una vez f‌irme, impide a las partes ejercer
un acción destinada a modif‌icar el dispositivo de la
sentencia, bien sea que la misma acuerde o niegue el
amparo solicitado. No obstante, la sentencia de ampa-
ro no impide que las consecuencias del acto u omisión
que la motivó puedan dar lugar al ejercicio de acciones
jurisdiccionales de cualquiera de las partes ante la justi-
cia ordinaria. En el ejemplo propuesto en el punto 2.2,
si la sentencia declara con lugar el amparo ejercido por
el sindicalista que fue despedido en violación a su
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
154
derecho constitucional al fuero sindical, la misma no
impide que el empleador ejerza una acción ordinaria
para obtener una autorización para despedir al dirigen-
te basándose en que el mismo cometió faltas graves que
justif‌ican su despido.
El alcance de la cosa juzgada en los procedimientos de
amparo y de exhibición de la persona, en el sentido
anteriormente expuesto, está claramente establecido en
el artículo 81 de la Ley de Procedimientos Constitucio-
nales de El Salvador, que dice así:
“Artículo 81. La sentencia def‌initiva en los dos procesos mencio-
nados en el artículo anterior produce los efectos de cosa juzgada
contra toda persona o funcionario, haya o no intervenido en el
proceso, sólo en cuanto a que el acto reclamado es o no consti-
tucional, o violatorio de preceptos constitucionales. Con todo, el
contenido de la sentencia no constituye en sí declaración, reco-
nocimiento o constitución de derechos privados subjetivos de los
particulares o del Estado; en consecuencia la resolución dictada no
puede oponerse como excepción de cosa juzgada a ninguna acción
que se ventile posteriormente ante los Tribunales de la República.”
La Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales
de Venezuela, expresa muy claramente cuáles son los efectos
de la sentencia de amparo, tanto en el caso de que éste se
haya declarado con lugar o de que se haya desestimado:
“Artículo 36. Efectos de la sentencia de amparo. La sentencia
f‌irme de amparo producirá efectos jurídicos respecto al derecho
o garantía objetos del proceso, sin perjuicio de las acciones o
recursos que legalmente correspondan a las partes.
Artículo 37. Efectos de la sentencia de desestimación. La deses-
timación del amparo no afecta la responsabilidad civil o penal
en que hubiese podido incurrir el autor del agravio, ni prejuzga
sobre ninguna otra materia.”
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
155
La misma orientación puede encontrarse en las legislaciones
de Argentina (Art. 13 Ley 16.986); Brasil (Art. 15 Lei Nº
1.533 mandado de segurança); El Salvador (Art. 81 Ley de
Procedimientos Constitucionales); Honduras (Art. 72 Ley
Sobre Justicia Constitucional).
En sentido contrario y sin explicar el alcance de su expresión
el Código Judicial de Panamá en su artículo 2630 dice:
“Artículo 2630. En las demandas de amparo; las providencias
que se dicten; son inimpugnables; salvo la resolución que no
admita la demanda. Tampoco se podrán proponer ni admitir
demandas de amparo sucesivas contra el mismo funcionario y
contra la misma orden dictada por él; aunque se propongan
ante tribunales competentes distintos. La sentencia def‌initiva
funda la excepción de cosa juzgada.”
Por su parte el artículo 6 de Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de
República Dominicana dice:
“Artículo 6.- Cosa Juzgada. En los procesos constitucionales
sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión f‌inal que
se pronuncie sobre el fondo.”
Esta disposición no me resulta muy clara. Se aplica al
amparo puesto que está considerado como un proceso
constitucional; pero; como se ha visto, el amparo no
decide sobre el fondo, sino que se limita a “prescribir las
medidas necesarias para la pronta y completa restauración
del derecho fundamental conculcado al reclamante o para
hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio”; tal como
lo establece el Art 91 de la misma ley. La interpretación
que se ha dado a esta disposición es que en el procedi-
miento de amparo sólo causan cosa juzgada las decisiones
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
156
que versen sobre lo principal de la demanda y no las que
decidan incidencias.
3. El amparo forma parte del sistema de control de cons-
titucionalidad. La constitución es el elemento clave de la
organización política y jurídica de la sociedad, en la cual se
establece no sólo la estructura jurídica de los poderes públi-
cos sino también los deberes y derechos de sus ciudadanos.
La supremacía de la constitución es una premisa para el
buen funcionamiento de la sociedad, en la cual todas las
normas jurídicas y todas las actuaciones tanto del poder
público como de los particulares deben ajustarse a ella.
En un Estado de Derecho es fundamental la existencia de
un sistema de control de constitucionalidad que tenga la
competencia para constatar que no sólo la legislación; sino
también las actuaciones de los poderes públicos sean confor-
mes a la constitución. Ese sistema debe tener competencia
para anular o desaplicar aquellas normas y actos, públicos o
privados, que sean violatorios del texto constitucional.
Como se ref‌irió en el Capítulo I los sistemas de control
de constitucionalidad pueden ser concentrados, difusos o
mixtos. En principio, en aquellos países en los cuales existe
el control difuso de la constitucionalidad, el amparo forma
parte del mismo, pues el Juez de amparo tiene competen-
cia para constatar si la norma, acto u omisión contra la
cual se ejerce el amparo, efectivamente viola los derechos
constitucionales del querellante y; de ser así es igualmente
competente para desaplicar la norma impugnada al caso
concreto, si fuere el caso, o para anular el acto u omisión;
reintegrando al querellado el ejercicio de sus derechos cons-
titucionales. Excepcionalmente; el amparo puede formar
parte del control concentrado de la constitucionalidad;
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
157
cuando es ejercido conjuntamente con una solicitud de
nulidad intentada ante un órgano judicial con competencia
para declarar tal nulidad.
En Argentina (Art. 43 C.N.); Honduras (Arts. 183.2 C.N.
41 Ley Sobre Justicia Constitucional); México (Arts. 207 II
C.N. y 78 y 231 Ley de Amparo); Perú (Arts. VI y 3 Có-
digo Procesal Constitucional) y Venezuela (Arts. 3 y 4 Ley
Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales) existen
normas que expresamente permiten al juez de amparo
desaplicar, en el caso concreto, una determinada norma por
considerarla contraria a la Constitución.
VI. Competencia jurisdiccional.
41. La determinación de cuál es el órgano judicial com-
petente para conocer del amparo varía mucho de acuerdo a las
legislaciones de los diversos países. Mientras en algunos países
hay una tendencia a ampliar la competencia, de manera que se
facilite a los ciudadanos la interposición del amparo, en otros
se considera que por tratarse de una materia muy delicada, las
competencias jurisdiccionales para el conocimiento del amparo
deben ser reducidas.
En Argentina (Art. 4 Ley 16.986); Bolivia (Art. 129
C.N.); Colombia (Art. 37 Ley de Acción de Tutela); Ecuador
(Art. C.N.); México (Art. 207 VII); Paraguay (Art. 566 Del
Código Procesal Civil); República Dominicana (Art. Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales); Uruguay (Art.3 Ley 16.011 de Acción de
Amparo) y Venezuela (Art. 7 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales) hay un criterio
amplio de competencia y los jueces de instancia son competen-
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
158
tes para conocer la acción de amparo, siendo de observar que
en Venezuela se establece que las acciones de amparo contra
determinados altos funcionarios deben ser conocidas por el
Tribunal Supremo de Justicia.
