Capítulo IX. El derecho electoral dominicano

• Páginas: 327-343
• Autor: Julio Brea Franco

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CAPÍTULO IX

EL DERECHO ELECTORAL DOMINICANO

Tal y como lo consignamos (Cap. II, No.2), la República

Dominicana puede ser definida como un Estado Democrático

Liberal. Así lo consagra el Art.2 de nuestra Carta Fundamen-

tal que reza: “La soberanía nacional corresponde al pueblo, de

quien emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen

por representación”.

Si la teoría adoptada por nuestra Constitución, en lo

relativo a la soberanía en el Estado, es la democrática, es más

que comprensible que debamos ocuparnos de las normas que

regulan el ejercicio del sufragio. Es decir, los procedimientos

utilizados para que el cuerpo de ciudadanos investidos de los

derechos políticos, pueda participar activamente designando sus

representantes a los cargos directivos de los diferentes órganos

de Gobierno.

En el presente capítulo, pues, vamos a concentrar nuestra

atención en el análisis de las principales normas que confor-

man el Derecho Electoral Dominicano. Esto es, del conjunto

de normas y disposiciones constitucionales y legales que re-

glamentan la participación activa (capacidad electoral activa y

pasiva) de los ciudadanos en la vida política del Estado Domi-

nicano. Concretamente estas normas se refieren al ejercicio e la

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facultad de elegir y ser elegido, la presentación de candidaturas,

el régimen de los partidos políticos y demás agrupaciones polí-

ticas, así como también, todo lo relativo al proceso electoral en

sus diferentes fases: convocatoria, campaña electoral, votación,

escrutinio, cómputos y proclamación de los candidatos electos.

Y, además, las disposiciones relativas a la organización electoral,

o sea, los órganos que están encargados de la administración y

justicia electoral.

Lo que hemos denominado Derecho Electoral Dominicano

es una parte de nuestro Derecho Constitucional. Y lo es ya que

la función electoral viene a ser una especie de función pública

matriz (en la teoría democrática, se entiende) de las demás fun-

ciones o actividades que despliega el Estado para la consecución

de sus fines.

Al ser el Derecho Electoral (en sentido objetivo, como

precisaremos más adelante) parte del Derecho Constitucional,

sus fuentes de producción jurídica coincidirán con las de éste.

Específicamente son:

a) La Constitución Formal Dominicana, en especial el Tí-

tulo X - “De las Asambleas Electorales”, Artículos 88 al

92.

b) La Ley Electoral No. 5884 de fecha 5 de mayo de 1962

y todas sus modificaciones.

c) La Ley No. 56 del año 1965.

d) La Ley No. 55 de 1970 sobre Registro Electoral.

e) Las Resoluciones de la Junta Central Electoral.

En base a ello, en este capítulo nos referiremos primeramen-

te a la organización electoral dominicana, para luego examinar

el cuerpo electoral, el registro electoral, la presentación de las

candidaturas y, por ultimo, el proceso electoral.

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1. Organización electoral dominicana.

Según el Art. 92 de la Constitución Dominicana “las elec-

ciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por Jun-

tas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y

reglamentar de acuerdo con la ley”.

Como se puede apreciar, en nuestro sistema constitucional

se prevé una organización electoral que está encargada de todo

lo relativo a la celebración y administración de las elecciones.

Esta organización fue creada, con rango constitucional, en la

reforma de 1924, en la que aparece por primera vez el mismo

texto consignado en el vigente. Antes del establecimiento de esta

maquinaria electoral, las elecciones eran administradas por las

mismas Asambleas y Colegios Electorales cuyo funcionamiento

estaba reglamentado por la ley.

Todo lo relativo a la organización electoral dominicana se

halla establecido en el Título II de la Ley 5884. Para bosquejar y

describir su estructura nos guiaremos por ella.

Originalmente, en el 1962, fecha de promulgación de la

Ley Electoral, se contemplaba una organización más comple-

ja que la actual. En efecto, se instituían cinco tipos de Juntas

Electorales. Esta estructura inicial fue modificada en el 1963,

y posteriormente en el 1968, de tal manera, en la actualidad,

existen solo tres tipos, a saber:

a) Junta Central Electoral;

b) Junta Electoral del Distrito Nacional;

c) Juntas Municipales Electorales.

