Capítulo V. El congreso nacional

• Páginas: 183-271
• Autor: Julio Brea Franco

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CAPÍTULO V

EL CONGRESO NACIONAL

La parte orgánica de la Constitución de la República, que

instituye y regula, como ya dijimos, los órganos constitucio-

nales del Estado Dominicano, comprendo principalmente los

Títulos IV, V, VI y VII. El Título IV está enteramente dedicado

al Poder Legislativo y contiene prescripciones de tipo organi-

zativo y procesales. Está estructurado en seis Secciones inti-

tuladas, respectivamente: Del Poder Legislativo, Del Senado,

De la Cámara de Diputados, Disposiciones Comunes a ambas

Cámaras, del Congreso, y De la Formación y Efecto de las

Leyes. En el presente capítulo, dedicaremos nuestra atención

y esfuerzo a estudiar la configuración y las atribuciones del

órgano legislativo.

El hecho de que la Constitución contemple en primer lugar

al Poder Legislativo, en vez del Poder Ejecutivo, por ejemplo,

significa que las Cámaras Legislativas desempeñan funciones

consideradas primordiales respecto a las de los demás órganos

constitucionales. En efecto, siendo sus componentes los di-

rectos representantes de la voluntad popular, se les atribuye la

importantísima misión de crear la mayor parte de las normas

jurídicas que forman el ordenamiento del Estado.

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1. Composición del Poder Legislativo.

En nuestro sistema constitucional se confía la función le-

gislativa al Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de

Diputados y el Senado. Se adopta, pues, un sistema bicameral.

En base a este sistema, la función de legislar no está distribuida

entre las dos Cámaras, sino que es ejercida conjuntamente por

ambas. Por consiguiente, cualquier acto -un proyecto de ley, por

ejemplo- aprobado por la Cámara de Diputados no se convierte

en ley, es decir, no se perfecciona y adquiere eficacia, si no es

sucesivamente aprobado por el Senado, o viceversa. Por tanto,

las dos Cámaras se encuentran en un mismo plano de igual-

dad, reconociéndoseles funciones idénticas, aunque la misma

Constitución determine algunas atribuciones, con carácter de

exclusividad a cada una de ellas. También -como veremos- se

exigen los mismos requisitos de elegibilidad para los cargos de

Diputado y de Senador En base a estas características nuestro

sistema bicameral puede ser catalogado de racionalizado, esto

es, ambas cámaras son iguales y la totalidad de sus miembros

son elegidos directamente por el cuerpo electoral. (Ver apéndice

V-1).

El sistema adoptado por nuestra Constitución no ha sido

siempre el mismo. En nuestra agitada historia constitucional

se llevaron a cabo reformas que establecían un sistema mo-

nocameral, tal como lo contemplaba la revisión conservadora

de diciembre de 1854 que instituyó una sola cámara, -el Se-

nado Consultor- formado por sólo siete miembros. Igual ha

sucedido con las denominaciones: en nuestro primer texto,

el de 1844, se llamaba cámara alta (nuestro actual Senado).

Consejo Conservador y a la baja, Tribunado. (Ver apéndices

V-2/V-3)

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2. El Senado de la República.

El Senado es un órgano constitucional compuesto por

miembros elegidos por sufragio universal y directo, tomán-

dose como base territorial o circunscripción electoral, la

Provincia. Para estos fines, se considera como provincia el

Distrito Nacional, que como hemos visto, representa a la

totalidad de las provincias. (Ver apéndice V-4). Por tanto,

el número de Senadores es de 27. El procedimiento elec-

toral está contemplado en el Título X, Arts. 88 y 92 de la

Constitución, pero, sobre todo, en la ley 5884 del año 1962

y sus modificaciones. El sistema electoral utilizado para la

asignación de los escaños senatoriales es el uninominal o

mayoritario relativo. (Ver V-5/V-6).

3. La Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados es un órgano constitucional

formado por representantes elegidos por sufragio universal a

razón de uno por cada 50,000 habitantes o fracción de más

de 25,000; pero se establece que ninguna provincia tendrá

menos de dos Diputados aunque su población sea inferior a

la requerida. (Ver apéndice V-7). Este es el caso de provincias

como Pedernales, Santiago Rodríguez, Valverde, etc., que por

tal virtud vienen a estar sobre-representadas. (Ver apéndice

V-8). El número de Diputados es establecido por la Junta

Central Electoral, el máximo organismo electoral, tomando

como base el último censo general de la población que se lleva

a cabo cada 10 años y que se consigna en la Proclama con que

la Junta convoca a elecciones y abre la campaña electoral. El

sistema electoral utilizado para la atribución de los cargos de

Diputado es el proporcional a lista. (Ver apéndice V-9)

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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4. Requisitos de elegibilidad para Senador y Diputado.

Para ser Senador o Diputado, la Constitución establece, en

los Arts. 22 y 25, los requisitos de elegibilidad. Estos son:

a) Ser dominicano y estar en pleno ejercicio de los dere-

chos civiles y políticos. Están excluidos, por tanto, todos

aquellos dominicanos que hayan perdido la ciudadanía

o cuyos derechos políticos estén suspendidos temporal-

mente en los casos previstos en los Arts. 14 y 15 de la

Constitución;

b) Haber cumplido la edad de 25 años. En otros países

se establecen edades diferentes para Senador y Dipu-

tado;

c) Ser nativo de la circunscripción territorial que lo elija

o haber residido en ella por lo menos durante cinco

años consecutivos. Este requisito no significa que la

residencia sea en el período inmediatamente prece-

dente a la elección. En el caso de los naturalizados,

éstos podrán ser elegidos sólo después de haber pasa-

do 10 años desde el momento en que adquirieron la

nacionalidad dominicana. Además, tienen que haber

residido dentro de la jurisdicción que los elija duran-

te los cinco años que preceden a su elección. Estos

requisitos para el ciudadano y para el naturalizad se

explican en razón de que el representante debe estar

compenetrad con los problemas en su circunscripción

territorial.

La verificación de estos requisitos está a cargo de la Junta

Central Electoral, cuyo procedimiento se encuentra regulado en

nuestra Ley Electoral vigente. (Ver apéndice V-10).

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5. Incompatibilidad con los cargos de Senador y

Diputado.