En Perú (Art. 51 del Código Procesal Constitucional) son
competentes los jueces civiles del lugar donde se afectó el derecho
o del domicilio del afectado a elección de demandante y la Sala
Civil de La Corte Superior de Justicia si la infracción se origina
en una resolución judicial.
En Guatemala (Arts. 11 a 16 de la Ley de Amparo; Exhi-
bición Personal y de Constitucionalidad); Honduras (Arts. 9 a
12 de la Ley sobre Justicia Constitucional) y Panamá (Art. 2616
del Código Judicial) la competencia se reparte entre diversos
Tribunales; desde los de primera instancia hasta las más altas
instancias, de acuerdo con la jerarquía de los funcionarios en
contra de los cuales se haya intentado el amparo. En Guatemala
los jueces de primera instancia son competentes para conocer de
los amparos intentados contra entidades privadas.
En otros países, en cambio, se considera que por lo delicado
del tema, su competencia debe concentrarse en determinados y
reducidos tribunales. Así, en Chile el recurso de protección se
debe intentar ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción en
donde se cometió el hecho que da lugar al recurso (Art. 1 Auto
de la Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de
protección de las garantías constitucionales). En Costa Rica el
conocimiento de los amparos es competencia exclusiva de la Sala
especializada de la Corte Suprema de Justicia. También en El
Salvador la competencia recae en la Corte Suprema de Justicia,
Sala de lo Constitucional (Art. 247 C.N.).
En Nicaragua la Ley de Amparo, número 49 de 1988 mo-
dif‌icada en 1995, establece un particular sistema de competencia
mediante el cual el amparo debe intentarse ante la Corte de ape-
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
159
laciones con competencia territorial, la cual sustancia el procedi-
miento hasta la etapa en que debe decidir si el acto impugnado
debe suspenderse o no. Si el acto se suspende el expediente pasa
a la Corte Suprema de Justicia, a la cual compete la decisión
def‌initiva del caso.
En mi criterio la atribución de competencia exclusivamente
a un alto tribunal no facilita, sino que obstaculiza la función
fundamental del amparo, cuál es la de que todo ciudadano que
vea vulnerados sus derechos fundamentales tenga un medio pro-
cesal ef‌icaz y expedito para lograr que se le restituya el ejercicio
de los derechos afectados.
En Brasil la legislación no establece que juez es competente
para conocer el “mandado de segurança” y la jurisprudencia ha
establecido que la competencia se def‌inirá de acuerdo con la
naturaleza de la autoridad que se haya demandado como autora
de la infracción que da lugar al proceso.
VII. Sujetos.
42. En materia de sujetos activos las normativas sobre
amparo son muy amplias. En general cualquier persona que se
sienta vulnerada en sus derechos fundamentales tiene la titulari-
dad para ejercer el amparo. La legislación venezolana exige que
si el querellante es una persona jurídica debe estar domiciliada
en el país y que si se trata de una persona natural debe residir en
el territorio nacional (Art.1 Ley Orgánica de Amparo y Garan-
tías Constitucionales). En algunas legislaciones se permite que
además del afectado, ciertos funcionarios públicos, como repre-
sentantes del Ministerio Público, Defensores del Pueblo, etc. o
ciertas entidades, como sindicatos, partidos políticos, organiza-
ciones de derechos humanos, etc. puedan ejercer el amparo. En
ese sentido norman las legislaciones de Bolivia (Art. 52 Código
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
160
Procesal Constitucional); Brasil (Art. 5 LXX C.N.); Colombia
(Art. 12 Ley de Acción de Tutela); Ecuador (Art. 9 Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional); Perú
(Art. 39 Código Procesal Constitucional) y República Domini-
cana (Art. 40 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales).
En materia de sujetos pasivos del amparo el tema es más
complicado. Se pueden identif‌icar una tendencia amplia y otra
restringida, con soluciones intermedias. En algunos países; como
Argentina (Art. 43 C.N.); Bolivia (Art. 128 C.N.); Chile (Art.
20 C.N.); Paraguay (Art. 134 C.N.); República Dominicana
(Art. 68 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales); Uruguay (Art. 1 Ley 16.011
sobre Acción de Amparo) y Venezuela (Art. 2 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) el
amparo puede dirigirse tanto contra autoridades estatales como
contra particulares.
En El Salvador (Art. 12 de la Ley de Procedimientos Cons-
titucionales) y Panamá (Art. 50 C.N. y Art. 2615 del Código
Judicial) el amparo sólo puede intentarse contra autoridades
estatales o servidores públicos. En otros países si bien, en princi-
pio, el sujeto pasivo debe ser una autoridad pública, se permite
que pueda intentarse contra los particulares en casos especiales
determinados por la ley. Es el caso de Brasil que permite accionar
contra particulares cuando éstos ejerzan una función pública por
delegación estatal (Lei 1.533. mandado do securança). También
el de Guatemala (artículo 9 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad) y Honduras (Art. 42 de la
Ley sobre Justicia Constitucional), que en términos muy simi-
lares permiten el ejercicio del amparo contra particulares que
actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de
contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante y el de
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
161
Nicaragua (Art. 188 C.N), que permite el amparo “en contra de
toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente
de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías
consagrados en la Constitución Política”.
En Colombia, la Ley sobre la Acción de Tutela (Art. 42)
establece una serie de excepciones en las cuales se puede intentar
tutela contra los particulares. Este régimen de excepciones es
bastante amplio, porque comprende no solo a particulares que
actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, y de
aquellos que tengan a su cargo la atención de servicios públicos,
sino también a otros casos, entre los cuales me parece interesante
mencionar el indicado en el ordinal 4 que dice:
“Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización pri-
vada, contra quien la controle efectivamente o fuere el benef‌iciario
real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión
con tal organización.” (negritas mías)
Algo semejante ocurre en Costa Rica cuya Ley de Jurisdic-
ción Constitucional establece en su artículo 57:
“El recurso de amparo también se concederá contra las acciones
u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o
deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se
encuentren, de derecho o de hecho en una posición de poder
frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten clara-
mente insuf‌icientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades
fundamentales a que se ref‌iere el artículo 2, inciso a), de esta Ley.”
(negritas mías)
En términos similares el artículo 88 de la Constitución de
Ecuador permite el amparo contra“una persona particular, si la
violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públi-
cos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
162
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o
discriminación.”
A mi juicio, las excepciones establecidas por las leyes de
Costa Rica, Colombia y Ecuador, cuando se ref‌ieren a la relación
de subordinación o al encontrarse en una situación de poder,
abren paso a que los trabajadores puedan intentar tutela contra
sus empleadores para defender sus derechos, aun cuando se
traten de personas privadas.