2. La Junta Central Electoral.

El máximo organismo electoral es la Junta Central Elec-

toral, con jurisdicción nacional, que tiene su asiento en la Ca-

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pital de la República. Está compuesta por un Presidente y dos

miembros, cada uno con un Suplente, que son elegidos por el,

Senado de la República en base a lo dispuesto en el Art. 23 de

la Constitución.

Para ser Presidente o Miembro, titular o suplente, se exige

una serie de requisitos que son:

a) ser dominicano por nacimiento, esto es, haber nacido en

el territorio nacional (Jus Solis);

b) tener más de 35 años de edad;

c) estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

d) ser Licenciado o Doctor en Derecho con 8 años de gra-

duado por lo menos.

Las atribuciones de la Junta Central Electoral son muy va-

riadas y revisten carácter tanto administrativo como legislativo y

jurisdiccional. En efecto, pueden ser clasificadas como adminis-

trativas las siguientes:

1- Nombrar el personal de las Juntas del Distrito Nacional

y Municipales;

2- Crear las Mesas Electorales;

3- Crear las sub-juntas electorales que fueren necesarias y

designar su personal;

4- Dirigir las actividades y reglamentar todo lo relacionado

con el horario de trabajo de las Juntas Electorales;

5- Adquirir los materiales y disponer todo lo necesario para

la realización de las elecciones;

6- Reconocer a los partidos políticos;

7- Convocar a elecciones

8- Proclamar a los candidatos elegidos;

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9- Someter al Congreso proyectos de ley relativos al proceso

electoral.

Como cuerpo legislativo, la Junta Central Electoral puede:

1- Modificar -pero sólo para unas elecciones determinadas-

los plazos establecidos por la ley para el cumplimiento

de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de de-

rechos, cuando a su juicio fuera necesario o conveniente

para el ejercicio del derecho de elegir;

2- Dictar reglamentos e instrucciones necesarias para la

mejor aplicación e interpretación de la Constitución y

de las leyes en materia electoral.

Como tribunal electoral, ella puede:

1- Conocer en única instancia de las impugnaciones y re-

cusaciones contra los miembros de las Juntas Electorales

inferiores;

2- Conocer en única instancia de todas las decisiones toma-

das por las Juntas Municipales o del Distrito Nacional.

La Junta Central Electoral celebra sus sesiones cada vez

que lo considere necesario para el ejercicio de sus atribuciones;

pero para que sean válidas se requiere la presencia de todos sus

miembros, sean titulares o suplentes. Por igual, deben haber sido

convocados (debiendo haber constancia) los delegados de los

partidos políticos reconocidos y acreditados ante ella (sean los

titulares o sus respectivos suplentes). Para las sesiones de carácter

administrativo no es necesaria la presencia de los delegados de

los partidos reconocidos.

En el caso de que falte uno de sus miembros y su suplente,

cualquiera de los otros suplentes podrá ocupar la vacante. Las deci-

siones deben ser tomadas por mayoría de votos (mínimo 2 votos).

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3. La Junta Electoral del Distrito Nacional.

Por ser el Distrito Nacional, como ya sabemos, una división

territorial que representa a todas las Provincias en que se divide

el país y, además, por ser el asiento de la Capital de la República

y la zona más poblada, nuestra legislación electoral establece una

Junta Electoral especial para el mismo.

La Junta Electoral del Distrito Nacional está compuesta por

un Presidente y cuatro Vocales, cada uno con dos suplentes que

son elegidos por la Junta Central Electoral por un período de

cuatro años, aunque ésta puede removerlos de sus cargos o acep-

tarles la renuncia. Tanto el Presidente como los Vocales pueden

ser reelegidos indefinidamente.

Para ser miembro de la Junta Electoral del Distrito Nacional

se requieren las mismas condiciones que para ser Gobernador

Provincial, esto es:

a) ser dominicano;

b) tener más de 25 años de edad;

c) estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Al igual que para la Junta Central, la Junta del Distrito Na-

cional no puede sesionar válidamente si no están presentes todos

sus miembros, titulares o suplentes, así como tampoco, si no existe

constancia de haber convocado a los delegados de los partidos po-

líticos acreditados ante ella. En el caso de que falte un miembro

titular y sus dos sustitutos, llenará la vacante uno cualquiera de los

suplentes de los miembros titulares. También en ella todos los acuer-

dos deberán ser tomados por mayoría de votos (mínimo 3 votos).