En el Artículo 18 de nuestra Carta Constitucional se declara

incompatible el cargo de Senador o Diputado con cualquier otra

función o empleo de la Administración Pública. Esta incompa-

tibilidad no invalida la elección, pero el elegido debe renunciar

al cargo administrativo para poder desempeñarse como Senador

o Diputado. En otras palabras, en el caso de un Secretario de

Estado que sea propuesto candidato por un partido político y

obtiene el escaño en las elecciones, para poder ocuparlo debe

renunciar a su calidad de funcionario público.

Esta incompatibilidad se justifica, pues se trata de impedir

que el Gobierno (Poder Ejecutivo) pueda corromper a los par-

lamentarios ofreciéndoles posiciones ventajosas a cambio de su

incondicionalidad en detrimento del principio de la separación

de los poderes, base del sistema constitucional clásico. Por esta

razón se aceptan como compatibles únicamente los cargos hono-

ríficos y de profesorado.

6. Vacantes en el Congreso.

Tanto los Senadores como los Diputados son elegidos por

un período de cuatro años. Este período constitucional es co-

lectivo, es decir, igual para todos los cargos electivos nacionales

y locales. Cuando ocurre una vacante por incapacidad física o

mental, muerte, renuncia o suspensión, la Cámara la que perte-

necía el representante la cubre por un procedimiento establecido

en los Artículos 19 y 20. En efecto, no se procede a una elección

general, sino que el partido político que presentó la candidatura

del legislador a sustituir, debe someter una terna de candidatos

a la Cámara donde se presentó la vacante, en los siguientes 30

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días de la ocurrencia, en el caso de que el Congreso se encuentre

reunido. Si por el contrario, está en receso, el máximo organis-

mo del partido deberá hacerlo en los primeros 30 días a partir

de la fecha en que se reinicien las sesiones. Si esto no se hace

en los plazos indicados, la cámara correspondiente procederá

libremente a la elección para cubrir la vacante.

7. Prerrogativas y privilegios de los Senadores y

Diputados.

Para que puedan desempeñar con seguridad e independen-

cia sus funciones, las constituciones modernas conceden, por lo

regular, a los legisladores, una serie de prerrogativas y privilegios.

Con estas garantías se trata de obviar la injerencia del Poder Eje-

cutivo o de otro organismo en la función legislativa.

En nuestra Constitución, la materia se encuentra regulada

en los Artículos 31 y 32. En primer lugar, los miembros de las

Cámaras Legislativas gozan de la más completa inmunidad pe-

nal por las opiniones que expresen en las sesiones. Esto es, son

completamente irresponsables, o sea, no tienen que responder

ante nadie por sus discursos, opiniones, votos, etc.

En segundo lugar, se consagra la inviolabilidad personal; es

decir, ningún Senador o Diputado puede ser privado de su liber-

tad durante la legislatura sin la debida autorización de la Cámara

a la que pertenezca, a menos que sea aprehendido ‘’in fraganti’’, es

decir, en el momento de la comisión de un crimen, en cuyo caso

adquieren plena vigencia las normas de derecho común. A este

privilegio se le denomina también inmunidad parlamentaria y se

refiere sólo a los actos realizados por el representante o legislador

fuera del ejercicio de sus funciones. Tiene como finalidad evitar

que el Gobierno (Poder Ejecutivo) materialice injustificadas con-

tra sus adversarios para impedirles tomar parte en los debates.

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A la solicitud que se dirige a la Cámara se le llama suplicato-

rio. Pero aun habiendo concedido la Cámara esta autorización,

el Senado o la Cámara de Diputados, y si no están en sesión

o no constituyen quorum, cualquier miembro de ellas, podrá

exigir que el legislador apresado sea puesto en libertad por el

tiempo que dure la legislatura o parte de ella. En este sentido, el

requerimiento de libertad lo hará el Presidente del Senado o el

de la Cámara de Diputados, o el Senador o el Diputado, según

el caso, al Procurador General de la República; pero si fuere ne-

cesario, el Senador o el Diputado podrá dar la orden de libertad

sin necesidad del requerimiento, debiendo cualquier depositario

de la fuerza pública proceder a cumplirla.

8. Organización y funcionamiento de las Cámaras

Legislativas.

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen la

facultad de reglamentar por vía propia todo lo concerniente

a su servicio interior, a sus funciones, a fijar el número, la

composición y la respectiva competencia de las comisiones

legislativas encargadas de examinar los proyectos de ley que se

le encomiendan. Esta autonomía, denominada facultad de re-

glamentación interna, está consagrada en el Art. 28 de nuestra

Constitución.

El Reglamento Interior del Senado fue aprobado el 15 de

diciembre de 1938 y el de la Cámara de Diputados el 14 de sep-

tiembre de 1937. En base a éstos, las Cámaras Legislativas eligen

en su propio ámbito sus respectivos bufetes directivos, que están

integrados por un Presidente, un Vice-Presidente y dos Secre-

tarios, designados por un período de un año a contar del 16 de

Agosto. Además, tienen la facultad de designar a sus empleados

auxiliares y revocarlos a su conveniencia. (Ver apéndice V-11).

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El Congreso Nacional celebra dos períodos de trabajos en el

año, que se denominan legislaturas. Cada una de esas legislaturas

tienen una duración de 90 días y se inician el 27 de Febrero y el

16 de Agosto. Estas son llamadas legislaturas ordinarias y pueden

ser prorrogadas por las mismas Cámaras por sesenta días más, lo

que acostumbran a hacer por medio de una simple resolución

que no está sujeta a ninguna otra aprobación, en virtud de sus

autonomías respectivas.

Al período entre ambas legislaturas se le denomina receso y

tiene como finalidad, no el ‘’descanso’’ de los legisladores, sino

permitirles ponerse en contacto con los núcleos políticos de los

que proceden.

Además de estas legislaturas ordinarias, nuestra Consti-

tución prevé la celebración de legislaturas extraordinarias por

convocatoria del Poder Ejecutivo (Ver apéndice V-12).

En la legislatura que inicia el 16 de Agosto, las Cámaras

deben proceder a designar su Bufete Directivo como ya dijimos.

Tanto el Presidente del Senado como el Presidente de la Cámara

de Diputados están dotados, durante las sesiones, de un poder

disciplinario y representan a sus respectivas Cámaras en todos

los actos legales.