El caso mexicano es curioso, porque de acuerdo con la
Constitución el amparo sólo procede contra autoridades públi-
cas, pero la Ley de amparo, reglamentaria de los artículos, 103
y 107 de la Constitución del año 2013 señala en su artículo 5
Párrafo 2:
“Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de
autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de
autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y
cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
Esta contradicción ha dado lugar a un amplio debate en
la doctrina y en la jurisprudencia mexicana. Una interpretación
restringida del texto constitucional puede dar lugar a sostener la
inconstitucionalidad de la disposición de la Ley de Amparo que
permite que, en determinados casos, pueda intentarse el juicio de
amparo contra particulares. No existe una sentencia que declare
en forma determinante la constitucionalidad o inconstituciona-
lidad de la referida Ley. Ha habido sentencias contradictorias
que en aplicación de la Ley de Amparo, han determinado la
procedencia o improcedencia de un juicio de amparo contra
particulares. Así, mientras unas sentencias establecen que los
organismos directivos de las universidades privadas actúan como
autoridades responsables cuando emiten actos tales como ins-
cripción o expulsión de alumnos, emisión de títulos etc., siendo
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
163
procedente el juicio de amparo en su contra, otras sentencias
les niegan tal carácter de autoridad y en consecuencia declaran
inadmisible el amparo contra sus actos. En igual sentido se han
dictado sentencias en relación con los organismos directivos de
las instituciones bancarias, autoridades tradicionales de pueblos
y comunidades indígenas, notarios públicos, directivos de enti-
dades deportivas, asamblea de ejidatarios etc.135
En mi criterio la naturaleza horizontal que la doctrina
contemporánea conf‌iere a los derechos fundamentales, los cuales
rigen no sólo en las relaciones de los particulares con el Estado,
sino también en las relaciones entre dos o más particulares,
debería determinar que el amparo pueda ejercerse no sólo contra
las autoridades públicas, sino también contra personas privadas,
algunas de las cuales han alcanzado un poder parangonable con
el del estado, lo cual es una razón para considerar que pueda
ejercerse contra ellas el amparo.
VIII. Procedimiento.
43. El procedimiento de amparo varía en las diversas le-
gislaciones, por lo cual en un estudio general como el presente,
que no se ref‌iere a la legislación de un país en particular, no es
oportuno entrar en el análisis detallado de los diversos aspectos
procedimentales que pueden plantearse en relación al ejercicio
135 Sobre este tema debaten, entre otros autores: Javier MIJANGOS y GONZÁLEZ,
El Juicio de Amparo Contra Particulares: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/9/4317/19.pdf Rubén SANCHEZ GIL. El Concepto de “Autoridad Res-
ponsable” en la nueva Ley de Amparo. Bol. Mex. Der. Comp. [online]. 2014, vol.47,
n.139 [citado 2020-10-31], pp.315-330. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S0041-86332014000100011&lng=es&nrm=iso Humberto
SUAREZ CAMACHO, El Juicio de Amparo Contra particulares.https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4317/20.pdf Carlos DE BUEN UNNA, Par-
ticulares Como Autoridades Responsables en el Juicio de Amparo (inédito).
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
164
del amparo. Sin embargo, sí es posible referir a un esquema
procesal que, en general, observan la mayoría de las legislaciones.
En primer lugar se puede anotar que, como se ref‌irió con
anterioridad, los procesos de amparo se caracterizan por su
celeridad, simplicidad, gratuidad. En general las legislaciones
simplif‌ican las formalidades y otorgan autoridad y medios
procesales ef‌icientes para que el Juez de amparo decida sumaria-
mente el caso sometido a su consideración. Es de observar que
no obstante las prescripciones legislativas, no en todos los casos
el amparo es tramitado y resuelto con la debida celeridad.
Las legislaciones suelen establecer los requisitos que debe
llenar la demanda de amparo, procurando que, desde el inicio, se
proporcionen al juez elementos que faciliten su pronta decisión.
En algunos países se exige que junto con la demanda se acompa-
ñen las pruebas pertinentes. Así, en Argentina (Arts. 6 y 7 Ley
16.986 Acción de Amparo); Colombia (Art. 14 Ley de Acción
de Tutela); Ecuador (Art. 10 Ley Orgánica de Garantías Jurisdic-
cionales y Control Constitucional); El Salvador (Art. 14 Ley de
Procedimientos Constitucionales.); Guatemala (Art. 21 Ley de
Amparo; Exhibición personal y Constitucionalidad); Honduras
(Art. 49 Ley sobre Justicia Constitucional); México (Arts. 108
y 175 Ley de Amparo); Nicaragua (Art. 27 Ley de Amparo);
Panamá (Art. 2619 Código Judicial); Paraguay (Art. 569 Ley nº
16.011 Acción de Amparo); República Dominicana (Art. 42 Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales); Uruguay (Art. 5 Ley de Amparo) y Venezuela
(Art. 18 Ley de Amparo y Garantías Constitucionales).
Una vez presentada la demanda, el Juez examinará si esta
es admisible, en cuyo caso inmediatamente pondrá a la parte
querellada del conocimiento de la misma. Generalmente se esta-
blece que el Juez solicite a la parte querellada un informe sobre
los hechos objetos del amparo. Se suele establecer que la falta de
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
165
presentación de ese informe trae consecuencias procesales adver-
sas a quien lo omitió. Generalmente comporta una presunción
de veracidad de los hechos alegados por el querellante o se sus-
pende provisionalmente el acto impugnado. Así, en Argentina
(Art. 8 Ley 16.986 Acción de Amparo); Colombia (Art. 19 Ley
de Acción de Tutela); Costa Rica (Art. 43 Ley de Jurisdicción
Constitucional); Chile (Art. 3 Auto acordado de la Corte Su-
prema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de
las garantías constitucionales); El Salvador (Arts. 2 y 84 Ley de
Procedimientos Constitucionales); Guatemala (Art. 33 Ley de
Amparo; Exhibición personal y Constitucionalidad.); Honduras
(Arts. 52 y 53 Ley sobre Justicia Constitucional ); México (Arts.
115 a 117 y 142 Ley de Amparo); Nicaragua (Art. 37 Ley de
Amparo); Panamá (Art. 2620 Código Judicial); Paraguay (Arts.
572 y 584 Ley nº 16.011 Acción de Amparo); República Domi-
nicana (Art. 54 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales) y Venezuela (Art. 23 Ley
de Amparo y Garantías Constitucionales).
Algunas legislaciones prevén que el juez pueda dictar medi-
das cautelares tendientes a asegurar la protección del querellante.
Estas medidas requieren generalmente que haya un indicio o
principio de prueba de la violación de un derecho constitucional
del querellante. Pueden ser la suspensión temporal del acto ob-
jeto del amparo o de la suspensión de la aplicación de la norma
impugnada; si fuere el caso. Estas medidas están expresamente
reguladas por las legislaciones de Bolivia (Art. 9 Código Procesal
Constitucional); Brasil (Arts. 7 II Lei 1.533. mandado do secu-
rança y Arts. 1b; 2 y 5 Lei Mº 4.348 normas processuais relativas
a mandado de segurança); Colombia (Art. 7 Ley de Acción de
Tutela); Costa Rica (Art. 41 Ley de Jurisdicción Constitucional);
Chile (Art. 3 Auto de la Corte Suprema; sobre tramitación y
fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales);
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
166
Ecuador (Arts. 26 a 38 Ley Orgánica de Garantías Jurisdic-
cionales y Control Constitucional); El Salvador (Arts. 19;20;
23;24 y 25 Ley de Procedimientos Constitucionales); Guate-
mala (Arts. 24; 27 a 32 Ley de Amparo; Exhibición personal y
Constitucionalidad); Honduras (Arts. 57 a 62 Ley sobre Justicia
Constitucional ); México (Arts. 207 X C.N. y 125 a 139 y 190 y
191 Ley de Amparo); Nicaragua (Arts. 31 a 36 Ley de Amparo);
Paraguay (Art. 571 Ley nº 16.011 Acción de Amparo); Uruguay
(Art. 6 Ley de Amparo) y Venezuela (Art. 26 Ley de Amparo y
Garantías Constitucionales).