4. Las Juntas Municipales Electorales.

Las Juntas Municipales Electorales están compuestas por un

Presidente y dos vocales, también con dos suplentes por cada

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uno, designados por la Junta Central Electoral por un período

de cuatro años. Tanto el Presidente como los Vocales y los su-

plentes pueden ser reelegidos indefinidamente y removidos de

sus cargos por el máximo organismo electoral.

Para ser miembro titular o suplente de una Junta Municipal

Electoral se requieren las mismas condiciones que para ser Re-

gidor. Estos requisitos se encuentran enumerados en la Ley No.

3455 del año 1953 sobre la Organización Municipal y son los

siguientes:

a) ser mayor de edad;

b) saber leer y escribir;

c) estar domiciliado y residiendo en el Municipio por lo

menos durante un año;

d) gozar de los derechos civiles;

e) tener buena reputación.

En lo relativo a las atribuciones tanto de la Junta Electoral

del Distrito Nacional como de las Juntas Municipales Electora-

les, la normativa electoral vigente señala las siguientes:

1- Nombrar los miembros de las Mesas Electorales de su juris-

dicción, así como también gestionar los locales para la ins-

talación de las mismas y distribuirles el material y los útiles

necesarios para que puedan desempeñar sus actividades.

2- Verificar el cómputo de las votaciones, hacer una relación

general del resultado de las mismas, proclamar los candi-

datos electos y expedirles los certificados de elección.

3- Conservar el equipo y el mobiliario de las Mesas Electo-

rales durante y después del sufragio electoral.

4- Anular las elecciones de oficio o como consecuencia de

una impugnación.

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5- Cumplir y hacer cumplir las leyes electorales en su juris-

dicción.

6- Tomar las medidas necesarias para resolver las dificulta-

des que se puedan presentar en el curso del proceso elec-

toral y dictar las que juzgue conveniente para garantizar

el ejercicio del derecho al voto.

5. Disposiciones Comunes a todas las Juntas Electorales.

Además de los requisitos que hemos consignado para ser

Miembro de uno de los tres tipos de Juntas que componen nues-

tro ordenamiento electoral, la ley No. 5884 establece una serie

de condiciones adicionales y comunes a todas ellas. Estas son:

a) La obligación de residir en la localidad en donde se en-

cuentre la Junta Electoral.

b) No haber sido condenado por infracción a la ley electoral,

por delito contra la propiedad, por soborno o cohecho,

por falsificación malversación de fondos públicos o por

cualquier crimen.

c) La ausencia de parentesco o afinidad hasta tercer grado

entre los miembros de una misma Junta o entre uno de

éstos y candidatos, delegados de partidos o con directi-

vos de los partidos que actúen en la jurisdicción.

d) Independencia política en relación a los partidos que

compiten en el proceso.

Estas dos últimas exigencias pueden ser soslayadas por la

Junta Central Electoral cuando no existan en la localidad perso-

nas que reúnan todas estas condiciones.

Por otra parte, se ha establecido que los cargos de Miembros

de las Juntas Municipales son obligatorios, esto es, que aquel que

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haya sido nombrado para desempeñarlo no podrá rehusarse a no

ser por motivos de fuerza mayor o graves. Esta obligatoriedad

no existe, por el contrario, en lo que respecta a la Junta Central

Electoral y a la Junta Electoral del Distrito Nacional. Se deduce

de esta disposición que en los Municipios puede darse el caso de

que no abunden las personas que reúnan las condiciones reque-

ridas mientras se presume que en el Distrito Nacional sí.

Los cargos de Presidente y vocales, tanto titulares como su-

plentes, de la Junta del Distrito Nacional como de las Municipales,

son ejercidos gratuitamente, salvo que existan disposiciones lega-

les en otro sentido. En cambio, el Presidente y los miembros de la

Junt a Ce ntral Elec toral disfru tan de sueldo s pe rmane ntes que se

consignan en la Ley de Gastos Públicos. Asimismo, los suplentes

de dichos funcionarios disfrutarán de sueldo cuando sean llama-

dos a reemplazar a los titulares en el ejercicio de sus funciones.

En cada Junta Electoral existe un Secretario, quien es el que

tiene a su cargo el sello, los registros y los archivos de la Junta.

Debe además recibir y despachar la correspondencia, llevar las

cuentas y cumplir con todo lo que la Junta o el Presidente de la

misma le ordene.