Como para algunas atribuciones determinadas las Cámaras

se reúnen conjuntamente, constituyendo la Asamblea Nacional,

se establece que en casos, presidirá el Presidente el Senado. En

caso de falta temporal o definitiva del Presidente del Senado, y

mientras no sea elegido el sustituto, tomará su lugar el Presiden-

te de la Cámara de Diputados. Si También este último faltare, lo

sustituirá el Vice-Presidente del Senado y, en su defecto, el Vi-

ce-Presidente de la Cámara de Diputados. (Ver apéndice V-13.).

Cada legislatura ordinaria se descompone en una serie de

sesiones que tienen una duración de varias horas consecutivas

cada una. Para que cada Cámara pueda sesionar válidamente,

El Sistema Constitucional Dominicano

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se exige un quórum o número legal, que en base al Art. 30 de

nuestra Constitución, es de la mitad más uno de los miembros

de cada Cámara. Para las deliberaciones o decisiones, se requiere

la mayoría absoluta de los votos emitidos. Este quórum y esta

mayoría se aplican para todas las cuestiones ordinarias; pero son

superiores para la deliberación de determinados asuntos. (Ver

apéndice V-14).

Para la toma de decisiones, el Reglamento de cada Cámara

establece dos modos de votación: la ordinaria y la nominal (la

secreta fue eliminada del Reglamento del Senado). La primera

se efectúa por la alzada de mano para la afirmativa. La vota-

ción nominal se verifica así: el Secretario de la Cámara llama

por lista y cada Diputado o Senador, al ser nombrado, expresa

su voluntad diciendo “Sí’’ o “No’’ según sea su decisión. Por

último, la votación secreta, antes contemplada, se requería y

utilizaba para determinados asuntos que los mismos reglamen-

tos establecían.

Además del Bufete Directivo, las Cámaras Legislativas

están organizadas en Comisiones Legislativas, en número co-

rrespondiente al de Secretarías de Estado creadas por ley. Su

principal función consiste en examinar e informar favorable o

negativamente sobre los proyectos de ley que se sometan a su

estudio, y recomendar las modificaciones que crean convenien-

tes, independientemente del texto original. Cada Comisión

Legislativa está formada por los miembros que juzguen con-

venientes los Presidentes de las Cámaras; pero se establece en

que en ningún caso deben ser menos de tres. Estas Comisiones

cuyas funciones duran un año, son designadas por el Presiden-

te de las Cámaras al iniciarse la Legislatura de Agosto. Cada

comisión procede a elegir a su Presidente, Vice-Presidente y

un Secretario que son asistidos por un Ayudante de Secretaría.

(Ver apéndices V-15/V-16/V-17).

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Los Reglamentos Internos de las Cámaras y las normas de

carácter consuetudinario que establece la praxis, conforman lo

que se puede denominar el Derecho Parlamentario Dominica-

no. En este apartado, apenas hemos hecho referencias superfi-

cialmente a las más importantes.

9. Atribuciones del Congreso Nacional.

El Congreso Nacional como órgano legislativo tiene ple-

na atribución en materia legislativa, esto es, puede legislar so-

bre cualquier asunto -por nuevo y extraño que sea- siempre y

cuando no lesione los derechos civiles, políticos y sociales que la

Constitución confiere a los individuos. Por tanto, todo asunto

de interés público que tenga o deba ser resuelto en forma per-

manente y con fuerza de ley, es en principio competencia del

Congreso. (Ver apéndice V-18).

Pero no obstante esta plenitud de competencia en lo legis-

lativo, nuestra Constitución dedica la Sección V del Título IV,

Art. 37 a señalar como atribuciones del Congreso una serie de

materias o cuestiones para que sean resueltas por medio de la ley.

Pero hay que resaltar que no es por este señalamiento explícito

que hace la Constitución que dichas materias son competencia

del órgano legislativo. Entonces, cabría la pregunta: ¿por qué se

señalan? Podemos encontrar dos clases de razones que los expli-

can:

a) Motivos de índole histórica: cuando nació el Estado

Dominicano, éste no estaba organizado administrativa-

mente. Se imponía, pues, un programa de organización

administrativa. Y esto puede apreciarse si se examina el

Art. 211 de nuestro primer texto constitucional, en el

que se determinó una serie de materias sobre las que se

debía legislar en la primera legislatura;

El Sistema Constitucional Dominicano

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b) Motivos de índole política: señalando una serie de mate-

rias como de la exclusiva competencia del Congreso, se

evita que el Poder Ejecutivo lleve a cabo cualquier inje-

rencia por medio de decretos o de ordenanzas ejecutivas,

que creen inconvenientes o precedentes perniciosos.

La plenitud de competencia legislativa del Congreso Nacio-

nal no es sólo un principio teórico; está previsto en el inciso 23

del Art. 37 que reza: es atribución del Congreso “legislar acerca

de toda materia que no sea de la competencia de otro Poder del

Estado, o contraria a la Constitución”. Como puede apreciarse,

la redacción no es muy feliz, ya que ningún otro Poder del Esta-

do tiene competencia para legislar sobre materia alguna a excep-

ción del poder reglamentario atribuido al Poder Ejecutivo. Por

todo lo que antecede, los actos formalmente legislativos emanan

únicamente del Congreso.

En los siguientes apartados examinaremos las atribuciones

administrativas y jurisdiccionales del Congreso Nacional, así

como también las del Senado y de la Cámara de Diputados,

consideradas separadamente.

10. Atribuciones administrativas del Congreso.

Si bien las constituciones modernas consagran el principio

de la separación de los poderes del Estado, materializando lo que

los constitucionalistas denominan independencia de poderes,

en la realidad no se manifiesta una rígida separación, sino más

bien una interdependencia. Y esto se puede explicar por razones

lógicas: al ser el Estado un único ente que no puede actuar sino

por medio de sus órganos, éstos no pueden desplegar actividades

sin que estén mínimamente coordinadas. Entonces, cuando se

habla de separación de poderes, es en sentido relativo y políti-

co, ya que razones de índole histórica y práctica determinaron

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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que los padres de las constituciones modernas confieran ciertas

atribuciones a determinados Poderes del Estado que, dentro de

la ortodoxia de la teoría de la separación de los poderes, debían

haber sido atribuidos a otros.