El juez f‌ijará sin dilación una audiencia en la cual las partes
harán sus alegatos y evacuarán sus pruebas. Esta audiencia suele
ser oral y pública y desarrollada en una sola oportunidad, sin
prolongaciones y f‌ijada con mucha prontitud, en algunos casos
cuarenta y ocho (Bolivia) o setenta y dos horas (Paraguay). Así,
en Argentina (Art. 8 Ley 16.986 Acción de Amparo); Bolivia
(Art. 56 Código Procesal Constitucional); Ecuador (Arts.13 y
14 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Cons-
titucional); El Salvador (Arts. 27 y 30 Ley de Procedimientos
Constitucionales) Guatemala (Arts. 35 y 37 Ley de Amparo;
Exhibición personal y Constitucionalidad); México (Art. 184
Ley de Amparo); Paraguay (Arts. 573 Ley nº 16.011 Acción de
Amparo); Uruguay (Art. 6 Ley de Amparo) y Venezuela (Art. 26
Ley de Amparo y Garantías Constitucionales).
Una vez hechos los alegatos y evacuadas las pruebas, el juez
decidirá si hubo o no violación de un derecho constitucional
del querellado y, en caso af‌irmativo, dispondrá la restitución
de la situación jurídica infringida. El plazo para la decisión es
perentorio. En el menor de los casos es de veinticuatro horas en
Uruguay (Art. 6 Ley de Amparo) y Venezuela (Art. 26 Ley de
Amparo y Garantías Constitucionales); siendo de dos días Ar-
gentina (Art. 8 Ley 16.986 Acción de Amparo); Ecuador (art. 15
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
167
14 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Cons-
titucional); Panamá (Art. 2624 del Código Judicial); Paraguay
(Artículo 5 Ley nº 16.011 Acción de Amparo). En República
Dominicana (Art. 53 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales) el plazo es de cinco
días y en Colombia (Art. 1º Ley de Acción de Amparo) el plazo
es de diez días. Contrariamente a esta tendencia de brevedad, el
Art. 17 de la Ley de Amparo de Nicaragua establece un plazo de
sesenta días para que se produzca la decisión.
En la mayor parte de los países el Juez limitará su decisión
a constatar si hubo violación de derecho constitucional del
querellante y, en caso de haberla habido, a restituir a este en el
disfrute y ejercicio de su derecho, sin entrar analizar otras cues-
tiones relativas al fondo del asunto. En algunos países, como se
ha visto con anterioridad, el juez tiene competencia para acordar
indemnizaciones y reparaciones.
Generalmente se establecen medios expeditivos para la
ejecución de la sentencia y severas sanciones, en algunos casos
de orden penal, para que no den cumplimiento a la misma.
Así, en Argentina (Arts. 6 y 7 Ley 16.986 Acción de Amparo);
Colombia (Arts. 27,52 y 53 Ley de Acción de Tutela); Costa
Rica (Art. 53 Ley de Jurisdicción Constitucional); Chile (Art.
15 Auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo
del recurso de protección de las garantías constitucionales); El
Salvador (Art. 37 Ley de Procedimientos Constitucionales.);
Guatemala (Arts. 50 y 78 Ley de Amparo; Exhibición personal
y Constitucionalidad); Honduras (Art. 49 Ley sobre Justicia
Constitucional); México (Arts. 207 XVI y XVII C.N. 190 a 198
Ley de Amparo); Nicaragua (Arts. 49 y 50 Ley de Amparo);
Panamá (Art.2632 Código Judicial); Paraguay (Arts. 583 y 584
Ley nº 16.011 Acción de Amparo); República Dominicana
(Art. 59 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
168
Procedimientos Constitucionales) y Venezuela (Art. 31 Ley de
Amparo y Garantías Constitucionales).
En algunos casos, sobre todo en aquello países que establecen
una competencia amplia para el conocimiento de los amparos,
permitiendo que jueces de instancia conozcan de los mismos, se
suele establecer un recurso de apelación y, en ocasiones, de consulta
obligatoria. Así, en Argentina (Art. 15 Ley 16.986 Acción de Am-
paro); Brasil (Art. 12 Lei Nº 1.533 mandado de segurança); Co-
lombia (Arts. 31 a 33 Ley de Acción de Tutela); Chile (Art. 6 Auto
acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso
de protección de las garantías constitucionales); Ecuador (Art. 24
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucio-
nal); Guatemala (Art. 60 Ley de Amparo; Exhibición personal y
Constitucionalidad); Honduras (Art. 68 Ley sobre Justicia Consti-
tucional); Panamá (Art.2625 Código Judicial); Paraguay (Art. 581
Ley nº 16.011 Acción de Amparo) República Dominicana (Art. 57
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales); Uruguay (Art.10 Ley de Amparo) y Venezuela
(Art. 35 Ley de Amparo y Garantías Constitucionales)
En México se hace particular distinción entre amparo directo
y amparo indirecto. Amparo directo es el que se intenta ante un
tribunal colegiado, en contra de los laudos o sentencias de los
tribunales laborales, que son instancia única y el amparo indirecto
es el que se dicta ante un juez de distrito, en contra de resoluciones
de trámite que se consideran irreparables o de resoluciones poste-
riores al laudo o sentencia, tratándose de la última que se emita.
IX. El amparo en materia laboral.
44. En América Latina ha tenido amplia acogida la tendencia
de incorporar en los textos constitucionales artículos referentes
a los derechos de los trabajadores. A partir de la Constitución
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
169
mexicana de Querétaro de 1917, las constituciones latinoame-
ricanas fueron incorporando, con mayor o menor precisión de
detalles, los derechos que el Estado garantiza a los trabajadores.
Entre tales derechos suelen f‌igurar los siguientes: libertad de
trabajo, derecho al trabajo y deber de trabajar, irrenunciabilidad
de los derechos laborales consagrados por la Constitución y por
la leyes, derecho a una remuneración equitativa, salario mínimo
obligatorio, protección legal al salario, participación en los bene-
f‌icios de las empresas, limitación a la jornada, descanso semanal
remunerado, vacaciones remuneradas, normas protectoras de
mujeres y menores, libertad sindical, protección a la negociación
colectiva, derecho de huelga, seguridad social, etc.
Hemos señalado que una de las consecuencias importantes
de la constitucionalización del Derecho del Trabajo es que, en
aquellos países en los cuales funciona un especial sistema de
protección de los derechos constitucionales, integrado tanto
por la jurisdicción constitucional propiamente dicha como por
tribunales de variada competencia por la materia que en deter-
minadas circunstancias actúan como jueces constitucionales,
los derechos laborales consagrados constitucionalmente pasan a
estar protegidos por ese especial sistema.
Por cuanto los derechos laborales tienen rango constitucio-
nal, resulta lógico concluir que, aun cuando la legislación de un
país no lo establezca de manera expresa, los trabajadores dispo-
nen del amparo como un medio procesal para la defensa de los
derechos que la Constitución le otorga. Esta conclusión general
tendría dif‌icultades de aplicación en El Salvador, en donde el
artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, con
una orientación distinta a la que establece el artículo 247 de la
Constitución, que señala que toda persona puede pedir amparo
a por violación de sus derechos constitucionales, contiene una
norma claramente excluyente que establece que el juicio de
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
170
amparo es improcedente en asuntos judiciales puramente civiles,
comerciales o laborales.