Por ú lti mo, l as Ju ntas Elec tor ales cel ebra n sus ses ione s pú-

blicamente y en ellas participan los delegados de los partidos po-

líticos reconocidos, quienes disponen de voz pero no de voto. Las

convocatorias de las sesiones las hace el Secretario de la Junta con

no menos de 48 de horas de antelación, indicando el día y la hora

en que se llevará a cabo la sesión y la orden de los asuntos a tratar.

6. El Cuerpo Electoral.

No todos los habitantes de un Estado pueden participar,

por medio de elecciones, en la designación de sus gobernantes.

Igualmente, tampoco la totalidad de los nacionales participan

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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pueden participar en su vida política. Entonces, el cuerpo elec-

toral está compuesto únicamente por aquellos individuos inves-

tidos del derecho electoral activo, es decir, de la capacidad de

poder elegir. Pero conviene aclarar de inmediato que cuando nos

referimos al derecho electoral activo (así como al pasivo, del que

hablaremos más adelante) lo hacemos en sentido subjetivo, sig-

nificando así la facultad o prerrogativa que tiene un sujeto. Por

el contrario, cuando hacemos referencia al Derecho Electoral en

sentido objetivo tenemos en mente el conjunto de disposiciones

constitucionales y legales que, como ya dijimos, regulan todo lo

relativo a las elecciones. Esta distinción debe ser tenido muy en

cuenta.

En la actualidad tiene vigencia en nuestro país el sufragio

universal. Pero aunque se reconoce al mayor número de ciuda-

danos el derecho al voto, no exigiéndose por tanto los requisitos

típicos que peculiarizan el sufragio restringido, ni siquiera el su-

fragio universal es general. Esto significa entonces que el status

de ciudadano no es del todo coincidente con el de elector.

En nuestros primeros textos constitucionales, siguiendo la

tónica de la época, se establecieron diferentes tipos de sufragio

restringido. Fue sólo a partir de la reforma de 1942 cuando de-

finitivamente se adoptó el sufragio universal, al reconocérsele los

derechos políticos a la mujer dominicana, a quien por tradición

se consideraba incapaz civilmente.

En nuestro ordenamiento jurídico, como por igual en todas

las legislaciones positivas de los Estados modernos, se ha fijado

una serie de requisitos generales para tener la condición de elec-

tor. Estos son:

a) Nacionalidad: sólo son titulares de los derechos políticos

los nacionales que son ciudadanos.

b) Edad: Para ser elector se requiere ser ciudadano y se ad-

quiere tal status sólo después alcanzar la edad de 18 años,

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a menos que sean menores que hubieren sido casados o

lo estén.

c) Inhabilitaciones:

1- por condena irrevocable a pena mayor (hasta la reha-

bilitación);

2- por interdicción judicial legalmente pronunciada

mientras dure;

3- por admitir en territorio dominicano función o

empleo de un gobierno extranjero sin previa autori-

zación del Poder Ejecutivo.

4- por ser miembro activo de las fuerzas armadas o de

los cuerpos de policía.

5- por pérdida de los derechos de ciudadanía, esto es,

por condenación irrevocable por traición, espionaje

o conspiración contra la República, o por tomar las

armas, prestar ayuda o participar en cualquier aten-

tado contra ella.

7. El Registro Electoral.

En virtud de la Ley de Registro Electoral, No. 55 del año

1970 es requisito para el ejercicio el estar empadronado. Enton-

ces, el censo o registro electoral no es más que una lista oficial,

ordenada en base a determinados criterios de todos los ciudada-

nos que componen el cuerpo electoral.

El Registro Electoral es un instrumento de capital impor-

tancia para la organización de las elecciones. En efecto, permite:

– La verificación del derecho al voto de los ciudadanos.

Como toda persona antes de votar debe demostrar su

capacidad para ese ejercicio, sin el Registro Electoral esta

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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comprobación sería prácticamente imposible llevarla a

cabo en el mismo día de las votaciones;

– La distribución de los electores en distritos y circuns-

cripciones electorales. Para ejercer su derecho al voto el

elector no puede hacerlo en cualquier sitio sino en una

determinada jurisdicción, que es por lo regular aquella

en la que reside. El Registro entonces es un dispositivo

para evitar que se pueda votar dos veces, evitándose el

fraude y la corrupción. Estas son, entre otras, las razones

de su existencia.