Esto puede apreciarse en nuestra Constitución. En efecto,

ésta atribuye al Congreso Nacional una serie de competencias

de carácter administrativo, en cuanto no se manifiestan por

medio de actos normativos (generales y permanentes), sino

mediante actos individuales y aislados. Entre las atribuciones

que establece el Art. 37 que venimos comentando, son de na-

turaleza administrativa:

1) Aprobar o no el estado de cuenta que debe presentarle el

Poder Ejecutivo (inciso 2);

2) Declaración del estado de sitio (inciso 7);

3) Declaración del estado de emergencia nacional (inciso 8);

4) Aprobación del Presupuesto de la Nación (inciso 12);

5) Concertación de empréstitos (inciso 13);

6) Aprobación o no de los tratados y convenciones internacio-

nales (inciso 14);

7) Conceder la autorización al Presidente de la República para

salir al extranjero por más de 15 días (inciso 17);

8) Aprobación anual de los actos del Poder Ejecutivo (inciso 18);

9) Aprobación o no de los contratos importantes que le some-

ta el Presidente de la República (inciso 19);

10) Traslado de las Cámaras Legislativas fuera de la Capital

(inciso 20);

11) Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Administradores de

los organismos autónomos del Estado Dominicano (inciso 22).

El Congreso ejerce todas estas atribuciones mediante actos

que tienen forma de ley, pero la naturaleza o el contenido de los

mismos son de índole administrativa, o sea, son leves en sentido

formal únicamente.

El Sistema Constitucional Dominicano

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11. Atribuciones jurisdiccionales: la amnistía.

En muchas constituciones modernas, y por ende, en la

nuestra también, se reconoce al órgano legislativo la facultad de

conceder la amnistía por motivos políticos. La amnistía consiste

en el olvido total de ciertos hechos políticos sancionados por la

ley penal, con la consecuencia de que sus autores y cómplices

quedan automáticamente libres de cualquier condena judicial

ya pronunciada o por pronunciarse, así como también, libres de

toda incapacidad o inhabilitación jurídica que pudieran resultar

de estos hechos.

En nuestra Carta Fundamental esta atribución se encuentra

consagrada explícitamente en el inciso 21 del Art. 37; pero con-

viene resaltar que no siempre se ha establecido explícitamente.

En efecto, en muchos de nuestros textos constitucionales se

mantuvo un silencio absoluto al respecto, pero aún en estos

casos se ha considerado que implícitamente se le confería esta

facultad.

La concesión de la amnistía se aproxima a la función juris-

diccional, ya que ésta supone la supresión de la acción pública

o de una sentencia judicial. Entonces, parece lógico pensar que

el acto de amnistía es de la misma naturaleza que la sentencia,

aunque tiene una fuerza mayor. Al menos así se ha considerado.

La más reciente ley de amnistía es la marcada con el No.1 del

año 1978 votada -no obstante las observaciones del Presidente

Guzmán- por el Congreso instalado el 16 de Agosto de ese mis-

mo año, fecha en que se dio inicio a un nuevo período consti-

tucional.

12. Competencias exclusivas del Senado.

Aparte de su participación en el proceso de formación de

las leyes, que estudiaremos más adelante, y de las atribuciones

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

196

que se le confieren conjuntamente con la Cámara de Diputados,

el Senado tiene una serie de competencias exclusivas que se en-

cuentran consagradas en el Artículo 23 de la Constitución. Estas

son: (Ver apéndice V-18).

a) Elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de-

más jueces de los tribunales creados por la Constitución

y las Leyes;

b) Elegir al Presidente y a los dos miembros que componen

la Junta Central Electoral, máximo organismo electoral,

así como también a sus suplentes;

c) Elegir a los miembros (5 por lo menos) de la Cámara de

Cuentas de las ternas que le someta el Poder Ejecutivo.

Como veremos más adelante, este órgano constitucional

secundario tiene como atribución principal examinar las

cuentas del Estado;

d) Aprobar o no los nombramientos de los funcionarios

diplomáticos que le someta el Poder Ejecutivo, como

también lo establece el inciso 4 del Art. 55;

e) Juzgar a los funcionarios públicos electivos por mala

conducta o por falta en el ejercicio de sus funciones,

cuando son acusados por la Cámara de Diputados. A

este procedimiento se le denomina Juicio Político o

“impeachment”, al que nos referiremos casi de inme-

diato.

Si se examina atentamente el contenido de cada una de estas

atribuciones, las cuatro primeras pueden ser catalogadas como

de carácter administrativo, mientras que la última tiene natura-

leza jurisdiccional.

El Sistema Constitucional Dominicano

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13. Atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.

De la misma manera que al Senado, también a la Cámara

de Diputados se le atribuye una competencia exclusiva que está

necesariamente concatenada con la función de tribunal político

que se le confiere al Senado. En efecto, la Cámara de Diputa-

dos tiene el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios

elegidos, en los casos determinados en el inciso 5 del Art. 23.

Como veremos, para poder ejercerlo se exige una mayoría muy

calificada. Esta atribución puede considerarse de carácter admi-

nistrativo-jurisdiccional en cuanto se asemeja a la función del

ministerio público. (Ver apéndice V-18).

14. El Juicio Político.

El Juicio Político consiste en el procedimiento mediante el

cual la Cámara de Diputados acusa ante el Senado a los funcio-

narios electivos que incurran en faltas en el ejercicio de sus fun-

ciones o por mala conducta. Este procedimiento puede concluir

con la destitución, suspensión y la inhabilitación para los cargos

de honor y confianza. Para que la acusación pueda llevarse a

cabo, la Constitución establece el voto favorable de las ¾ partes

de los miembros de la Cámara de Diputados. Y para que el Sena-

do pueda pronunciar la pena se exige también la misma mayoría.

Como la Constitución en el Art. 8 Inciso 2, Literal j) consa-

gra que toda persona que sea juzgada tiene la facultad de ser oída

en audiencia pública (salvo en los casos disciplinarios, como ya

dijimos), se entiende también que en los casos de Juicio Político

el funcionario bajo acusación debe ser oído o, por lo menos,

citado antes de sufrir una condena.