Para determinar el alcance de la procedencia del amparo
como medio de defensa de los derechos constitucionales de los
trabajadores, hay que hacer dos precisiones. En primer lugar hay
que recordar la naturaleza subsidiaria que caracteriza al amparo.
Este sólo procede en aquellos casos en que la restitución del
derecho infringido no pueda alcanzarse de manera ef‌iciente e
inmediata mediante los medios propios de la justicia ordinaria.
La legislación laboral otorga a los trabajadores medios para
hacer valer sus derechos. En principio, un trabajador que vea
vulnerados los mismos debe hacer uso de tales medios. Sólo
podrá acudir al amparo en aquellos casos excepcionales en que
los mismos no sean ef‌icientes para lograr el restablecimiento
inmediato y completo de situación jurídica infringida. Así, un
trabajador de una empresa que esté en una situación normal de
funcionamiento no podría hacer uso del amparo para cobrar los
créditos laborales que le deba su empleador, sino que tendría que
acudir a la justicia laboral común, haciendo uso de los medios
ordinarios concedidos por la legislación, Pero si esa empresa se
encuentra en estado de insolvencia y existe posibilidad cierta de
que sea rematada judicialmente, ese trabajador podría alegar que
los medios ordinarios no son ef‌icientes para lograr el restableci-
miento de la situación jurídica infringida por el empleador que
no le paga su benef‌icios laborales y en consecuencia intentar un
amparo para lograr tal restablecimiento.
Otra precisión necesaria tiene que ver con las limitaciones
que las legislaciones establecen en cuanto al sujeto pasivo del
amparo, aspecto analizado en el punto 6 del presente artículo.
En algunos países, el amparo no procede sino exclusivamente
contra las autoridades públicas. En consecuencia, en esos países
los trabajadores de empleadores privados no tienen acceso al
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
171
amparo. En otros países, si bien, en principio, el amparo es
reservado, para ser ejercido contra las autoridades públicas, se
establecen excepciones en las cuales puede ser usado contra
particulares. En estos casos los trabajadores de empleadores par-
ticulares podrán hacer uso del amparo contra sus empleadores,
cuando sus respectivos casos conf‌iguren una de las excepciones
que la legislación permite. Las excepciones suelen referirse a
particulares que actúen como agentes públicos, por delegación
del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro
régimen semejante. Pero, tal como se ha visto con anterioridad,
en Colombia, Costa Rica y Ecuador se mencionan, dentro de las
excepciones, el hecho de que “el solicitante tenga una relación de
subordinación o indefensión con tal organización.” (Colombia) o
que “se encuentren, de derecho o de hecho en una posición de poder
frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten
claramente insuf‌icientes o tardíos para garantizar los derechos o
libertades fundamentales” o a que se ref‌iere el artículo 2, inciso
a), de esta Ley.” (Costa Rica) o “si la persona afectada se encuen-
tra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.”
(Ecuador). Estas excepciones facilitan que en estos tres países
los trabajadores puedan intentar amparo contra los empleadores
privados para defender sus derechos.
X. Acciones procesales especiales para atender determi-
nados casos de infracción a derechos laborales.
45. Más allá de que en la mayoría de los países los trabaja-
dores pueden intentar un amparo para obtener la restitución de
sus derechos constitucionales, para lo cual deben seguir el pro-
cedimiento general de amparo establecido por la Constitución y
regulado por las disposiciones especiales sobre amparo, parte de
la doctrina ha planteado que la ef‌icaz protección de los derechos
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
172
fundamentales de los trabajadores requiere de la existencia de
medios procesales ef‌icientes a cargo de la jurisdicción laboral
ordinaria. En este sentido en Argentina, Costa Rica, Chile,
Ecuador, República Dominicana y Uruguay existen algunas
acciones jurisdiccionales especiales para atender determinados
casos de infracción a derechos laborales.
En Argentina la Ley 23.551 sobre asociaciones sindicales
establece una serie de disposiciones sustantivas sobre la cons-
titución, organización y funcionamiento de los sindicatos y la
protección de la libertad sindical. En su artículo 47 dispone:
“Artículo 47. — Todo trabajador o asociación sindical que fuere
impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de
la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar
el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente,
conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo
498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación
o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a f‌in de
que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comporta-
miento antisindical.”
Como cosa curiosa puede señalarse que el procedimiento
del artículo 498 del Código de Procedimientos Civil y Comer-
cial es menos expedito que el contemplado en la ley 16986 sobre
La Acción de Amparo. La Ley 23.551 permite que el trabajador
afectado pueda “demandar judicialmente, por vía sumarísima, la
reinstalación de su puesto, más los salarios caídos durante la trami-
tación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo”,
lo cual no podría hacer si demandase por el amparo general.
En Costa Rica la Ley 9343 de Reforma Procesal Laboral de
2016 estableció un procedimiento sumario de tutela mediante
el cual los trabajadores que en virtud de un fuero legal gocen de
estabilidad pueden impugnar el despido, medida disciplinaria o
cualquier otra medida discriminatoria de que hayan sido objeto.
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
173
No se requiere, como en el amparo general, que la tutela se fun-
damente en la violación directa de un derecho constitucional,
basta alegar la violación del fuero legal.
Esta tutela puede ser presentada ante un juzgado de trabajo
de primera instancia, lo cual la hace mucho más accesible que
el amparo general que es conocido por la Corte Suprema de
Justicia.
La tutela se tramitará conforme a un procedimiento sumario
que establece el Código del Trabajo, pudiendo el Juez suspender
el acto impugnado. Si la decisión declara con lugar la tutela, el
Juez condenará a la parte agraviante el pago de salarios caídos y
a la indemnización de los daños y perjuicios que hubiese ocasio-
nado el acto impugnado, lo cual no ocurre en el amparo general.
El juez de la tutela se limitará, a la comprobación del que-
branto de la protección, el procedimiento o los aspectos formales
garantizados por el fuero y, si la sentencia resultara favorable a la
parte accionante, se decretará la nulidad que corresponda y se le
repondrá a la situación previa al acto que dio origen a la acción,
y condenará a la parte empleadora a pagar los daños y perjuicios
causados. Si los efectos del acto no se hubieran suspendido, se
ordenará la respectiva reinstalación, con el pago de los salarios
caídos. La sentencia no prejuzgará sobre el contenido sustancial
o material de la conducta del demandado.
En Chile la Ley 20.087 de 2006 estableció un procedimien-
to de tutela laboral, que no protege todos los derechos constitu-
cionales de los trabajadores, sino exclusivamente los referidos al
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona,
al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona
y su familia, la inviolabilidad de toda forma de comunicación
privada: la libertad de conciencia, la manifestación de todas las
creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opon-
gan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público: la
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
174
libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, y
la libertad de trabajo y su protección. Este procedimiento puede
intentarse tanto por el trabajador afectado como por la organiza-
ción sindical la cual pertenezca y puede presentarse ante un juez
laboral competente, lo cual signif‌ica que el mismo es de más fácil
acceso que el recurso de protección establecido en el artículo 20
de la Constitución Nacional, que solo puede intentarse ante las
Cortes de Apelaciones. Si la decisión que se dicte es favorable al
querellante, la misma no se limitará restituirlo en el ejercicio de
sus derechos, como ocurre con el recurso constitucional de pro-
tección, sino que comprenderá una condenatoria por los salarios
caídos y por indemnizaciones. Curiosamente no se estableció un
procedimiento sumario para la tutela, sino que su trámite debe
seguirse por las normas del proceso laboral ordinario.