La inscripción en el Registro Electoral es obligatoria para

todos los dominicanos de ambos sexos que hayan cumplido los

18 años de edad, o que teniendo 16 cumpliesen los 18 antes

de las próximas elecciones. Naturalmente están excluidos todos

los que no gozan constitucional ni legalmente de la capacidad

electoral activa. Todo elector solo puede inscribirse en el distrito

en que tenga su residencia.

La responsabilidad de la inscripción recae en nuestro país,

a diferencia de Gran Bretaña, Italia y en otros Estados europeos,

sobre el ciudadano, quien debe solicitar su inclusión a la autori-

dad encargada de confeccionarlo. Este es el sistema, por ejemplo,

utilizado en los Estados Unidos y se ha dicho con justeza que

tiende a beneficiar a los partidos políticos.

Según las disposiciones legales vigentes, la inscripción en

el Registro es personal y se requiere para ello la presentación de

la cédula de identificación personal, cuya Dirección General y

Agencias son dependencias de la Junta Central Electoral, salvo

en lo que respecta a recaudaciones de impuestos fiscales. Una vez

inscrito se entrega al ciudadano un Carnet numerado que según

la ley es imprescindible para la realización de distintos actos de

la vida diaria.

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Estos requisitos o exigencias, de la presentación del Carnet,

están en concordancia con la letra de nuestra Constitución que

consagra la norma que votar es un deber cívico, y por tanto,

obligatorio. Con las exigencias de presentación y las sanciones

que la ley establece a quienes no se inscriban ese trata de hacer

efectiva indirectamente la obligación de votar.

La autoridad encargada de llevar a cabo el Registro Electoral

es la Junta Central Electoral y las demás Juntas dependientes

de ésta. El hecho de que se atribuya esta función a los orga-

nismos electorales, estriba en la razón de que para asegurar (al

menos en teoría) limpieza en las elecciones, se requiere eficiencia

e imparcialidad, condiciones éstas alcanzables en mayor grado

si aquellos son los encargados. Estas razones, nos luce, son las

responsables, además, de que todos los organismos electorales

sean considerados independientes del Poder Legislativo y del

Ejecutivo, sobre todo, quienes podrían con facilidad interferir

inclinando la balanza a favor de sus funcionarios de turno que

tercian en una determinada contienda electoral.

En algunos países el Censo o Registro Electoral puede ser

continuo en otro, periódico. Es continuo cuando su validez no

está limitada en el tiempo, estando por lo tanto disponible para

ser utilizado en cualquier momento. Por el contrario, es perió-

dico cuando se crea ex-novo cada año, y sirve sólo para unas

determinadas elecciones.

En nuestro país el Registro Electoral es continuo. En efecto,

nuestra ley dispone que el Registro, o sea, las listas de electores,

serán revisadas cada 10 años pero, como es natural, la Junta

Central Electoral puede disponer la cancelación de cualquier

inscripción o también incluir cualquier otra para mantener ac-

tualizadas las listas.

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8. Los Candidatos, los Partidos Políticos y el Proceso

Electoral.

Hasta ahora nos hemos estando ocupando de una parte de

los agentes o actores de un proceso electoral, es decir, de los elec-

tores. Pero como elegir implica seleccionar o escoger entre varias

opciones, de más está justificar el tratamiento, en este trabajo, de

los candidatos y de los partidos políticos.

Para que unas ele ccion es pu edan ser cons idera das m ás o me-

nos libres, aparte de la presencia necesaria de una serie de condi-

ciones (imparcialidad de los poderes públicos durante el proceso,

el mantenimiento de un clima de libertades públicas, igualdad de

oportunidades de acceso al electorado de todas las ofertas públi-

cas), debe ser regulada, con criterios de equidad, la capacidad o

derecho electoral pasivo, esto es, la facultad de ser elegido.

La capacidad electoral pasiva está reglamentada en diversos

artículos de nuestra Constitución y, en el caso de los Síndicos

y de los Regidores de los Ayuntamientos, por la ley 3455 de

Organización Municipal del año 1952.

Pero antes de estudiar los requisitos generales para ser elegi-

do a los diferentes cargos electivos en nuestro sistema constitu-

cional, conveniente es precisar cuáles son estos. En el art. 90 de

la Constitución encontramos la nómina:

– Presidente y Vicepresidente de la República

– Senadores y Diputados

– Regidores de los Ayuntamientos y sus suplentes

– El Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Munici-

pales y sus suplentes.