En el pasado, muchos de nuestros textos constitucionales

señalaban por sus cargos los funcionarios cuya destitución sólo

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

198

podía resultar de un Juicio Político, pero en la actualidad se

omiten las especificaciones incluyéndose, por tanto, todos los

funcionarios elegidos. Por consiguiente, también los Síndicos,

Regidores, Presidente y Miembros de la Junta Central Electora

y los Miembros de la Cámara de Cuentas son susceptibles de

ser juzgados políticamente. Para los jueces ocurre una situación

especial, tal y como emerge del último párrafo del Art. 23 En

efecto, están sujetos a Juicio Político, pero también a la autori-

dad de la Suprema Corte de Justicia.

Como ya dijimos, las sanciones que pueden ser aplicadas

son la destitución del cargo; sin que ello excluya que el ex-fun-

cionario sea sometido, posteriormente a los tribunales ordinarios

(Inciso 5 Art. 23)

La forma de Juicio Político que establece nuestra Constitu-

ción tiene su patrón en el sistema constitucional de los Estados

Unidos de América, si bien las raíces históricas del mismo se

pueden encontrar en el proceso evolutivo que dio lugar al Parla-

mento en Gran Bretaña que arranca a partir del año 1265.

En nuestro país, los casos de Juicio Político no han sido nu-

merosos. Se recuerda siempre la acusación a que fue sometido el

Presidente Juan Isidro Jiménes en el año 1916, que no concluyó

con la destitución por haber éste renunciado antes. Reciente-

mente el procedimiento se llevó a cabo en contra del ex-sín-

dico del Distrito Nacional Manuel Jiménez, destituido por el

Senado bajo la acusación de conspiración contra la República.

A raíz de ello, y antes de pronunciarse la resolución condena-

toria, Jiménez se asiló en una embajada latinoamericana. La

gran debilidad institucional dominicana impide que el Juicio

Político pueda funcionar como está previsto debido a que las

crisis políticas de las que son un reflejo culminan siempre – ahí

está el testimonio de la historia reciente y lejana -resolviéndose

extra-constitucionalmente.

El Sistema Constitucional Dominicano

199

El Juicio Político se diferencia claramente de la Interpelación

Parlamentaria, aunque a raíz de la novedosa interpelación del Se-

cretario de Educación, Bellas Artes y Cultos, Ing. Pedro Porrello,

realizada en 1980, en comunicados oficiales de la Cámara de

Diputados y en artículos de opinión tendieron a confundirse

ambas instituciones.

En efecto, como ya se consignó el Juicio Político está des-

tinado a funcionarios electivos mientras que son susceptibles

de ser interpelados únicamente los Secretarios de Estado y los

Directores o Administradores de Organismos Autónomos, esto

es, funcionarios administrativos dependientes del Poder Ejecutivo.

La interpelación es un medio de control político-administrativo

de las acciones del Gobierno (en sentido estrecho) a disposición

de las cámaras legislativas individualmente consideradas, es de-

cir, es un control monocameral. Por esta razón consideramos

que el Art.1 de la ley sobre el Desacato, proyecto originalmente

presentado por el Diputado Dr. Rafael Valera Benitez, es incons-

titucional en cuanto hace interpelables a todos los funcionarios

públicos incluyendo los electivos.

15. Competencias exclusivas de la Asamblea Nacional.

Como ya tuvimos ocasión de ver, la función legislativa no

es distribuida entre las dos Cámaras que componen el Congreso

Nacio nal, sino que es eje rcida e n forma co njunta por am bas, ce-

lebrando sus sesiones por separado. Ahora bien, existen ocasiones

en que las dos Cámaras sesionan conjuntamente. Entonces, a

esta reunión conjunta se le denomina Asamblea Nacional. Y aquí

cabe decir que el texto de nuestra Constitución es, en este punto,

muy ambiguo, pues habla tanto de Reunión Conjunta como de

Asamblea Nacional (art. 29, 35, 36, 60 y 118). Interpretamos

como sinónimas las dos expresiones. (Ver apéndice V-19).

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

200

Para que las sesiones de la Asamblea Nacional sean válidas,

se requiere un quórum de la mitad más uno de los miembros de

cada Cámara. Las decisiones deben tomarse por mayoría abso-

luta de los presentes para casi todos los asuntos, pero también

se prevén otras mayorías más calificadas para ciertos casos. El

cómputo de los votos se hace sobre el pleno de la Asamblea sin

tomarse en cuenta la calidad de cada miembro, es decir, que sea

Senador o Diputado.

En cuanto a las atribuciones de la Asamblea Nacional, éstas

dimanan de varios artículos de la Constitución. En efecto, son

las siguientes: (Ver apéndice V-18)

a) Recibir el mensaje del Presidente de la República y las

memorias de los Secretarios de Estado; (Art. 29)

b) Celebración de actos conmemorativos o de otra natura-

leza que no se relacionen con el ejercicio de las atribu-

ciones legislativas de cada Cámara, ni con aquellas que la

Constitución señala como exclusiva de cada una de ellas;

(Art. 29)

c) Examinar las actas de elección del Presidente y del Vi-

cepresidente de la República, proclamarlos y en su caso

aceptarles o rechazarles las renuncias; (Art. 36)

d) Elegir a sustituto definitivo del Presidente de la Repú-

blica en caso de falta definitiva del elegido y del Vice-

presidente, tanto antes como después de haber tomado

posesión de su cargo; (Art. 60)

e) Proceder a la reforma de la Constitución de la República

con los requisitos y procedimientos de lugar; (Art. 118).

Con esto podemos dar por concluído el tema relativo a las

atribuciones del Congreso Nacional y de la Asamblea Nacional.

Sólo nos queda analizar en detalle el procedimiento de formación

El Sistema Constitucional Dominicano

201

de las leyes ordinarias, al que la Constitución dedica la Sección

VI, del Título IV.

16. El Procedimiento de formación de las leyes

ordinarias.

En general, las constituciones modernas acostumbran a

organizar detalladamente todo lo relativo al funcionamiento de

los Cuerpos Legislativos, contrariamente a lo que ocurre con el

Poder Ejecutivo y el Judicial, cuya reglamentación es confiada

principalmente a la ley ordinaria. Es ésta la razón que explica

la gran profusión de normas de carácter organizativo y de pro-

cedimiento que contiene la Constitución Dominicana y que se

refieren al Poder Legislativo. Como ya dijéramos y, al ser la prin-

cipal función de éste formular las leyes del Estado, se entiende

el porqué de la Sección VI del Título IV que se ocupa ‘’De la

Formación y Efectos de las Leyes’’.