En Ecuador el artículo 195.2 del Código del Trabajo es-
tablece un procedimiento sumarísimo denominado acción de
despido inef‌icaz que permite que el trabajador despedido acuda
ante el juez del trabajo, el cual en un plazo de veinticuatro horas
ordenará la citación del empleador, pudiendo acordar medidas
cautelares de reintegro mientras dure el procedimiento. La au-
diencia se realizará a las cuarenta y ocho horas de practicada la
citación y al f‌inal de la misma el juez debe dictar El Código Or-
gánico General de Procesos del Ecuador establece la posibilidad
de que los trabajadores que no hayan recibido oportunamente
el pago de sus salarios mensuales o adicionales podrán intentar
su cobro mediante un juicio monitorio que comprende lapsos
abreviados siempre que el valor reclamado no supere un monto
equivalente a 50 salarios básicos unif‌icados del trabajador en
general.
En la República Dominicana la Ley 834 de 1978 regula
la ordenanza de referimiento, que es una decisión provisional
rendida a solicitud de una parte y que permite al juez ordenar
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
175
inmediatamente ciertas medidas. El artículo 667 del Código de
Trabajo permite que el presidente de la corte pueda prescribir
en referimiento las medidas conservatorias que se impongan,
sea para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una
perturbación manif‌iestamente ilícita. La demanda en referi-
miento está subordinada a una doble condición: a) que se esté
en presencia de un caso de urgencia y b) que las medidas a tomar
no coliden con una controversia seria o que estén justif‌icadas
por la existencia de un diferendo. El juez de referimiento puede
ordenar las medidas que estime oportunas, siempre que no se
inmiscuya con el fondo del derecho. El referimiento tiene un
objeto más amplio que el amparo, pues mientras éste se destina
a proteger derechos fundamentales, el referimiento no es sólo
garante de los derechos fundamentales, sino también de cual-
quier otro derecho. En la práctica judicial dominicana, dado el
carácter subsidiario del amparo, es mucho más generalizado el
uso del referimiento. Ello atiende, entre otras cosas, a que, con
base en la exigencia de subsidiariedad el Tribunal Constitucional
ha decidido que el procedimiento laboral ofrece al trabajador
los más elevados niveles de seguridad y protección jurídica
(TC/0165/14, 7 agosto 2014) y que por tal razón, si los con-
f‌lictos laborales son sometidos al amparo se desnaturalizaría la
razón de ser de la jurisdicción laboral y se entorpecería la labor
del juez laboral (TC/0004/16, 19 enero 2016).
En Uruguay la Ley Nº 17.940 sobre Libertad Sindical esta-
blece varias disposiciones sustantivas en protección a la libertad
sindical (artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y crea un proceso de tutela
especial para proteger a los trabajadores que han sido objeto de
actos discriminatorios contra su libertad sindical (Arts. 2 y 3).
Esta Ley dispone que para la tramitación del proceso especial de
tutela el trabajador debe acogerse a las disposiciones referentes
al proceso extraordinario (Arts. 346 y 347 del Código General
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
176
del Proceso) y a los artículos 4 a 10 de la Ley de Amparo. Como
característica particular de esta tutela especial puede señalarse
que atribuye al empleador la carga de la prueba de que el despido
se realizó por una causa razonable y que dispone que la sentencia
que ordena la reincorporación del trabajador debe otorgar a éste
el derecho a percibir la totalidad de los jornales que le hubiere
correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso
de reinstalación y hasta que ésta se haga efectiva.
Por último, hay que señalar que en algunos países, como
Bolivia y Venezuela, existen procedimientos administrativos
muy expeditos que permiten a la administración del trabajo
ordenar la rápida reincorporación a su puesto de trabajo de
trabajadores que gozan de inamovilidad laboral y que son, sin
embargo, despedidos por sus empleadores.
XI. Conclusiones.
Primera: la incorporación de los derechos fundamentales
a los textos constitucionales no comporta una protección de
los mismos si no está acompañada de instrumentos jurídicos
ef‌icientes para garantizar a los ciudadanos el goce y ejerció efec-
tivo de esos derechos. En este sentido, si está rodeado de ciertas
condiciones, el amparo puede ser un importante medio procesal
para que los ciudadanos puedan reclamar ante los órganos juris-
diccionales que tales derechos les sean restituidos de una manera
ef‌icaz e inmediata cuando los mismos hayan sido vulnerados
Segunda: A mi juicio el amparo es una acción, porque
le da a los ciudadanos que vieren infringidos sus derechos
constitucionales el derecho a acudir ante los organismos juris-
diccionales para obtener su restitución. No debería calif‌icarse
como un recurso, porque éstos se dan en el contexto de un
proceso para obtener la modif‌icación de una decisión tomada
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
177
en el mismo y el amparo puede intentarse cuando no exista un
proceso abierto.
Tercera: El procedimiento para intentar, sustanciar y decidir
el amparo debe ser fácilmente accesible y para ello debería poder
intentarse ante los jueces de instancia del lugar donde ocurrió
la violación del derecho, debe ser accionable por cualquier
agraviado, por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo
o ente similar contra cualquier persona que viole un derecho
fundamental, bien se trate de entes públicos o de particulares,
su tramitación debe ser gratuita, breve y de resultados ef‌icaces.
Un procedimiento de amparo que no llene estas características
no puede cumplir con la misión que le corresponde, cual es la
de restituir al querellante de una manera ef‌iciente e inmediata el
derecho constitucional que le ha sido vulnerado.
Cuarta: El amparo forma parte del control difuso de la
constitucionalidad, pues el Juez de amparo tiene competencia
para constatar si la norma, acto u omisión contra la cual se ejerce
el amparo, efectivamente viola los derechos constitucionales del
querellante y, de ser así es igualmente competente para desaplicar la
norma impugnada al caso concreto, si fuere el caso, o para anular el
acto u omisión, reintegrando al querellado el ejercicio de sus dere-
chos constitucionales. Excepcionalmente, el amparo puede formar
parte del control concentrado de la constitucionalidad, cuando es
ejercido conjuntamente con una solicitud de nulidad intentada ante
un órgano judicial con competencia para declarar tal nulidad.
Quinta: Por cuanto los derechos laborales tienen rango
constitucional resulta lógico concluir que, aun cuando la
legislación de un país no lo establezca de manera expresa, los
trabajadores disponen del amparo como un medio procesal para
la defensa de los derechos que la Constitución le otorga.
Sexta: Resulta interesante la experiencia de varios países
latinoamericanos que han diseñado modalidades especiales de
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
178
acciones procesales especiales para atender determinados casos
de infracción a derechos laborales. Tales modalidades deberían
preservar las características requeridas por el amparo general,
entre ellas las de tener un procedimiento expedito.