Todos estos funcionarios son elegidos directamente, a dife-

rencia de los Jueces de los diferentes tribunales que conforman

nuestra Judicatura y de los miembros de la Cámara de Cuentas

El Sistema Constitucional Dominicano

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y de la Junta Central Electoral que son designados mediante

elección de segundo grado, esto es, indirecta.

La duración del período constitucional está contemplada en

el art. 107 que lo limita a cuatro años siendo por tanto colectivo,

esto es, todos los funcionarios electivos cesan en sus funciones el

16 de Agosto de cada cuatro años. Por lo tanto, si un funcionario

elegido cesa en el ejercicio de su cargo antes de la conclusión del

período, el que lo sustituye permanecerá en el cargo sólo hasta

completar el período. En el caso de los Jueces, nuestra Constitu-

ción establece una ruptura en el párrafo I del susodicho artículo

cuando afirma que estas disposiciones no entrarán en vigor hasta

que estos hayan sido confirmados en sus cargos por el Senado.

Dado que en el transcurso de este trabajo nos hemos re-

ferido individualmente a los requisitos de elegibilidad de los

funcionarios electivos arriba mencionados, no volveremos sobre

el particular porque ello no sería más que una reiteración. (Ver

apéndice III-1) Tan sólo nos limitaremos a enumerar los criterios

utilizados en nuestro ordenamiento constitucional para estable-

cerlos. Estos son:

– Nacionalidad

– Edad

– Residencia

– Motivos de índole moral

– Motivos de índole política

Consideramos conveniente indicar las nociones de inele-

gibilidad e incompatibilidad, términos que recurren con cierta

frecuencia en temas de elecciones. En primer lugar, llamamos

condiciones generales de elegibilidad precisamente a los requi-

sitos mínimos que todo candidato a un cargo específico debe

cumplir. Denominamos causas o condiciones de inelegibilidad

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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cuando una persona no puede ser elegida a un cargo determina-

do por encontrarse en una situación particular.

La inelegibilidad puede ser absoluta o relativa. Es absoluta

cuando existe un impedimento jurídico al ejercicio del cargo,

que torna la elección no válida y cuyo radio de acción -he aquí la

diferencia- cubre la totalidad del territorio de un Estado particu-

lar. Contrariamente, la inelegibilidad puede ser relativa cuando

sólo se extiende el impedimento al distrito electoral (división

territorial realizada para organizar una elección) donde el sujeto

desempeña sus funciones. Un caso de inelegibilidad absoluta lo

encontramos en el art. 88 de nuestra Constitución que establece

que no pueden votar los miembros de los cuerpos armados y

policiales.

Otro concepto importante es el de la incompatibilidad.

Esta, a diferencia de la anterior no invalida la elección, esto

es, el individuo puede postularse pero si logra ser elegido debe

renunciar a la posición que desempeña. Este es el caso, por

ejemplo, de todo funcionario administrativo que desee ser ele-

gido Senador o Diputado. Estos cargos son incompatibles con

cualquier otro cargo o función en la Administración Pública

(art. 18).

Por la naturaleza de este estudio no vamos a entrar en detalle

en lo relativo al régimen legal de los partidos políticos, imperante

en nuestro país, y que está contemplado en la ley electoral. Tan

sólo nos limitaremos a decir que el referido instrumento legal

dedica en el Título IV carios capítulos y secciones a estas insti-

tuciones imprescindibles para el ejercicio de la democracia en

cualquier país en la época actual. De todos modos, la normativa

sobre los partidos políticos contempla todo el proceso de naci-

miento, controles del Estado sobre ellos y sobre su extinción.

De la misma manera, por ser objeto de estudio más de un

curso monográfico, nos vemos obligados a pasar por alto todas

El Sistema Constitucional Dominicano

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las normas relativas al proceso electoral, es decir, al conjunto de

fases o pasos concatenados que se llevan a cabo para realizar unas

elecciones políticas o municipales. Las etapas son:

– Convocatoria a las Asambleas Electorales

– Campaña Electoral

– Votaciones

– Escrutinio y cómputos

– Proclamación de los candidatos elegidos.

Con estas nociones damos por concluido el presente

capítulo.2

2 Para consulta de los apéndices al capítulo IX, refiérase a la 2da. edición de CENAPEC,

1986, Santo Domingo República Dominicana.