Al ser bicameral nuestro sistema parlamentario, ambas

cámaras -como pudimos apreciar- concurren conjuntas y suce-

sivamente en la creación de las leyes ordinarias. Podemos decir,

entonces, que la formación y perfeccionamiento de la ley es un

proceso, un conjunto de fases que se denomina “Iter Legislativo’’.

Son varias las etapas en que se articula, a saber: (Ver apéndice

V-20)

a) La iniciativa legislativa;

b) La aprobación en la cámara de origen;

c) La aprobación en la cámara revisora;

d) La promulgación, y

e) La publicación.

Veámoslas en detalle.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

202

a) La Iniciativa Legislativa.

Se entiende por derecho de iniciativa legislativa, la prerro-

gativa que se confiere a algunos funcionarios, organismos e ins-

tituciones, de presentar ante el órgano legislativo, proyectos de

ley que deben ser obligatoriamente tomados en consideración,

pudiendo ser discutidos y votados formalmente para su aproba-

ción, modificación o rechazo.

Este derecho se diferencia de la facultad de petición que

se confiere a todos los ciudadanos, aunque no esté consagrada

explícitamente por la Constitución, en cuanto ésta no implica

que la petición deba ser obligatoriamente sometida votación o

discutida. Por ejemplo, si un ciudadano envía al Congreso un

ante-proyecto (no un proyecto de ley), a lo único que pudiera

tener derecho es a que se le acuse recibo, mientras que si un

legislador presenta una propuesta de ley, esto es, un proyecto,

éste tiene que ser tomado en cuenta.

Según el Art. 38, tienen derecho a iniciativa legislativa:

(Ver apéndice V-20.1).

1- Los Senadores y los Diputados;

2- El Presidente de la República;

3- La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales;

4- La Junta Central Electoral en asuntos electorales.

Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Junta Cen-

tral Electoral tienen un derecho a iniciativa legislativa limita-

da. La primera, sólo a los asuntos relacionados con el Poder

Judicial, esto es, con la organización de los tribunales, sus

competencias, el procedimiento que deben seguirse en ellos,

etc. La segunda para todo lo relativo a la reglamentación y

organización del proceso electoral, a los partidos políticos, al

registro electoral, etc.

El Sistema Constitucional Dominicano

203

El Presidente de la República, por el contrario, es el fun-

cionario que tiene más amplia iniciativa, ya que existe una ley,

como es la de Gastos Públicos, que sólo puede ser propuesta

por dicho magistrado, tal y como lo establece el inciso 23 del

Art. 55.

La Constitución dispone que cuando un Senador o un

Diputado somete un proyecto de ley, podrá sostener su moción

en la otra Cámara. Cuando, en cambio, el proyecto haya sido

propuesto por el Presidente de la República, la Suprema Corte

de Justicia o la Junta Central Electoral, estos podrán sostenerlo

en ambas Cámaras mediante un representante. Se establece este

mecanismo en cuanto no forman parte del órgano legislativo.

b) Aprobación en la Cámara de Origen.

La aprobación del proyecto de ley sometido a una Cámara

que por ser la primera se denomina Cámara de Origen, es la

segunda fase del proceso legislativo. Al respecto, la Constitución

prevé dos procedimientos de aprobación:

1- El procedimiento normal; y

2- El procedimiento de urgencia. (Ver apéndice V-20.2).

Procedimiento normal. Este procedimiento ofrece mayores

garantías de ponderación en el examen de los proyectos de ley,

pero presenta quizá el inconveniente de ser mucho más lento.

Está contemplado en los Arts. 39 y 40 de la Constitución y en

los números del 29 al 40 de los Reglamentos Internos del Sena-

do y la Cámara de Diputados. Los pasos en que se articula son

los siguientes:

1- El proyecto de ley es tomado en consideración por el

pleno de la Cámara luego de haber sido incluido en el

orden del día de la sesión.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

204

2- Se determina si debe ser enviado a la comisión legislativa

competente para ser sometido a estudio. Si no es enviado

a comisión, el proyecto es sometido a la consideración

del plenario para su discusión determinándose previa-

mente el procedimiento de aprobación.

3- Si es enviado a comisión para estudio:

3.1- La comisión puede llamar a vistas públicas, esto es,

invitar a las personas e instituciones interesadas en el

proyecto a emitir sus puntos de vista para edificarla.

3.2- La comisión elabora y presenta su informe al Presi-

dente de la Cámara.

3.3- El Presidente de la Cámara fija la discusión del

proyecto en el orden del día de una próxima sesión.

4- Si el proyecto no fue enviado a comisión o luego de co-

nocer el informe de la misma si lo fue, el Presidente de la

Cámara lo somete al plenario.

5- Se lleva a cabo la primera discusión artículo por artículo

y frase por frase y es votado.

6- Media un día franco (24 horas en la costumbre parla-

mentaria dominicana). Esto es, si el proyecto es discu-

tido, por ejemplo, un martes, la segunda discusión no

puede llevarse a cabo sino el miércoles o días después.

7- Se lleva cabo la segunda discusión en igual manera que la

anterior y es votado. Las votaciones se verifican de acuer-

do a los Reglamentos de cada Cámara y se adoptan los

tipos de votaciones que ellos establecen según la materia

y las proposiciones de los legisladores.

En el derecho parlamentario de otros países se utilizan el

procedimiento normal u ordinario para determinados proyectos

El Sistema Constitucional Dominicano

205

de ley que por su importancia y trascendencia exigen la mayor

garantía de ponderación. Nuestra Constitución establece solo

dos discusiones, pero en pasadas reformas se requerían tres.

Procedimiento de urgencia. El procedimiento de urgencia

que establecen la Constitución y los Reglamentos de las Cáma-

ras Legislativas en los mismos artículos citados anteriormente

siguen las mismas fases del procedimiento normal u ordinario.

La única diferencia entre ambos estriba en que las dos discusio-

nes requeridas se llevan a cabo de manera consecutiva, aunque

se celebren el mismo día. También se exige, en la segunda dis-

cusión, una mayoría más calificada; las dos terceras partes (2/3)

de los legisladores presentes en la sesión. Para que se pueda seguir

este procedimiento se requiere que el proyecto de ley haya sido

declarado de urgencia.