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
179
APÉNDICE CAPÍTULO III
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES
EN MATERIA DE AMPARO
ARGENTINA
“Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más
idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja,
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manif‌iesta, dere-
chos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una
ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la
norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discrimi-
nación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a
la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos
de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones que propendan a esos f‌ines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su
organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conoci-
miento de los datos a ella referidos y de su f‌inalidad, que consten
en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados
a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para
exigir la supresión, rectif‌icación, conf‌idencialidad o actualización
de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de informa-
ción periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado
fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la
forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada
de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el
afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmedia-
to, aun durante la vigencia del estado de sitio”.
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
180
BOLIVIA
“Sección II
Acción de Amparo Constitucional
Artículo 128°.- La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar
contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públi-
cos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman
o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la
Constitución y la ley.
Artículo 129°.-
I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona
que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suf‌iciente o por
la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante
cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro
medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y
garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el
plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de
la vulneración alegada o de notif‌icada la última decisión adminis-
trativa o judicial.
III. La autoridad o persona demandada será citada en la forma
prevista para la Acción de Libertad, con el objeto de que preste in-
formación y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho
denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la
presentación de la Acción.
IV. La resolución f‌inal se pronunciará en audiencia pública in-
mediatamente recibida la información de la autoridad o persona
demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que
ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la
competencia de la servidora pública o del servidor público o de la
persona demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la de-
manda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronun-
cie se elevará, de of‌icio, en revisión ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la
emisión del fallo.
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
181
V. La decisión f‌inal que conceda la Acción de Amparo Constitu-
cional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso
de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción
de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo
dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas
por la ley”.
BRASIL
“Artículo 5
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autori-
dade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do poder público,
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional,
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa
dos interesses de seus membros ou associados,
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionali-
dade, à soberania e à cidadania.”
COLOMBIA
“Articulo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamen-
tales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo,
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
182
que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como meca-
nismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud
de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede con-
tra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión”.
COSTA RICA
“Artículo 48.-Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas
corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al
recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros
derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter
fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán
de competencia de la Sala indicada en el artículo 10”.
ECUADOR
“Artículo 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo
directo y ef‌icaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y
podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos cons-
titucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública
no judicial, contra políticas públicas cuando supongan la privación
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, y cuando la vio-
lación proceda de una persona particular, si la violación del derecho
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa
por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación”.
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
183
GUATEMALA
“Artículo 265.- Procedencia del amparo.Se instituye el amparo
con el f‌in de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones
a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la
violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de
amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones
o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o
violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.”
HONDURAS
“Artículo 183. El Estado reconoce la garantía de amparo.
En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera en nombre de
ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo:
1. Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los
derechos o garantías que la Constitución establece, y,
2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho,
acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable
por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos
reconocidos por esta Constitución.
Reformado mediante Decreto No. 381-2005 de fecha 20 de enero
del 2006, publicado en el Diario Of‌icial La Gaceta No. 30,920 de
fecha 4 de febrero del 2006”.
MÉXICO
“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de
esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria,
de acuerdo con las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agra-
viada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o
de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que
el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
184
y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en
virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser
titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y
directa,
Fracción reformada DOF 06-06-2011
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que
verse la demanda.
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva
la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión
consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará
a la autoridad emisora correspondiente.
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan
jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitu-
cionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación lo notif‌icará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo
de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucio-
nalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre
que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos,
la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se f‌ijarán
sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas
generales en materia tributaria.
En el juicio de amparo deberá suplirse la def‌iciencia de los concep-
tos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley
reglamentaria.
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como con-
secuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de
sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal,
o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de of‌icio todas
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
185
aquellas pruebas que puedan benef‌iciar a las entidades o individuos
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias
para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos
de los actos reclamados.
En los juicios a que se ref‌iere el párrafo anterior no procederán, en
perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o
comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caduci-
dad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su be-
nef‌icio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos
del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento
expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la
Asamblea General o el segundo emane de ésta,
Fracción reformada DOF 02-11-1962, 25-10-1967, 20-03-1974,
07-04-1986, 06-06-2011
III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administra-
tivos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
a) Contra sentencias def‌initivas, laudos y resoluciones que pongan
f‌in al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que,
cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso
trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al
que se ref‌iere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal
Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violacio-
nes procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda,
advierta en suplencia de la queja, y f‌ijará los términos precisos en
que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones
procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal
Colegiado correspondiente las hizo valer de of‌icio en los casos en
que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de
concepto de violación, ni de estudio of‌icioso en juicio de amparo
posterior.
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés
jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo
en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley
determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
186
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por
virtud de los cuales aquellas sentencias def‌initivas, laudos y resolu-
ciones puedan ser modif‌icados o revocados, salvo el caso en que la ley
permita la renuncia de los recursos.
Al reclamarse la sentencia def‌initiva, laudo o resolución que ponga
f‌in al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del
procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado
durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de
defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este
requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten
derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o es-
tabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos
por el sentenciado,
Inciso reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011
b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación,
fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos
que en su caso procedan, y
c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio,
Fracción reformada DOF 25-10-1967
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra
actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen
agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será
necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a
las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de of‌icio
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa
legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los
que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que
los que la misma consigna para conceder la suspensión def‌initiva,
ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la
suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí
mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuer-
do con dicha ley.
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
187
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el
acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen
violaciones directas a esta Constitución,
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada
DOF 25-10-1967, 06-06-2011
V. El amparo contra sentencias def‌initivas, laudos o resoluciones que
pongan f‌in al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011
a) En materia penal, contra resoluciones def‌initivas dictadas por tri-
bunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares
sentencias def‌initivas y resoluciones que ponen f‌in al juicio dictadas
por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún
recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal,
Inciso reformado DOF 10-08-1987
c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias def‌initivas
dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea
federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden
común.
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser
reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la
Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las
Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al
Servicio del Estado,
La Suprema Corte de Justicia, de of‌icio o a petición fundada del
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General
de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Con-
sejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
188
Párrafo adicionado DOF 10-08-1987. Reformado DOF 31-12-
1994, 10-02-2014
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979
VI. En los casos a que se ref‌iere la fracción anterior, la ley regla-
mentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán
someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones,
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979, 10-08-1987,
06-06-2011
VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio
o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio,
contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad
administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya
jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute
o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la
autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto
en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las
partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la
misma audiencia la sentencia,
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada
DOF 25-10-1967, 06-06-2011
VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de
Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De
ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
Párrafo reformado DOF 31-12-1994
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo nor-
mas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Cons-
titución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
Inciso reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III
del artículo 103 de esta Constitución.
La Suprema Corte de Justicia, de of‌icio o a petición fundada del
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
189
de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de
la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del
Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en
revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 10-02-2014
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de
la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no
admitirán recurso alguno,
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada
DOF 25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987
IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en
contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad
de normas generales, establezcan la interpretación directa de un
precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones
cuando hubieren sido planteadas, siempre que f‌ijen un criterio de
importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales
del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las
cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras,
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 11-06-1999,
06-06-2011
X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos
y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para
lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza
del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la
apariencia del buen derecho y del interés social.
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias def‌ini-
tivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y
en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía
que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal
suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión
quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar
la reposición de las cosas al Estado que guardaban si se concediese el
amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes,
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
190
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada
DOF 25-10-1967, 06-06-2011
XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad
responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos
la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribu-
nales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión,
o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice,
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 31-12-1994,
06-06-2011
XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia
penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la co-
meta, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones
que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.
Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no resi-
dieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la
ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el
escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto
reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca,
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada
DOF 25-10-1967, 31-12-1994
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su com-
petencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia
penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito
de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los
Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobier-
no, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito
correspondiente, a f‌in de que decida la tesis que debe prevalecer como
jurisprudencia.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de
Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribu-
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
191
nales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización
sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los
asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Cir-
cuito, así como los órganos a que se ref‌iere el párrafo anterior, podrán
denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el
objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá
prevalecer.
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo cono-
cimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de
Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de
la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como
los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal,
por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los
asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante
el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para
que éste resuelva la contradicción.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema
Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los pá-
rrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de f‌ijar la jurisprudencia y no
afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las senten-
cias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción,
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada
DOF 25-10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011
XIV. Se deroga,
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 17-02-1975. Derogada
DOF 06-06-2011
XV. El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio
Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los
juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedi-
mientos del orden penal y aquéllos que determine la ley,
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
192
Fracción reformada DOF 10-02-2014
XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el am-
paro, pero dicho incumplimiento es justif‌icado, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto
por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que
proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud
de la autoridad. Cuando sea injustif‌icado o hubiera transcurrido
el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su
cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante
el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto
del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese in-
currido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo
ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable,
hubieran incumplido la ejecutoria.
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo
al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio
Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje
sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser
solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de
of‌icio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la
ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción
a los benef‌icios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las
circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente
gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación.
El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida
mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el
juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio
sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cum-
plido la sentencia que concedió la protección constitucional,
Fracción reformada DOF 31-12-1994, 06-06-2011
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
193
XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspen-
sión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia f‌ianza
o contraf‌ianza que resulte ilusoria o insuf‌iciente, será sancionada
penalmente,
Fracción reformada DOF 06-06-2011
XVIII. Se deroga.
Fracción derogada DOF 03-09-1993
Artículo reformado DOF 19-02-1951
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de
esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria,
de acuerdo con las bases siguientes:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agra-
viada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o
de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que
el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución
y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en
virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser
titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y
directa,
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que
verse la demanda.
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva
la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión
consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará
a la autoridad emisora correspondiente.
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan
jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitu-
cionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
194
la Nación lo notif‌icará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo
de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucio-
nalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre
que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos,
la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se f‌ijarán
sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas
generales en materia tributaria.
En el juicio de amparo deberá suplirse la def‌iciencia de los concep-
tos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley
reglamentaria.
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como con-
secuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de
sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal,
o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de of‌icio todas
aquellas pruebas que puedan benef‌iciar a las entidades o individuos
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias
para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos
de los actos reclamados.
En los juicios a que se ref‌iere el párrafo anterior no procederán, en
perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o
comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caduci-
dad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su be-
nef‌icio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos
del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento
expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la
Asamblea General o el segundo emane de ésta,
III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administra-
tivos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
a) Contra sentencias def‌initivas, laudos y resoluciones que pongan
f‌in al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que,
cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso
trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
195
que se ref‌iere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal
Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones
procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, ad-
vierta en suplencia de la queja, y f‌ijará los términos precisos en que
deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales
no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado
correspondiente las hizo valer de of‌icio en los casos en que proceda la
suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de viola-
ción, ni de estudio of‌icioso en juicio de amparo posterior.
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés
jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo
en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley
determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por
virtud de los cuales aquellas sentencias def‌initivas, laudos y resolu-
ciones puedan ser modif‌icados o revocados, salvo el caso en que la ley
permita la renuncia de los recursos.
Al reclamarse la sentencia def‌initiva, laudo o resolución que ponga
f‌in al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del pro-
cedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante
la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que,
en su caso, señalela ley ordinaria respectiva. Este requisito no será
exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o
incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni
en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado,
b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación,
fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos
que en su caso procedan, y
c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio,
IV.En materia administrativa el amparo procede, además, contra
actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribu-
nales judiciales, administrativos o del trabajo, yque causen agravio
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
196
no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario
agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas
leyes se suspendan los efectos de dichos actos de of‌icio o mediante la
interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga
valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley
reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma
consigna para conceder la suspensión def‌initiva, ni plazo mayor que
el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional,
independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no
susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el
acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen
violaciones directas a esta Constitución,
V. El amparo contra sentencias def‌initivas, laudos o resoluciones
que pongan f‌in al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de
Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
a) En materia penal, contra resoluciones def‌initivas dictadas por tri-
bunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares
sentencias def‌initivas y resoluciones que ponen f‌in al juicio dictadas
por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún
recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal,
c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias def‌initivas dicta-
das en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal
o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser
reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la
Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las
Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al
Servicio del Estado,
La Suprema Corte de Justicia, de of‌icio o a petición fundada
del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
197
General de la República, en los asuntos en que el Ministerio
Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por
conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer
de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo
ameriten.”
NICARAGUA
“Artículo 45.- Las personas cuyos derechos constitucionales hayan
sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recurso
de exhibición personal o de amparo, según el caso y de acuerdo con
la Ley de Amparo.”
PARAGUAY
“Artículo 134.- Del Amparo
Toda persona que por un acto u omisión, manif‌iestamente ilegí-
timo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada
gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías
consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la
urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria,
puede promover amparo ante el magistrado competente. El proce-
dimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para
los casos previstos en la ley.
El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o
garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica
infringida.
Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones
políticas, será competente la justicia electoral.
El Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas ju-
diciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de
formación, sanción y promulgación de las leyes.
La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias
recaídas en el Amparo no causarán estado.”
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
198
PERÚ
“Artículo 200: Son garantías constitucionales:
1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omi-
sión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucio-
nales conexos.
2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera
o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con
excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra
normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de proce-
dimiento regular.
(* Inciso reformado por Ley Nº 26.470 del 12 de junio de 1995.)
3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omi-
sión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza los derechos a que se ref‌iere el Artículo 2º, incisos
5) y 6) de la Constitución.
(* Inciso reformado por Ley Nº 26.470 del 12 de junio de 1995.)
4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las
normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos
de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales
de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la
Constitución en la forma o en el fondo.
5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución
y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resolu-
ciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de
la que emanen.
6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier au-
toridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto
administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos
de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las
normas.
OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
199
El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se
suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se
ref‌iere el Artículo 137º de la Constitución.
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con
derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional com-
petente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto
restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del
estado de emergencia ni de sitio.”
REPÚBLICA DOMINICANA
“Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a
una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los
derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley,
el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no
sujeto a formalidades.
Párrafo.- Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que
vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos
suspendidos están sujetos a la acción de amparo.”
VENEZUELA
“Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los
tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías consti-
tucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no f‌iguren
expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral,
público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad
judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediata-
mente la situación jurídica infringida o la situación que más se
DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana
200
asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con
preferencia a cualquier otro asunto.
La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por
cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la
custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna.
El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno,
por la declaración del estado de excepción o de la restricción de
garantías constitucionales.”

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días

Transforma tu investigación jurídica con vLex

  • Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.

  • Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.

  • Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.

  • Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.

  • Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

vLex