El requerimiento de una mayoría más calificada tiene por

objeto evitar que una exigua mayoría, a favor de un proyecto

de ley determinado, aproveche la oportunidad para hacerlo de

manera sorpresiva en ausencia de otros legisladores con cuya

presencia las votaciones quizá arrojarían otros resultados.

La declaratoria de urgencia de un proyecto de ley concierne

a la Cámara Legislativa en donde se originó, no ya en las dos

Cámaras, y esto en virtud de la independencia de cada una de

ellas. En consecuencia, puede darse el caso de que una Cámara

declare de urgencia un proyecto y la otra no.

c) Aprobación en la Cámara Revisora.

Después que un proyecto de ley haya sido aprobado por la

Cámara en donde se presentó, se envía a la otra Cámara para su

consecuente aprobación. Se denomina, entonces, a esta última,

Cámara Revisora. Para el examen y aprobación del proyecto de

ley en ésta, se adoptan los mismos procedimientos que ya hemos

descrito. (Ver apéndice V-20.3).

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

206

Como el proyecto de ley requiere para su perfeccionamien-

to el ser aprobado de un texto idéntico, si la segunda Cámara lo

modifica debe ser reenviado nuevamente a la Cámara de Origen

que deberá conocerlo ya modificado. Si esta última lo aprueba

con sus modificaciones, el proyecto de ley se convierte en ley y

está listo para ser enviado al Presidente de la República para ago-

tar las dos últimas fases del iter legislativo. En la hipótesis de que

el proyecto sea modificado en la Cámara Revisora y reenviado a

la Cámara de Origen y ésta no acepte la modificación, entonces

el proyecto es reenviado nuevamente a la Cámara Revisora y

si ésta no las aprueba, según el Art. 43 de la Constitución, es

desechado, no pudiendo ser presentado sino hasta la legislatura

siguiente. (Ver apéndice V-20.4).

Si el proyecto de ley es rechazado en la Cámara de Origen no

puede presentarse en la Cámara Revisora. Así mismo no puede ser

presentado en la misma legislatura en ninguna de las dos cámaras.

Debe esperarse cuando menos a la próxima legislatura ordinaria.

Como ya dijimos, cuando el proyecto de ley es aprobado

por ambas Cámaras se convierte en ley, es decir, tiene todos los

requisitos de validez.

d) La Promulgación.

Con la aprobación de la ley por ambas Cámaras, la compe-

tencia del órgano legislativo culmina. Para ser ejecutoria sólo se

necesita la sanción del Jefe de Estado. Entonces, la promulgación

de la ley, y la consecuente publicación, es un requisito para que

lo sea. (Ver apéndice V-20.5).

La promulgación consiste en la firma del Presidente de la

República, lo que generalmente hace después de ponerle un texto

por el cual manda a que se publique la ley para su conocimiento

y cumplimiento. Este texto se denomina fórmula promulgatoria

y reza de la siguiente manera:

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“En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo

55 de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada

en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,

Capital de la República Dominicana, a los ... días del mes de …

del año …, años … de la Independencia y … de la Restauración.

Firma del Presidente”.

La Constitución establece el plazo de ocho (8) días después

de recibida la ley del Congreso Nacional para que el Presidente

proceda a la promulgación. Este plazo es más reducido si la ley

fue declarada de urgencia en la última cámara: tan sólo tres (3)

días después de recibirla.

El Jefe del Estado no puede eximirse de la promulgación:

es obligatoria. Pero la Constitución le reconoce la potestad de

ejercer un control preventivo que se manifiesta a través del poder

de observación (o derecho al veto). En general, este es ejercido

aduciendo una serie de razones, como por ejemplo, que la Ley es

incoveniente por el sentido de sus disposiciones, o por la forma

de su redacción o, aún, por ser reputada inoportuna en el mo-

mento en que ha de entrar en vigor.

En algunas constituciones monárquicas en el pasado el veto

era definitivo, es decir, hacía caer total y definitivamente a la ley

vetada. Por esto puede decirse que el Jefe de Estado era una espe-

cie de árbitro final. En cambio, en las constituciones modernas

el veto es simplemente suspensivo. En éste el tipo que establece

nuestra Constitución, en la que ni siquiera se habla de veto sino

de observación de leyes.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

208

Este sistema está regulado en el Art. 41 y en él se establece

que cuando el Presidente estime que la ley es inconveniente o

inoportuna puede devolverla al Congreso con sus observaciones

por vía de la Cámara Revisora. Esta última deberá someterla a

aprobación nuevamente en la sesión más próxima. Si la Ley es

resellada en su texto original, (es decir, sin tener en cuenta las

observaciones de Presidente) con una mayoría calificada de las

2/3 partes de la totalidad de los miembros en ambas cámaras es

remitida nuevamente al Presidente quien deberá promulgarla y

publicarla. Si no lo hace, aunque la Constitución no dice nada

al respecto, se entiende que cometería una falta en el ejercicio

de sus funciones, exponiéndose al procedimiento de sanción

establecido en los Arts. 23 y 26.

En el caso de que en la primera o segunda cámara la ley en

su texto original no pueda ser aprobada con la mayoría requerida

debe considerarse desechada por efecto de las observaciones del

Presidente de la República. Si por el contrario, se aceptan las ob-

servaciones del Presidente, se entiende que la aprobación, con las

modificaciones, se hace por mayoría absoluta de los presentes, es

decir, la requerida ordinariamente. (Ver apéndice V-20.6).

e) La Publicación.

Como ya dijimos, la promulgación contiene la orden

de la publicación de la ley. Por esta razón, algunos autores

consideran la publicación como parte de la fase de la pro-

mulgación. En cambio, pensamos que si bien aquella es una

consecuencia de ésta, puede ser considerada con cierta inde-

pendencia, como la fase concluyente del iter legislativo. (Ver

apéndice V-20.7).

La publicación consiste en la inserción de la Ley, a cargo

del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en la colección de

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209

actos oficiales del Estado y en el anuncio de la inserción y de la

publicación del texto íntegro de la misma en la Gaceta Oficial de

la República. La publicación de la Ley debe realizarse dentro de

los 15 días, a partir de la fecha de promulgación.

La publicación de la ley se hace para llevarla a conoci-

miento del público, y en particular, de aquellos que deben

hacerla observar y cumplir. La publicación le confiere obli-

gatoriedad a la ley desde una fecha determinada. Este plazo

no lo establece la Constitución sino la ley ordinaria, como

podemos apreciarlo en el Art. 1 del Código Civil, en el que

se establece que las leyes son obligatorias al día siguiente de

su publicación en el Distrito Nacional y al segundo día en el

interior del país.

Pero también la propia ley puede determinar otros plazos

para su obligatoriedad, acortando el plazo ordinario entre la

promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial o, por el

contrario, alargándolo, lo que sucede más frecuentemente cuan-

do se trata de leyes que modifican un régimen legal previamente

establecido -como por ejemplo las que modifican el Código de

Procedimiento Civil, que implica necesariamente una transición

al nuevo. En este último caso, la ley se considera vigente, pero su

efectividad es diferida hasta una fecha posterior.

Para acortar el plazo, generalmente se utiliza la prensa

nacional antes de la publicación en la Gaceta Oficial; pero

aun en este caso la fórmula promulgatoria deberá autorizar

la vigencia desde la publicación de un diario de circulación

nacional.

Según el Artículo 44 de la Constitución, las leyes deberán

ser encabezadas con la frase:

“EL CONGRESO NACIONAL”

En Nombre de la República:”

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“Ha dado la siguiente Ley:

……………………..

DADA en la sala de Sesiones de (Senado y Cámara de Di-

putados), Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo

de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Domi-

nicana, a los … días del mes de … del año …, años … de la

Independencia y … de la Restauración.

Presidente de la Cámara y Secretarios”.

Con esto podemos pasar al estudio del Presidente de la Re-

pública, órgano de extraordinaria importancia constitucional y

política.

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Número de miembros: (1982-86)

Senado 27

Cámara de Diputados 120

Asamblea Nacional 147

Número mínimo de asistentes a una sesión (quorum):

Senado 14

Cámara de Diputados 61

Asamblea Nacional 74

a) Mitad más uno de los presentes:

Senado: 14 ÷ 2 = 7 + 1 = 8 Mínimo superior

27 : 2 = 13.5 + 1 = 14 Mínimo inferior

Cám. De Diputados: 61 ÷ 2 = 30.5 + 0.5 = 31 Mínimo inferior

120 ÷ 2 = 60 + 1 = 61 Mínimo superior

Asamblea Nacional: 74 ÷ 2 = 37 + 1 = 38 Mínimo inferior

147 ÷ 2 = 73.5 + 0.5 = 74 Mínimo superior

Por lo tanto, para decidir sobre cualquier asunto con la ma-

yoría ordinaria movible de la mitad más uno de los presentes se

requiere: en el Senado un mínimo de 8 votos si sólo concurre a

la sesión el quorum reglamentario y 14 en la hipótesis que asista

toda la matrícula de la Cámara; en la Cámara de Diputados 31

si asiste el quorum y 61 si concurren todos los diputados; en la

Asamblea Nacional 38 votos en el primer caso y 74 en el segun-

do.

b) Dos terceras partes de los presentes o de los votos:

Senado: 14 ÷ 3 = 5 x 2 = 10 Mínimo inferior

27 ÷ 3 = 9 x 2 = 18 Mínimo superior

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Cám. De Diputados: 61 ÷ 3 = 20.3 x 2 = 41 Mínimo inferior

120 ÷ 3 = 40 x 2 = 80 Mínimo superior

Asamblea Nacional: 74 ÷ 3 = 24.6 x 2 = 49 Mínimo inferior

147 ÷ 3 = 49 x2 = 98 Mínimo superior

Por lo tanto, para decidir sobre cualquier asunto con la ma-

yoría especial y movible de las dos terceras partes de los presentes

se requiere: en el Senado un mínimo de 10 si sólo concurre a la

sesión el quorum reglamentario y 18 votos si asiste toda la ma-

trícula; en la Cámara de Diputados 41 si sólo asiste el quorum

y 80 si concurren todos los diputados; en la Asamblea Nacional

29 votos en el primer caso y 98 en el segundo.

14.6. Mayorías fijas:

Las mayorías fijas son más calificadas que las mayorías mo-

vibles ya que se aplican tomando siempre como base la totalidad

de los miembros no importando el número de asistentes a una

sesión determinada.

a) Dos terceras partes de los miembros

Senado: 27 ÷ 3 = 9 x 2 = 18 Mínimo

Cámara de Diputados: 120 ÷ 3 = 40 x 2 = 80 Mínimo

Por lo tanto, para decidir sobre cualquier asunto con la

mayoría especial fija de las dos terceras partes de la totalidad de

los miembros o matrícula se requiere un número mínimo de

18 votos en el Senado y 80 en la Cámara de Diputados. No se

requieren mayorías fijas en la Asamblea Nacional.

b) Tres cuartas partes de los miembros

Senado: 27 ÷ 4 = 7 x 3 = 21 Mínimo

Cámara de Diputados: 120 ÷ 4 = 30 x 3 = 90 Mínimo

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Por lo tanto, para decidir sobre cualquier asunto con la mayoría

especial fija de las tres cuartas partes de la totalidad de los miem-

bros requiere de un número de votos mínimo de 21 en el Senado

y de 90 en la Cámara de Diputados. Esta es la mayoría calificada

más alta establecida en el derecho parlamentario dominicano

y se exige en la institución del Juicio Político. Su razón de ser

puede atraparse con facilidad: la gran delicadeza que conlleva la

destitución de un funcionario electivo.

El problema de las mayorías parlamentarias, pese a su apa-

rente intrascendencia, asume una mayúscula importancia polí-

tica. En efecto un buen manejo de las mismas permite rejuegos

favorables siendo esta otra de las destrezas que define lo que se

pudiera denominar “arte parlamentaria’’.

El lector atento habrá podido notar del análisis de los cua-

dros ofrecidos como para decidir sobre la reforma de la Cons-

titución de la República se requiere una mayoría movible (las

dos terceras partes de los presentes) mientras que en la Cámara de

Diputados, por ejemplo, se necesita una mayoría especial más

calificada (dos terceras partes de la totalidad de los miembros)

para confirmar una ley sin tener en cuenta las observaciones del

Presidente de la República. ¡Inaudito, pero cierto! Sobre este

problema véase: Brea Franco, Julio – La Constitución Domini-

cana y las mayorías parlamentarias, en Cuadernos Jurídicos, No.

54, UNPHU, 1981.

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